DE LA CIUDAD-ESTADO Λ LA REPÚBLICA

requerían decisiones rápidas y continuidad en la po­ lítica del gobierno; a menudo había que redactar tratados y asignar provisiones precipitadamente. Entre sus miembros se encontraban soldados y estadis­ tas dotados de amplia experiencia y conocedores de las "regiones extranjeras". Y así fue estableciéndose un precedente tras otro. La "opinión del Senado" se convirtió en "el decreto del Senado”. Como orga­ nismo, el Senado ya no se limitaba a discutir el problema expuesto por el magistrado, sino que era el iniciador de la discusión, y así fueron a parar a sus manos prácticamente todos los asuntos del Estado. Su manera de conducir los asuntos durante los años más duros de la guerra fue en general excelente; si más tarde decayó su alto nivel de eficacia e inte­ gridad moral, fue por razones que vamos a consi­ derar ahora.

Roma adquirió supremacía en Italia, en parte por la guerra y en parte por haber sabido aprovechar bien la desunión entre las diferentes tribus a las que, una por una, fue reuniendo en una confederación. Por cuantos medios tuvo a su alcance, Roma procuró que las tribus acudieran a ella en busca de ayuda y ventajas, en lugar de ayudarse unas a otras. Sus vecinos más próximos fueron incorporados como ciu­ dadanos de su organismo político. Concedió a algu­ nas tribus una ciudadanía restringida que confería derechos de comercio, a la par que la garantía de estos derechos por la ley, y libertad para unirse en matrimonio con ciudadanos romanos. Otras estaban ligadas a Roma por diversos tratados de alianza, que comprendían deberes y privilegios y concedían independencia para administrar los asuntos internos.

Para guardar las costas y los caminos, se instalaron en algunos puntos de Italia colonias de ciudada­ nos romanos, que fueron como vástagos de Roma. En otros sitios se concedieron a las "municipalidades”, o sea las poblaciones autóctonas, todos los derechos políticos. Ambos tipos de comunidad gozaban de una autonomía bastante amplia en los asuntos internos. Se podían llevar a Roma apelaciones contra los ma-

gistrados locales. Se enviaba a los prefectos para juzgar causas, tanto en las ciudades como en los dis­ tritos rurales; los prefectos representaban al pretor de Roma, que era el principal magistrado judicial.

Pero cuando se anexaron tierras fuera de Italia fue necesario adoptar diferentes medidas. En un principio Roma, en general, se resistía a "crear” una “provincia”; se contentaba con el desarme y las con­ tribuciones, como sucedió en Macedonia el año 167 a. c. La "provincia” implicaba la anexión y la anexión implicaba un gobernador romano. Pero después del año 146 a. c., Roma ya no dudó. Cerdeña y Sicilia, una vez conquistadas, habían sido confiadas a un pretor. Pero los pretores eran necesarios en la me­ trópoli. Por tanto, después del año 146 a. c., se adop­ tó un plan que ya tenía precedente. El imperium de los cónsules se había prolongado a menudo para ha­ cer frente a una emergencia militar, y entonces se decía que los que desempeñaban el mando actuaban

pro consule, es decir, en nombre del cónsul. Desde

el año 146 a. c., se confirió a los procónsules y pro­ pretores amplio imperium y se les envió a que gober­ nasen de acuerdo con "el estatuto de la provincia”, que era redactado por una comisión del Senado, definiendo la condición jurídica de las diversas comunidades, fijando las fronteras y las tarifas de los impuestos y el sistema local de gobierno, y san­ cionando el uso de las leyes locales. Los estatutos se redactaban con un espíritu generoso, en parte porque Roma no deseaba el peso de una administra­ ción sobrecargada de detalles y en parte porque era de un natural magnánimo. Todo dependía de la forma en que el gobernador observara y cumpliera las disposiciones estatuidas, así como de su sentido del honor, pues abundaban las ocasiones para la mala administración y el propio engrandecimiento, y era difícil obligarle a rendir cuentas.

Ahora volvamos a Roma y esbocemos muy por encima las principales características del período de la revolución, es decir, más o menos de los últimos çien años de la República (hasta el 31 a. c.).

El reto a la constitución se lanzó trece años des­ pués de la destrucción de Cartago en el año 146 a. c. Partió del tribunado, cargo que ostentaba entonces Tiberio Graco. Su programa abarcaba medidas para contrarrestar la despoblación del campo y para de­ tener la decadencia de la agricultura, males ambos debidos a la guerra. Pero para tener éxito, Tiberio necesitaba más de un año, y le era forzoso anular el veto de sus colegas en el tribunado a quienes el Se­ nado había atraído a su lado. Ni lo uno ni lo otro podía realizarse sin violar la costumbre. Tiberio Gra­ co destituyó a sus colegas, dando así a sus enemigos la oportunidad de denunciarlo como usurpador de un poder autocrático. Según se afirmó más tarde, cayó víctima de la violencia que él mismo había desata­ do. Sus sucesores tuvieron en cuenta las enseñanzas proporcionadas por su fin. Había planeado la cues­ tión: “¿Dónde reside la soberanía?”, y pereció. Así pereció también, nueve años después, su hermano Cayo, que primero intentó ampliar el Senado intro­ duciendo nuevas fuerzas, y terminó proponiendo que se otorgara parte de los poderes de éste a la nueva clase influyente de hombres de negocios y tratando de ganarse al populacho de Roma vendiendo grano a bajo precio. Cayo Graco intentó también llevar ante un tribunal, que no fuera el Senado, a los gobernado­ res que administraban mal las provincias. Fue tri­ buno durante dos años, y presentó sus proyectos directamente al pueblo, al que al principio tenía fascinado ; pero también fue asesinado. He aquí otra enseñanza; se podía levantar al pueblo, que una vez levantado quizá consiguiera su objeto momentánea­ mente; pero el tribunado, que carecía de un poder militar que lo apoyase, no podía mantener estas con­ quistas frente a una resistencia.

La época que sigue es la época de grandes perso­ najes que se esfuerzan por alterar la maquinaria del gobierno para adaptarlo a las nuevas necesidades que tiene que encarar, preservando, sin embargo, pa­ cientemente, hasta donde fuera posible, los antiguos elementos. Pero con frecuencia prevalecía la impa­

ciencia, impaciencia que llegaba a la exacerbación con las rivalidades personales que surgieron como resultado de las pretensiones antagónicas de los que querían modificar el gobierno para satisfacer su am­ bición o las demandas de los ejércitos adictos. Pues, en medio de la violencia de las pasiones, la lealtad al Estado, tal como se entendía en los viejos tiem­ pos, había sido olvidada. Los ejércitos victoriosos, formados por soldados con largos años de servicio, eran ahora adictos a su general, que a su vez era fiel a las demandas de su ejército que reclamaba pensiones, pensiones que significaban tierras. Las ne­ cesidades del Estado eran de importancia secundaria, y, en efecto, su única salvación consistía en el pre­ cario equilibrio entre la fidelidad de los ejércitos a los generales y la de los generales al Estado. Y como el gobierno no era digno de lealtad y los generales tenían que tener en cuenta a otros generales rivales, este equilibrio rara vez se lograba.

El cambio en la actitud del ejército fue principal­ mente obra de Mario, que creó un ejército profesio­ nal formado por soldados con un período de servicio largo, y equipado y adiestrado según nuevas normas, para hacer frente a la amenaza de las tribus germá­ nicas del otro lado de los Alpes. A partir de entonces, el ejército reclutado en los países del Mediterráneo dependió de su general. El antiguo ejército de Ita­ lia compuesto principalmente de ciudadanos había desaparecido para siempre. El nuevo ejército fue siempre un arma poderosa, pero, desde el punto de vista del Estado, en sus principios fue un arma de do­ ble filo. No se acertó con el método conveniente para manejarlo hasta la época de Augusto.

Sila lo utilizó con dos fines : en primer lugar, para hacer desaparecer la amenaza de los enemigos ex­ tranjeros y la de los aliados itálicos; en segundo lugar, para imponer a Roma lo que nunca habían tenido: una constitución escrita y el reconocimiento legal de la supremacía del Senado. Hecho esto, Sila abandonó el poder para observar de lejos el funcio­ namiento de su constitución. Pero ahora el Senado