Argentina x tres
I. Con la crisis financiera de 1981 y el estallido de la crisis mexicana en 1982, las condiciones del flujo financiero internacional se endurecieron. La línea de crédito privado a los países del Sur se cortó y las tasas de interés se dis- pararon (pasaron del 6% al 22%). Las empresas privadas que habían contraído los créditos en dólares y a tasas de interés variable durante el período «blando» de los años setenta, presionaron para no hacerse cargo de los
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riesgos. Los gobiernos locales que las habían animado a embarcarse en los negocios de la deuda externa, acon- sejados por el FMI, asumieron la supuesta debacle. En Argentina, la estatización de la deuda externa
privada vía seguros de cambio fue la propuesta de
salvataje presentada por el gobierno a los empresarios «ahogados» por sus deudas. Con esta maniobra el sector privado estatizó sus pérdidas, transfiriéndolas a la población argentina. El Banco Central les aseguró la venta de divisas para la cancelación de sus deudas externas a un tipo de cambio predeterminado a un valor fijo (menor que el real) mientras el gobierno debía comprarlas al valor en el mercado. El gobierno asumió la diferencia cambiaria engrosando su deuda pública. Se estima que de los 45.100 millones de deuda acumulada a fines de la dictadura (1976-1983), 5.000 millones (más de un 10%) era deuda privada estatizada; y que entre 1981-1989, las transferencias de recursos del Estado al capital privado concentrado por esta vía fueron del or- den del 9,7% anual del PIB, 67.000 millones de dólares en total (Basualdo, 1997).
II. Durante el proceso privatizador de las empresas del Estado, llevado a cabo fundamentalmente durante la primera mitad de la década de los noventa, cuando Carlos Ménem era presidente y Domingo Cavallo ministro de Economía, las ofertas al sector privado fueron inmejorables. En todos los casos, las empresas se transfirieron libres de pasivos, con pasivos mínimos o pasivos renegociados. Los saldos negativos fueron asu- midos por el Estado con el agravante de que las deudas generadoras de dichos pasivos habían sido contraídas compulsivamente por la dictadura militar, como el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). La petrolera nacional había sido forzada a endeudarse a pesar de contar con recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En los años de la dictadura su deuda había llegado a multiplicarse por dieciséis.
III. A finales de 2001, frente a una nueva devaluación de la moneda, los bancos fueron compensados con un seguro
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Deudas ilegítimas según el destino de los fondos de cambio para saldar la deuda contraída en dólares en el
exterior durante los años noventa. Los bancos compraron el dólar al Estado a un valor de 1,40 pesos, y la diferencia con el valor real de mercado (3,40 pesos) fue asumida por el Estado, que la cargaba como deuda pública. El coste de esta transacción fue de más de 10.000 millones de dólares (Calcagno-Calcagno, 2002).
Los amigos de Ferdinand
Otro ejemplo que muestra la gravedad que puede alcanzar este tipo de deuda ilegítima lo encontramos en Filipinas. La mayor parte de las 500 empresas estatales filipinas fueron, en los inicios del gobierno de Ferdinand Marcos, iniciativas privadas de los amigos del ex dictador, quienes las utilizaron para amasar fortunas personales. Una vez quebradas sus finanzas, dichas compañías pasaban al poder del Estado con fabulosas deudas. Cuando varias de las 52 empresas de su asesor Disini quebraron en 1982, éste se retiró a su castillo cerca de Viena y dejó que los bancos gubernamentales pagaran sus deudas (Patricia Adams, 1993).
Éstas son las deudas contraídas para realizar proyectos de desarrollo que fracasaron o cuyas consecuencias humanas o ambientales resul- taron nefastas porque carecían de estudios de viabilidad técnica, financiera, ambiental o social. Por lo general, se trató de proyectos faraónicos que nunca se pusieron en marcha, o que no se pudieron terminar por defectos irre- parables o groseras imprevisiones financieras. Y si finalmente se pusieron en funcionamiento, resultaron ser innecesarios o antieconómicos para el país de localización, aunque muy renta-
bles para los bancos y los proveedores extranjeros… y para los bolsillos de los intermediarios y gobernantes.
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Estos proyectos, denominados de desarrollo y pro- mocionados como estratégicos para erradicar o reducir la pobreza, han resultado ser los generadores de las violaciones de los derechos humanos más contundentes en todo el planeta, aumentando la desigualdad social y provocando genocidios, hambrunas, epidemias y miseria, guerras interétnicas y desplazamientos masivos de pobla- ción y sin compensación o alternativa, además de desastres
La represa de Balbina en el Amazonas, que cerró sus compuertas en 1987, se concibió con el objetivo de liberar a Brasil de la dependencia del petróleo importado . El embalse, que inundaría 2 .360 km2 de selvas vírgenes para proporcionar
sólo 250 megavatios (¡un sólo embalse de esa superficie en la represa Tucuruí proporcionaría 8 .000 megavatios!), fue cuna de la corrupción, produjo un desastre ambiental y fue un verdadero fracaso . La oposición de la opinión pública llevó al gobierno a cerrar las compuertas sin aviso previo treinta días antes de lo previsto . De inmediato, fue evidente que los estudios topográficos sobre los que se había diseñado el proyecto eran erróneos . La zona que debía ser inundada no resultó alcanzar la profundidad estimada y el espejo de agua formado duplicó su superficie . El agua se dispersaba sobre el terreno circundante —que era llano— formando islas, arroyos tributarios y laberintos de canales, mientras los animales corrían tras los terrenos más altos, que terminaron atestados y fueron escenario de escalofriantes carnicerías . Sumado a ésto, como en el área a inundar no se habían eliminado árboles y vegetales —algunos de ellos tóxicos—, el embalse se convirtió en una fuente de descomposición y envenenamiento . El río madre se contaminó causando la muerte de su vida silvestre, el estallido de varias epidemias entre los pobladores ribereños (entre ellas, la malaria), y la muerte río arriba de los aborígenes waimiri-atroari . Tales imprevisiones duplicaron los costos estimados originalmente . Pero, además, Balbina no logró la fuerza suficiente como para producir el ya escaso rendimiento prometido . Sólo llega a producir 112 megavatios .
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Deudas ilegítimas según el destino de los fondos ecológicos irreversibles. Incluso como fuente de trabajo
resultaron nefastos ya que, más allá de destruir localmente las bases económicas tradicionales, los lugareños ocuparon puestos de trabajo temporales bajo condiciones de sobre- explotación y que no generan calificación, contribuyendo al problema de la desocupación estructural. En definitiva, estos proyectos tendieron —y tienden— a ahondar mo- delos económicos y políticos dependientes de los poderes centrales y de las empresas transnacionales asociadas, y minaron —y minan— toda posibilidad de soberanía y democracia en los países en desarrollo.