ESTADOESPAÑOL. Enero. Interior presume de expulsar un 25% más de sin
papeles. El acoso a los sin papeles continúa. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que en 2009 el Gobierno expulsó a 13.278 extranje- ros que residían de modo ilegal en España. Un 25,08% más que en 2008, cuan- do los inmigrantes repatriados tras abrirles un expediente administrativo por la Ley de Extranjería fueron 10.616. Rubalcaba aseguró que más de la mitad de estas expulsiones (7.591) corresponden a lo que Interior denomina «cualifica- das», es decir, de inmigrantes supuestamente implicados en actividades delictivas. «Ésa es nuestra prioridad», recalcó el ministro. Sin embargo, Rubalcaba evitó detallar si también había aumentado el número de detenciones de sin papeles. Un informe policial cifraba dicho incremento en un 20% y la supuesta influen- cia en estos guarismos de los polémicos cupos de arrestos fijados en algunas comisarías. El ministro se centró en destacar «la disminución importantísima» en un 45,7% de las llegadas de irregulares a las costas españolas y, sobre todo, en un 75,5% de los arribados en cayucos a Canarias.
Por contra, la llegada de inmigrantes en pateras a las costas peninsulares o de Baleares ha sufrido un repunte del 18,7%. De los 4.244 interceptados en 2008 se ha pasado a 5.039 este año. En Ceuta y Melilla, por contra, ha habido un ligero descenso: de 1.210 del periodo anterior a 1.108 en los últimos meses. Un 8,4% menos.
ESTADOESPAÑOL. Enero. Respuesta del Gobierno español sobre el número de
personas que habiendo sido normalizadas en 2005 continúan con un per- miso de residencia. En el Boletín del Congreso de los diputados de 8 de enero se ha publicado la respuesta del Gobierno dada a la pregunta formulada por el Sr. Carles Campuzano i Canades (GC-CiU) relativa al número de personas que habiéndose beneficiado del proceso de normalización extraordinario de inmigrantes del año 2005 continúan con un permiso de residencia.
El Gobierno manifiesta que no es posible ofrecer datos exactos. De acuerdo con los datos obrantes en el Cuadro de Mandos de Extranjería, respecto al total de 578.375 autorizaciones concedidas en el marco del proceso, se habrían pro- ducido un total de 5.905 denegaciones de primeras renovaciones de éstas, y 13.460 denegaciones de segundas renovaciones.
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ESTADO ESPAÑOL. Política de extranjería.
ESTADOESPAÑOL. Febrero. Abogados y policías rechazan las expulsiones ex-
prés de inmigrantes. La circular secreta del Ministerio del Interior en la que ordena expulsiones exprés de inmigrantes puede tener sus días contados. El sindicato mayoritario de la Policía prepara acciones legales para anular esas instrucciones para que los expedientes de deportación de los ‘sin papeles’ se tramiten «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible», mientras la abogacía directamente las tacha de «xenófobas». El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), tildó de «xenófobas» las instrucciones secretas dictadas el pasado 25 de enero por la Comisaría General de Extranjería y Fron- teras del Cuerpo Nacional de Policía. Pascual Aguelo, presidente de la subcomi- sión de Extranjería del CGAE, explicó que la polémica circular 1/2010 que se ha distribuido por las comisarías de toda España no es «una mera directiva», sino una suerte de «reglamento» de la Ley de Extranjería «encubierto» que «afecta a derechos fundamentales». El organismo de los letrados, en consecuencia, acu- só a la Policía de «arrogarse funciones del poder legislativo haciendo una inter- pretación propia» de la normativa sobre inmigración. Aguelo, quien apuntó que el carácter secreto de las instrucciones crea una «grave indefensión jurídica» a los extracomunitarios y a los abogados que los defienden, tachó la circular de «poco acorde con la Constitución», «muy preocupante» y «represiva», sobre todo porque, en su opinión, convierte el extraordinario procedimiento preferen- te de expulsión (una excepción en la ley) en el «cauce ordinario». Para el res- ponsable del órgano de gobierno de los letrados, es especialmente «sangrante» la apología de las «detenciones preventivas» que el Ministerio del Interior hace en el documento, sobre todo después de que en varias ocasiones el Consejo Europeo de Derechos Humanos haya criticado a España por este tipo de arres- tos preventivos «basados en el color de la piel». La subcomisión de Extranjería se reunirá esta semana para analizar la circular y las medidas que adoptarán los abogados, que se consideran, junto con los inmigrantes, el colectivo más dam- nificado por unas instrucciones confidenciales sobre los derechos fundamenta- les de sus clientes a las que no tienen acceso oficial. La CGAE tiene intención de pedir explicaciones a la Comisaría General de Extranjería y no descarta recu- rrir al Defensor del Pueblo.
El enfado también ha sido mayúsculo en el Sindicato Unificado de la Policía, SUP, mayoritario en el cuerpo. El secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, tras conocer el contenido de la circular, ha encargado un infor- me a los servicios jurídicos para intentar anular las instrucciones. Aunque el sindicato espera en los próximos días anunciar medidas concretas contra esta circular, ya indicó que sus letrados han encontrado varios aspectos muy polémicos en el documento, ya que, a priori, ordenarían a los funcionarios llevar a cabo acciones al límite de la legalidad, como son las controvertidas «detenciones preventivas».
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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fue aún más allá y acusó al Ministerio del Interior de «modificar por la vía de hecho el contenido de una norma superior, la Ley de Extranjería, en lo que se refiera a su régimen sancionador», que insiste en que la norma debe ser la multa y no la expulsión. Según el letrado Javier Galparsoro, miembro del Comité Ejecutivo, la circular es «lo más grave y contrario a la ley que hemos visto en 20 años». Galparsoro insistió en la «profunda alarma» que las instrucciones han provocado entre los abogados por «el toque de secretismo en una norma que afecta a los derechos fundamentales». «La circular simplemente consagra que la expulsión debe ser la regla imperante, ampliando por su cuenta conceptos legales», apuntó. ESTADOESPAÑOL. Marzo. Un total de 141 ONG llevan al Defensor del Pueblo
las detenciones de inmigrantes. Un total de 141 organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de inmigrantes han denunciado ante el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio del Interior la «ilegalidad» de la polémica circu- lar secreta 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que, entre otras cuestiones, insta a los policías a realizar «detenciones preventivas» de inmigrantes sin papeles y en la que ordena a ventilar a «la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible» y por el «procedimiento preferente» la ex- pulsión de los irregulares interceptados en la vía pública. Según el escrito pre- sentado por las principales organizaciones de España en materia de Extranjería, la circular, que el Ministerio de Interior mantiene en vigor, «evidencia la prácti- ca policial de la conducción a comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España».
Esta práctica, afirma la denuncia, es «absolutamente ilegal» porque los agen- tes «no tienen habilitación para privar de libertad en estas circunstancias, pu- diendo incurrir en un delito de detención ilegal». Los colectivos demandantes recuerdan que, según la normativa vigente, sólo es posible la conducción a de- pendencias policiales para la identificación de ciudadanos no documentados. Las ONG también tildan de «absolutamente ilegales» los controles de identidad de extranjeros que se vienen realizado de «forma selectiva» para localizar a inmigrantes sin papeles. Según los colectivos, el pasado año se realizaron 445.000 identificaciones de inmigrantes en España, a pesar de que «la policía sólo puede establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva». Los denunciantes, que exigen a Interior que «públicamente dé instrucciones claras a la Policía para que cesen de carácter de inmediato estos controles y detenciones ilegales», aseguran que es «inaceptable» que en un Estado de dere- cho el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba «promueva la priva- ción de libertad al margen de la ley».
El profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid José Miguel Sánchez Tomás explicó que conforme a pronunciamientos del Tri- bunal Constitucional el derecho a libertad sólo puede ser restringido en caso de
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previsión legal expresa, es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros. El informe presentado por las ONG también descarta la posibilidad de la detención cautelar del artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería, en tanto que sólo pueda adoptarse desde el momento que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión.
NAVARRA. Marzo. El Parlamento de Navarra recurre la LO 2/2009. El Parla- mento de Navarra ha acordado la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el apartado once del artículo único de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por entender que el precepto que excluye a los extranjeros no comu- nitarios mayores de 18 años en situación irregular del acceso a las enseñanzas postobligatorias no es conforme a derecho.
ESTADOESPAÑOL. Abril. Datos sobre el número de expulsiones fallidas por la
negativa o resistencia de inmigrantes irregulares a acatar la orden de ex- pulsión que pesa sobre ellos. El Gobierno manifiesta que las expulsiones falli- das por conductas de resistencia activa o pasiva del inmigrante al subir al avión, en 2009 (hasta el 30 de agosto) fueron 149 (esta cifra incluye tanto los puestos en libertad, como los reingresados en prisión al ser sustituciones de pena). ESTADO ESPAÑOL. Mayo. Respuestas del Gobierno relacionadas con el retor- no, devolución, expulsión, repatriación y readmisión de inmigrantes du- rante 2006 a 2009. El Gobierno responde a las cuestiones planteadas por el diputado del PP, estableciendo el número de inmigrantes durante 2006 a 2009 a los que se les negó la entrada, que fueron readmitidos, expulsados y el número de devueltos. Siendo el total de todas estas circunstancias de 99.445 de inmigrantes en 2006; 55.938 en 2007; 46.731 en 2008; y 38.129 inmigrantes en 2009.
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