Recomendaciones a nivel de Políticas Públi cas:

eficaces y eficientes para controlar, prevenir y comba- tir las drogas tanto lícitas como ilícitas en nuestro país provocando consecuencias perjudiciales para los ciu- dadanos y su entorno.

Del análisis minucioso realizado por la Comisión a partir de las exposiciones y los aportes brindados por los diferentes actores involucrados en la materia tanto del ámbito público como privado, se desprende que en la actualidad existen muy pocos mecanismos de intervención tanto de asistencia como de rehabilita- ción al adicto en sus distintas etapas. A esto se agre- ga la dificultad de quienes residen en el interior del

país donde las posibilidades de reinserción y rehabili- tación son más escasas aún. Los datos señalan que la demanda supera ampliamente la oferta en materia de servicios de rehabilitación tanto en Montevideo como en el interior del país.

Dado que la protección de la salud y el bienestar de todos los habitantes del país es un derecho prote- gido en nuestra Constitución, expresamente referido en varios artículos, destacamos el artículo 44, el cual establece: "El Estado legislará en todas las cuestio- nes relacionadas con la salud e higiene públicas, pro- curando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país".

Es por ello que, de acuerdo a dichas disposicio- nes, y a las leyes nacionales vigentes el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de ese derecho, propiciando acciones y medidas de carácter preventi- vo que eviten o inhiban conductas que deterioren la salud y el bienestar de sus habitantes.

En virtud de dichas consideraciones y de acuerdo a los planteos vertidos por las instituciones públicas tales como: JND, Ministerio de Salud Pública - ASSE, MIDES, INJU, UDELAR, P. JUDICIAL entre otras, así como distintas instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil; entendemos necesario realizar las siguientes recomendaciones al cuerpo Legisla- tivo:

A. Recomendaciones a nivel de Políticas Públi- cas:

1. Impulsar acciones de reducción de la De- manda. Las políticas de reducción de la demanda

deberán incluir como elementos esenciales:

• la educación y prevención universal, selectiva e indicada;

• la intervención temprana; • el tratamiento;

• la rehabilitación y la reinserción social, y servi- cios de apoyo relacionados.

Todo ello con el objetivo de promover la salud y el bienestar social de los individuos, las familias y las comunidades, y de reducir las consecuencias adver- sas del abuso de drogas.

2. Las políticas de reducción de la demanda de- berán complementarse con métodos para difundir in-

formación acerca de los riesgos asociados al consumo de drogas, a través de la utilización de

nuevas tecnologías de la información y por medio de los medios masivos de comunicación, para informar al

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público en general y a las diversas poblaciones obje- tivo, sobre los servicios de prevención y tratamiento disponibles.

3. La dependencia de drogas es una enferme- dad crónica y recurrente con múltiples determinan-

tes, tanto biológicos y psicológicos como sociales, y

debe ser considerada y tratada como un asunto de complejidad social y de salud pública, debién-

dose implementar tratamientos como en el caso de otras enfermedades crónicas sin excluir otro tipo de procesos de recuperación.

4. Se debería fortalecer el acceso a un sistema de tratamiento que ofrezca varios modelos inte- grales de intervenciones terapéuticas basados en

evidencia y teniendo en cuenta estándares de calidad aceptados internacionalmente. Los modelos de trata- miento deben considerar las necesidades de los dis- tintos grupos de población, teniendo en cuenta facto- res tales como el género, la edad, el contexto cultural, territorialidad y vulnerabilidad.

5. Es necesario explorar vías para ofrecer servi-

cios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su privación de

libertad.

6. Como forma de contribuir a fundamentar la for- mulación de políticas públicas y expandir el conoci- miento sobre el tema, se debe fortalecer la relación

de los gobiernos con instituciones de enseñanza e investigación y organizaciones no gubernamenta-

les especializadas, para fomentar la realización de es- tudios e investigaciones científicas que generen evi- dencias sobre los distintos aspectos de la demanda de drogas.

En estos últimos 5 años donde se ha detectado un aumento significativo del consumo de drogas lícitas e ilícitas en jóvenes, los centros educativos no han sido eficientes en la tarea de prevención e información so- bre los perjuicios nocivos que provoca el consumo abusivo de drogas lícitas e ilícitas.

7. Los programas de reducción de la demanda deben ser objeto de constante seguimiento y eva- luación. Desarrollar e intensificar desde la academia,

instituciones públicas y privadas, investigaciones que permitan conocer datos sobre consumo problemático, y las relaciones entre abandono estudiantil y consu- mo, así como delito y adicción.

8. En las actividades vinculadas a la reducción de la demanda, es indispensable junto a los programas de prevención y tratamiento, implementar los meca-

nismos para que sea bien controlado, con un es- quema que mida resultados.

9. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

Mantener una fuerte atención a la represión del nar- cotráfico y lavado de activos, buscando incrementar el control y la represión al tráfico local.

Las principales líneas a desarrollar para pro- mover la Reducción de la Demanda:

a. Prevención y Educación: El objetivo principal

de la prevención positiva es construir una juventud, familias y comunidades saludables y seguras. Es un objetivo "para la vida" y no simplemente "contra las drogas".

b. Tratamiento: El objetivo es lograr la recupera-

ción del adicto para que se restablezca por completo su salud, su dignidad y seguridad del mismo.

c. Aplicación de la Justicia/Fiscalización: El ob-

jetivo de la aplicación de la ley es la seguridad pública y debe apoyar tanto la prevención como el tratamien- to, sirviendo como un elemento disuasivo al consumo de drogas y como incentivo para la participación en tratamientos antidrogas.

B. Recomendaciones en Políticas de Drogas lícitas e ilícitas:

Lícitas: Restricción al consumo del Alcohol

El alcohol es la droga lícita "socialmente aceptada" de mayor prevalencia en Uruguay. Hoy se aprecia una realidad en torno al consumo de alcohol que tie- nen que ver con la ingesta en edades cada vez más tempranas y con el aumento de la cantidad que se consume.

Tenemos cambios en los patrones culturales de consumo, con un inicio del consumo con edades promedio que van desde los 12 a los 14 años. A esto se agrega que hemos tenido transformaciones claras en las modalidades de consumo, donde importa más la cantidad que la calidad de la bebida.

Los datos sobre los problemas derivados del con- sumo abusivo de alcohol, muestran una incidencia importante en la cantidad de accidentes de tránsito, siendo el primer factor de muerte entre los jóvenes entre 18 y 25 años, en nuestro país (según datos UNASEV).

El hecho claro y contundente es que ha crecido la tendencia en el consumo abusivo de alcohol en jóve- nes, además de bajar considerablemente la edad de inicio. De allí que consideramos imperioso trabajar

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con el objetivo de reducir la demanda así como tam- bién la variada oferta que induce al consumo del al- cohol.

Las líneas a desarrollar para restringir el con- sumo del alcohol deberían recorrer un camino si- milar a la política de tabaco desarrollada en nues- tro país:

1. Es necesario establecer bases para una políti- ca nacional de alcohol aunando criterios y unifi- cando la normativa muchas veces dispersa. La

misma se ha ocupado del tema en forma fragmenta- ria, dando soluciones parciales, siendo insuficiente para abordar la problemática del consumo.

2. El impacto económico y social de esta pro- blemática justifica la necesidad de establecer nuevas estrategias de prevención orientadas a modificar el patrón de consumo de alcohol, que a estas alturas ya representa un problema de salud pública. Entre las propuestas está el desarrollar estrategias dirigidas a

retrasar la edad de inicio en el consumo.

3. Se debe considerar al alcoholismo como una enfermedad crónica y recurrente, por lo tanto, debe ser entendido como un problema de salud pública. El Sistema Nacional Integrado de Salud debe brin- dar respuestas específicas, tanto en lo que remite a la atención de los afectados, como a la prevención. Hay que generar instancias de intervenciones breves

que habiliten la consulta.

4. Es necesario aumentar la regularización y restringir el expendio. En ese sentido consideramos

el aumento de las restricciones en relación a los

lugares y horarios en que las bebidas alcohólicas podrán ser vendidas y, obviamente, no podrán ser

vendidas a menores de edad. Establecer un precio

diferenciado después de las 22 hrs. para las bebi- das con mayor graduación alcohólica.

5. Que se prohíba la venta de alcohol en luga- res donde se realicen actividades dirigidas a me- nores y que se intensifiquen por parte del INAU las inspecciones para garantizar el cumplimiento de

las normas.

6. Que se prohíba el consumo de bebidas al- cohólicas en la vía pública: la presencia de perso-

nas, especialmente jóvenes que se congregan en las calles para ingerir bebidas alcohólicas, ha aumentado considerablemente ocasionando en muchos de los casos disturbios de diferente índole. Esto conlleva en la mayoría de los casos alteraciones y altercados en el entorno más cercano.

7. Restringir los patrocinios de eventos depor- tivos y juveniles: los patrocinios son una parte im-

portante de la comercialización y promoción del alco- hol y están diseñados para expandir el mercado, mu- chas veces dirigidos directamente a los jóvenes. Los patrocinios cubren eventos deportivos y juveniles, conciertos, eventos culturales, así como celebracio- nes y eventos nacionales, lo que permite que el tomar alcohol se convierta en parte esencial de la vida so- cial.

8. Restringir la publicidad de alcohol en la tele- visión y radios nacionales en determinados hora- rios (en horarios centrales de emisión). Así como la

prohibición de cartelería carretera, medios impresos o carteles de propaganda en general.

La exposición (a la publicidad de alcohol) forma percepciones positivas del consumo y puede incre- mentar una ingesta más intensa" (OMS 2004).

La publicidad del alcohol tiene el potencial de mos- trar al consumo como socialmente deseable, o para promover actitudes a favor del alcohol, de reclutar nuevos bebedores e incrementar la ingesta entre be- bedores actuales. Los mensajes de la publicidad del alcohol muchas veces ignoran los efectos negativos del alcohol, como son los riesgos sociales y para la salud. Esto puede apreciarse en forma de publicidad televisiva, radiofónica e impresa, o a través del patro- cinio de eventos.

9. En todos los mensajes publicitarios de bebidas alcohólicas, así como el etiquetado deberán advertir-

se con mensajes obligatorios acerca de los per- juicios que ocasionan a la salud.

10. Fortalecer aún más los marcos normativos e institucionales de fiscalización efectiva, y en ma-

teria de prevención por parte del INAU y la JND. 11. Potenciar y establecer con obligatoriedad la implantación y el desarrollo de programas en los ámbitos educativos, familiar y comunitario, buscan-

do concientizar a las familias sobre los efectos perju- diciales para la salud física y psíquica derivada del consumo abusivo y problemático del alcohol en un marco de responsabilidad compartida. Será nece-

sario que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan dentro de la currícula escolar conte- nidos obligatorios orientados a la prevención del

consumo problemático.

12. Siguiendo con el propósito de desalentar el consumo excesivo del alcohol, se propone como al- ternativa el aumento de impuestos. Para ello propo- nemos el aumento de los impuestos específicos

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de las bebidas alcohólicas. Dicha recaudación impositiva se destinará a la creación de un Centro Nacional de Rehabilitación y Reinserción de con-

sumidores problemáticos y adictos, dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública.

13. Que se modifique el numeral 4 del artículo 46 del Código Penal: que considera como atenuante de responsabilidad el haber ingerido alcohol en el caso de cometer un delito, mientras que la Ley Nº 17.016 establece que cometer un delito bajo el uso de estu- pefacientes es considerado un agravante. En este sentido la propuesta es que el delito cometido bajo

los efectos del alcohol sea considerado un agra- vante en un pie de igualdad con las demás dro- gas.

Ilícitas: Políticas de restricción y contención al consumo de pasta base

1. Profundizar y mejorar las relaciones interins- titucionales e intersectoriales tanto en la estrategia

como en los planes entre los principales involucrados: MIDES, Salud Pública –ASSE, MEC, INAU, todos co- ordinados con la JND, para el abordaje del consumo de pasta base. Es imperioso involucrar también a la problemática del interior del país.

2. Trabajar de manera coordinada, buscando respuestas más efectivas entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. El aumento de las

organizaciones e instituciones de la sociedad civil or- ganizada buscando dar respuestas a la gravedad del fenómeno de la paste base en nuestro país, debería traducirse en resultados tangibles y positivos.

3. Extender la cobertura a todo el sistema de salud e incorporar dispositivos intermedios, es

una de las líneas estratégicas básicas. En este senti- do, hay que incorporar esta problemática a las obliga- ciones de la canasta de prestaciones de las institu- ciones de asistencia médica colectiva con un enfoque multimodal, porque no alcanza con mandar a la per- sona intoxicada a una clínica psiquiátrica.

4. Creación de un fondo que se nutrirá de recur-

sos presupuestales, recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud y fondos de cooperación interna- cional, así como también se dispondrá de lo produci- do por la incautación de bienes obtenidos a raíz del narcotráfico, todo lo que será administrado por el Mi- nisterio de Salud Pública.

5. Establecimiento de un plan de emergencia,

progresivo para dar capacidad de tratamiento e inter- nación, y capacitación a oficiales de policía para po- der realizar el abordaje primario. También se propone

la creación de un protocolo de derivación y la imple- mentación de un programa de apoyo y soporte a la familia del adicto de pasta base.

6. Importancia de contar con psicoterapia indivi- dual y grupal en el mutualismo.

7. Fortalecimiento de los órganos que apoyan al Poder Judicial para el cumplimiento de las medi-

das que dictan los Jueces. Un acceso más ágil a un sistema judicial, donde el Juez actúe con apoyo de técnicos cada vez más especializados en las distintas problemáticas.

8. Fortalecimiento de acciones en los ámbitos educativos, de primaria y secundaria incluyendo los

contenidos de manera obligatoria buscando educar, prevenir y concientizar de los perjuicios que provoca el consumo de pasta base en los individuos así como también cómo afecta al entorno familiar.

9. Fortalecimiento de las comunidades terapéu- ticas como dispositivo de primera consulta, debido a

que los niveles de demanda existentes al día de hoy desbordan los dispositivos disponibles. (está estable- cido SNIS, pero no se está cumpliendo).

10. Aumento de penas a quienes comercialicen con pasta base.

11. Fortalecer aún más los marcos normativos e institucionales de fiscalización efectiva, en mate-

ria de prevención, detección, investigación, persecu- ción y control del tráfico y comercio ilícito de drogas.