Recomendaciones a nivel de políticas públi cas

2.8 En la actualidad existen diecisiete proyectos presentados relacionados con esta temática, ocho en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, siete en la Comisión de Salud Pública y asistencia so- cial, uno en la Comisión Especial de Adiccio- nes, Consecuencias e Impacto en la Sociedad Uruguaya y otro en la Comisión de Derechos Humanos integrada con la Comisión Especial de Género y Equidad. Entendemos que en este sentido, para avanzar en la legislación en mate- ria de drogas es necesario:

2.8.1 La creación de una Comisión Especial de Drogas y Adicciones con fines legislativos a los efectos de que estos elementos tengan profundidad en el ámbito parlamentario (es una recomendación de las autoridades de la JND).

2.9 Revisión del artículo 35 de la Ley Nº 17.016 "Asistencia al consumo". El cual no permite realizar tratamientos de reducción de daños a pacientes con consumo problemático.

3. Recomendaciones a nivel de políticas públi- cas

Entendemos que es necesario profundizar e insta- lar de manera sistemática políticas de reducción de daños, en el entendido que es imprescindible generar instancias que permitan gestionar los riesgos deriva- dos del consumo de drogas (legales e ilegales) como parte sustancial de la necesidad del cambio de para- digma para abordaje de la problemática. La estrategia y los planes deben encararse de un punto de vista in- tersectorial e interinstitucional. Ministerio de Salud Pública/ASSE, Ministerio de Educación y Cultura, Mi- nisterio de Desarrollo Social y Ministerio del Interior, bajo la coordinación de la JND.

3.1 Actualización de la Regulación de comunidades terapéuticas, tratamientos, y modelos de aten- ción y prevención, así como de la Salud Pública y Privada:

3.1.1 Sobre la base del respeto de los derechos humanos y civiles.

3.1.2 Garantizar la accesibilidad a los tratamien- tos en función del derecho a la libertad te- rapéutica de los usuarios en salud tanto en el ámbito público como privado.

3.1.3 Indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios.

3.1.4 El Estado solo financiará tratamientos con programas de prevención de recaída y homologados según normativa aprobada. 3.1.5 Habilitaciones, subsidios, programas y fi-

nanciamiento por parte del Estado para aquellas comunidades, grupos, institucio- nes, OSC, ONG`s que cumplan con la nor- mativa correspondiente.

3.1.6 Prohibición de la utilización del testimonio de usuarios de drogas para la difusión, pro- moción de programas públicos y privados. 3.2 Propuestas específicas a los organismos com-

petentes:

3.2.1 Realización de Guía de buenas prácticas en tratamientos.

3.2.2 Recursos para capacitación técnico profe- sional, prevención, información, y educa- ción.

3.2.3 Profundizar acciones en el ámbito educativo formal e informal.

3.2.4 Capacitación de recursos humanos, espe- cialmente a los trabajadores de la salud (personal médico y no-médico), así como a la policía para realizar un abordaje primario. 3.2.5 Programas de Técnicas de Reaprendizaje

de la Conducta.

3.2.6 Establecimiento de Centros de Acogida co- munitarios 24 hs.

3.2.7 Programas Amigables con el Usuario de Drogas. De exigencia adecuada a la pro- blemática, en base a objetivos procesuales y progresivos partiendo desde la atención de necesidades básicas.

3.2.8 Programas de reducción de daños según la población: carcelaria, trabajadoras sexuales, usuarios de pasta base.

3.2.9 Remisión al Fondo Nacional de Recursos para el tratamiento específico de las adic- ciones en tratamientos especializados. 3.2.10 Establecimiento de dispositivos de fiscaliza-

ción y evaluación de los Centros de Trata- miento.

32 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 18 de octubre de 2011

3.2.11 Profundizar los programas de "acompañan- tes terapéuticos" y "centro de escuchas" desarrollados por el Mides (Acta de la Co- misión Versión Nº 227/2010, 9 de setiembre de 2010).

3.3 Impulsar un debate Nacional de Drogas, con el fin de alcanzar un nuevo consenso público en la materia.

3.4 Considerar el establecimiento de programas sociales dirigidos a las familias de las personas que son procesadas por la venta de narcotráfi- co haciendo énfasis en la inclusión so- cio-laboral.

3.5 Investigación: profunda, pormenorizada, objeti- va, inter y multidisciplinaria para investigar los efectos de una futura liberalización controlada de drogas actualmente "ilegales", sujetas a control similares a las drogas legales (Acta de la Comisión Versión Nº 214, 2010, 2 de se- tiembre).

3.6 Realizar las gestiones ante los organismos in- ternacionales con el objetivo de flexibilizar las normas relativas a la producción, distribución, suministro, control y comercialización de can- nabis.

3.7 Establecer políticas que tiendan a un proceso de separación de mercados de drogas duras y blandas.

Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2011. SEBASTIÁN SABINI, Miembro Informan-

te, JULIO BANGO, JOSÉ BAYARDI, CARLOS COITIÑO, FELIPE MICHE- LINI, NICOLÁS NÚÑEZ, JORGE ORRICO, DANIEL RADÍO.

ANEXO: Sobre la despenalización del cannabis

El consumo de marihuana en Uruguay es legal, como el de todas las sustancias que se encuentran en la lista de la CICAD-ONU y que han sido sucesi- vamente ratificadas por la reglamentación desarrolla- da por el Poder Ejecutivo. Las drogas ilegales, lo son en una serie de elementos que tienen que ver con la producción, distribución, suministro, transporte y co- mercialización, pero no con el consumo, ya que éste es un acto personal que no involucra a terceros y este derecho se encuentra protegido en el artículo 10 de la Constitución de la República.

La interpretación jurídica nacional a través de sus dos leyes de estupefacientes (Decreto-Ley Nº 14.294 y Ley Nº 17.016) a las diferentes convenciones ha si-

do liberal en este sentido, buscando salvaguardar los derechos y garantías de los ciudadanos. Cabe desta- car que en el contexto latinoamericano, Uruguay es uno de los pocos países que a lo largo de su historia no ha penado el consumo de estupefacientes o sus- tancias psicoactivas. Sin embargo, en el resto de los elementos la visión preponderante es punitiva. El en- tramado jurídico tiene como paradigma el prohibicio- nismo como forma de combate al consumo, el mal se encuentra en la sustancia, por lo que la forma de erradicar el problema era quitando la sustancia. Esta estrategia ha demostrado a lo largo del planeta sus carencias y su más absoluta ineficacia: aumento del consumo, la violencia, la corrupción, sustancias sin control de calidad, estigmatización y criminalización de los consumidores, pérdida de recursos para llevar adelante políticas del salud pública por parte del Es- tado.

La Despenalización total del Cannabis, una sus- tancia que tiene en la actualidad unos 30.000 consu- midores habituales, y unos 90.000 que dicen haber probado, aceptando que en espacios públicos y su presencia no afecta la seguridad ni la convivencia de la ciudadanía, supondría una serie de beneficios que desarrollaremos a continuación.

Hay que indicar que la Comisión de ONU antes ci- tada se muestra en línea con políticas despenalizado- ras, especialmente en la posesión de drogas para uso personal. Adicionalmente que hagan foco en los de- rechos humanos, en el respeto a las culturas ances- trales y en la búsqueda de nuevos tipos de cultivos y de usos alternativos. Parte de la legislación y de las políticas públicas se muestra insuficiente y/o ineficaz para contener el uso y la comercialización de las dro- gas.

La legislación vigente indica que los ciudadanos deben tener cantidades razonables para su consumo, la razonabilidad queda en manos de los magistrados aplicando su convicción moral, lo cual ha generado un amplio margen de respuestas judiciales ante situacio- nes similares. Si legalizamos el cultivo individual y no su comercialización, damos una respuesta parcial al problema, por lo que consideramos que una solución integral debe considerar este elemento.

El problema social-territorial generado por la prohibición

El mercado existe porque hay gente que consume y otro tanto que vende, la determinación si ese mer- cado es negro o legal depende de decisiones políti- cas. Prohibir una sustancia tiene como primer efecto el aumento del precio de la misma y se convierte en

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forma automática en un buen negocio. Desde el punto de vista del costo de oportunidad, enriquecerse ven- diendo productos ilegales parece una alternativa ra- cional en determinados contextos de exclusión social, por lo que se desencadenan una serie de fenómenos socio-territoriales complejos que ponen en entredicho las funciones del Estado y la cohesión social.

Cuando el Estado deja de tener control jurídico sobre un territorio, entonces alguien termina impo- niendo las normas, el narcotráfico ha ocupado en di- ferentes zonas de América Latina este rol, generado miles de muertes y procesos profundos de desinte- gración social. El narcotráfico está abocado a la cons- trucción estatal propia, arremete contra los poderes del Estado, se infiltra por sus vicios y contradicciones y lo pone en jaque. Los servicios esenciales en estas zonas son escasos: salud, educación, seguridad, vi- vienda. En Uruguay quizás este problema aún no se ha desarrollado en toda su extensión, aunque existe en algunos puntos focalizados de la República. Si somos capaces de socavar las bases del poder del narcotráfico (y ello no se logra precisamente militari- zando nuestra sociedad) entonces comenzaremos a dar respuesta a un tema que tiene básicamente un trasfondo social y cultural.

Las familias que viven de vender drogas necesitan ingresos, esto es una realidad insoslayable, de allí que el cierre de bocas de venta de drogas ilegales (esencialmente de Pasta Base de Cocaína) tenga una ineficacia manifiesta en su pronta reapertura a partir de las redes familiares. La venta de drogas se ha transformado en una alternativa muy eficaz de ingre- so a las familias de los barrios más pobres. Fomen- temos oportunidades laborales que tengan capacidad de sustituir un ingreso ilegal por otro legal. Esto podr- ía tener enormes beneficios para la seguridad pública y el Estado, aplicando políticas para incluir en el sis- tema de protección social a los que están más des- protegidos, considerando a las familias por un lado y las personas que tienen conductas adictivas (que pueden o no estar relacionadas con delitos), los esla- bones más débiles de la cadena. Para que ello sea factible se necesita un amplio consenso nacional y regional para una política coordinada sobre esta ne- cesidad, donde actores sociales y políticos lleguemos a una síntesis. Despenalicemos la marihuana, cree- mos institutos públicos que se dediquen específica- mente a su estudio, investigación y control, y estare- mos dando una respuesta más integral a esta situa- ción. Los humanos se han relacionado con las sus- tancias psicoactivas a lo largo de su existencia, nos

guste o no, dar respuestas racionales es a esta altura una necesidad ética, no estética.

Beneficios de la despenalización

La legalización/despenalización de la marihuana (o cannabis) tendría beneficios que han sido detalla- dos por especialistas3, veamos:

i. Mejoraría la salud de los consumidores, en la medida de controlar la calidad de la sustancia, en ningún caso podemos asegurar que es lo que se está consumiendo, la ilegalidad impide cualquier proceso de control de calidad, y ello es aún más extremo cuando se trata de sus- tancias naturales (no sintetizadas) que son adulteradas con elementos que pueden llegar a provocar la muerte del consumidor;

ii. La separación de mercado legal e ilegal aleja a los nuevos consumidores de marihuana de drogas más pesadas y adictivas como la pasta base y la cocaína (según lo demuestra la expe- riencia holandesa en relación a la heroína) por determinar mecanismos de acceso diferencia- dos;

iii. Los usuarios tendrían más acceso a informa- ción y por lo tanto a tomar mejores decisiones, la legalidad permite realizar mejores campañas informativas, educativas y preventivas al quitar el elemento moral del consumo, ya que lo ilegal se presume nocivo.

iv. Los profesionales dejarían de sancionar y cen- surar a los usuarios (en el sentido antes men- cionado) mejorando la relación y por lo tanto la atención;

v. Disminuirían los contactos con los circuitos ile- gales resultando un menor reclutamiento para la micro distribución; disminuiría la criminalidad, delitos y violencia asociada al tráfico ilegal (como ajustes de cuentas, lavado de dinero…) y al consumo problemático de pasta base; vi. Disminuiría la corrupción asociada a un nego-

cio de proporciones mundiales;

vii. Detendríamos la construcción de un Estado pa- ralelo en zonas de difícil acceso;

viii. Reduciríamos la fuga de capitales de un nego- cio sumamente lucrativo que no paga impues- tos;

3

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ix. Disminuirían los costos sociales de reparación vinculadas a la criminalidad y violencia así co- mo de los costos del Estado en relación aten- ción, juicios y alojamiento;

x. Los gravámenes obtenidos podrían enfocarse en prevención, educación y tratamiento;

xi. Se podrían estudiar e investigar sin cortapisas los principios activos del THC y sus derivados en todas sus potencialidades económicas y sa- nitarias (a modo de ejemplo la OMS (2007) in- dica la posibilidad de utilizarlo para combatir el Alzheimer)4 .

xii. La marihuana puede ser utilizada como un sus- tituto con fines terapéuticos una vez que los consumidores ingresen a un sistema sanitario que profundice las respuestas de la reducción de daños (por ejemplo en el tratamiento de prevención de recaída para adictos a la pasta base).

xiii. La búsqueda de alternativas de desarrollo rural que cree infraestructura y mercados viables pa- ra los actuales productores de drogas ilícitas no debe excluir a priori la posibilidad del aprove- chamiento lícito de ellas. Nuevas investigacio- nes científicas pueden valorizar el uso de la marihuana (y de la coca) como ingredientes pa- ra aplicaciones medicinales, uso culinario, go- ma de mascar, producción de fibras resistentes para uso textil y cuerdas, productos de higiene, biocombustibles y plásticos vegetales (Comi- sión Latinoamericana sobre Drogas y Demo- cracia, ONU, 2009).

xiv. Desde el punto de vista cultural, la despenali- zación contribuiría, a disminuir la estigmatiza- ción de los consumidores y particularmente la de los jóvenes consumidores, así como las in- adecuadas e inconvenientes asociaciones au- tomáticas entre consumidores de marihuana y delincuentes, situación que la actual normativa, no solo presagia sino que promueve, en la misma medida que obliga a los consumidores a la comisión de un delito para conseguir la sus- tancia.

xv. Asimismo la despenalización contribuiría a mo- dificar el valor simbólico de consumir marihua- na, equiparándolo a un gesto transgresor de la normas, podría eventualmente oficiar como un estímulo al consumo en los más jóvenes.

4

Documento de Raquel Peyraube sin editar.

Por estas razones consideramos que es necesario comenzar un proceso de Debate Nacional que con- temple la posibilidad de poner en el mismo valor legal a la marihuana que otras sustancias psicoactivas que hoy se producen, distribuyen, y comercializan en for- ma controlada y regulada por el Estado.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Apruébase el informe adjunto sobre adicciones, consecuencias e impacto en la sociedad uruguaya, proponiendo acciones concretas a desarrollar en la materia.

Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2011. SEBASTIÁN SABINI, Miembro Informan-

te, JULIO BANGO, JOSÉ BAYARDI, CARLOS COITIÑO, FELIPE MICHE- LINI, NICOLÁS NÚÑEZ, JORGE ORRICO, DANIEL RADÍO.

Comisión Especial sobre adicciones, consecuencias e impacto en la sociedad uruguaya

INFORME EN MINORÍA Señores Representantes:

Consideraciones Generales

De acuerdo a la información recabada por la Co- misión Especial de Adicciones conformada en el año 2010 por Representantes de los distintos partidos políticos en el ámbito de la Cámara de Representan- tes para analizar la compleja situación que atraviesa nuestra sociedad en materia de drogas, entendemos necesario realizar las siguientes consideraciones:

Las políticas llevadas adelante por el gobierno en materia de Drogas han tenido fallas y no ha logrado combatir el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Al no dar prioridad a la reducción del consumo, y estable- ciendo como estrategia simplemente la reducción de daños están minimizando la dimensión social del

problema.

Las políticas públicas de combate a las drogas deberían constituirse en verdaderas Políticas Públicas que trasciendan las distintas administraciones. Éstas deberían apostar fundamentalmente a fortalecer herramientas que reduzcan el consumo, así como a desarrollar mecanismos de prevención y educación desde edades muy tempranas, sin dejar de dar un fuerte combate al narcotráfico.

Nuestro enfoque no es de tolerancia con las dro- gas. Reconocemos que éstas provocan daños a las personas y a la sociedad.

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Tratar el consumo de drogas como un tema de sa- lud pública y promover la reducción de su uso, son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: atacar no solo a la reducción de

la Oferta, sino también, y en la misma proporción, a

la reducción de la Demanda.

La reducción de la demanda es un componente prioritario para garantizar un enfoque integral y equili- brado del problema mundial de las drogas, habida cuenta de que el abuso de éstas constituye un pro- blema social y de salud que requiere un abordaje mul- tisectorial y multidisciplinario.

Si bien destacamos el componente de la salud como uno de los principales objetos afectados y sobre los que debemos trabajar, reconocemos que el fenó- meno es mucho más complejo y por lo tanto no de- bemos circunscribirlo a una política sectorial sanitaria, sino que debe comprendérselo en su dimensión so- cial amplia que incluye temas educativos, de crisis familiar y de seguridad ciudadana, entre otros.

Hoy observamos además de problemas de gestión a nivel nacional, otras dificultades y de acuerdo a la información suministrada no está siendo equilibrada la distribución en la asignación de los recursos presu- puestales para atender el fenómeno de las adicciones y su consumo problemático.

Los gobiernos invierten en general más recursos en atacar la oferta, y menos en reducir la demanda. Si uno analiza la legislación comparada, podemos anali- zar a países como USA donde la proporción es por cada tres dólares que se invierten en atacar la oferta se invierte uno en reducir la demanda, mientras que para México (2010) la proporción es increíblemente diferente y reducida: por cada 21 pesos que se invier- ten en atacar la oferta lo que se invierte en reducir la demanda no alcanza ni siquiera a un peso.

Entendemos que el Gobierno a través de la Junta Nacional de Drogas como órgano rector de las políti-