Los diferentes estudios realizados sobre los procesos penitenciarios, sus modelos y la construcción social originada de esto, han sido enfocados principalmente hacia disciplinas tales como la psicología, el derecho, la criminología, la antropología, la filosofía y la sociología.
Distintos pensadores dentro de diferentes áreas han argumentado una posible intención de sometimiento transmitida por medio de la privación de la libertad y la significación institucional que ha sido construida de los conceptos de libertad, pena y reinserción social a partir de sus procesos y tratamientos (Carballo, 2004; Foucault, 2009; Melosi y Pavarini, 2003; entre otros). Por otra parte, gran parte de los estudios, en materia penitenciaria, han centrado su atención sobre los aspectos problemáticos de estas instituciones (reincidencia, sobrepoblación, estigmatización social, falta de oportunidades para su adecuada reinserción) planteando una posible crisis de las mismas y de sus métodos.
Como primer argumento, se encuentra que la privación de la libertad y las instituciones penitenciarias, dentro de la disciplina filosófica, ha sido abordada por el filósofo francés Michel Foucault (2009). Foucault realizó un estudio en donde analiza de manera histórica la transición de los métodos de castigo. Pasando del uso de los suplicios a la privación de la libertad como medio de castigo penal, Foucault argumenta que esta transición no solo ha sido en la forma del tipo de castigo, sino, que esto implicó una serie de modificaciones en su objetivo, sus herramientas y los instrumentos para su aplicación (Foucault, 2009). Señala que la aplicación de ciertos tipos de instrumentos penales puede tener la intención de docilizar las conductas de los individuos, para con ello, posteriormente, obtener un control y administración de los mismos. Su estudio consistió en el análisis de la transición de los suplicios a la pena privativa de la libertad como método de castigo, encontrando dentro del desarrollo de su estudio una serie de elementos (cambio de objeto al cual se dirige un castigo, implementación de elementos que administran y regulan las actividades y el uso de la disciplina dentro del aparato
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penitenciario) que permiten suponer un sentido distinto del establecido por las instituciones del Estado para la pena privativa de la libertad.
En un sentido similar, Carballo (2004) mostró que, dentro de la disciplina arquitectónica, el diseño penal contemporáneo (auxiliada de dispositivos tales como: cámaras de vigilancia, sistemas de sonido, controles de acceso, entre otros) está conformado para mantener un imaginario de vigilancia ininterrumpida, con lo cual se lograría contener a los individuos y no reinsertarlos a la sociedad; esta visión mantendría la idea del “panóptico” elaborada por Bentham y, citada por Foucault (2009), sobre el desarrollo de una arquitectura penal que permitiera la construcción de un imaginario de vigilancia permanente en los internos bajo ciertas condiciones estructurales.
Siguiendo el eje de estos estudios, dentro de la sociología, los criminólogos italianos Melosi y Pavarini (2003) desarrollaron una investigación en la cual proponen que a través de la introducción del trabajo en los sistemas penitenciarios, se han logrado introducir técnicas de control capaces de modelar conductas o comportamientos que cumplen con intereses económicos a partir del establecimiento de los procesos de industrialización.
Con el nacimiento de los procesos de industrialización la necesidad de mano de obra barata se intensificó principalmente en los países occidentales, lo que favoreció a la implantación del principio del trabajo como medio de readaptación y, posteriormente, de reinserción social. Estos criminólogos realizaron un análisis sobre el desarrollo de las instituciones penitenciarias europeas durante los siglos XVI-XIX, en este estudio se planteó que los objetivos de la pena privativa de la libertad, la consolidación de las prisiones como instituciones encargadas para este objetivo y la importancia de la pena privativa de la libertad como método de castigo, en la actualidad, proviene de intereses económicos ligados al nacimiento, desarrollo, y establecimiento de la época industrial.
Por otra parte, y desde un enfoque jurídico, en la disciplina del derecho se han desarrollado estudios que tienen por objetivo cuestionar el papel penitenciario y sus objetivos. Dolores Fernández (1986) realizó una investigación en México en la que señala que la prisión apareció como una pena más humanitaria que las existentes hasta entonces (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro),
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pero, aunque es objeto de constantes modificaciones, sigue siendo tan criticable como en sus inicios. En esta investigación se realiza un análisis sobre la última reforma de las prisiones, su desarrollo y los resultados obtenidos. Proponiendo la idea que las prisiones ante la nueva idea de resocialización son necesarias, pero bajo condiciones distintas a las actuales.
La autora hace hincapié en la incapacidad de la pena de prisión como instrumento de prevención de la delincuencia, llegando a suponer que la pena privativa de la libertad estimula y fomenta a la delincuencia; además, realiza un análisis donde deduce varias características del proceso penitenciario, señalando como principales puntos que: la mayoría de la población penitenciaria proviene de estratos bajos o de recursos económicos mínimos; la problemática del estigma laboral que genera el haber estado procesado dentro de un penal; la prisión considerada como un contenedor que mantiene fuera de circulación a los privados de su libertad; además, bajo esta condición el individuo privado de su libertad representa una carga económica para la sociedad, ya que su manutención diaria oscila en los $1580.00 pesos diarios (Fernández, 1986).
Su análisis se centra en el cambio de enfoque al que fue objeto la pena privativa de la libertad, entendida ya no como un proceso penal, sino, entendida como un tratamiento para readaptar al individuo. El delito era entendido ahora como una enfermedad social. Realiza una crítica sobre la obtención de los objetivos del sistema penal señalando que las prisiones no son propiamente instituciones de tratamiento penal, sino, instituciones de neutralización, asépticas, dirigidas solamente a asegurar la supervivencia de los reclusos en condiciones humanas, sin empeorar su situación.
El estudio propone una renovación en las políticas penitenciarias, esto incluye un cambio de visión por parte de la sociedad con respecto a los individuos infractores que permitan integrar a estos individuos después de su tratamiento penal (Fernández, 1986). Otro aspecto importante, es aquel que promueve el seguimiento de un tratamiento penal post-penitenciario, lo que podría reducir la reincidencia y permitiría a los individuos infractores integrarse a la sociedad de una manera adecuada.
Por último pone énfasis en el fracaso de un objetivo reformador de individuos y propone nuevas alternativas para la búsqueda de procesos de integración más eficaces dentro de un tratamiento penal.
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En otro sentido, y de manera subjetiva, se observó que dentro de la disciplina psicológica se han desarrollado estudios que han intentado describir los procesos de significación que tanto la población penitenciaria como la sociedad pueden construir del fenómeno penitenciario y sus diferentes aspectos (trabajo penal, tratamiento, reinserción social, castigo, etc.).
José Ignacio Ruíz (2010) realizó un estudio en Colombia que tiene por objetivo describir algunos factores sociales relacionados con la reinserción social de las personas que salen de prisión. Para ello, mide las actitudes hacia la contratación laboral de ex reclusos en una muestra no aleatoria de estudiantes universitarios (n=180). En donde encuentra que las actitudes son menos favorables hacia ex-convictos condenados por delitos sexuales, contra las personas, por robo y reincidentes, y son más favorables para los delincuentes primarios, jóvenes y mujeres.
En este estudio se reconoce que, desde la psicología, se pueden identificar dos grandes grupos de estudios en torno al problema de la resocialización y la disminución de la reincidencia (Ruiz, 2010). Por un lado, los esfuerzos que se realizan en torno al diseño y ejecución de actividades de tratamiento penitenciario y de programas de intervención específicos para ciertos infractores, sean o no reclusos, como maltratadores o desmovilizados de grupos armados.
El objetivo de este trabajo fue analizar las actitudes hacia la contratación de ex reclusos en una muestra de estudiantes universitarios, sus niveles generales y en función del tipo de delito de los ex-reclusos, su estructura dimensional y sus relaciones con las actitudes hacia el tratamiento del delito. La finalidad última de este estudio fue obtener elementos que contribuyan al diseño de un programa de atención post-penitenciaria (Ruiz, 2010).
Se trabajó con una muestra de 180 sujetos estudiantes de psicología y sus familiares, con un criterio de formato de la siguiente manera:
• Datos sociodemográficos.
• Escala de Actitudes hacia la Contratación Laboral de Ex-reclusos. • Escala de Actitudes hacia el Tratamiento de la Delincuencia.
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• Consecuencias percibidas de contratar laboralmente a ex-reclusos.
Este trabajo pretendió aproximar al lector a un entendimiento de cómo las personas perciben a aquellas que han pasado por prisión y constituye uno de los componentes del diseño de un programa de atención a post-penados. En este caso, el aspecto explorado fue conocer las actitudes hacia la contratación laboral de ex-reclusos, dado que una atribución frecuente de la delincuencia en algunos estudios llevados a cabo en Bogotá es su asociación con la falta de trabajo, tanto en reclusos como en otras muestras poblacionales. Los sujetos entrevistados son en su mayoría estudiantes y de carreras relacionadas con las ciencias sociales.
Como resultados principales se destaca que: dentro de una actitud general hacia la contratación de ex-reclusos, mostrada por un coeficiente de consistencia interna alto de la escala de actitudes hacia la contratación de ex-reclusos, las personas parecen matizar sus evaluaciones según se les presente información general de la persona o información sobre su delito, lo cual se asocia con una actitudes menos favorables. Destaca especialmente las actitudes menos favorables hacia autores de delitos concretos, como los actos contra las personas, especialmente el delito sexual y los robos (Ruiz, 2010). Llama la atención que la actitud es más favorable hacia los miembros de grupos armados, que han sido denunciados por perpetrar atrocidades de todo tipo sobre la población civil (Amnistía Internacional, 1994) que hacia los delincuentes contra la propiedad. En cambio, las categorías de ex-reclusos que reciben una actitud más favorable hacia la contratación laboral son aquellos que se asocian con menor peligrosidad y/o con capacidad para aprender o desarrollar tareas laborales, como la mujer, el delincuente primario o aquel que muestra un nivel especializado de formación laboral. Estas actitudes contrastan con la evidencia empírica procedente de otras fuentes.
Se encontró una actitud más favorable hacia las personas que han estado en prisión en aquellos sujetos encuestados que tienen algún conocimiento más cercano de la realidad carcelaria y de los detenidos, por haber tenido algún familiar o amigo preso. Esta variable no se incluyó en el análisis de regresión mostrado más arriba, debido a la relativamente baja significatividad de la correlación con la actitud de contratación, en comparación con las de la disposición a dar trabajo y recursos para prevenir la
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delincuencia y la percepción de consecuencias negativas de contratar ex-reclusos (Ruiz, 2010).
Otro bloque de trabajos, más escasos, lo constituyen aquellos que analizan las percepciones, representaciones sociales o actitudes que la ciudadanía en general, o colectivos sociales específicos tienen hacia el sistema penitenciario y hacia los detenidos, actitudes éstas que van parejas a aspectos como el grado de justificación que los individuos o grupos encuentren hacia ciertos delitos.
Así, la percepción de la ciudadanía de que hay una alta criminalidad, basada en experiencias personales o la influencia de los medios de comunicación, puede llevar a los jueces a aplicar sanciones más severas y a los políticos a aprobar leyes que incrementan las penas, en contraposición a medidas de tipo abierto. Por otro lado, variables individuales o grupales, diferentes de la victimización, se han asociado con actitudes y prácticas sociales de castigo a delincuentes, como el autoritarismo, la carrera universitaria o la cultura (García y Pacheco, 2012).
Teniendo como antecedentes estas líneas de investigación, realizadas dentro de distintas disciplinas, y considerando la orientación que en ellas se observa, parece importante realizar un estudio que fije su atención en la forma en como construyen, socialmente, la población penitenciaria, la idea de justicia penal a partir de la apropiación y adecuación de los discursos jurídico-penitenciarios establecidos y, su experiencia penitenciaria.
A partir de esto, se pensó en la necesidad de llevar a cabo un primer acercamiento a aquellas teorías que abordan la idea de justicia como una finalidad del derecho y que se aplica por medio de las normativas jurídicas. Se piensa que dentro de la construcción social de la idea de justicia penal, desde el plano discursivo y elaborado desde las teorías de la justicia, existen elementos que contienen determinada complejidad en su construcción y que son abordados desde la autonomía del derecho penal1, lo que implica un conocimiento previo y especializado para una comprensión adecuada de la idea de justicia penal. Entendido desde esta perspectiva, esta complejidad discursiva puede dificultar la comprensión de los internos sobre la idea de
1 La autonomía del derecho penal señala que: “las palabras del tipo deben interpretarse en función de
los elementos hermenéuticos que proporciona el propio derecho penal, conforme a sus principios, fines y métodos, haciendo así una interpretación sistemática (Hernández-Romo, 2004)).
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justicia penal (debido a que la mayoría de los internos presenta limitaciones o
desconocimiento), lo que puede derivar en la resignificación o reinterpretación de esta idea, fundamentada en los elementos que conforman la realidad de la vida cotidiana de los internos como grupo social y como individuos.
Posteriormente, fue necesario realizar una intervención dentro del grupo al que se dirige este tipo de método o tratamiento penal (la privación de la libertad como medio de reinserción social), esto con la intención de reconocer como este grupo construye una significación de los diferentes aspectos que conforman a la justicia penal (libertad, castigo y reinserción social), tomando como base los conocimientos que le son proporcionados al interno del objetivo que persigue su tratamiento, el proceso al que se ve inmerso y su experiencia penal, partiendo del supuesto de que la construcción social que genera este grupo (la población penitenciaria de Puente Grande, Jalisco) de estos conceptos y del de justicia penal, no es, propiamente, el objetivo que se estipula teóricamente. Esto debido a la complejidad de los contenidos jurídicos de aquello que se entiende por justicia penal y de los elementos que la conforman; de una resignificación por parte de la población penitenciaria sobre estos conceptos, fundamentada en factores socioculturales: y, de lo que ellos pudieran construir por medio de la experiencia de su proceso.
Por todo lo anterior, se encuentra que los estudios en esta materia han sido enfocados principalmente a analizar a la institución penitenciaria y sus estructuras, pero, los estudios con respecto al individuo al que se le aplica esta construcción penal y sus tratamientos, así como, la idea que esté pudiera construir de todo este proceso (sumando a esta construcción los factores socioculturales que han formado su identidad), de la significación que a partir de ello se genera de conceptos tales como el castigo, la libertad y la reinserción social, ha sido poco abordada.
No obstante, podemos mencionar que existen estudios dentro de la psicología que nos ofrecen un apoyo importante para reconocer que tipo de factores pueden influir en la construcción individual de una significación; sin embargo, es de suma importancia desarrollar un estudio que permitan ofrecer una comprensión más compleja del fenómeno penitenciario y de su pertinencia dentro de la comunicación.
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