Los logros alcanzados por el Programa de Incentivos en los últimos diez años: y miradas y perspectivas que aportan las distintas fuentes que abordan al

Programa como objeto de estudio

Respecto del Programa, en la literatura consultada se han planteado tres posiciones valorativas respecto a sus alcances e impacto en las universidades nacionales. Así pues Prati identifica una primera posición ubicada en un extremo crítico que señala al Programa:

(…) como parte de la agenda de política universitaria que el Banco Mundial y organismos análogos promovieron en América Latina en los años 90, y que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) decidió implementar casi al pie de la letra en Argentina (Paviglianiti y otros, 1996; Suasnábar, 1999; Leal, 2002). El Programa sería un componente clave y temprano (después de 1993 otras

154 políticas específicas seguirían su ejemplo) de una política universitaria que interfiere fuertemente en la autonomía de las instituciones mediante un dispositivo gubernamental de control del trabajo académico (Leal, 2002); una política de modernización diferenciadora en general (Tiramonti, 1999), que en particular generó una fuerte fragmentación del cuerpo docente, entre docentes que sólo transmiten conocimiento y docentes que también lo producen, entre docentes de una u otra “categoría” entre docentes de áreas académicas y docentes de áreas profesionales, con un marcado “favoritismo” por quienes se desempeñan en las ciencias “duras” modelo inspirador del Programa (Tiramonti, 1999; Suasnábar, 1999); el Programa habría exacerbado los componentes de individualismo, corporativismo y elitismo propios del trabajo académico (Suasnábar, 1999; Paviglianiti y otros, 1996), un aspecto de lo cual es la “deshomologación” salarial que instaura el incentivo (Leal, 2002). Calando hondamente en la vida universitaria, el Programa implica un fuerte proceso de resocialización y de disciplinamiento de los sujetos y de sus prácticas académicas (Suasnábar, 1999; Leal, 2002) (Prati, 2009, 46).

Dicho autor a su vez, identifica una segunda posición valorativa que ocupa el otro extremo y que corresponde a la posición oficial del Programa establecida por las mismas autoridades de la SPU, y sobre las cuales el mismo contribuye con su interpretación al respecto tal como se expone a continuación:

(…) el Programa de Incentivos “es una estrategia que permite avanzar en la evaluación en el interior del sistema, discriminando calidades y reconociendo y premiando la excelencia (Ministerio de Cultura y Educación, 1998)”; y se lo debe ver como parte de una transformación positiva de la relación entre el Estado y las universidades: la implantación del "Estado evaluador", que fija objetivos, evalúa "ex post" a universidades con fuerte autonomía para buscar su propio modo de cumplirlos, y distribuye los fondos públicos en función de los objetivos propuestos (Prati, 2009, 46)

Y finalmente, el mismo autor de cuenta de una tercera posición valorativa que resultaría “intermedia”, la cual se describe a continuación:

(…) el Programa propugna la definición de un rol de investigador universitario [un actor específico] y su expansión, en el plano de las organizaciones, la constitución o desarrollo de una estructura social y normativa vinculada a las actividades de investigación (Fernández Berdaguer y Vacarezza, 1996), esto es, una estructura de posiciones de poder y prestigio asociadas a las actividades de investigación en las universidades (tanto de producción de conocimientos como de gestión de la investigación), y una estructura de valores que orienta las acciones del “nuevo actor” hacia las tareas de investigación; todo lo cual no obsta el señalamiento de múltiples disparidades en la

155 implementación, así como en los resultados efectivos ciertamente menores que los señalados por las autoridades de la SPU (Fernández Berdaguer y Vacarezza, 1996)”. En este sentido, el Programa, representaría un hito destacable en la historia de la investigación en las universidades argentinas, cuestión (la investigación universitaria) que pocas veces ha ingresado en la agenda de políticas hacia las universidades; no obstante lo cual, sino se complementa con otras medidas de política científica, corre el riesgo de ser interpretado como un mero mecanismo de compensación salarial, y no como una iniciativa promotora de la profesionalización académica (Carullo y Vaccarezza, 1997) (Prati, 2009, 46 y 47).

Más cercana a la situación actual respecto de los logros y alcances del Programa de Incentivos se encuentra la mirada que aportan Sarthou y Araya. En cuanto a los objetivos declarados por el Programa y el estado de su cumplimiento establecen que:

(…) A veinte años de su diseño e implementación, lo consideramos como una política exitosa, que alcanzó varios de los objetivos declarados. En primer lugar, las diversas actividades vinculadas con la investigación, realizadas en las universidades de gestión pública en Argentina, han adquirido una mayor dimensión, visibilidad y legitimidad. Por un lado, la cantidad de participantes del Programa de Incentivos brinda una noción inmediata de la magnitud de la investigación que tiene lugar en el conjunto del sistema universitario de gestión pública; asimismo, el incremento constante de docentes-investigadores muestra, a su vez, la capacidad de convocatoria y la validez institucional del Programa. Por otro lado, la implementación de un sistema de reconocimiento en términos materiales monto económico y simbólicos en el ámbito universitario le ha otorgado transparencia y legitimidad a la investigación realizada en la universidad, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la propia comunidad académica. Asimismo, la amplitud de la dimensión de las instituciones y del carácter de las áreas del conocimiento beneficiarias del Programa contribuye a la promoción federal e inclusiva de la investigación en las universidades del país. (Sarthou y Araya, 2015, 27).

En cuanto a las cuestiones sobre la evaluación de la investigación y del investigador y sus efectos en las prácticas del quehacer científico en docentes investigadores que ha aportado el Programa de Incentivos en su segunda fase de implementación del Programa, las mismas autoras señalan que:

(…) la creación de un sistema de evaluación de la investigación y del investigador con criterios específicos para el ámbito universitario ha favorecido la incorporación, en el conjunto de la comunidad académica, de prácticas vinculadas al ámbito científico, prácticas tradicionalmente

156 ausentes en varias universidades y disciplinas en el país. La planificación de la carrera académica, la búsqueda de consenso entre pares evaluadores de comisiones multidisciplinares, la labor de integrar un Banco de Evaluadores, la discusión sobre criterios cualitativos, grillas, puntajes y categorías entre pares, se han convertido en actividades habituales de los docentes-investigadores. En este sentido, sostenemos que el impulso que recibió la política científico-tecnológica argentina, a partir del año 2003, se encontró con universidades y docentes-investigadores en condiciones de elaborar proyectos, postular becarios, crear y coordinar grupos de investigación y acceder a diversas líneas de financiamiento debido, al menos para algunas instituciones y disciplinas, a la experiencia adquirida por la participación en el Programa de Incentivos (Sarthou y Araya, 2015, 27 y 28).

Por otra parte, los efectos que el Programa ha producido no solo en la comunidad de docentes-investigadores sino también en las propias instituciones universitarias se describen a continuación:

(…) los indicadores presentados muestran que el Programa no sólo ha afectado a los docentes- investigadores sino también a las propias instituciones. Por un lado, se ha transformado en un indicador de la situación de la investigación entre las distintas universidades del país; particularmente, la cantidad de docentes-investigadores categorías I y II pone de manifiesto la calidad y el «poder» simbólico de cada institución dentro del Programa. Por otro lado, si bien las universidades grandes y que poseen una trayectoria más extensa en investigación contienen a la mayoría de los incentivados, son las universidades medianas quienes cuentan con la mayor proporción de su planta docente incentivada, es decir que son estas universidades quienes han sabido valerse de dicha política como herramienta para estimular las actividades de investigación entre sus docentes. Asimismo, son quienes detentan una experiencia y un interés singular por el Programa, ya que para las mismas resulta una política clave (Sarthou y Araya, 2015, 28).

Y respecto a las cuestiones que se encuentran pendientes y que deberían implementarse para la mejora y actualización del Programa, se advierte la necesidad de:

(…) perseguir a través del Programa tres cuestiones centrales: mejorar la calidad de las actividades de investigación realizadas por los docentes-investigadores, continuar con el esfuerzo por evitar la dispersión y fragmentación de la investigación en las universidades, y promover la articulación interinstitucional, es decir, la conformación de equipos de trabajo interuniversitarios.(…) Paralelamente, consideramos que una medida que debe implementarse con celeridad es el aumento del presupuesto destinado al Programa. Si bien sostenemos que el monto económico debe continuar siendo un mecanismo de financiamiento competitivo, sujeto a la evaluación periódica, creemos que

157 la desactualización presupuestaria atenta contra su consolidación, sobre todo, en un contexto de multiplicación y diversificación de líneas de financiamiento en la universidad vía programas especiales. El presupuesto asignado desde el Ministerio de Educación demuestra la confianza de las |autoridades en el Programa y refuerza, de esa manera, la solidez y legitimidad de la política. (Sarthou y Araya, 2015, 28 y 29).

Actualizando su mirada al Programa en cuanto a sus efectos e incidencia en la comunidad de docentes-investigadores y la universidad como institución, Prati (2001) señala lo siguiente:

 El principal efecto organizacional del Programa a nivel nacional fue la creación de un sistema de información de los proyectos de investigación que se desarrollan en las universidades nacionales argentinas, junto con un sistema de información de las actividades de enseñanza de los docentes incorporados al Programa. Cada año, en informes parciales o finales, reducidos o completos, con o sin documentación probatoria anexa, los directores de proyecto deben informar de la producción en investigación y en transferencia, y de la formación de recursos humanos, realizada por todos los miembros de su equipo, cuyo desempeño debe a su vez evaluar como satisfactorio o no. (p. 331)

 Pasando del nivel nacional al de las universidades, el principal efecto organizacional del Programa, (…) ha consistido en la adopción de la estructura de proyectos y de la “carrera” de investigador del Programa como la estructura organizativa básica de la investigación de la universidad. (p 333)

 Una primera distinción a considerar al abordar los efectos del Programa sobre la vida académica, radica en la diferencia entre sus efectos sobre los comportamientos de los académicos y sus efectos “culturales”, los cuales conllevan la internalización de normas que otorgan mayor estabilidad a los cambios meramente conductuales (…) (p.334).

Respecto al significado global del Programa, el mismo autor señala dos cuestiones diferenciadas; en primer lugar, el Programa de Incentivos se constituye como una política de institucionalización de la investigación en las universidades nacionales, y en segundo término se establece como una política de profesionalización académica.

En cuanto a la primera cuestión acerca del Programa de Incentivos y lo que significa como política de institucionalización de la investigación en las universidades nacionales, dicho autor afirma que la misma se ha establecido:

158 (…) mediante un complejo conjunto de reglas, que definió a través de la jerarquía de “categorías equivalentes de investigación”, y de los criterios y procedimientos de evaluación para su asignación, una carrera de investigador universitario, complementaria, y globalmente de menor intensidad en materia de producción de conocimiento, respecto de la del CONICET. Asimismo, definió una estructura de proyectos de investigación, así como los procedimientos para la evaluación de los mismos, que institucionalizó la organización de la investigación en el marco de la cual han de actuar los investigadores universitarios. Dado que esta institucionalización consistió en el establecimiento de un conjunto de reglas para evaluar individuos y proyectos (los que a su vez remiten a individuos), podríamos decir subsidiariamente que el Programa fue una política de evaluación (Prati, 2011, 338).

Respecto de la segunda cuestión acerca del Programa de Incentivos y lo que significa en cuanto la política de profesionalización académica, también señala que:

(…) al promover una carrera de investigador universitario, complementó a la carrera docente en aquellos componentes que la alejaban del “modelo clásico” de profesión académica, centralmente, la valoración de la investigación. Decimos que se trató de una versión “atemperada” del modelo clásico, por la valoración que otorgó a las actividades de enseñanza (vía el cargo y la producción en docencia), de gestión (contra críticas de todos los costados) y de extensión y transferencia (menos que lo reclaman algunos ingenieros, pero probablemente algo más que el CONICET), y por haber adoptado un criterio amplio de investigación (incluyendo, por ejemplo, la producción artística). (Prati, 2011, 339).

Finalizando entonces el desarrollo de los logros alcanzados por el Programa de Incentivos en los últimos diez años y las distintas miradas y perspectivas que aportan las distintas fuentes que abordan al Programa como objeto de estudio, concluimos este apartado destacando que a partir del año 2003 un nuevo panorama científico-tecnológico se inicia en la Argentina y que tendría su particular vinculación con el Programa. A partir de dicho año, en el proyecto del gobierno -que asumió en aquel entonces después de la debacle política y social acontecida en el país en el año 2001-, se le otorgó un rol estratégico al área científico- tecnológica, situación que repercutió de manera positiva en el espacio universitario

Esto último se verifica en el documento fechado en julio del año 2005 denominado «Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2020)», que luego derivó en el «Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación «Bicentenario» (2006-2010), en dicho documento se hizo un fuerte hincapié en

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las universidades como organismos relevantes dentro del Complejo Científico-Tecnológico y se afirmó que “el Programa de Incentivos constituía una buena representación del sistema de investigación universitario y que el mismo tenía la particularidad de presentar una distribución de sus integrantes que, sin ser óptima, era más equilibrada territorialmente que la de otros organismos (SECTIP, 2007)170”. En base a esta afirmación, en el Plan Bicentenario se recogió la necesidad de realizar acciones que promovieran la capacidad de las universidades en la formación de investigadores (Sarthou y Araya (2015).171

Por último, estos dos últimos autores destacan que:

(…)en octubre de 2011, el Programa de Incentivos convocó a un llamado especial a categorizar para aquellos docentes-investigadores que: a) hubieran retornado al país y al ámbito universitario a través de programas oficiales de reinserción implementados por las universidades u organismos oficiales de ciencia y tecnología, b) no tuvieran una categoría vigente, c) nunca hubieran obtenido una categoría o la hubieran perdido por no presentarse en las convocatorias anteriores, d) no se hubieran presentado en 2009 por no cumplir con la exigencia relativa al cargo docente mínimo necesario para obtener una categoría superior, requisito exceptuado posteriormente. Este último proceso de categorización obtuvo una amplia participación, que alcanzó a 5.539 postulantes, superando las expectativas de la Coordinación del Programa (Sarthou y Araya, 2015, 18).

Concluimos el presente capítulo retomando algunas cuestiones desarrolladas a lo largo del mismo a manera de síntesis en el apartado que sigue de Consideraciones finales.

170_{Citado en Sarthou y Araya (2015)}

171 _{“A partir del año 2003, comenzó a recuperarse la inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT)} como porcentaje del PBI. La inversión en ACT pasa de representar 0,46% del PBI en 2003, a ubicarse en un 0,61% en 2007 y en un 0,74% en el 2011 (…) En consonancia con estas medidas, en diciembre de 2007 se eleva la SECyT al rango de ministerio creándose, de este modo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Tanto desde el MINCyT como desde los diversos organismos de ciencia y tecnología nacionales, se elaboraron e implementaron ‒entre 2003 y 2013‒ una singular cantidad de instrumentos que directa o indirectamente incidieron favorablemente en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica producida en el ámbito universitario. El aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, la política sostenida de inversión en la formación de recursos humanos, la ampliación de la planta de investigadores del CONICET, el fomento de la federalización de la producción del conocimiento a través de programas específicos de becas o radicación de investigadores, la definición de áreas prioritarias, la repatriación de científicos, entre otras medidas, redundaron en mejoras significativas en la universidad como espacio para la investigación” (Sarthou y Araya, 2015, 17 y 18).

160 3.7 Consideraciones finales

Hemos desarrollado en el presente capítulo un recorrido acerca del Programa de Incentivos a docentes-investigadores desde sus inicios, su desarrollo y situación actual, tarea que desde luego supone recortar, seleccionar y priorizar aspectos en detrimento de otros, todo esto considerando que nos estamos refiriendo a un Programa que instrumenta una política pública dirigida desde el Ministerio de Educación al conjunto de universidades nacionales con una continuidad de más de dos décadas dirigida a promover el desarrollo de las actividade de investigación científicas y tecnológicas

Según ya hemos visto en la Tabla 5 del apartado 3.4 dedicado a la síntesis estadística, la magnitud del Programa se expresa categóricamente en las cifras correspondientes al año 2013: 23.431 docentes incentivados sobre un total de 166.810 cargos docentes en universidades nacionales y cerca de 9000 proyectos de investigación acreditados, lo cual muestra la magnitud del Programa de Incentivos, lo cual significa la suma de esfuerzos y dedicación que los docentes universitarios aplican a diario para llevar a cabo actividades de investigación junto con sus obligaciones docentes cotidianas.

Antes de que se pusiera en marcha el Programa en el año 1993 era escasa la investigación que se llevaba a cabo en las universidades nacionales, -descontando desde luego la participación que en aquel entonces tenían los investigadores del CONICET-, veinte años después las universidades nacionales pueden exhibir una dotación de docentes- investigadores que demuestra que tanto el diagnóstico inicial como los objetivos que promueve el Programa eran y son necesarios para la producción de conocimiento que impacte y transfiera resultados hacia la universidad y la sociedad en un sentido más amplio.

Como se habrá advertido a lo largo de este capítulo la implementación y desarrollo del Programa ha tenido -y tiene- contratiempos, contramarchas, conflictos y negociaciones entre los diversos actores que interactúan sobre el conjunto de los docentes-investigadores, tales como el CIN, CONICET, SPU, CONEAU, MINCYT, los cuales detentan poder e intervienen activamente sobre el complejo de organismos de ciencia y tecnología en Argentina, pero sin embargo el Programa ha continuado como política pública de manera initerrumpida durante dos décadas, conviviendo con pluralidad de actores, y propiciando el desarrollo de la investigación científica y tecnológica a través de la compleja gestión de recursos -tanto simbólicos como materiales-, y promoviendo una carrera de investigador con

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escalafones a través de las categorías que atraviesa todo el espectro del sistema universitario nacional, y que, aún asumiendo los rasgos de identidad institucional que los estatutos confieren a cada universidad en particular, la alta adhesión al Programa manifiesta el cumplimiento de un logro clave en cuanto a la consolidación de prácticas, rutinas y marco institucional específico en el que ha logrado encuadrarse la actividad de investigación científica y tencológica en nuestras universidades.

También puede advertirse que la alta adhesión del conjunto de universidades públicas al Programa de Incentivos se corresponde a la configuración de la relación Estado-Sociedad- Universidad que ha instaurado la política centralista del Estado evaluador, en cuanto que, las universidades necesariamente adhieren al Programa debido en primer al lugar al rol de “estímulo” que presenta el pago de una suma de dinero no remunerativa percibida por los docentes-investigadores categorizados y con dedicación docente que investigan en proyectos acreditados en el Programa, que en un principio se ajustaba a la lógica de captar fondos para compensar el salario docente, y que con el correr de los años pasaría de ser un estímulo económico a constituirse en un “capital simbólico” el cual docentes-investigadores acumulan a través sus trayectorias, visibilizado por medio del ascenso en la carrera de investigador que marcan las categorías equivalentes de investigación que asigna el Programa, de manera que sus logros estrían más bien sujetos a un institucionalización de la estandarización de los procedimientos y actividades de investigación, y a la consolidación de equipos de trabajo, como puede observarse en la cantidad de docentes que aumenta en cada convocatoria de