Agravamiento de la crisis interna en la República Dominicana

A lo largo de 1846, la situación económica y política dominicana no hizo sino empeorar, debido principalmente a que durante dicho año se produjo en el país una “larga sequía que estropeó grandemente la cosecha de tabaco y la exportación de ese producto, lo que privó al Gobierno de importantes ingresos fiscales”15. Además, a las consecuencias desastrosas de las calamidades naturales vinieron a sumarse unos gastos militares desproporcionadamente elevados. El primer agente especial de los Estados Unidos en Santo Domingo, John Hogan,

13 _{AHN, Ultramar, Santo Domingo, 3524, nº 40, Revista de España, de Indias y del estranjero (sic), nº 14, año}

5º, Madrid, 20 de febrero de 1846; véase Pedro T. de Córdoba, “Recuerdos históricos sobre la isla de Santo Domingo”, pp. 43-57, especialmente pp. 56-57.

14 _{Ibídem, pp. 95-96.}

informó en diciembre de 1845 de que el estado financiero del país no parecía precario, y que a pesar de la guerra con Haití, “la deuda había sido amortizada, a excepción de $250.000, a base de los ingresos anuales del departamento de Finanzas”16.

Sin embargo, tan sólo un año después, los gastos duplicaban a los ingresos y se responsabilizó del deterioro financiero a Miura, ministro de Hacienda y Comercio, quien lo justificaba con el aumento de los gastos en defensa a causa de la guerra. Miura ofreció en su informe a las cámaras legislativas las siguientes cifras: para el año 1846, “los gastos totales eran $1.186.824, de los cuales $1.008.096 correspondían al Ministerio de Guerra y Marina”. Así, “los gastos de todos los demás ministerios juntos” sumaban $178.728, mientras que los ingresos ascendían a $648.586 17. La situación económica se había agravado tanto que el descontento era cada vez mayor, como lo indicaba Abril en una carta que escribió a Mirasol en octubre de 1846:

“Yo, soy de opinión que este país va tan a la carrera a su destrucción, que estos Comisionados, por muy pronto que le quieran hacer un bien, no sé si llegará a tiempo porque toda la gente sumamente descontenta, amaneciendo muy a menudo pasquines, y en alta voz nadie se priva de manifestar su descontento así es E. S. que yo creo sería muy útil que V. E. me espresase (sic) si en caso de pedir un ausilio (sic) en ésa si V. E. se determinaría a darlo (...). Las onzas hoy si las hubiese valdrían a lo menos ps. 160 que algunas pocas que se ha negociado han sido a este precio y nadie puede calcular lo que valdrán a últimos del año, hasta llegar a no tener ningún valor, y entonces Dios nos asista”18.

La depreciación del papel moneda no era en absoluto un problema nuevo en la República Dominicana, ni siquiera imprevisible, sino precisamente la lógica consecuencia de la poco ortodoxa política monetaria aplicada por el gobierno desde el nacimiento de la República. Mariano Torrente, un agente español enviado en misión secreta a Santo Domingo por el capitán general de Cuba, Valentín Cañedo, en diciembre de 1852, en la memoria redactada

16 _{C. C. HAUCH, La República Dominicana y sus relaciones exteriores, 1844-1882, Sociedad Dominicana}

de Bibliófilos, Santo Domingo, 1996, p. 49.

17 _{Ibídem, pp. 49-50.}

para informar de las averiguaciones hechas en aquel país, explicaba dicha política monetaria del siguiente modo:

“Cuando los dominicanos sacudieron el yugo de los haitianos en 1844, no había más moneda corriente que el papel de éstos, garantido por su gobierno: así pues fue preciso recoger dicho papel y cambiarlo por otro de la nueva república, la cual hizo al mismo tiempo para los gastos de la guerra una emisión adicional de medio millón de pesos nacionales cuyo curso era entonces de 40 por una onza de oro. Se hicieron nuevas emisiones en 1845 y 1846, hasta la suma de 2.700.000 pesos, y desde entonces empezó a perder su crédito hasta el punto de haberse pagado la onza (a) 210 pesos en Diciembre de 1847, en lugar de los 40 que valía al principio”19.

La crisis económica que arrastraba el país como consecuencia de la pésima gestión de sus finanzas por parte del gobierno se vio acentuada, como se ha señalado ya, por la grave sequía de 1846, que redujo los 34.000 quintales de tabaco exportados el año anterior a la cantidad de 28.000 quintales 20. El tabaco, que se producía principalmente en la región del Cibao, situada en el área central y septentrional de la República Dominicana, constituía la base económica de dicha zona, que era la más desarrollada de todo el país. En las regiones del suroeste y del este, la actividad económica giraba en torno a las explotaciones madereras y a la ganadería. El tabaco se exportaba a través de Puerto Plata, mientras que en el puerto de Santo Domingo se embarcaban la caoba y otras maderas con destino a Europa y los Estados Unidos.

El comercio de Santo Domingo “estaba dominado por una minoría de comerciantes extranjeros que se dedicaban a la exportación y a la importación, siendo los más importantes de ellos judíos, españoles y alemanes”, quienes “eran de los pocos individuos que contaban en todo momento con suficientes capitales para hacer frente a todas las eventualidades, incluso a las insistentes demandas de crédito por parte del Gobierno”. Por

19 _{AHN, Ultramar, Santo Domingo, 3524, nº 66, “Memoria sobre la República Dominicana”, por Mariano}

Torrente, La Habana, 6 de enero de 1853. (Enviada por Cañedo al presidente del Consejo de ministros el 8-II- 1853).

20 _{F. MOYA PONS, “Datos sobre la economía dominicana durante la Primera República”, en T. Mejía-Ricart}

(ed.), La sociedad dominicana durante la Primera República, 1844-1861, colección “Historia y Sociedad”, nº 31, Santo Domingo, Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pp. 13-39; véanse pp. 30-31.

su parte, la actividad comercial en Puerto Plata “estaba igualmente en manos de extranjeros alemanes en su mayoría, representantes de casas importadoras de tabaco”. Con respecto al comercio interior, éste era desarrollado casi exclusivamente por pequeños comerciantes minoristas, dominicanos en su mayoría, que dependían de los grandes comerciantes extranjeros instalados en los dos puertos principales. Por el de Santo Domingo se exportaban sobre todo “maderas, cueros y cera de abejas” y se importaban “harinas, telas, licores y quincallería” desde Estados Unidos, Francia, Saint Thomas y Curaçao 21.

El teniente David Porter, de la marina norteamericana, realizó un informe sobre la República Dominicana por encargo de su gobierno, que lo envió allí como agente especial en 1846. En él, Porter indicó que los derechos sobre las importaciones de Santo Domingo durante 1845 habían ascendido a 106.880 dólares españoles, es decir, pesos fuertes. Dos tercios de esas importaciones procedían de los Estados Unidos, y “el gasto público, para el mismo tiempo, en la jurisdicción de Santo Domingo”, fue de 130.027 dólares españoles, por lo que superaba en cerca de treinta mil pesos fuertes a los ingresos de dicha provincia. El teniente norteamericano también señaló que los derechos portuarios para los barcos extranjeros eran “muy altos –un dólar por tonelada–”, si bien suponían tan sólo “un tercio de los derechos portuarios en La Habana”, e hizo una predicción a la vista de estos datos: “Cuando los dominicanos se vean aliviados de las tensiones de la guerra, (...) el presente ingreso por los derechos será ampliamente suficiente para pagar la deuda pública y mantener al gobierno sin acudir a los impuestos”22.

El ex ministro Bobadilla, tras su salida del gobierno, había sido elegido diputado por Santo Domingo, y desde su nuevo puesto en el Congreso encabezaba el grupo de diputados que se oponía al presidente Santana. Abril dio cuenta de esta creciente inestabilidad política en la carta que envió a Mirasol el 31 de enero de 1847, al informarle de que el gobierno, ante “la reunión de las cámaras”, temía que Bobadilla y sus partidarios consolidasen una oposición;

21 _{Ibídem, pp. 18-19.}

pero el agente español creía que aquél no era “hombre para esponerse (sic)”. Acto seguido, Abril añadió:

“Desgraciadamente Santana va perdiendo todos los días su prestigio y que está bastante despopularizado, por sus actos de Gobierno que son bastante despóticos y mal aplicados, no es posible espresar (sic) a V. E. el desgobierno de este país, son unos mal (sic) imitadores de los Haytianos (sic) (...). Todos los días se van convenciendo que les es imposible gobernarse por sí mismos, y suerte al temor de los Haytianos, que si no todos los días habría un alboroto. Una desgracia de unos jóvenes Catalanes establecidos en ésta nos ha privado de celebrar el enlace de nuestra Reyna (sic)”23.

La última frase de Abril nos permite hacer la observación de que, pese a la presencia de una pequeña, pero influyente, colonia española en Santo Domingo, formada esencialmente por un grupo de comerciantes de origen catalán, no existió flujo comercial alguno entre la República Dominicana y España durante estos años, lo cual se puede hacer extensivo a las dos Antillas españolas. Es más, esta ausencia de un comercio de ciertas proporciones se mantuvo prácticamente inalterable hasta la época de la anexión. Torrente, en el informe de 1853 ya mencionado, se refirió a “cinco de las principales casas españolas”, cuyos nombres eran Abril, Rubí, Pou, Sardá y Ricart, todas ellas regentadas por catalanes, y más adelante, al enumerar los países que mantenían relaciones comerciales con la República Dominicana, indicó que con España había “cesado absolutamente todo comercio”24.

En marzo de 1847, la tensión política entre el gobierno y los diputados opositores con Bobadilla a la cabeza creció aún más. Durante ese mes, los ministros presentaron al Congreso la memoria de sus respectivos departamentos, correspondiente al año anterior. La del ministro de Hacienda, Miura, fue rechazada por la oposición, que además acusó de malversación de fondos al ministro por no haber sido capaz de explicar con claridad los diferentes capítulos de gastos que aparecían recogidos en dicha memoria. Santana vio la amenaza que suponía para sus intereses la presencia de Bobadilla en el Congreso, y por ello

23

AHN, Ultramar, Santo Domingo, 3524, nº 41, Abril-Mirasol, Santo Domingo, 31 de enero de 1847. (Copia incluida en un despacho que Mirasol remitió a Armero, fechado en Humacao, el 22-II-1847).

puso a las cámaras en la tesitura de elegir entre ambos, o de lo contrario abandonaría la presidencia de la República. Esta amenaza provocó la previsible reacción de los oficiales del ejército más próximos a Santana, quienes dieron un ultimátum a los diputados, exigiéndoles la destitución de Bobadilla, e incluso su destierro, en un plazo máximo de dos días. Finalmente, aunque el Congreso no cedió ante dichas presiones, el antiguo ministro acabó renunciando a su acta de diputado.

El gobierno del general Santana mantenía a la República Dominicana sometida a una verdadera dictadura militar, con un régimen policiaco que anulaba las libertades individuales. De hecho, el robo se castigaba con pena de muerte y también existían tribunales especiales que se hacían cargo de los acusados de delitos políticos. Durante los primeros años de vida de la República, como es lógico, se desarrolló también una considerable labor legislativa y organizativa para sentar las bases del nuevo estado, promulgándose las leyes de ayuntamientos, instrucción pública, régimen de aduanas, gastos públicos, imprenta, comercio marítimo e inmigración, entre otras. El territorio dominicano fue dividido administrativamente en cinco provincias: Santo Domingo, Azua, Santa Cruz del Seibo, La Vega y Santiago de los Caballeros.

En una carta fechada el 25 de marzo de 1847, Abril informó a Mirasol de que en cuanto a la crisis política “el país seguía lo mismo, las Cámaras abiertas y en oposición declarada” contra el ejecutivo, y comunicó al gobernador la muerte de Riché, el presidente de Haití. En el aspecto financiero se había experimentado una ligera mejoría, de modo que en su opinión “el aumento de las onzas ha puesto al país en estado de poderse gobernar y cubrir sus gastos, pues los sueldos han disminuido mucho”. No obstante, en otra carta del día 29 del mismo mes Abril aseguró que el pueblo estaba “muy descontento”, y que sólo los empleados del gobierno confiaban en que la República podría subsistir. El agente recomendó “que el Gobierno Español procediera con mucha mesura antes de celebrar algún tratado con los Enviados Dominicanos, a fin de sacar todas las ventajas posibles” para España. A este respecto, adjuntó también una copia de las instrucciones dadas por el gobierno dominicano a sus emisarios en Europa, que constaban de los siguientes puntos:

“1º Solicitar el reconocimiento de la independencia de la República Dominicana por el Gobierno Español, con renuncia formal de los derechos que le asistían el 1º de Diciembre de 1821. 2º Que el Gobierno Francés haga el mismo reconocimiento. 3º Solicitar otro tanto de la Inglaterra. 4º Deseando el Gobierno Dominicano poner un término en la guerra que sostiene hace dos años con la República Haytiana (sic), es de necesidad obtener la mediación de una Nación poderosa a fin que intervenga con los Haytianos, haga cesar las hostilidades (...) , y se constituya garante de la paz (...). 5º Teniendo la Francia intereses directos en la República Haytiana parece llamada a ser la que intervenga y esto se puede lograr (...) tratando directamente con ella o empeñando a la España en el tratado (...). 6º Hacer tratados de alianza, amistad y comercio con las tres Naciones”25.

Estas instrucciones fueron copiadas directamente por Abril de la memoria que el ministro del Interior y Policía había presentado en el Congreso el 1 de marzo de 1847. Mirasol, tras recibirlas, se las envió al ministro Benavides, junto a un extracto del contenido de las dos cartas ya mencionadas de su agente en Santo Domingo. Benavides estaba al frente del Ministerio de la Gobernación del Reino, del que había pasado a depender el negociado de la Gobernación de Ultramar según lo dispuesto en los reales decretos de 5 de febrero y 10 de marzo de 1847. A lo largo del período comprendido entre 1847 y 1851, los asuntos de ultramar aparecen dentro de las competencias de dicho ministerio, y de los de Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y de la presidencia del Consejo de ministros 26. A finales de marzo de 1847 se produjo el relevo del duque de Sotomayor al frente del gobierno, siendo sustituido por Joaquín Francisco Pacheco, quien ejerció el cargo de presidente hasta agosto de ese año. Después de un breve paso del marqués de Salamanca por la presidencia, en octubre de 1847 volvió a ocupar la jefatura del ejecutivo el general Narváez, que se mantuvo en el poder casi ininterrumpidamente hasta enero de 1851, y en cuyo gabinete Sotomayor volvió a hacerse cargo del Ministerio de Estado durante los primeros meses del mismo.

25 _{AMAE, H 2373, Mirasol-ministro de la Gobernación del Reino, San Juan de Puerto Rico, 18 de mayo de}

1847. (En este despacho Mirasol incluyó un extracto de dichas cartas y adjuntó una copia de las instrucciones del gobierno dominicano a sus comisionados en Europa).

26 _{Mª. T. DE LA PEÑA MARAZUELA (dir.); Mª. T. DÍEZ DE LOS RÍOS SAN JUAN; Mª. Á. ORTEGA}

BENAYAS, Papeles de Santo Domingo, Archivo Histórico Nacional, Sección de Ultramar, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ministerio de Cultura, 1985, p. 11.

Mientras tanto, diversas comunicaciones enviadas a Mirasol entre junio y agosto de 1847, por sus agentes en Santo Domingo y Curaçao, abundan en detalles sobre la situación de inestabilidad imperante en la República Dominicana. Abril informó en su carta del 12 de junio de la salida de Bobadilla ese mismo día con dirección a Saint Thomas, debido a las presiones sufridas por parte de “los amigos de Santana”, quien se presentó, acto seguido, en el Congreso, donde hizo ver que “sus deseos eran de seguir la Constitución”27. El agente español en Curaçao le explicó en su comunicación del 9 de julio las supuestas causas del extrañamiento de Bobadilla, siempre según la versión de algunas cartas enviadas a esa isla desde la de Santo Domingo: “la causa parece que ha dimanado por haber espuesto (sic) en concejo (sic) pleno de Ministros que era de necesidad hacer un acomodamiento con los Haytianos (sic), pues la ruina en que se veía la república así lo exijía (sic); y que de no se esponía (sic) a mayores males”. En la del 29 de julio el mismo agente afirmaba:

“Hablan las Cartas de un plan tramado por los ambiciosos armados para echar abajo al Presidente Santana y apoderarse del mando, que no tendrá efecto tan pronto como ellos desean; pero él está en la necesidad de acordar a los habitantes, que la mayor parte le piden, acabe de declararse, que según aseguran las Cartas, es por el español”28.

Debido a la escasez de población que padecía la República, el Congreso aprobó en julio de 1847 una ley de inmigración con el fin de estimular el establecimiento de personas procedentes de Europa y los Estados Unidos, principalmente. Los objetivos de dicha inmigración eran ante todo de carácter económico, y así en el preámbulo de la ley se afirmaba “que resultarían grandes ventajas a la Nación entera con la inmigración de hombres industriosos”, puesto que había una gran escasez de operarios y artesanos en toda la República. Las condiciones que preveía la ley para favorecer la llegada de los tan necesarios inmigrantes eran, como es lógico, muy generosas. El artículo segundo otorgaba

27 _{AMAE, H 2373, Abril-Mirasol, Santo Domingo, 12 de junio de 1847. (Copia incluida en el despacho que}

envió Mirasol al ministro de la Guerra, fechado en San Juan de Puerto Rico, el 3-VII-1847, y trasladado por ese ministerio al de Estado, con fecha en Madrid, 8-IX-1847).

28 _{Ibídem, agente secreto de España en Curaçao-Mirasol, Curaçao, 9 y 29 de julio de 1847. (Copias incluidas}

al poder ejecutivo la potestad de “disponer libremente (...) de las tierras del Estado para establecer y colocar en ellas los inmigrados que lleguen, pudiendo asignar en propiedad a cada cabeza de familia (...) una peonía de tierra igual a 50 acres, con la condición de habitarla y cultivarla”. En su artículo cuarto, la ley disponía que los extranjeros residentes en el país quedasen “exentos de todo servicio militar, debiendo conformarse a la Constitución y a las leyes”29.

Ante la pésima situación financiera en la que se encontraba el Estado dominicano, el gobierno de Santana, que en noviembre de 1844 “había rechazado una oferta de préstamo de 1.500.000 libras de un grupo de capitalistas londinenses, encabezado por Hermann Hendrick”, en el verano de 1847 dio instrucciones a Báez de “investigar la posibilidad de un préstamo” ante el mismo Hendrick, que sin embargo no llegó a concretarse 30. En este sentido, Abril informó a Mirasol el 20 de agosto de la llegada de uno de los comisionados que estaban en España, y de que el gobierno dominicano había nombrado para sustituirlo a Ramón Mella, quien debía reunirse con los demás. De él se decía que iba “con una autorización más lata para que puedan contratar un empréstito en Inglaterra”, dado que “el amigo Báez tiene proposiciones”. Abril también transcribió una parte de la carta que el propio Báez le había enviado desde Southampton, el 2 de julio de 1847:

“Va nuestro compañero Medrano a referirse a nuestro gobierno, después de una espera en España de más de ocho meses y ojalá tuviésemos la posición que manteníamos bajo Sotomayor, Pacheco no ha pensado sino en ganar tiempo, y nada más. Nuestro amigo de P. R. (sic) tiene mucha razón, yo estoy desesperado, y si en Setiembre no ha determinado algo la España, me marcho”.

El agente de Mirasol en Santo Domingo también hizo referencia a un nuevo