Un pionero análisis de Handy (1977) estudio sobre la relación espacial (coeficientes de correlación lineal) entre un conjunto de índices de contaminación atmosférica en la ciudad de Hamilton (Canadá) y otro conjunto de variables socioeconómicas, llegando a la conclusión de que las secciones censales con más bajas rentas estaban expuestas a superiores concentraciones de contaminantes que las rentas altas.
Bowen (1995) analizo la asociación espacial entre la localización de los focos emisores industriales tóxicos y el status racial y socioeconómico de las poblaciones próximas en Ohio y Cleveland. En su investigación examinaron la cuestión usando como unidad espacial los condados (para el estado de Ohio). Para este caso, la discriminación negativa hacia las minorías se manifestaba estadísticamente. De esta manera se pone en evidencia la importancia de la escala y las unidades espaciales, a la hora de desarrollar investigaciones geográficas y su impacto sobre las conclusiones alcanzables.
Chakraborty y Armstrong (1997) se plantearon una cuestión de carácter más metodológico para abordar los temas sobre Justicia Ambiental ellos evaluaron los atributos raciales y económicos de la población incluida en las zonas afectables por las instalaciones industriales con emisiones tóxicas en Des Moines (Iowa, EEUU). Teniendo en cuanta el método de delimitar zonas circulares en torno a los puntos de emisión, desarrollaron un modelo denominado el “penacho” de difusión espacial para un conjunto de situaciones meteorológicas.
Para estimar los datos poblacionales incluidos en las zonas afectadas, partiendo de datos que aparecen disponibles solo por secciones censales. En las conclusiones obtenidas, por un lado insistían en que los resultados dependen de la forma de delimitación del área próxima y de la agregación de los datos demográficos de la muestra, y en otra medida en el área de estudio se presencio alta presencia de grupos minoritarios, y socioeconómicamente bajos.
Jerrett (2001) en su estudio, de nuevo sobre la ciudad canadiense de Hamilton, estudio la relación entre la cantidad de partículas suspendidas en el aire y un conjunto de variables socioeconómicas para esto utilizo el modelo “kriging” analizado mediante 23 observatorios, sus resultados llevaron a conclusiones similares de Handy (1977) acerca de la inequidad ambiental, que de forma discriminada penalizaba a los grupos de menor status socioeconómico. Metodológicamente el trabajo aportó como valor añadido el uso
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de dos indicadores de exposición (la exposición media crónica y la probabilidad de exposición a situaciones extremas de contaminación a lo largo de 10 años).
Bosque, Díaz y Díaz (2001-2) abordaron los desequilibrios territoriales en la distribución de instalaciones de gestión de residuos sólidos en la Comunidad de Madrid, detectando una notable concentración de personas de bajo nivel socioeconómico en las poblaciones próximas a dichas instalaciones.
Brainard (2002) estudio para la ciudad inglesa de Birmingham el patrón espacial de dos contaminantes atmosféricos (monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno) y el de edad, etnia y pobreza (con datos por “enumeration districts”). Los resultados de dicho modelo es que las relaciones estadísticas era linealmente proporcionales entre las variables mayores niveles de concentración de contaminantes, pobreza y minorías étnicas.
Moreno y Fernández (2003) examinaron la calidad ambiental expresada a través de un indicador, el confort térmico, de los distintos ámbitos residenciales de Madrid según su nivel de renta, argumentando que si bien no se podía hablar de una contundente discriminación climática en contra de los grupos de bajas rentas, sí se insinuaba una cierta tendencia: en términos proporcionales, los grupos de mayor renta evitaban las zonas de mayores rigores invernales y estivales del clima mediterráneo continental madrileño y los de menores rentas tenían más presencia proporcional en dichas zonas.
Wheeler (2004) realizo un estudio en una gran parte del territorio del Reino Unido (Inglaterra y Gales) en la que contempló cuatro índices ambientales (alusivos a calidad del aire, emisiones químicas atmosféricas, depósitos de residuos y actividades calificadas de alto peligro). Mediante el uso SIG se generaron áreas de afección potencial, estas áreas se relacionaron con características socioeconómicas (niveles de desarrollo, prestación de servicios públicos etc.) Con diversas técnicas estadísticas de asociación y regresión comprobó la existencia de inequidad ambiental, aunque su concreción variaba según los índices involucrados y el entorno urbano-territorial
Jacobson, Hengartner y Louis (2005) emprendieron un estudio enfocado sobre la proximidad a las principales autopistas en la ciudad de Nueva York. Aunque éstas generan innegables ventajas para el transporte y el comercio, también someten a las poblaciones adyacentes a riesgos ambientales varios.
Los autores cuestionaban si en dichas zonas próximas había especial presencia de ciertos grupos étnico-raciales, de renta o de origen. Para este fin propusieron un método para medir la equidad-inequidad basado en la distribución conjunta de los niveles de exposición y de los atributos socioeconómicos. Tras aplicar también, con fines comparativos, otras técnicas estadísticas como lo fueron (regresión lineal y logística e índices de Gini y de entropía de Theil) concluyeron que desde el punto de vista metodológico su propuesta parecía superior a otras y que la hipótesis de equidad- inequidad ambiental parecía ser compleja de determinar, entonces requiriendo de
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valoraciones más complejas y ajustando las variables de los modelos, justificaron que los inmigrantes e hispanos sí presentaban mayor exposición a esas infraestructuras, pero la clase (renta) mostraba una relación desigual, evidenciándose mejor su efecto cuando se segmentaba por grupo demográfico. En todo caso, ninguna de las medidas empleadas lograba altos niveles de explicación, estadísticamente hablando.
5.1 Aportes metodológicos.
En un aspecto menos científico problemas de racismo ambiental presentados Latinoamérica también sirven como un marco de referencia por sus aportes metodológicos, casos como en la región de la Araucanía en Chile, por habilitar vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales en sectores de comunidades indígenas de Mapuche, La privatización de agua potable en Bolivia, y los diversos casos en Brasil ayudan a la presente investigación en el aspecto metodológico ante un caso de injusticia ambiental de la siguiente forma:
Establecer diálogos con los líderes de las iglesias de la comunidad afectada e Investigue los detalles de la problemática ambiental antropogenica que afectan a la comunidad.
Recolectar una fuerte documentación basada en los problemas que afecten a la comunidad.
Consultar con otras comunidades de los problemas ambientales existentes y verificar si existente una correlación con las afectaciones propias de la comunidad. Seleccionar un grupo de personas que generen un diagnostico científico sobre el problema, para de esta forma buscar el apoyo organizaciones más influyentes que ayuden a mitigar dichas problemáticas.
Identificar las agencias gubernamentales que tengan injerencia mediante su función sobre la problemática en estudio.
Clarificar los elementos legales y científicos para relacionar la problemática y su afectación a la salud de la comunidad.
Llevar a cabo reuniones comunitarias para compartir informar y generar estrategias de mitigación.
Formular planes de acción.
Formar asociaciones entidades universitarias, grupos ambientalistas, hospitales, iglesias, etc.
Desarrollar estrategias para que mediante medios de comunicación masiva se logre transmitir la información a la mayor parte de la población afectada.
Desarrollar redes relacionadas con grupos de justicia/racismo ambiental, exponiendo las diversas afectaciones en términos de justicia ambiental.
5.2 Metodológicas de SIG para realizar estudios de Justicia Ambiental.
Dentro del amplio campo de la justicia ambiental cabe destacar que los hechos y los impactos que afectan a una determinada población haciendo que la misma sufra de una injusticia ambiental están determinados en un espacio geográfico, por esta razón una
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parte del estudio o parte de las metodologías que un investigador podría implementar para caracterizar un caso de estudio corresponde al campo de la Geografía con la utilización de sus herramientas de análisis como lo son los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Definir una metodología para el estudio de la justicia ambiental ha sido un tema que se ha tratado durante los últimos años, siempre teniendo en cuenta qué diferencias en los procedimientos pueden conducir a resultados contradictorios aunque se desarrollen en la misma área de estudio (Liu, 2001). La metodología de caracterización debe estar acorde con el escenario donde se realice el estudio, por ejemplo en países que están en vía de desarrollo factores como la condición económica, la estructura censal, el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la distribución entre otros, hacen que los casos de injusticia sean abordados de una mejor manera.
Dada la diversidad de metodologías a implementar en el entorno de la Justicia Ambiental Existen una serie de valoraciones específicas y claras para su valoración dentro de estos procedimientos esta:
Obtención y caracterización de los datos poblacionales y la unidad Geográfica del análisis.
Identificación del tipo de elemento bien sea del tipo industrial, un área contaminada, un área explotada etc. Que no sea deseable para una determinada población.
Definición del área de influencia en torno a la problemática encontrada, en este caso estamos hablando de una cantidad de población afectada de manera aproximada por dicho elemento.
Datos de Población y Unidad Geográfica de Análisis
Caracterizar la población y representarla mediante un espacio físico vital, es necesario para los análisis sobre Justicia Ambiental ya que de manera explícita esta información muestra la cantidad de personas que se están viendo sometidas por una afectación bien sea de origen natural o antropogenico, también las características socioeconómicas definen a la población vulnerable y establece un marco social dentro de la misma sociedad (Been 1995; Liu, 2001).
De esta manera una herramienta común para dicha caracterización y de fácil acceso, que describe a una población mediante el análisis de diferentes variables socioeconómicas es el Censo. En temas de Justicia Ambiental el Censo estudia el nivel de vulnerabilidad de una población ya que dentro de dicho ejercicio empírico se pueden analizar variables como la actividad económica, los niveles de ingreso de la población, análisis de minorías étnicas, etc. (Forkenbrock y Sheeley, 2004).
Entonces teniendo en cuenta la base metodológica de la presente investigación ahora procederé a presentar el caso de estudio, que tiene como objetivo documentar,
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demostrar y argumentar como desde los principios y fundamentos teóricos de la Justicia Ambiental en el sector de Ciudadela Sucre en el municipio de Soacha se presentan casos de Injusticia Ambiental muy relevantes y de pronta intervención por parte de las autoridades locales.
6. Municipio de Soacha Generalidades.