Estado del Arte: Referencias sobre el impacto de las políticas de Transparencia en

En un contexto globalizado como el que enfrenta hoy el Estado, determinado por tramados democráticos complejos, en el que por una parte, los mecanismos de representatividad implementados a partir de procesos electorales para la determinación de las autoridades políticas, se encuentran fuertemente tensionados por la irrupción de diversos actores e intereses que pugnan por incidir en procesos de ideación, ejecución y gestión de las políticas públicas, y en donde además, se observa como este modo de representación no logra asumir la creciente complejidad social en el entorno del sistema político, no genera los niveles de igualdad y participación que se le exigen y no satisface por sí sola los requisitos democráticos que se le demandan (Gaventa, 2006), el acto de gobernar no sólo implica desarrollar el programa de gobierno por el cual los proyectos políticos son elegidos, sino también, implementar procesos de modernización del Estado y participación ciudadana que impliquen tener la capacidad de articular diferentes demandas de los actores que participan de la esfera pública.

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Bajo esa mirada, en el escenario actual en el que desarrollan los Estados modernos, la legitimidad democrática de los gobiernos, no puede establecerse mediante lógicas meramente funcionales del propio sistema político que tienden a cierta dinámica autopoiética o autoreferencial (Luhmann, 1996), sino que ante la emergencia o reposicionamiento de una determinada subjetividad social que intenta desdibujar los contornos tradicionales de los procesos de políticas públicas, la legitimidad democrática es otorgada por la ciudadanía de un modo mucho más complejo y profundo que el sufragio y la representación democrática tradicional, avanzando hacia dinámicas participativas, en donde se pone en juego la posibilidad de la profundización de la democracia y se deslinda una embrionaria, pero poderosa alianza social y política, que transita a un estadio superior de la gobernabilidad, que ahora incluye la participación ciudadana y la incidencia de la sociedad civil, en un contexto de Gobernanza (Aldeguer y Canales, 2013).

En este sentido, este “cambio de ritmo” que desafía a los Estados democráticos a dar un salto cualitativo en cuanto a sus procesos de participación, exige a los mismos, profundos perfeccionamientos en los procesos y formas en que se relaciona con la sociedad, a través de sus relatos, políticas, bienes y servicios de interés colectivo. Es así que la gobernabilidad de las sociedades en contextos democráticos complejos, demandan al Estado una constante adaptación y redefinición en su manera de trabajar.

Desde esta perspectiva, es importante comprender, que parte importante de la calidad de las políticas públicas está asociada a los procedimientos de elaboración y diseño de las mismas (Stein y Tommasi, 2007; Boeninger, 2007). Bajo esa lógica, la calidad de las políticas públicas no se clausura sólo en la eficacia, eficiencia o impacto de éstas, sino que también con la forma en que los ciudadanos pueden conocer, dar seguimiento, control, e implicarse en el desarrollo de las políticas en la completitud de su ciclo, de este modo, los desafíos de la modernización del Estado y la participación ciudadana

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indican con claridad que los sujetos quieren involucrarse tanto en los resultados de los procesos como en los procesos mismos y, dadas sus capacidades emergentes, cuando se hacen representar no otorgan un “cheque en blanco”, ni entregan su alma a ningún iluminado (Delamaza, 2007).

De este modo, como se advierte teóricamente, uno de los ejes fundamentales de la modernización del Estado, guarda estrecha relación con los grados de interacción entre los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos y las autoridades e instituciones estatales, elemento que para el caso chileno se erige con mayor urgencia, toda vez que, si bien por una parte, los funcionarios públicos consideran que el ámbito que más contribuye a la modernización del Estado es la calidad del servicio y orientación al usuario (CPLT, 2014a), en Chile, en los últimos años, se ha constatado la emergencia de una ciudadanía marcada por una fuerte desafección hacia la política tradicional y una falta de valoración y confianza en las instituciones políticas fundamentales para la existencia y desarrollo de la democracia (CPLT, 2014b); desembocando en que la ciudadanía ha manifestado su demanda de mayor participación en los asuntos de interés público, a través de la erupción de acciones colectivas distintas a las formales, a partir por ejemplo, de la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación, y el creciente apoyo y legitimidad otorgada a formas más contestatarias de participación y expresión política (PNUD, 2014), cuestión que viene a evidenciar que la credibilidad sobre el accionar de lo público, esta cruzada por la sospecha y la desconfianza. Esta situación exige un estándar mayor en las acciones estatales, la cuales para ser interpretadas como acciones de bien público, deben conectar con la sensibilidad y diversidad ciudadana que pretende contener y organizar, planteándose así el desafío de la construcción de lo público en conjunto con una ciudadanía que reclama un espacio propio, desde su propio lugar (Delamaza, 2007).

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Entonces, bajo estos parámetros, entendemos que la participación, relación e interacción entre el Estado y la ciudadanía, debe estar mediatizada por la confianza de los ciudadanos en el sistema político y los gobernantes, pues ésta resulta fundamental para la obtención de estabilidad, legitimidad y credibilidad, ya que en ausencia de estos factores es altamente probable que la democracia presente déficits (Baquero, 2007) y que, por el contrario, una mayor participación de los ciudadanos en organizaciones y asociaciones voluntarias contribuiría a la efectividad institucional y a la legitimidad de la democracia (Putnam, 1995).

Hace ya más de cincuenta años, se ha reconocido a la confianza interpersonal como un requisito previo para la construcción de una participación política efectiva, más allá del ámbito electoral (Almond y Verba, 1963). Desde este enfoque, se pone especial atención a la importancia de que las instituciones democráticas estuvieran combinadas con actitudes y valores positivos hacia el sistema político, propiciando una participación y una cultura política que se comunica coordinada y congruentemente con el sistema político democrático (Almond y Verba, 1963).

En base a lo anterior, la incidencia que pudiesen tener la población sobre la toma de decisiones de las autoridades, basada en una interacción congruente, transparente y sostenida en la confianza entre los ciudadanos y el Estado constituye un elemento clave en la modernización del Estado y en el proceso de profundización de la democracia, pues al ser efectiva esta comunicación, se contribuye a generar un ámbito de equilibrio entre la ciudadanía y el Estado. Bajo esta lógica, las instituciones de la administración estatal se transforman en estructuras comunicativas de las que emana la información necesaria para la conformación de sentido, voluntad y opinión política (Habermas, 1998).

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En definitiva, una efectiva modernización del Estado, tiene como condición de posibilidad, la construcción de una participación ciudadana basada en una acción comunicativa entre el Estado y la ciudadanía, en donde la implementación de un conjunto de prácticas institucionales y de acciones cívicas, propiciarían un sistema democrático con mayores grados de legitimidad, confianza y por tanto de gobernabilidad e, izarían una participación más democrática en los asuntos de interés público, permitiendo al ciudadano ser coparticipe del proceso de la toma de decisiones.

4.2 Antecedentes de la Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información