CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES

Las premisas establecidas por la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en la planificación de las actuaciones son las siguientes:

- Programación mínima del 50% de las actuaciones totales anuales.

- Se consideran como totales en cómputo anual las actuaciones posibles que pueden realizarse con los recursos disponibles. Distribución proporcional entre las actuaciones correspondientes a la Administración del Estado y a la

volumen de funcionarios asignados.

- Utilización de una estructura normalizada que distingue cuatro grandes áreas de actuación: Prevención de Riesgos Laborales; Empleo y Relaciones Laborales; Seguridad Social; Economía Irregular. A ellas se añaden las denominadas “Otras actuaciones”.

- Planificación de abajo a arriba y viceversa. Concreción inicial de objetivos y actuaciones a nivel provincial y autonómico y posterior consolidación tras los correspondientes acuerdos a nivel nacional y su integración en las Comisiones Territoriales.

Concreción inicial del número máximo de actuaciones posibles.

La necesidad de fijar un indicador general de actividad máxima posible, cuantificado por el número máximo de expedientes por actuante y dimensionado por el número de actuantes es importante para la homogeneidad del sistema y para la mejora del servicio público prestado.

Este módulo de referencia para todas las CCAA se basa en el número máximo de expedientes que pueden ser tramitados en cada ámbito territorial según parámetros de calidad y de capacidad expresada en periodo de referencia de los 12 meses anteriores.

Para Aragón se sitúa esta cifra en torno a los 21.294 expedientes u órdenes de

servicio, lo que supone un incremento respecto de 2010 de un 10,6%, debido al

incremento de efectivos y la consolidación de la progresión en la actividad.

Existen tres elementos que influyen en la cuantificación de la planificación:

1. La fijación de cifras máximas similares a las alcanzadas en años anteriores como objetivo de mejora constante.

2. Los equilibrios entre los intereses de las Administraciones y Autoridades competentes para la propuesta o fijación de objetivos.

3. La inclusión de objetivos relevantes por su impacto social no planificados pero previstos, susceptibles de estimación para la dedicación de recursos adecuados.

Actividad planificada y actividad rogada.

La definición de líneas generales y objetivos estratégicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las materias, áreas funcionales de actuación, programas y campañas en que se estructuran para un ámbito y periodo determinados se diferencian, por naturaleza, de la actividad no planificada.

Para 2011 en Aragón se planifican 12.830 OS (60% del total de actividad máxima

prevista de 21.294 OS).

La madurez de las campañas realizadas, de los acuerdos alcanzados y la metodología de trabajo desarrollada durante los últimos 6 años permiten acotar la actividad proactiva real basada en la localización y selección de los sujetos o ámbitos objeto de actuación, tanto en competencias de la AGE como de la C. Autónoma. Se aplica como elemento modulador que los objetivos presentados conjugan los intereses de todas las Administraciones implicadas.

actuaciones inspectoras previsibles que obedecen a la actividad reactiva o rogada en las áreas prioritarias y en otros asuntos. No pueden ser objeto de la misma metodología de trabajo pero sí es posible estimar de forma bastante precisa en función de la evolución de años anteriores y los recursos disponibles. Así pues se incluyen igualmente campañas que, si bien se corresponden en parte con actividad rogada, es necesario contemplar, por la trascendencia o impacto social, por la repercusión que pueden tener en la cuantificación del resto de campañas y por la necesidad de prever y organizar los recursos para su atención.

En esta línea la actividad vinculada con aspectos laborales (relaciones laborales), presenta grandes dificultades de programación al provenir la mayoría de los asuntos en materia de salarios, jornada, permisos, modificaciones, etc., de conflicto individual o colectivo. Pero debe destacarse la importancia estimada de los expedientes de plazo (Expedientes de Regulación de Empleo, concursos y despidos objetivos fundamentalmente) que se siguen produciendo por la situación de crisis y que ya se han manifestado con toda su intensidad en los resultados de 2009 y 2010. Igualmente las actuaciones en Economía Irregular que aunque son estimativas por naturaleza, se han ido concretando desde 2009 como objetivo prioritario.

El resultado final es una presentación de los objetivos y programas más global y menos limitativa de la que derivaría de recoger las campañas proactivas puras, contemplándose la planificación como una herramienta de ordenación de la actividad y no como un fin en sí misma. En todo caso la experiencia acumulada en Aragón en los últimos años permiten conjugar la definición de objetivos expuesta con la actividad real individual de los Inspectores y Subinspectores que ejecutan las actuaciones de Inspección. En este sentido la aplicación de módulos de referencia de actividad individual como punto de partida para la previsión de objetivos, han permitido cumplir razonablemente los objetivos en los últimos años tanto en volumen de actividad total como en su desagregación por campañas.

Planificación dinámica y flexible.

El concepto de planificación es dinámico y flexible. Es decir la planificación presentada es un instrumento y no un fin en sí misma. Los objetivos definidos, las campañas y su metodología son susceptibles de adaptación en función de las realidades detectadas. Materias como la Economía irregular, esencia de la actividad inspectora, las actuaciones en materia de condiciones de trabajo o de diferencias de cotización a la S. Social, se cuantifican y definen de manera genérica, de forma que en el transcurso del año se pueden concretar y reorientar en función de las necesidades derivadas de la realidad social observada o de las aportaciones realizadas por los interlocutores sociales.

Para esta concreción son fundamentales las aportaciones que puedan realizar los Organismos competentes en función de los datos registrados, las realidades que se detecten y la participación de los interlocutores sociales apuntando los sectores en los que es necesario atajar el fraude.

Por otro lado se reservan actuaciones correspondientes a campañas a nivel europeo, nacional o autonómico que no pueden estar definidas inicialmente.

forma notable a la ejecución, ya que en Huesca y Teruel oscilaciones mínimas tienen gran impacto porcentual en su actividad por razón de sus dimensiones.