16 Adicciones, consecuencias e impacto en la sociedad uruguaya (Recomen-
Nº 7 de la Constitución de la República "Los habi-
tantes de la República tienen derecho a ser protegi- dos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general".
Las políticas públicas de reducción del consu- mo de drogas legales e ilegales deben asumir la cuestión de las adicciones en forma integral, des-
arrollando una acción pública que atienda las diversas causas y consecuencias de las distintas sustancias adictivas, y los vínculos presentes entre los distintos tipos de consumo.
El foco de una política pública eficaz de reducción del consumo de sustancias adictivas debe compren- der la complejidad de la tarea y la necesidad de arti- cular respuestas en forma multidimensional.
La reducción del consumo de drogas necesita
de la construcción de un "triángulo virtuoso" (equilátero) de políticas públicas cuyos pilares (vérti- ces o lados) sean de igual fortaleza institucional: 1) reducción de la oferta (represión del tráfico de
drogas ilegales),
2) prevención del consumo de drogas legales e ilegales (educación masiva), y
3) asistencia al consumidor de drogas legales e ilegales (rehabilitación y seguimiento).
El paradigma de una eficaz política pública de reducción del consumo de sustancias adictivas supone lograr un equilibrio entre la fortaleza insti- tucional del combate a la ilegalidad y las políticas de prevención que buscan evitar el consumo, así como con las políticas de rehabilitación que hoy
son absolutamente insuficientes ante la gravedad so- cial del nivel de consumo actual.
"El ámbito educativo constituye un espacio privile- giado para instrumentar políticas promocionales y preventivas en un contexto de promoción de salud, que apunta a la formación de hábitos saludables de vida, en el marco de la formación de valores.
Estas condiciones deben darse en un medio edu- cativo y no asistencial y, desde un abordaje pedagó- gico". (Los Usos de Drogas y su Abordaje en la Edu- cación, de Junta Nacional de Drogas de la Presiden- cia, Consejo de Educación Secundaria de ANEP).
No habrá políticas públicas que logren la reduc- ción del consumo de sustancias adictivas si el Estado no logra convertirse, en especial desde la Junta Na- cional de Drogas, en un articulador eficaz de políticas de Estado -interinstitucionales- que logren el virtuoso equilibrio entre la represión del tráfico, la prevención y la rehabilitación del adicto; este equilibrio tiene hoy su problema mayor en la cuestión de una mejor asigna- ción de los recursos presupuestales.
Pero esta insuficiente asignación de recursos públicos, lamentablemente también se comprueba que incurre en graves discriminaciones de carácter social y territorial, las políticas públicas de reducción del consumo no sólo deben ser equilibradas entre sus tres componentes centrales (represión, prevención y rehabilitación), sino que deben ser descentralizadas y extenderse en su protección sin distinciones territoria- les ni sociales de tipo alguno.
El Parlamento como escenario privilegiado de diá- logo político debe poder articular recomendaciones de políticas públicas de Estado, incluyendo nuevas nor- mas legales, que permitan el fortalecimiento de las políticas de prevención y rehabilitación dando cuenta de las especificidades sociales y territoriales de los grupos objetivo de las políticas.
3) EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AC- TUALES POLÍTICAS PÚBLICAS
La Comisión recibió a integrantes de las principa- les agencias de la administración pública involucradas en esta problemática (Junta Nacional de Drogas, MSP-ASSE, INAU, MIDES, Poder Judicial, etc.), además de los aportes brindados por centros acadé-
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micos, sectores empresariales, especialistas en la materia y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
En general se pudo concluir que el problema de
las adicciones no ha encontrado un respuesta efi- caz de parte del Estado y de sus políticas públicas; y
ello se manifiesta en que la sociedad organizada
cada vez se compromete más en la búsqueda de dar respuestas a la gravedad del tema, pero condi-
cionada por severas limitaciones de índole económico e institucional.
La construcción de políticas públicas en la materia debe aprovechar la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, logrando una enriquecedora si- nergia entre Estado y sociedad.
Del análisis específico de las actuales políticas públicas se comprueba la ausencia de políticas masi- vas de reducción del consumo de sustancias adictivas que permitan esclarecer entre la población las conse- cuencias nocivas que ello genera sobre su bienestar personal y su entorno. Educar es la clave del cambio. Los distintos actores públicos y privados tienen muy reducidas capacidades de asistencia y de rehabi- litación al adicto en sus diversos perfiles, lo cual se convierte en un mecanismo perverso de retorno al consumo.
Se constatan serias dificultades de acceso a la asistencia y rehabilitación por razones territoriales y económicas. Ser pobre y del interior es un agravante para quien sufre las consecuencias de ser adicto.
El Sistema Nacional de Salud, a través de sus dis- tintos prestadores de servicios de salud, no brinda servicios de rehabilitación suficientes frente a la ac- tual demanda.
Las consecuencias sociales del consumo de pasta base se incrementan en forma alarmante, dejando una secuela gravísima sobre el adicto, las familias y la comunidad. El combate de la pasta base en todos sus frentes es una emergencia.
La descentralización de la política nacional de drogas, en especial en sus aspectos de prevención y rehabilitación, oportunamente anunciada a través de la creación de las Juntas de Drogas Departamentales, no se ha materializado con la suficiente fortaleza insti- tucional que la gravedad del tema amerita.
Se manifiestan notoriamente ineficaces las políti- cas públicas que regulan el consumo de alcohol por parte de menores, lo cual se traduce en un alto índice de mortalidad juvenil por accidentes de tránsito y cre-
cientes situaciones de conflictos juveniles. La activi- dad reguladora del INAU muestra dificultades de im- plementación.
El sistema educativo formal se ha mostrado inefi- caz para llevar adelante políticas de prevención des- de el aula, lugar privilegiado si lo hay para la tarea de educación sobre las consecuencias nocivas del con- sumo de drogas ilegales y del consumo excesivo de drogas legales, en especial del alcohol. La escuela y secundaria son ámbitos de construcción de valores y hábitos de vida saludable hoy no aprovechados en su total potencialidad.
En la Ley de Presupuesto Nacional no se vio refle- jado un compromiso presupuestal de importancia, que permita fortalecer las capacidades de acción en la materia de los distintos Ministerios y áreas del Estado que conforman la Junta Nacional de Drogas.
Esta debilidad presupuestal es una barrera que atraviesa transversalmente a toda la estructura públi- ca, reduciendo las posibilidades de desarrollar efica- ces y eficientes actividades de prevención y rehabili- tación con su posterior seguimiento.
4) RECOMENDACIONES PARA LA ARTICULA- CIÓN DE UNA POLÍTICA EFICAZ DE RE- DUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
1. Desarrollar políticas de prevención y rehabilita- ción de carácter masivo, manteniendo la nor- mativa vigente respecto a qué sustancias son ilegales.
2. Diseñar e implementar un plan multisectorial de prevención y disuasión del consumo de drogas ilegales y/o de drogas legales pero cuyo con- sumo tiende a ser problemático para el consu- midor y para su entorno.
3. Implementar campañas masivas de reducción del consumo de alcohol, desde las principales agencias estatales responsables (Junta Nacio- nal de Drogas, Ministerio de Salud Pública, Mi- nisterio de Desarrollo Social, Ministerio de Edu- cación y Cultura, Administración Nacional de Educación Pública) mediante la denuncia de los efectos nocivos que ello genera sobre la ju- ventud, provocando muertes por accidentes de tránsito o siendo un factor clave en el desenla- ce de hechos de violencia doméstica.
4. Mejorar las políticas de control del expendio de alcohol a menores que lleva adelante el Institu- to del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), restringiendo el acceso de los menores al alco-
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hol y a otras substancias adictivas, en tanto re- sulten facilitadoras del inicio al consumo de drogas ilegales.
5. Creación de programas sociales dirigidos a ni- ños, adolescentes y jóvenes que les permitan acceder a elementos educativos de transferen- cia de conocimientos y de vivencias ejemplari- zantes y así construir un "proyecto de vida", es decir una serie de escalones sucesivos de su- peración personal en todos los ámbitos.
6. Creación y establecimiento en todo el país, por parte de ASSE, de Centros de Rehabilitación departamentales basados en las estrategias e intervenciones que hayan probado ser las más efectivas, atendiendo las especificidades de las poblaciones objetivo. Estos Centros deben in- cluir la problemática del consumo excesivo de alcohol.
7. Creación y establecimiento, por parte de ASSE, de Centros Regionales de Comunidad Cerrada para adictos con trastornos graves de conduc- ta.
8. Acordar con las Instituciones de Asistencia Me- dica Colectiva (IAMC) la asistencia y rehabilita- ción de sus socios con problemas de adicción, en especial en los casos de pasta base y alco- holismo.
9. Crear un Plan Nacional de Deportes y Actividad Física destinado a niños y adolescentes, a través de la colaboración de la ANEP y la Co- misión Nacional de Educación Física, para promover en todo el país los hábitos de vida saludable que alejen a la juventud del consumo de drogas.
10. Establecer políticas de prevención, asistencia y rehabilitación destinada a la población carcela- ria con problemas de adicción. No puede entrar droga al sistema carcelario pero tampoco se puede abandonar a su suerte al adicto.
11. Articular en forma coordinada las acciones públicas por parte del Estado con las llevadas a cabo por parte de las organizaciones de la so- ciedad civil, buscando una positiva sinergia so- cio-estatal.
12. Crear el "Observatorio Nacional de Adicciones" de conformación público - privada, destinado al seguimiento riguroso y científico de toda la pro-
blemática involucrada en el consumo de drogas legales e ilegales.
13. Jerarquizar la labor de la Junta Nacional de Drogas como institución coordinadora y articu- ladora de políticas públicas nacionales que im- plementen en sus especificidades las distintas agencias estatales involucradas en las tareas de prevención y rehabilitación.
14. Fortalecer las políticas de descentralización de las actividades de prevención por parte de la Junta Nacional de Drogas, jerarquizando las Juntas de Droga departamentales e incorpo- rando a los actores de la sociedad civil local. 15. Capacitar y fortalecer institucionalmente a las
organizaciones de voluntariado destinadas a las tareas de prevención (difusión de las con- secuencias negativas de carácter individual y social), por ejemplo formando comisiones de padres, estudiantes y docentes en los centros de enseñanza. Tarea que debería promover la Junta Nacional de Drogas.
16. Legislar dándole a los Jueces, con consenti- miento de los padres, la potestad de ordenar la internación de niños y/o adolescentes en cen- tros de rehabilitación cuando como consecuen- cia de su adicción a las drogas o al alcohol se encuentren en peligro de vida o amenacen la de su entorno social.
Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2011. MARTHA MONTANER, Miembro Infor-
mante, RUBEN NÚÑEZ. PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Apruébase el informe adjunto sobre adiccio- nes, consecuencias e impacto en la sociedad urugua-
ya, proponiendo acciones concretas a desarrollar en la materia.
Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2011. MARTHA MONTANER, Miembro Infor-
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LAS REFERENCIAS DE PÁGINAS
QUE SE ENCUENTRAN EN EL INFORME TÉCNICO Y EN LOS ANEXOS I Y II, QUE A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN,
HACEN REFERENCIA A LA NUMERACIÓN INTERNA DE ESOS DOCUMENTOS,
QUE ES LA QUE FIGURA A PIE DE PÁGINA, Y NO A LA GENERAL DEL REPARTIDO