Conclusiones del Capítulo:

 De acuerdo con el desarrollo de la investigación y puesto en práctica mediante métodos, técnicas entrevista y encuestas, utilizados para el presente tema además consultando a la ciudadanía en general se ha llegado a la conclusión en sí que las consumidoras y consumidores en el Ecuador y en especial en la Provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas son víctimas de todo tipo de abusos como usuarios o consumidores, por parte de proveedores, o personas que están relacionadas con el comercio ya que por sus años de experiencia en el mismo han ganado ventaja en dicho ámbito y de esta manera han buscado diferentes modos de engañar a la gente, provocando que sean víctimas de su propia ignorancia.

 La Constitución de la República del Ecuador, la presente Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y los Instrumentos Internacionales garantizan el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad mediante el establecimiento de los mecanismos adecuados en Defensa del Consumidor factor ponderarte para que el derecho de los consumidores sea respetado, protegido y garantizado dentro del marco Legal del Estado.

 Otro punto muy importante en el tema de estudio es el alto grado de desconfianza que tienen los usuarios consumidores con la Justicia Ecuatoriana y por ende en aquellos funcionarios que laboran en aquellas

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instituciones que son encargadas de estos casos, de acuerdo con las encuestas realizadas a la ciudadanía de la Provincia se pudo apreciar en un alto porcentaje que la mayoría de las personas que habitan en esta ciudad no confían en la Justicia aduciendo que es una total pérdida de tiempo ir a aquellas dependencias donde son atendidos pero el trámite en si es demasiado lento pese a ser procesos cortos rápidos que deberían ser resueltos en un tiempo no mayor a ocho días y en la actualidad dicho tiempo esta se duplica o se triplica todo esto por la cantidad de causas que reposan en esas entidades y llegando a la conclusión que los usuarios desisten de continuar con el trámite por que alegan que pierden dinero y tiempo.

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CAPITULO III

3 VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE

DE SU

APLICACIÓN

Proyecto de resolución mediante el Pleno del Consejo de la Judicatura el cual disponga la creación de las Judicaturas Especializadas de Defensa al Consumidor en el Ecuador.

La presente investigación habla acerca de los derechos de las personas usuarias y consumidoras del País una vez analizado minuciosamente y puesto en práctica el tema de estudio a través de una comparación legal y doctrinariamente en relación a estos derechos es así que la Constitución de la República del Ecuador específicamente en su artículo 52 se refiere a las personas usuarias y consumidoras que tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Los Instrumentos Internacionales y demás leyes conexas llegan a una misma definición cerca de los derechos de los consumidores en tanto que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor cuya Ley protege estos derechos cuando han sido víctima de alguna violación estableciendo los mecanismos de defensa a través de entidades públicas quienes son competentes para el control y los procedimientos de defensa del consumidor además de sancionar aquellas personas que han obrado de mala fe o de aquellos proveedores de algún tipo de empresas ya sean estas públicas o privadas. Obligándoles a la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no se ocasionan por caso fortuito o fuerza mayor. Constitución de la República del Ecuador, Sección Novena, Personas) Usuarias y Consumidoras, Págs. 12, 13).

Tanto en la Carta Magna del año 1998 como en la actual Constitución del 2008 se han garantizado los derechos de los consumidores en el Ecuador, donde el

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Estado ha intervenido como parte de defensa para aquellas personas víctimas de vulneraciones es así que se ha creado una institución gubernamental Administrativa tal como lo es la Defensoría del Pueblo en el Ecuador una institución joven que fue creada específicamente para conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas que presenta cualquier consumidor, ya sea nacional o extranjero que resida o este de paso en el país y que consideren que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor establecidos en la Constitución de la República,, no obstante los consumidores tienen la facultad de acudir en cualquier tiempo a la instancia Judicial o Administrativa que deseen o corresponda.

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo faculta al Defensor del Pueblo como el máximo representante encargado de conocer investigar y pronunciarse sobre el contenido de la queja presentada pero la Ley no le faculta aquel Defensor que actué como Juez para Juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado es así que no posee fuerza coercitiva para tal, el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano en su artículo 1 manifiesta que “Jurisdicción es el poder de administrar Justicia,

consiste en la potestad publica de Juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y Juezas o Jueces establecidos en la Ley” en tanto que dicho artículo también define lo que es “Competencia que se refiere a la medida dentro de la cual la

referida potestad está distribuida entre los diversos Tribunales y Juzgados por razón del territorio de la materia, de las personas, y de los grados”. En conclusión se puede apreciar que el Defensor del Pueblo no está facultado para ejercer como Juez y emitir una sentencia, hecho que ha provocado que el trámite de defensa de los derechos del consumidor se vuelva tedioso y tardío en su cumplimiento y peor aún incapaz de dar una solución factible al conflicto suscitado

(Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Titulo l de la Jurisdicción y de la Competencia Pág. 7)

Es ante este acontecimiento que el órgano Administrativo pues no podríamos decir que es Judicial pues no ostenta tal calidad Legal como lo es la Defensoría

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del Pueblo, al no contar con los mecanismos Legales suficientes para lograr un verdadero garantiza miento y cumplimiento de los derechos de los consumidores ha provocado un acontecimiento casual dentro del cual el Estado ha tenido que crear otros mecanismos de defensa de estos derechos es aquí que nace como parte del órgano Judicial las llamados Juzgados de Contravenciones que en la actualidad han tomado el nombre de Unidad de Contravenciones, a quienes la Ley les a facultado ser competentes para conocer y resolver esta clase de conflictos a través de la llamada vía Judicial, facultad que le ha sido otorgada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual dentro de sus atribuciones le ha facultado conocer las violaciones a los derechos de las consumidoras y consumidores en los cuales cuyo Juez de Contravenciones tiene poder coercitivo para conocer y resolver mediante sentencia los problemas suscitados entre las partes.

En síntesis sobre el tema de estudio la idea del legislador para crear la Defensoría del Pueblo fue la falta de un órgano idóneo para la promoción, tutela, y defensa de los derechos humanos y por supuesto de los consumidores en el Ecuador, para el doctor Efraín Torres; el Defensor del Pueblo no es un Juez

sino más bien un mediador que le corresponde promover, patrocinar, y defender a aquellos usuarios que han sufrido algún tipo de discriminación o vulneración a sus derechos en definitiva el Defensor del Pueblo esta designado para proteger y defender de oficio o a petición de parte los derechos de los ecuatorianos en el extranjero , así como de los que estuviesen en el Ecuador, sin embargo la Defensoría del Pueblo no está siendo de gran beneficio para la ciudadanía consumidora por que al tener que conocer distintas procesos se le ha hecho difícil dar una pronta resolución y rápido despacho en las causas que reposan en dicha entidad, tanto que ha conllevado a los consumidores a tomar una nueva alternativa mediante la vía Judicial cuando no han obtenido un resultado satisfactorio es ahí donde surge el problema ya que el consumidor tiene que volver hacer el trámite y comenzar de nuevo hasta que sea el Juez de Contravenciones quien dicte una sentencia resolutiva del conflicto, ocasionando pérdida de tiempo y dinero para quienes pretenden hacer valer sus derechos

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como tales. (Efraín Torres, “El Defensor del Pueblo en el Ecuador Tomo IV, 2009, Págs. 21-22.)

Debido a esta problemática suscitada es fundamental que existan mecanismos eficientes que permitan garantizar un proceso justo e imparcial acerca de las causas que tengan que ver exclusivamente con la defensa de Las consumidoras y consumidores por lo que es necesario y urgente que se tome en cuenta el proyecto de resolución planteado en la presente tesis ante el Pleno del Consejo de la Judicatura organismo facultado por el artículo 246 del Código Orgánico de la Función Judicial el cual dispone “ Que en cualquier tiempo, atendiendo al mandato Constitucional, el Consejo de la Judicatura podrá establecer Judicaturas Especiales de primer nivel para que conozcan de las reclamaciones por violaciones a los derechos de los consumidores” en el Ecuador integrado por Juezas y Jueces competentes y especializados en dicha rama del derecho los cuales se crearían bajo el orden Legal y Constitucional como Órganos Jurisdiccionales de la Función Judicial sujetos al control y sujeción del Consejo de la Judicatura quien dispondrá de su estructura, funciones, y atribuciones y competencia transformando de esta manera en un verdadero proceso Judicial imparcial rápido y eficaz efectivo y garantista de los derechos y principios rectores de la Administración de Justicia del País, función principal que le correspondería a las nuevas Judicaturas Especializadas en receptar toda clase de denuncias o quejas en relación a los derechos vulnerados de los Consumidores, conocer tramitar y dar soluciones en el menor tiempo posible para aquellos usuarios que se acerquen a dicha institución proporcionando un mecanismo de solución rápido y eficaz ante dicha problemática.

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