CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.8. Conclusiones parciales del capítulo III
• Este tercer capítulo nos ha permitido hacer un análisis practico de los avances jurídicos que ha ido experimentado la norma legal como es el principio de legalidad que hace algunos años atrás, no era conocido como tal y por este motivo era utilizada la manera de juzgar de manera arbitrariamente por aquellas personas que en ese entonces eran los administradores de justicia.
• El Estado para favorecer a estas personas que fueron víctimas de este inhumano delito deberá implementar varias medidas políticas para dar eficaz cumplimiento a las previsiones jurídicas que obligan al Estado ecuatoriano a dar una cobertura integral a los ciudadanos y ciudadanas afectados por estos actos, respetando por tanto sus derechos humanos.
• A través de la elaboración de este capítulo se cumple con el objetivo planteado, se logra establecer la correcta aplicación del principio de legalidad en el juzgamiento del delito de genocidio, ya que si no existiera el delito como tal tipificado con anterioridad al acto no se podría aplicar una correcta sanción por tal hecho y los derechos de las víctimas quedaría en la indefensión.
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• Si bien es cierto el delito de genocidio se encuentra tipificado en la legislación actual que rige al Ecuador, este no encierra todas las garantías procesales ya que al no categorizarle como un delito de lesa humanidad, pierde rigor y fuerza al momento de tomarlo como norma expresa ya que a nivel mundial el genocidio viola los derechos de la humanidad pero por esta diferencia de contextualidad existe desventajas que se han demostrado al estudiar las diferentes legislaciones del mundo, ya que algunas legislaciones no toman con tanta seriedad este tipo de delito ya que como en su medio no ha ocurrido este acto delictivo no han optado por tipificar esta clase de delitos, sin embargo apoyan a tratados que hablan de delitos de lesa humanidad.
• La legalidad es una norma rectora que regula la correcta aplicación de la ley vigente en el Ecuador, se debe tener en cuenta establecer parámetros que permitan promover esta ley que es muy importante , sin permitir que se vulnere el debido proceso y cumplimiento a cabalidad con la norma suprema que es la Constitución de la República del Ecuador, ya que si no se cumpliera con la misma se estaría violentando el derecho de los individuos en el proceso judicial y este no sería justo para ninguna de las partes, es así que la presenta investigación está orientada al cumplimiento de las normas vigentes dentro de nuestra legislación, y no a tenerlas como una mera responsabilidad.
• El principio de legalidad consiste en establecer que el acto por el cual se va a sancionar y la sanción, deben estar tipificadas con anterioridad a los hechos cometidos si no fuere este el caso es imposible sancionar por un hecho que no esté reconocido en la norma vigente. Es decir, si no existe ley previa no existe sanción, y al no existir sanción la sociedad no solamente de manera eterna sino más bien a nivel mundial ocasionando un caos que fuera muy difícil de detener. • La mayoría de los juristas dentro de esta investigación establecen que el principio
de legalidad fue creado no solo para aplicación correcta de una norma, más bien, hacen una pequeña referencia de este principio y establecen que fue creado con la finalidad de limitar el poder que han tenido con el tiempo la mayoría de autoridades que han liderado un Estado.
• Se concluye también que existen delitos cometidos contra los derechos humanos que hace pocos años atrás no se los consideraba como tal, si nos basamos al principio de legalidad, estos delitos no se podrían juzgar con facilidad ya que no eran reconocidos en la norma de esos tiempos, un claro ejemplo de estos delitos es el genocidio.
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• Al Estado debe garantizar el correcto cumplimiento de las normas vigentes aplicables, para de esta manera no permitir que se vulneren los derechos de las personas, tratando de mantener dentro de la sociedad la armonía y la paz, satisfaciendo las necesidades jurídicas que día a día se puedan generar por la diferencia de opiniones y el conflicto de poderes.
• Si bien es cierto el principio de legalidad es un principio muy importante para la aplicación de la norma, pero también se debe considerar que este limita no solo el poder del Estado, sino más bien la sanción de hechos delictivos que vulneran los derechos de los ciudadanos, es decir se debe considerar la creación de un nuevo principio el cual garantice los derechos de las víctimas, ya que si el hecho que se comete viola los derechos humanos y este no está tipificado como delito se debería realizar un procedimiento ágil que lo califique como tal para poder ser juzgado.
• Sería bueno además que el Estado cree medidas que garanticen la correcta aplicación de las leyes vigentes, es decir velar por el cumplimiento correcto y eficaz de las normas para proteger el debido proceso y poder tener la certeza de que la justicia es equitativa y transparente.
• Es indispensable además cuando se trata de delitos que violen los derechos humanos canalizar la importancia de los hechos, es decir se debe actuar con mayor rapidez y garantizando los derechos constitucionales que tienen las víctimas de estos hechos, ya que estos actos además de ser juzgados por la norma interna de un país, son vigilados por los tratados internacionales.
• Recordemos que existen delitos de gran trascendencia no solo para un país si no para el mundo entero, estos violan no solo la integridad de las personas si no que destruyen cualquier esperanza de sobresalir del trauma, estos delitos se los considera como imprescriptibles y son; el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, secuestro, entre otros los mismos que deberían ser juzgados con una mayor rigurosidad.
• Se puede establecer además que estos delitos al ser considerados como; delitos de acción pública serán tratados e investigados por el fiscal encargado, más vale considerar que los mismos son de gran impacto a nivel mundial por lo cual se debería juzgar dichos actos ilícitos con un procedimiento especial que garantice una justicia implacable.
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