En las secciones anteriores se mostró que, si bien los objetivos de las políticas públicas han privilegiado la estructuración y el fortalecimiento de la oferta interna de bienes y servicios de TIC, el gobierno brasileño no posee una política explícita para promover la difusión de las TIC en las empresas. Aunque podría argumentarse que en la medida en que las políticas gubernamentales tengan éxito, la mayor oferta local de esos bienes y servicios, su adecuación al mercado interno y la proximidad entre la oferta y la demanda de TIC también favorecerían su difusión en el medio empresarial.
Las políticas del gobierno orientadas a la inclusión digital de la población brasileña también benefi ciarían a las empresas con el establecimiento de una cultura más favorable a la difusión de las TIC, no sólo entre las empresas sino en la sociedad en general. De hecho todo eso ocurre, pero los efectos son indirectos e insufi cientes para que las empresas se modernicen plenamente mediante la utilización de las TIC en sus negocios.
No cabe duda de que la política gubernamental de reducción de los impuestos que inciden en el precio de las computadoras contribuyó positivamente a la ampliación del mercado interno de bienes de informática. La reducción de impuestos contribuyó a la disminución de los precios de los bienes de informática y la concesión de crédito en condiciones más favorables de las tradicionalmente ofrecidas por el comercio, y aumentó el acceso de la población al mercado de computadoras. Incluso aunque las computadoras objeto de la política gubernamental sean las más simples, las empresas se benefi cian de esas condiciones, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas y en función de los precios aplicados. Asimismo, una sociedad más informatizada permitirá un mayor grado de interacción virtual de las empresas con el mercado e incluso tenderá a exigirlo.
Aunque los mecanismos de fi nanciamiento de los bienes de informática y de comunicación (que son horizontales y no específi cos para las TIC en el caso de la Tarjeta BNDES, la FINAME y Prosoft Comercialización) también facilitan el acceso a los bienes y servicios, no bastan para aumentar la capacitación de las empresas en el uso de las TIC. El acceso es sin duda necesario, pero también insufi ciente, sobre todo cuando se trata de las empresas más pequeñas.
En consecuencia, la cuestión más importante para las empresas no se refi ere al acceso a los bienes de informática e Internet, sino a la calidad de esos servicios y a la manera en que se utilizan dichos recursos.
Con respecto a los servicios, se constató que la velocidad de conexión es todavía relativamente baja, pues alrededor del 60% de las empresas disponen de una velocidad de descarga de hasta 2 Mbps. A su vez, el acceso a Internet de banda ancha no está distribuido equitativamente entre todas las regiones brasileñas, pero esta situación debería mejorar con el PNBL, cuya implementación ha comenzado en el año 2010.
Otro problema es el costo de los servicios de banda ancha, que puede considerarse elevado. Mejorar y masifi car el acceso a Internet y reducir su costo son necesidades prioritarias en el Brasil. De hecho, sus benefi cios ya se han comenzado a experimentar gracias a la estrategia de inclusión digital del gobierno.
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Otra iniciativa del gobierno que contribuye a la ampliación del uso de computadoras e Internet en la gestión y los negocios de las empresas es el gobierno electrónico. Al posibilitar la relación de las empresas con el gobierno mediante Internet para realizar consultas, efectuar pagos de impuestos, participar en procesos de licitación electrónica, entre otras cosas, el gobierno induce a las empresas a modernizarse en el uso de las TIC. En algunas de esas relaciones la vía virtual es el único canal de comunicación de las empresas con el gobierno, por lo que la adopción de las TIC en las empresas se vuelve imperiosa.
Sin embargo, los efectos más signifi cativos de la utilización de las TIC en las empresas dependen de un trabajo de extensión tecnológica que no es realizado ni promovido por el gobierno brasileño. Los datos sobre el uso de Internet en las empresas revelan que todavía hay mucho margen para avanzar en temas de gestión administrativa mediante las TIC, que pueden mejorar la efi ciencia empresarial e incrementar el volumen de transacciones comerciales.
Cabe recordar una vez más que esta situación es relativamente distinta entre empresas de diferentes tamaños y localizadas en diferentes regiones. A grandes rasgos, las grandes empresas y las empresas de las regiones sur y sudeste están en condiciones más avanzadas que la media de las demás empresas. Incluso en esos casos hay mucha heterogeneidad y se justifi caría una iniciativa de política pública dirigida a esa fi nalidad y con cobertura nacional. No obstante, el aparato estatal del Brasil no estaría debidamente preparado para la defi nición y, sobre todo, la implementación de políticas orientadas al mayor desarrollo tecnológico empresarial. La reciente experiencia de la PDP demuestra las difi cultades de coordinación inherentes a la intervención pública en temas que involucran a diferentes instituciones del gobierno.
No existe en el Brasil una autoridad unifi cada para la implementación de políticas de este tipo. El funcionamiento de la estructura institucional de la PDP depende de la composición de los grupos que integran los órganos colegiados de articulación institucional, y no hay una estructura institucional que funcione independientemente de las personas que ocupan los cargos y las representaciones institucionales. El MDIC, a quien correspondería dirigir ese proceso, no está debidamente preparado para ello, pues carece de cuadros técnicos con la preparación necesaria para la implementación de dichas políticas y de recursos técnicos e institucionales para el ejercicio de políticas de esa naturaleza. La institucionalidad de la política es por ende frágil y persiste la duda acerca de su continuidad después del cambio de gobierno.
El Estado brasileño tampoco está debidamente preparado para la defi nición de ciertas políticas. La alternativa del gobierno para superar las conocidas difi cultades para defi nir prioridades ha sido centralizar tanto la concepción como la implementación de políticas en la propia Presidencia de la República. El PNBL es un ejemplo de ese tipo de estructura institucional, pues ha sido articulado por un ejecutivo del Ministerio de Planifi cación, Presupuesto y Gestión, pero con respaldo y apoyo del Jefe de la Casa Civil.
En realidad en el Brasil no se dispone de una institucionalidad adecuada para la defi nición e implementación de políticas que involucren a diferentes instituciones del sector público. En el campo de las defi niciones faltan instituciones que formulen propuestas de desarrollo a partir de estudios sobre los diversos sectores de actividad, temas relevantes y análisis de naturaleza prospectiva. Además, la división del aparato estatal entre varias líneas políticas y partidarias que dan sustento al gobierno federal
difi culta el trabajo de lograr una única postura estratégica. En consecuencia, la Secretaría de Asuntos Estratégicos no logra desempeñar su función en forma adecuada ni articular su labor con los ministerios sectoriales, de modo que predomina una actuación de naturaleza especuladora.
En los últimos años, el gobierno recurrió a instituciones privadas bajo la forma jurídica de organizaciones sociales o de servicio autónomo, para apoyar la toma de decisiones de políticas de largo plazo. Sin embargo, esas instituciones han sido muy cuestionadas por el propio aparato estatal, por poseer condiciones de trabajo y autonomía decisoria diferentes de las que prevalecen en la administración directa. Por este motivo, dichas instituciones son vistas con reservas y no están debidamente articuladas con la administración directa en la órbita federal.
Una de las grandes difi cultades en la implementación de políticas es la coordinación de diferentes instituciones que deben trabajar en forma articulada, porque los instrumentos de política pertenecen a diferentes instituciones del sector público.
A los problemas relativos a la implementación se suma la falta de seguimiento y evaluación de las políticas gubernamentales, que contribuye a la baja efi ciencia de la actuación estatal. Se observan, de ese modo, casos de superposición de los campos de intervención de los organismos públicos, hecho que causa un desperdicio de recursos en algunas áreas y confl ictos en la actuación de distintas instituciones públicas.
No obstante, los problemas de la institucionalidad de las políticas públicas no llegan a convertirse en grandes obstáculos para la difusión de las TIC en el medio empresarial, simplemente porque el gobierno todavía no defi nió esta actividad como un objetivo de las políticas públicas. A lo largo de este documento se evidenció que las medidas gubernamentales incidieron sólo en forma indirecta en la difusión de las TIC.
El presupuesto implícito en las acciones del gobierno es que la difusión tendería a ocurrir naturalmente como resultado de las políticas de respaldo al desarrollo productivo y la inclusión digital. Lamentablemente esta premisa no es verdadera, sobre todo entre las empresas más pequeñas y entre las empresas de las regiones menos desarrolladas. Es sobre todo para esos segmentos de empresas que una política de difusión de las TIC debería instituir programas específi cos.
Una iniciativa como el PROIMPE parece ser la más pertinente por varias razones. En primer lugar, porque el PROIMPE tiene el mérito de actuar en los dos lados de la relación entre oferentes y demandantes de bienes y servicios de TIC. Es decir, al mismo tiempo en que el programa promueve la oferta de bienes y servicios de TIC, trabaja también con los usuarios de esos bienes y servicios, potenciando los posibles resultados del programa. En segundo lugar, para trabajar con las empresas pequeñas como público objetivo, es necesario disponer de una estructura institucional capilar bien distribuida en todo el territorio nacional. El SEBRAE es la institución que posee dicha característica y que en teoría podría ser responsable de la implementación de una iniciativa de extensión dirigida a las pequeñas empresas. El SEBRAE posee además experiencia de trabajo con las micro y pequeñas empresas, lo que le confi ere una importante ventaja para programas como el aquí mencionado.
Mediante el PROIMPE se proponía articular la oferta y la demanda de TIC, pero no habría impedimentos para que otras instituciones implementaran programas de extensión para llevar las TIC a las pequeñas empresas, inclusive sin actuar necesariamente con
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respecto a la oferta. Por ejemplo, las entidades tecnológicas sectoriales, las entidades gestoras de parques e incubadoras tecnológicas y las instituciones que trabajan con conglomerados productivos locales deberían actuar también con programas de este tipo.
Visto que varias instituciones podrían implementar una política de difusión de las TIC entre las empresas, se sugiere que el gobierno federal estructure este programa, elabore el material que las empresas han de utilizar, defi na la metodología básica de trabajo y acredite a las instituciones descentralizadas responsables de la implementación. Una parte de los costos del programa podría quedar bajo la responsabilidad del gobierno federal y otra parte podría cubrirse mediante un convenio con las entidades del Sistema S (SEBRAE, SENAI, SENAC y SESI). El MDIC es teóricamente el más apropiado para asumir la responsabilidad de coordinación en el ámbito del gobierno federal.
Independientemente de la evaluación que se haga del PROIMPE, puede ser necesario implementar otras iniciativas. El SEBRAE e instituciones similares también deben modernizarse e incorporar las TIC como un elemento habitual en las empresas, lo que supone adecuar todo su material de capacitación.
Lo ideal no es que el SEBRAE tenga un programa específi co y único para la difusión de las TIC en las micro y pequeñas empresas, sino que todos los proyectos de capacitación del SEBRAE incluyan a las TIC como una herramienta de gestión empresarial. En otras palabras, el SEBRAE debe adecuar su material de capacitación al empleo de las TIC en sus proyectos de capacitación empresarial en el área de costos, de relación con los proveedores, de ventas y en todas las dimensiones de la capacitación empresarial. De esa forma la difusión de las TIC en las empresas dejaría de ser el objetivo de un proyecto más del SEBRAE conducido en forma individualizada, para ser incorporado defi nitiva y naturalmente en la sistemática general de capacitación de las empresas.
Esto debe realizarse con otras instituciones que trabajan directamente con las empresas. Para difundir esa postura, el MDIC puede estructurar un programa de movilización de dichas entidades con miras a incorporar las TIC como un tema permanente en la capacitación empresarial.
Algunas de las sugerencias aquí formuladas se considera que exigen inversiones elevadas. Más que recursos fi nancieros, se necesita una posición más activa por parte del gobierno en la difusión de las TIC entre las empresas que operan en el Brasil.
Bibliografía
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Sitios visitados www.bndes.gov.br www.e-commerce.org.br www.planalto.gov.br www.proimpe.org.br www.receita.fazenda.gov.br www.sebrae.com.br www.senado.gov.br Anexo: Cuadro IV.A
RECURSOS OFRECIDOS POR EL SITIO WEB DE LA EMPRESA, 2011 (Porcentaje del total de empresas que poseen sitio web)
Recursos ofrecidos por el sitio web de la empresa Poseen sitio web a Catálogos de
productos y precios Servicio posventa Pago en línea
Total Brasil 60 49 33 12 Tamaño de la empresa 10 - 49 empleados 50 47 30 14 50 - 249 empleados 75 53 36 9 250 y más empleados 91 53 39 12 Región Norte 42 - - - Noreste 51 48* 32* 12* Sudeste 63 50 33 12 Sur 65 51 34 10 Centro oeste 56 47 37 16 Sector de actividad económica Industria de transformación 72 62 36 9 Construcción civil 50 26 23 9 Comercio 48 58 32 13
Transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones 59 - - -
Hoteles y restaurantes 71 56 34 15
Actividades inmobiliarias y servicios
prestados a las empresas 64 35 31 14
Otros servicios 74 24** 24** 14**
Fuente: Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI), Estudio sobre el uso de las TIC en el Brasil, 2011.
a Proporción en relación con las empresas con acceso a Internet. * Incluye norte ** Incluye transporte, almacenamiento y comunicaciones
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Cuadro IV.B
USO DE INTERNET POR PARTE DE LAS EMPRESAS, 2011 (Porcentaje del total de empresas en las que se utiliza Internet)
Correo electrónico Buscar infor- mación sobre productos y servicios
Otros datos bancariosServicios Estudios de mercado información Buscar del gobierno Servicios al consumidor Total Brasil 99 92 85 59 64 60 99 Tamaño de la empresa 10 - 49 empleados 99 91 83 57 59 56 99 50 - 249 empleados 99 95 91 67 74 63 99 250 y más empleados 99 89 92 62 71 68 99 REGIÓN Norte 98 92 82 57 68 51 98 Noreste 98 91 82 55 62 57 98 Sudeste 98 91 84 59 63 59 98 Sur 99 94 87 65 67 63 99 Centro este 99 89 89 56 66 64 99 Sector de actividad económica Industria de transformación 100 92 89 63 67 60 100 Construcción civil 99 94 86 63 72 55 99 Comercio 98 91 84 59 60 58 98 Hoteles y restaurantes 98 88 76 58 54 64 98 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100 95 87 58 70 54 100 Actividades inmobiliarias y servicios prestados a las empresas
98 91 89 54 63 64 98
Otros servicios 98 91 80 57 78 62 98
V. Evaluación de las políticas públicas para la adopción de TIC
en las empresas chilenas
Pablo Bello Arellano
A. Introducción
Es evidente que el impacto efectivo de las TIC no está tanto en la disponibilidad, es decir, en el poder acceder a ellas, sino que principalmente en la usabilidad, es decir, en el tipo e intensidad de uso que las organizaciones hacen de ellas. Es fundamental, por lo tanto, realizar una valoración acerca de los niveles de implementación y de los usos efectivos que se hacen de estas tecnologías en las empresas, así como también de las políticas que facilitan su incorporación.
En Chile la adopción de tecnologías por parte de las empresas ha sido en los últimos años intensa aunque asimétrica entre las grandes y las pequeñas. Por un lado, las grandes fi rmas hacen un uso intensivo de las mismas, tienen una alta valoración por la implementación de sistemas informáticos y cuentan con equipos computacionales, acceso a Internet y soporte técnico para la gestión de dichos sistemas (dentro de la empresa o fuera de ella). Por otro lado, muchas pequeñas empresas, pero por sobre todo las microempresas, todavía no han logrado siquiera un nivel primario de implantación de las TIC, ya sea por desconocimiento, desinterés o carencia de medios. Cuando disponen de los soportes computacionales, la intensidad y sofi sticación del uso, en general, ha tendido a ser bastante básica, como se verá en la segunda sección de este trabajo.
En general, la adopción tecnológica por parte de las empresas es asimétrica, por lo que sólo se aprovecha parcialmente la mayor efi ciencia transaccional que permiten las TIC. La intensidad de uso entre compradores, proveedores, y clientes, en el marco de una cadena de generación de valor, es también un punto importante a considerar en la evaluación de los niveles de implementación de las tecnologías. Un modelo de encadenamiento efi ciente supone que la red de relaciones entre las empresas sea de similares niveles de desarrollo e implantación tecnológica, lo que no se ha observado que ocurra en Chile. Solamente la confi guración de un ecosistema interconectado y con niveles homogéneos de desarrollo informático permite aprovechar adecuadamente la multiplicación potencial de las relaciones entre unidades productivas que se derivan del uso de las TIC.
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Hacia fi nes de los años noventa se producen dos hitos fundamentales para la elaboración de una política pública sobre TIC y su uso en las empresas chilenas. La creación de la Comisión de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación constituye la primera aproximación institucional en proponer una política pública orientada a desarrollar la conectividad y el uso de las TIC. El segundo hito es la creación de plataformas digitales en dos servicios fundamentales para el sector privado: ChileCompra y, especialmente, el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ambos hitos, uno en el plano de la agenda política y el otro en la relación de las empresas con el Estado, constituyeron efectivamente el punto de partida de la construcción de una institucionalidad y un conjunto de políticas que, como se evaluará posteriormente, han tenido un éxito relativo en favorecer la adopción de TIC en las empresas. Más adelante vendría la Agenda Digital 2004-2006 y, fi nalmente, la Estrategia Digital 2007-2012. A ellas se suma la creación, en el año 2005, del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), el cual ha tenido un rol importante en caracterizar clusters de alto potencial de desarrollo en la economía chilena y en incorporar a las TIC como un factor determinante para el fortalecimiento y expansión de dichos sectores.
El presente capítulo analiza la disponibilidad y el uso de las TIC en las empresas chilenas y las políticas públicas directas e indirectas que se han implementado en los últimos años que han facilitado o incentivado dicho proceso de adopción.
La primera sección de este capítulo aborda la evolución de la disponibilidad y el uso de las TIC en las empresas chilenas en los últimos 10 años, de acuerdo a diversas encuestas y estudios realizados en el periodo considerado. El segundo apartado analiza la estrategia digital nacional y cómo se inserta el sector productivo en dicha