A.
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stRuctuRAsocIoEconóMIcAysIstEMApolítIcoDesde la colonización española los pueblos indígenas, y en particular el pueblo maya, fueron sistemáticamente despojados de sus tierras y se ins tauró una estructura agraria con una alta concentración de tierras en un re ducido número de latifundistas. Esa estructura ha perdurado hasta la época actual. A la fecha el 57% de la tierra se halla en poder del 2% de pro pietarios (fincas mayores de 45 hectáreas). En el otro extremo, el 3% de la tierra corresponde al 45% de propietarios (minifundios menores de 0.7 ha). (Ins tituto Nacional de Estadística, 2004)
En el siglo xIx, cuando adquirió auge la exportación del café, fueron rea
lizadas masivas expropiaciones de tierra a los pueblos indígenas, reforzando así el régimen agrario colonial. Esas expropiaciones sirvieron también pa ra crear desempleo rural y así forzar a las familias a emigrar a zonas margina les o dejarlas sin acceso a una superficie de tierra suficiente. Fueron esas con diciones las que sentaron las bases para la aparición de distintos tipos de trabajo forzado (Banco Mundial, 2003: 69). Todo ello ha dado como resul tado que Guatemala tenga la peor situación en América Latina respecto a desigualdad en la tenencia de la tierra (cEH, Vol. III, Capítulo I: 77). El siste
ma minifundiolatifundio que prevalece en Guatemala no ha significado so lamente una forma de uso de la tierra, sino ha constituido la base de un sis tema político en el cual los propietarios latifundistas han monopolizado el poder y asegurado su dominación económica (Sandoval, 1992).
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La tributación fiscal ha sido evadida sistemáticamente por las clases so ciales económicamente poderosas. Durante los últimos cuarenta años la car ga tributaria ha estado alrededor del 8%, lo cual representa el promedio más bajo de América Latina (PNUD, 2001: 159). Además, en la última década los impuestos directos representaron en promedio un 23% de los ingresos tri butarios totales (162).
Al irrumpir el conflicto armado, Guatemala tenía ya bajísimos indicadores de desarrollo social. El país tenía la tasa de matrícula bruta más baja de América Latina y el Caribe en educación primaria, y ocupaba el segundo lu gar entre los países con menor expectativa de vida en la región. (PNUD, 2001: 41)
Las principales características de la historia política de Guatemala han si do la exclusión, la intolerancia, el autoritarismo y la represión. Sucesivos go biernos dictatoriales ejercieron la dominación con el fin de proteger los in tereses económicos del grupo oligárquico. Para ello el Estado recurrió des de épocas tempranas a la violencia como mecanismo para acallar las vo ces de inconformidad ante el sistema imperante. La tradición dictatorial ha im preso una huella muy fuerte en la cultura política nacional y ha significado el cierre continuo de espacios de expresión y participación política (cEH,
Vol. III, Capítulo I: 94).
Además, la ausencia de mecanismos institucionales que permitieran canalizar las inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los distintos gru pos de población definió una cultura política marcada por la intolerancia. Se privilegió el autoritarismo como mecanismo central de las relaciones en tre el Estado y la sociedad. (cEH, Vol. III, Capítulo I: 81).
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EvolucIón-
contRARREvolucIónEntre 1944 y 1954 tuvo lugar en Guatemala el período conocido como la primavera democrática. Después que un levantamiento popular derrocó al úl timo de los dictadores tradicionales, Jorge Ubico, una Junta Revolucionaria de Gobierno tomó el poder y convocó inmediatamente a elecciones libres. Los dos gobiernos electos sucesivamente impulsaron profundas transformaciones po líticas, económicas y sociales. La población guatemalteca conoció lo que significaban las libertades políticas y la participación ciudadana. Una am plia reforma agraria fue puesta en práctica, beneficiando a medio millón de campesinos, mayoritariamente indígenas.
En 1952, fecha en que fue decretada la reforma agraria, cerca del 70% de la tierra agrícola estaba en manos de los latifundistas, cuyas fincas, te nían en promedio únicamente el 19% de tierras cultivadas (Paz Cárcamo, 1997: 124), representando por lo tanto un 81% de tierras ociosas. La reforma agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, considerado
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como la columna vertebral del poder oligárquico, sostén de las sucesivas dic taduras y un factor de atraso nacional(cEH, Vol. III, Capítulo I: 101). Para ello se expropiaron tierras ociosas a los grandes latifundios como a la United Fruit Company. Ésta y otras transnacionales estadounidenses habían con trolado, desde inicios del siglo XX, la economía nacional. El poder político del gobierno de los Estados Unidos había sido ilimitado hasta 1944.
Diez años más tarde, la primavera política llegó a su fin como resultado de la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido ampliamente do cumentada la campaña impulsada por la Agencia Central de Inteligencia en Guatemala, compuesta por guerra sicológica interna, organización y finan ciamiento de un ejército de mercenarios con la utilización de países vecinos, así como el uso de su poder hegemónico en los organismos multilaterales. Utilizaron para ello el pretexto y la retórica de lucha contra “la amenaza del comunismo internacional”, en el contexto de la guerra fría.
Desde el inicio de la reforma agraria una alianza contrarrevolucionaria, integrada por la United Fruit Company, la oligarquía latifundista y la je rarquía de la iglesia católica, se había dedicado a socavar al gobierno revo lucionario. Después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, el poder político fue entregado a militares representantes de los intereses oligárquicos; las tierras fueron arrebatadas a los campesinos y devueltas a terratenientes y em presas transnacionales; la represión política se enseñoreó en el país. Los es pacios democráticos fueron cerrados de forma violenta; dirigentes de las organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas, así como de los par tidos políticos de izquierda surgidos durante el gobierno revolucionario, fueron encarcelados, obligados a ir al exilio o asesinados. Los hechos acaecidos en 1954 cambiaron de manera abrupta y dramática el destino de la sociedad guatemalteca. En parte alguna de América Central o del Caribe, la intervención norteamericana fue tan decisiva y tan dañina en cuanto a conformar el futuro de un país (Gleijeses 2004: 392).
La intervención estadounidense jugó un papel de gran importancia en el desencadenamiento del conflicto armado en Guatemala. Por un lado, un profundo sentimiento de frustración y humillación se acumuló en amplios conglomerados sociales que habían sido actores o habían disfrutado los bene ficios del régimen democrático. Por otro lado, el cierre violento de todos los ca nales de expresión, así como de participación social y política, hizo que di versos grupos llegaran a la conclusión de que la única alternativa para restaurar la democracia que les habían arrebatado era la vía armada.
Además, el contexto internacional, particularmente el triunfo de la revolución cubana en 1959, la existencia de la Unión Soviética, así como la conformación de un bloque socialista en Europa del este después de la se gunda guerra mundial, alimentó en esos grupos la idea de que era posible transformar la sociedad de forma radical.
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AcIsMoypuEBlosIndígEnAsLa sociedad guatemalteca tiene una gran diversidad étnica, cultural y lin güística. Alrededor del 40% de la población guatemalteca está conformada por población que se identifica como indígena (EncovI, 2000). Los pueblos in dígenas están compuestos por 23 grupos etnolingüísticos mayoritariamente ma yas, así como garifunas y xincas. No obstante, estos pueblos han sido so metidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua (Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, 1995: Párr. 5)
Los pueblos indígenas han sido históricamente sobreexplotados. Ade más de haber sido despojados de sus tierras, fueron sometidos a trabajo for zado, con especial énfasis en las etapas inmediatas a la invasión española y en el período que va de 1871 a 1944. La exclusión social de la cual han sido objeto, especialmente las mujeres, hace que los pueblos indígenas se hallen en los niveles más bajos de todos los indicadores del desarrollo humano.
Una ideología racista, conformada desde los inicios de la invasión espa ñola, fue articulada para justificar la explotación de los pueblos indígenas y garantizar el mantenimiento de los privilegios económicos y políticos de la oligarquía. El racismo se inserta en la estructura de clases dominante (constituyendo) un elemento justificador...para asegurar su cohesión como cla se y justificar su dominio frente al indígena (Casaús Arzú, 2002: 138).
A lo largo de los siglos posteriores, el racismo ha permeado a la sociedad en tera, atravesando a todas las clases y grupos sociales.
A partir de los años setenta, importantes sectores de los pueblos indígenas se incorporaron a las organizaciones insurgentes. Unos participaron como com batientes; otros, incluso comunidades enteras, se vincularon como colaboradores o base social. Para comprender este fenómeno es necesario exa minar los siguientes elementos. Mientras que las primeras organizaciones re volucionarias habían centrado su programa político en la transformación de la estructura de clases sociales, aquellas que surgieron en la década de los setenta, por un lado, criticaron que se hubiera ignorado hasta entonces la opresión étnica en la interpretación de la realidad nacional y, por el otro, se plantearon la incorporación de los pueblos indígenas a las luchas revolucionarias. Estas organizaciones asentaron sus frentes guerrilleros en el altiplano occidental y noroccidental, habitado en su inmensa mayoría por po blación indígena, lo cual contribuyó a que las mismas incorporaran el ra cismo y la discriminación étnica en su visión de transformación social.
Lo anterior coincidió con procesos de toma de conciencia política por par te de dirigentes indígenas en el altiplano del país, como resultado en particular, de la labor realizada por grupos de base de la iglesia católica. Además, la memoria histórica de la opresión étnica vivida durante siglos
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jugó un importante papel en la incorporación de los indígenas a las luchas revolucionarias. Los relatos recabados en un pueblo de Quiché...hablan de descontento, cansancio, indignación, protesta, revueltas y odios cocinados a fuego lento. Hablan de un conflicto abonado, de una relación de silencios, subterránea –de aparente sumisión– que eclosiona...a lo largo del decenio setenta y cuya opción más radical fue la adscripción a la guerrilla (Matilde Gonzáles, 2002: 355)
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ontRAInsuRgEncIA ygEnocIdIoA inicios de los años ochenta las organizaciones insurgentes intensificaron la guerra de guerrillas en el área rural, especialmente en el altiplano occi dental. En los años setenta núcleos importantes de las organizaciones sociales se habían ya incorporado al movimiento revolucionario, tras un corto período de grandes movilizaciones populares. En 1982 las cuatro organizaciones revolucionarias conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, uRng.
En el ámbito centroamericano, los primeros años de la década de los ochenta estuvieron marcados por el auge de los movimientos revolucionarios. En Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) había de rrocado la dictadura de Anastasio Somoza y tomado el poder político; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fMln) ha bía consolidado su fuerza política y militar.
En Guatemala el estado contrainsurgente se había empezado a conformar desde los años sesenta. En ello el gobierno de los Estados Unidos había jugado un papel central. La política contrainsurgente estaba sustentada y orientada por la Doctrina de Seguridad Nacional.Tal doctrina tenía como propósito fundamental impedir la transformación del sistema social, político y económico existente. Para ello se debían realizar acciones en todos los cam pos, incluidos el “Campo Político”, el “Campo Socioeconómico” y el “Campo Psicosocial” (cEH, Vol. III, Capítulo II: 321). En el marco de la política
de seguridad nacional, el ejército arremetió contra la población civil, la cual era vista en su conjunto como parte del enemigo a combatir.
La Doctrina de Seguridad Nacional contenía categorías conceptuales con una visión estatocentrista, dando a las fuerzas armadas un papel prepon derante. Como dentro de la guerra fría el enemigo estaba del otro lado del mun do, se hizo necesaria la creación de la categoría del “enemigo interno”, de finido como todo elemento que atentara contra el orden político del Esta do. “Este nuevo adversario estaba representado por cualquier persona, gru po social, reivindicación o idea susceptible de desempeñarse en el pre sente o en el futuro como ‘punta de lanza’, aliado o apoyo eventual del ‘comunismo
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internacional’”.5 En este sentido, no solamente las organizaciones político mi litares fueron clasificadas como enemigo interno, sino cualquier organi zación social que cuestionaba o que era considerada sospechosa de cuestionar las injusticias sociales.
En ese período de los años ochenta, el pueblo maya en general, pasó a ser parte del “enemigo interno”. Los referentes históricos más recientes del conflicto armado interno, afirman que una de las causas estructurales im portantes del genocidio es esa contradicción de clase que históricamente se construyó entre el Estado guatemalteco y el pueblo maya; lo cual se reproduce a nivel nacional, pero también en contextos locales. La investigación de “las masacres en Rabinal afirma “el proceso de violencia vivido en Rabinal en tre 1978 y 1983 es el resultado de un conflicto que responde a intereses eco nómicos encontrados”6 y hace referencia a la organización del pueblo achí en contra de la inundación de sus tierras por el embalse de Chixoy y en contra de la utilización de su mano de obra barata para productos de ex portación, lo cual provoca que esas comunidades fueran de las primeras en incorporarse al Comité de Unidad Campesina (cuc).
Entre 1982 y 1983, el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt intensificó la estrategia de “tierra arrasada”, que incluía masacres, ejecuciones, tortura y violaciones sexuales. Fueron destruidas cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, provocando un desplazamiento masivo de la población ci vil que habitaba las áreas de conflicto. Paralelamente el Ejército implantó es tructuras militarizadas como las Patrullas de Autodefensa Civil (pAc) pa ra consolidar su control sobre la población, buscando contrarrestar la in fluencia de la insurgencia(cEH, Vol. III, Capítulo I: 183).
La guerra provocó que grandes grupos de población buscaran refugio en el extranjero o se desplazaran internamente. 45,000 personas estuvieron re fugiadas legalmente en México. Se estima que hubo un millón de desplazados in ternos; 200,000 se organizaron en Comunidades de Población en Resistencia, en las montañas de Guatemala; 400,000 personas se exiliaron en México, Be lice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. El desplazamiento, si bien fue un fenómeno constante a lo largo del conflicto, adquirió dimensiones ma sivas al principio de la década de los ochenta. En las zonas del altiplano gol peadas por la política de tierra arrasada en algunos momentos se produjo el desplazamiento de hasta el 80% de la población. (odHAg, 1998)
En el contexto de la guerra el racismo adquirió su máxima expresión, lle gando a constituirse en genocidio. A principios de los ochenta, la ideología ra cista en el marco de la estrategia contrainsurgente, dio como resultado que el combate a la guerrilla adquiriera la vertiente de exterminio de los pueblos indígenas. Esta estrategia involucraba masacres de personas ta les como ancianos y niños que aún no tenían uso de razón y...no podían
5. cEH, Tomo I, III. Pág. 118
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considerarse colaboradores de la guerrilla. ...El objetivo más profundo era “frac turar las bases mismas de la estructura comunitaria y de la unidad ét nica, destruyendo los factores de reproducción de la cultura (Susanne,
Jonas, 1994:165)
La Comisión de Esclarecimiento Histórico expresó que la reiteración de actos destructivos dirigidos de forma sistemática contra grupos de la po blación maya...pone de manifiesto que el único factor común a todas las víc timas era su pertenencia al grupo étnico, y evidencia que dichos actos fue ron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos gru pos. Por lo tanto, concluyó la cEH, agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya(cEH, Vol. III, Capítulo II: 418419). En ese contexto, las mujeres indígenas eran vis tas como parte de ese enemigo interno a eliminar. Ellas fueron violadas sexual mente en los operativos contrainsurgentes porque eran percibidas como parte o base de apoyo de las organizaciones que enfrentaban al Estado para trans formar el sistema socioeconómico y político imperante. Las mujeres fueron ata cadas independientemente de que tuvieran o no vinculación alguna con las fuerzas revolucionarias.
Las investigaciones realizadas por la cEH revelaron que el 53% de las víc timas del conflicto armado era de origen maya, mientras que el 11% era la dinos, y del 30% restante no se registró el origen étnico. Además, concluyó la cEH, el 93% de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante
el conflicto armado fueron realizadas por las fuerzas del Estado, el 3% fueron atri buibles a las organizaciones guerrilleras y el restante 4% corresponde a otros autores que no fue posible identificar.