al público en general, y no acaban de decidirse sobre los datos que serían más útiles brindar (Outen 1999:6).
Para abordar estos problemas se está organizando un esfuerzo que brinde a las compañías las directrices para estructurar sus informes ambientales, con el intento de alentar a empresas y clientes a contem- plar los informes como una práctica empresarial habitual, previsible y fidedigna. Más de 30 organizaciones mundiales han desarrollado directrices para presentar informes ambientales. La mayoría brinda directrices sueltas acerca del material para presentar en un informe, pero alguna –quizá menos de un tercio– presentan estándares y medi- das específicos (Ranganathan 1998:9-11).
Uno de los conjuntos específicos de directrices más conocidos son los de Global Reporting Iniciative (GRI), que ofrece tanto principios gene- rales para realizar el informe como orientación específica para los dife- rentes sectores empresariales de forma que se estandaricen los informes rigurosa y uniformemente (véase Recuadro 6.4). Sin embargo, existen también otras directrices, como el conjunto de indicadores del the World Business Council for Sustainable Development, cuyo objeto es rastrear la ecoeficacia, y el Public Environmental Reporting Framework de Australia. Esto suscita la preocupación de que todavía resulte difícil para las empresas converger en un marco de creación de informes que sea aceptado universalmente (Ranganathan 1999:479, 489).
S i s t e m a s d e G e s t i ó n M e d i o a m b i e n t a l ( S G M A )
Desde mediados de los años ochenta, miles de empresas de todo el mundo han desarrollado Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA). Un SGMA es un conjunto de políticas y procedimientos inter- nos que definen el modo en que una compañía manejará los impactos ambientales de sus operaciones. Por ejemplo, una compañía podría cambiar los procedimientos estándares operativos para exigir a sus empleados que supervisen no sólo la limpieza del establecimiento, sino también la conformidad con los permisos de emisión para los residuos, el aire y el agua. O podría establecer normas consecuentes para elimi- nar de forma más segura los desechos de todas sus instalaciones. Un SGMA también podría comprometer a los gerentes de la compañía para revisar regularmente los impactos ambientales de sus productos cuando éstos son transportados, revendidos, usados o tirados, y para interrumpir la relación comercial con un cliente que no utilice de forma segura los productos de la empresa (Andrews et al. 2001:32; Coglianese y Nash 2001:12) (véase Recuadro 6.5).
Desde la perspectiva empresarial, un SGMA puede ayudar a la gerencia a superar los requisitos legales de cumplimiento ambiental, pero a un costo inferior al de la regulación formal, dado que las com- pañías pueden diseñar sus propios criterios. Como sucede con otras medidas voluntarias, las empresas también pueden adoptar un SGMA para distinguirse de sus competidores, para tranquilizar a las ONG y para no cumplir las normativas obligatorias.
¿Pero ayudan los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) realmente a promover la responsabilidad empresarial y a aumentar la rendición de cuentas ante los interesados? Algunos estudios parecen confirmarlo. Uno reciente sobre casi 600 instalaciones industriales con- firmó que las fábricas que usaban el SGMA eran más propensas a adop- tar mejoras en reciclado, emisiones al aire, reducción de los desechos sólidos y uso de electricidad. También era más probable que dos de cada
cuatro compartieran la información sobre sus prácticas ambientales con los vecinos y los grupos ecologistas, y también eran más propensas a usar los Concilios de Asesoramiento al Ciudadano con el fin de ayu- darles a abordar los problemas de la comunidad (Florida y Davison 2001:91). Pero existen otras evidencias menos positivas. Un estudio sobre las empresas químicas halló que la adopción de SGMA general- mente ha ayudado a las empresas a mejorar sus relaciones con los gru- pos del exterior, sin cambiar significativamente casi nunca la conducta interna de las compañías (Metzenbaum 2001:163).
Un factor obvio de la eficacia de un SGMA es si cumple ciertas nor- mas reconocidas. Las empresas pueden diseñar sus propios SGMA, mas miles de ellas están optando por seguir y obtener la acreditación de las dos normas internacionales: la norma ISO 14001 de la Organización Internacional de Normalización y el Sistema Europeo de Administración y Auditoría (EMAS). El EMAS tiene unos requisitos más severos por lo que se refiere a la difusión informativa. Exige a las compañías preparar un informe independientemente de la verificación específica in situ sobre el uso de energía y materiales, generación de desechos, emisiones contaminadoras y ruido, entre otros impactos.
En comparación, la ISO 14001, cuya popularidad va en aumento, es mucho menos prescriptiva. Simplemente requiere que la empresa tenga un sistema organizado para examinar sus impactos ambienta- les y para comprometerse a mejorar dicho sistema continuamente. No especifica qué metas ambientales deben imponerse las empresas o qué medidas de actuación deben utilizar, ni exige que las instalaciones publiquen un informe medioambiental. De hecho, no se exige ninguna información sobre inversión ni rendimientos de la instalación para conseguir la certificación de la norma ISO (Ditz y Ranganathan 1997:27; Nash y Ehrenfeld 2001:70-71).
El uso de la ISO 14001, EMAS u otras normas para establecer metas y compromisos concretos para que la comunicación con los inte- resados sea franca podría beneficiar la responsabilidad y la actuación empresariales (Ditz y Ranganathan 1997:27-28). Sin embargo, mien- tras las grandes compañías que usan un SGMA no estén obligadas a presentar informes con la información ambiental en formato estanda- rizado, el impacto del SGMA no se puede medir anualmente ni entre las compañías ni entre las industrias. De hecho, es bastante posible que dos compañías certificadas con la misma norma operen con niveles completamente diferentes de actuación ambiental. El SGMA tampoco garantiza que una empresa esté cumpliendo sus obligaciones legales. Según un estudio de 1998 (Harrison 1999:40), en México ocho de cada nueve empresas certificadas por la ISO no estaban conforme a las leyes medioambientales mexicanas.
L a s o c i e d a d c i v i l c o m o r e g u l a d o r a
Uno de los enfoques más innovadores y progresivos en relación con la responsabilidad ambiental empresarial es la intervención directa de los consumidores, inversores y grupos de la sociedad civil en los asuntos empresariales. Dos ejemplos importantes son el SRI o inversión social- mente responsable –que consiste en hacer inversiones basándose en el comportamiento ambiental y social de una compañía– y el ecoetique- tado o certificación del producto que orienta a los consumidores a adquirir productos ecológicos. Usar con creatividad estas herramientas puede producir a veces los mismos efectos que la normativa estatal,
pero con menor intervención estatal. Ambas herramientas, para que sean eficaces, dependen completamente de la difusión de información y se fortalecen cuando los negocios aumentan su transparencia.
L a i n v e r s i ó n s o c i a l m e n t e r e s p o n s a b l e ( I S R )
Los inversores socialmente responsables –los que hacen inversiones en función del comportamiento o actuación social y medioambiental de las empresas– ya no son tan raros. Aunque la inversión social- mente responsable es todavía un nicho de mercado, éste crece rápi- damente. Ya está siendo adoptada por los inversores convencionales
–los que invierten en Bolsa– mientras aumentan las señales de que una actuación correcta desde el punto de vista social y medioam- biental se traduce en buenos rendimientos generales para los nego- cios (WBCSD 2002:9) (véase Recuadro 6.7).
La inversión socialmente responsable (ISR) es un impulsor poderoso de la rendición de cuentas por parte de las empresas, pues abre una vía directa al oído de los gerentes corporativos y de las juntas directivas, que son los que tienen poder para hacer que las prácticas de las compañías sean responsables. Los accionistas tienen acceso e influencia económica: pueden reunirse con los directivos, respaldar las resoluciones de los accio-
L
os convenios son contratos voluntarios entre el gobierno y los sectores industriales que abordan temas de impacto ambiental comunes a un número grande de empresas, como, por ejemplo, a la producción de residuos de embalajes (EPE 1996). El gobierno nor- malmente negocia con las asociaciones de comerciantes para buscar metas industriales generales y, después, cada empresa firma los con- venios sectoriales a través de cartas de declaración.El concepto de los acuerdos voluntarios entre empresas y gobier- nos nació en los Países Bajos y se extendió por Europa a principios de los años noventa. Ya en 1996 había 305 acuerdos de este tipo, y dos ter- cios de ellos en Holanda y Alemania (Harrison 1999:24-27). En Holanda los convenios han sido negociados con dieciocho sectores industria- les responsables de la mayor parte de la contaminación industrial del país, pero existen decenas de otros convenios que abordan temas de eficiencia energética y de medio ambiente (Harrison1999:24). De hecho, estos contratos se han convertido en mecanismos clave de las estrategias ambientales de los gobiernos.
Aunque los acuerdos voluntarios entre la industria y el gobierno pueden ser un complemento valioso para la política tradicional del gobierno y un medio para involucrar a las empresas directamente en la resolución de los problemas, éstos, por tradición, no han hecho hin- capié en la transparencia ni en la responsabilidad. En la mayoría de los casos, no existen sanciones para castigar los fallos empresariales por incumplir los acuerdos celebrados. Un estudio sobre 154 conve- nios, que incluyen 85 de la esfera ambiental, llegó a la conclusión de que la mayoría de ellos carecían de medidas protectoras suficientes para asegurar el éxito. En la mayoría de los casos, las compañías aceptaban sólo “esforzarse por cumplir” sus obligaciones, en vez de cumplirlas realmente. En la mitad de los casos, las fechas tope para el logro eran inciertas, y solamente uno de cada siete exigía informar de los resultados al público (Harrison 1999:25).
Y aun cuando existan sanciones incorporadas a los acuerdos, la interconectividad del comercio europeo y mundial implica que los acuerdos negociados no son simplemente una cuestión nacional. Como parte del tercer acuerdo holandés sobre embalaje y empaque- tado, entre el gobierno holandés y la industria del envasado acordaron que para finales de 2003 las empresas reducirían en dos tercios el número de botellas y latas de bebidas desechables. Si las reduccio- nes no se lograban, un depósito obligatorio de 0,25 €se impondría
para las latas y las botellas a partir de enero de 2004. Sin embargo, algunos gobiernos europeos y grupos industriales han desafiado las cuotas del depósito obligatorio alegando que son contrarias a la legislación de la Unión Europea y que seguramente representan una barrera para el libre comercio (BAE 2003:11).
Otra crítica sobre este enfoque de convenios para la regulación es la falta de implicación de terceras partes en su elaboración. Las empre- sas y los gobiernos con frecuencia acuerdan metas de reducción de contaminación con la participación escasa de los ciudadanos y de las organizaciones no gubernamentales (Harrison 1999:45) y a diferencia de las leyes, los acuerdos informales pueden ser elaborados por fun- cionarios del gobierno no votados, sin que intervengan mínimamente las asambleas legislativas elegidas democráticamente –reduciéndose de nuevo la apertura a la participación pública– (Harrison 1999:17).
El análisis de los convenios europeos de 1997 halló que los grupos ecologistas participaban en la negociación de sólo uno de cada cinco acuerdos. Sólo dos tercios de ellos contenían alguna cláusula para su supervisión, y sólo la mitad contenía alguna cláusula para verificar dicha supervisión por parte de funcionarios del gobierno (Harrison 1999:24-25). Los acuerdos más recientes han hecho hincapié en la cla- ridad de los compromisos, la supervisión y las formalidades legales.
R e c u a d r o 6 . 6 . L o s C o n ve n i o s : a c u e r d o s vo l u n ta r i o s e n t r e l a i n d u s t r i a
y e l g o b i e r n o e n E u r o p a
Los convenios holandeses han cumplido con éxito dispar su función de herramienta para lograr las metas ambientales. Según la industria holan- desa del embalaje y envasado, los fabricantes superaron el objetivo de reciclado de los embalajes de madera, pero no lograron los objetivos para los embalajes de papel/carbón, cristal, metal o plástico.
Material empaquetado Porcentajes de reciclado
2001 obligatorio 2001 real Papel/cartón 85% 66% Vidrio 90% 78% Metales 80% 78% Plásticos 27% 24% Madera 15% 27%