Cómo se desarrolló la Asociación

La Asociación Umoja se creó en junio de 2008 con ochenta y pico miembros. Uno de los objetivos era luchar por sus derechos que normalmente son ignorados en el campo de re- fugiados y probar a la comunidad que “Discapacidad no es incapacidad”. Han propuesto soluciones para hacer frente a sus problemas mediante la formación de personas con dis- capacidad en diferentes destrezas como la cría de ganado, la fabricación de jabón de fá- brica, educación de adultos, etc. En el área de educación han construido un bloque para la escuela y están buscando simpatizantes para obtener material escolar y otros artículos.

VI. Bibliografía

1 Parr A. Disasters and disabled persons: an examination of the safety needs of a neglected minority. Disasters 1987; 11: 148-159. CrossRef | PubMed.

2 Rockhold P, McDonald L. The hidden issue in international development aid: health and disability in conflict-affected settings in sub-Saharan Africa. J Disabil Int Devel 2009; 1: 4-11. PubMed. 3 Kett M, Twigg J. Disability and disasters: towards an inclusive approach.

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2007/WDR2007-English-4.pdf. (accessed Nov 16, 2009). 4 Women’s Commission for Refugee Women and Children. Disabilities among refugees and con-

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http://www.womensrefugeecommission.org/docs/disab_res_kit.pdf. (accessed Aug 2, 2009). 12 Atijosan O, Rischewski D, Simms V, et al. A national survey of musculoskeletal impairment in Rwanda: prevalence, causes and service implications. PLoS 2008; 3: e2851. PubMed.

• Handicap International Colombia. Autora: Johana Huertas, Coordinadora Na- cional del Programa Acción Contra Minas (CNACM).

Título: Asistencia a víctimas de minas antipersonal (MAP) y restos explosivos de guerra (REG) en Colombia

I. Introducción

Desde la década de los años ochenta, el conflicto armado interno en Colombia sigue siendo junto con el narcotráfico y la delincuencia organizada, uno de los principales factores que afectan a la vida de los colombianos y que dificultan el des- arrollo socioeconómico del país. Este conflicto ha producido graves violaciones de los Derechos Hu-

manos y de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, especialmente para la población civil que vive en las zonas rurales del país.

En los últimos años, Colombia se ha mantenido en los primeros puestos de víctimas por año a nivel mundial. Entre 1990 y 2012, en Colombia se registraron 9.642 víctimas.

Para encarar las situaciones derivadas de este conflicto, el Estado ha desarrollado medidas coyunturales y estructurales que han demostrando, a lo largo de los años, debilidades para reducir la impunidad existente en relación con las violaciones de Derechos Humanos, aun-

que se han producido nuevos compromisos para superar esta situación34_.

Factores como la dificultad para el acceso de los recursos entregados con la ayuda huma- nitaria, la discriminación en razón de la etnia, el reclutamiento forzado de niños y niñas, el desplazamiento forzado, las zonas minadas y sus víctimas, las escasas posibilidades de restitución de derechos, la justicia y la reparación en la región, han complejizado las po- sibilidades colectivas de responder y actuar en aras de la protección de la población civil. Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional y aún con el acompañamiento de la comunidad internacional presente en Colombia, las cifras siguen siendo alarmantes y no hay señal de que la tendencia se modifique. Numerosas víctimas han sido reportadas, especialmente por asesinatos y masacres selectivas e indiscriminadas, los hostigamientos, los secuestros, las desapariciones forzadas, el reclutamiento forzado y voluntario, el desplazamiento for- zado y los accidentes por minas antipersonal (MAP)35_{y restos explosivos de guerra (REG)}36_. En cuanto a esta última, la contaminación de los territorios por las minas antipersonal y restos explosivos de guerra ha causado muertes y supervivientes con heridas físicas, im- pactos psicológicos y repercusiones socioeconómicas a miles de personas y a sus familias. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), comprendido entre 1990 y 2012, en Colombia se registraron 9.642 víctimas. Las MAP y REG golpean tanto a las Fuerzas Armadas (62% de las víctimas) como a la pobla- ción civil (38% de las víctimas) de manera indiscriminada y no solo las víctimas directas se ven afectadas; sus familias y sus comunidades también lo están cuando deben, abrup- tamente, enfrentar las consecuencias del accidente (desplazamiento forzado, pérdida de sus bienes, pérdidas de sus fuentes de ingresos económicos, estigmatización, elaboración de duelos, reconfiguración de su cuerpo, etc.).

• En los últimos años, Colombia se ha mantenido en los primeros puestos de nuevas víctimas por año a nivel mundial. A su vez, Colombia es el único país de América

34_{Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los De-}

rechos Humanos en Colombia. 2006.

35 _{Según el Glosario Nacional de Términos para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, por “mina antiperso-}

nal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una per- sona que estén provistas de un dispositivo anti manipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.

Nota: Las minas diseñadas para ser detonadas ante la presencia, proximidad o contacto con un vehículo, a dife- rencia de con una persona, que se encuentran equipadas con dispositivos anti manipulación, no son consideradas como minas antipersonal por el hecho de estar equipadas con ese dispositivo.

36_{El protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, adoptada el 28 de noviembre de 2003,}

adopta el término Restos explosivos de Guerra para las armas sin estallar, como obuses de artillería, morteros, granadas, bombas y misiles, que quedan abandonados al terminar un conflicto armado.

Latina donde aún se siembra MAP y donde la población se ve expuesta a REG de manera alarmante.

• 31 de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital presentaron algún tipo de evento con minas antipersonal. Igualmente, en el 65% de los municipios del país se registró algún evento.

• Los cinco departamentos con mayor número de víctimas entre 1990 y finales de enero de 2012 son Antioquia (23%), Meta (10%), Caquetá (8%), Norte de Santander (7%), Bolívar y Nariño (6%, respectivamente37_.

La contaminación por MAP y REG ha pro- ducido barreras en el acceso de los pobla- dores a las zonas de cultivos, a las fuentes de agua, a las escuelas, a los centros de salud, entre otros. Esta problemática tam- bién ha causado el confinamiento de co- munidades que frente al temor deciden no salir de sus veredas, el desplazamiento forzado de comunidades y la limitación de los procesos de retorno de las poblaciones desplazadas a sus lugares de origen. Los motivos más importantes que afec- tan directamente a la buena práctica y la operatividad de las medidas de protec- ción y atención de las víctimas, son:

• Dificultad para identificar y visibi- lizar las necesidades de las vícti- mas civiles.

• La ruta oficial de servicios de aten-

ción no cubre de manera efectiva y oportuna todas las necesidades en salud y reha- bilitación de las víctimas de accidentes por MAP y REG, en particular para aquellas con discapacidad generada por el accidente.

• Debilidades en la coordinación interinstitucional para el desarrollo de planes y pro- gramas de acción en beneficio de las víctimas.

37_{PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, Víctimas de}

II. Proceso de la respuesta humanitaria (atención a las víctimas afectadas por