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El 40% de la población beneficiaria de los proyectos de cooperación en agua desarrollados en la isla de Idjwi desde el año 2003 no disponía del servicio de suministro de agua potable en el año 2011. Es decir que en un período de tan sólo ocho años han pasado de un sistema de aprovisionamiento no mejorado a poder contar con una fuente mejorada de abastecimiento y de nuevo a volver a una etapa anterior donde deben acceder a fuentes no potables.

A pesar de que la intervención se desarrolló sin un plan específico para la recolección de recursos económicos provenientes de la cotización regular de una cota establecida para tal fin, la disposición de la población beneficiaria ha cambiado tras percibir los beneficios derivados del proyecto. En un primer momento, en el año 2003 la población era reacia a invertir en un servicio que desconocía y del que no había participado en la planificación. Es por ello que la implementación se ideó sin una estrategia concreta de cotización. En 2011 en cambio, después de que gran parte de las infraestructuras hayan quedado no operativas pero después de haber ofrecido un servicio, el 80% de la población beneficiaria estaría dispuesta a pagar regularmente una cantidad necesaria para cubrir los gastos de mantenimiento para asegurar que los sistemas siguieran funcionando a largo plazo.

Los datos demuestran que el 75% de la población no confía en los comités de gestión. Esto es un tema crucial en el camino hacia la autogestión que necesita un análisis profundo del modo de capacitar y fortalecer las estructuras locales por parte de la ONGD implementadora.

Un dato especialmente significativo es el hecho de que el 50% de la población beneficiaria considere que la propietaria de las infraestructuras desarrolladas es la propia población, y que por lo tanto esté en sus manos la posibilidad de llevar a cabo los cambios pertinentes y necesarios. Este dato pone de manifiesto que la premisa ampliamente aceptada en la literatura científica de que el sentimiento de apropiación debe ser prioritario en el camino hacia la sostenibilidad resulta en este caso puesto en entredicho e incluso llegando a demostrarse lo contrario. Esta muestra indica que en el camino hacia la sostenibilidad merece la pena durante unos años sacrificar el sentimiento de apropiación y garantizar por medio del intervencionismo una asimilación gradual de los roles de la comunidad y de los beneficios de los sistemas.

La participación de los beneficiarios a la hora de involucrarse en el proyecto también muestra una de las razones del fracaso, la población comenzó su participación en el proyecto en el momento en que comenzó la contribución local a través del trabajo manual. De hecho el 80% de los encuestados confirman que a partir de esta fase del proyecto es cuando comenzó su participación. El no involucrar a la población beneficiaria desde las fases iniciales donde tienen capacidad de tomas de decisiones repercute negativamente a la hora de desarrollar un sentimiento de autosuficiencia.

Al evaluar la estrategia de cooperación de la ONGD ICLI en la isla de Idjwi contamos con el hecho de que a lo largo de los años se concatenaron diversos proyectos de abastecimiento de agua cada uno formado por una nueva aducción que servía a diferentes comunidades asentadas en las zonas limítrofes a cada una de las citadas aducciones. Así se ha podido comparar los resultados agrupándolos según la aducción a la que pertenecen los encuestados.

160 Se concluye por ello que las aducciones donde la intervención del agente implementador ha sido mayor resulta disponer ahora de un aprovisionamiento mayor, mientras que en aquellas intervenciones donde ha habido menor intervencionismo a partir de la conclusión del proyecto ahora se ven afectadas por un menor servicio. Esto refuerza de nuevo el argumento de la necesidad de mayor intervencionismo en la búsqueda de la sostenibilidad.

Pero de la misma forma en aquellas aducciones donde el intervencionismo de los agentes implementadores ha sido mayor se demuestra que el sentimiento de apropiación es inferior. En este caso señalan como propietario de las infraestructuras a la ONGD implementadora o a la autoridad política local. Se muestra por tanto la paradoja de que en el camino hacia una sostenibilidad a más largo plazo, en nuestro plazo de estudio que es de alrededor de 10 años se debe sacrificar el sentimiento de apropiación por el bien de la continuidad de suministro. Además en las aducciones donde la intervención es mayor se da el caso de que confían más en los comités como muestran los datos de la comparativa de confianza en comités en función de la aducción a la que pertenezca la población encuestada.

Independientemente de la aducción donde se tomen los datos también se ha observado que los hogares que no tienen agua tienen sentimiento marcado de apropiación y consideran a la población como propietaria de las infraestructuras frente que a aquellos hogares que tienen agua y que responden a partes iguales entre agencia implementadora, autoridad política local y población como propietaria de las infraestructuras, lo que señala de nuevo la necesidad de sacrificar el sentimiento de apropiación en esta fase de los proyectos.

También se ha comprobado que los hogares que no tienen agua prefieren cambiar los comités, mientras que los que tienen agua solo quieren que mejoren o están contentos con ellos. Por otra parte los hogares que tienen mayor sentimiento de apropiación tienen disposición a pagar mayoritariamente, mientras que los que consideran que los sistemas no pertenecen a la población se muestran más reacios a pagar regularmente.

Además los hogares que tienen sentimiento de apropiación quieren cambiar los comités mientras que los que no tienen desarrollado el sentimiento de apropiación está conforme con los comités o solo desearía una mejora de ellos.

Todo esto nos demuestra la necesidad a largo plazo de capacitar a la población para poder organizar, elegir y controlar a los comités para que respondan a las necesidades de la población y para que la comunidad participe activamente de esta responsabilidad.

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7 Estudio de caso Mecufi:

Necesidad de apoyo institucional