Contribuciones a cargo de los estratos 4, 5, 6, comercial e industrial: sistema de subsidios cruzados a la demanda El sistema de subsidios

cruzados en los servicios públicos, constituye la antítesis al modelo Paternalista o Intervencionista de Estado. Ciertamente, el principio de solidaridad que envuelve éste sistema, traslada cargas que antes eran propias y exclusivas del Estado, a los particulares, con el fin de apalancar el acceso a los servicios públicos domiciliarios, de aquéllos usuarios con menor capacidad de pago.

“La vigencia del principio de solidaridad elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en éste al único responsable de alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos”143

. El artículo 1 de la Constitución Política establece que, “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la

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MELÉNDEZ, Marcela. Subsidio al consumo de los servicios públicos en Colombia ¿Hacia dónde movernos? Colombia: Desarrollo económico reciente en infraestructura (REDI). Balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura, Op. Cit., p. 35.

143

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-529 de 2010. M. P. Mauricio González Cuervo. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-529-10.htm. Página consultada el 28 de Mayo de 2011.

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solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Adicionalmente, el artículo 95 numeral 2 establece que: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) Numeral 2: 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (…)”.

En observancia de las anteriores disposiciones, el ordenamiento jurídico colombiano prevé un régimen de beneficios para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, con menores recursos (estratos 1, 2, y 3), que se traduce en el pago subsidiado y parcial de su consumo, y que tiene como fuentes, las contribuciones y/o sobretasas de aquéllos usuarios que pertenecen a los estratos 5, 6, comercial e industrial.

Así pues, la Ley 142 de 1994 señaló que el régimen tarifario, debe estar orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia144 y dispuso además que, por “solidaridad y redistribución” debe entenderse, la posibilidad de que, aquéllas personas con capacidad de pago (asignadas a los estratos 4, 5, 6 comercial e industrial)145, ayuden a apalancar los niveles de consumo, de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, con el fin de de que cubran sus necesidades básicas146.

Por su parte, el artículo 89 de la misma Ley, desarrolla el criterio de Solidaridad y Redistribución en los servicios públicos domiciliarios, en los siguientes términos:

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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142 de 1994, Op. Cit., Art. 87.

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Con excepción de los Hospitales, Clínicas, Puestos y Centros de Salud, y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro. Ibíd., Art. 89, 7.

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“Las Comisiones de Regulación exigirán gradualmente a todos los quienes

presten servicios públicos que, al cobrar las tarifas que esté en vigencia al promulgarse ésta ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3”.

El Gobierno Nacional, está en la obligación de velar porque se mantenga un equilibrio armónico, para asegurar que el monto de las contribuciones sea suficiente para cubrir los subsidios que se apliquen, de acuerdo con los límites establecidos en la ley, “en virtud de la Ley 632 de 2000 el valor de las contribuciones consagradas en el artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994 deben ser suficientes para cubrir los subsidios que se otorguen”147

.

No obstante lo anterior, existe un desequilibrio de grandes proporciones, entre el nivel de contribuciones y el de subsidios, hecho que ha llevado a un déficit considerable en el sector prestador. “Para el 2002, el monto de subsidios requeridos fue de 543.000 millones de pesos anuales y el monto de contribuciones de 60.876 millones anuales, presentándose un déficit de 482.330 millones de pesos por año”148

, situación que se extiende a los años siguientes y a la actualidad. También en el servicio público domiciliario de agua potable, se ha presentado un desbalance en el esquema de subsidios y contribuciones, en la medida que, son más los usuarios subsidiados que quienes contribuyen y apalancan el sistema de subsidios. Este hecho, se ha traducido a mediano plazo,

147

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá: veinticinco (25) de marzo dos mil diez (2010) Radicado: 11001-03-27-000-2006-00025- 00 -16078.

C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40813. Página consultada el 28 de Mayo de 2011.

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GIRALDO, A., Molina, M., Olaya, Y., Toro, J. y Zapata, P. (2002). Resultados en el Sector de Servicios Públicos. Publicado en Servicios Públicos Domiciliarios: Perspectivas desde la Contraloría General de la República con la participación de la ciudadanía. Documento presentado en la audiencia de los servicios públicos domiciliarios. Contraloría General de la República. Julio de 2002. p. 34. Archivo Luis Ángel Arango.

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en un incremento de tarifas e innumerables protestas sociales, que han llevado a cuestionar el sistema tarifario vigente en el servicio público domiciliario.

En todo caso, la ley contempla que, “cuando las contribuciones solidarias son insuficientes para financiar los subsidios, el déficit se cubre con recursos de la Nación, de los presupuestos municipales y de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos”149

, presupuestos que, como se ha analizado en el subcapítulo precedente, también presentan su propio problema de sostenimiento y financiación.

Finalmente, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-566 de 1995 estableció que:

Tanto el factor que se aplica a los usuarios de los estratos altos - cuya naturaleza tributaria se deduce de ser una erogación obligatoria destinada a una finalidad pública y sin contraprestación -como los "aportes directos", se contabilizan, registran e incorporan en los respectivos presupuestos de la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, pues, al destinarse ambos recursos a la financiación de los subsidios para pagar las tarifas de los usuarios de menores recursos, configuran gasto público, que no puede hacerse sino se incluye en aquéllos (C.P., Artículo 345)150.

4.2 EL SISTEMA DE SUBSIDIOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO