EXP N° 964-2002-AA /TC
El TC en su sentencia hace mención y resalta que la Constitución no sólo garantiza que el hombre se desarrolle en un medio ambiente equilibrado, sino también alude a que ese ambiente debe ser
Dirección
de Sistemas
de Informática
“adecuado para el desarrollo de la vida humana”, lo que se traduce en la obligación del Estado, pero también de los propios particulares, de mantener las condiciones naturales del ambiente a fin de que el ser humano viva en condiciones ambientalmente dignas. En efecto, en el Estado democrático de derecho de nuestro tiempo ya no sólo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables.
EXP. N° 1206-2005-PA/TC
En esta jurisprudencia, la orientación del TC es acerca de la preocupación y necesidad de cuidar el patrimonio ambiental, no solo en aras del bienestar de generaciones presentes, sino también de aquellas futuras para las que estamos obligados a resguardar un ambiente de calidad; así, pone de manifiesto que, a pesar de las competencias otorgadas al INRENA y al Ministerio de Agricultura, el respeto de los derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado (artículo 2, inciso 22 de la Constitución) y la preservación de la diversidad biológica (artículo 68 de la Constitución), imponen la obligación de no postergar el cuidado de otros aspectos del ambiente que pueden verse afectados por la explotación maderera efectuada bajo la supervisión de la administración.
Continua, la competencia otorgada a la administración no es una franquicia para que ésta descuide la protección y el cuidado de otras
Dirección
de Sistemas
de Informática
áreas del ambiente, conforme al principio de prevención, áreas que puedan verse afectadas por el acceso de particulares a los recursos forestales maderables, ni siquiera si ello hubiese sido aprobado en cumplimiento de las formalidades reglamentarias. Y es que, más allá del cumplimiento formal de las normas legales, debe considerarse la fuerza normativa de la Constitución, que en este caso ordena la protección del ambiente puesto en peligro.
EXP. N° 4223-2006-PA/TC
El TC aquí pone de manifiesto algo muy rescatable frente al binomio medio ambiente y actividades económicas, pues manifiesta que: una economía, por más que sea eficiente pero que desconozca los valores y principios constitucionales, y los derechos fundamentales no es compatible con un sistema democrático, toda vez que “confundir la tolerancia dentro de un sistema de valores con el relativismo, supone desconocer el valor y la esencia de la democracia”. De ahí que sea necesario arribar a un concepto constitucional de mercado. Lo cual se justifica por cuanto éste no puede ser entendido en términos puramente económicos sino también, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, como un espacio social y cultural en el que la dignidad de la persona humana y su defensa –en tanto fin supremo del Estado y de la sociedad (artículo 1º de la Constitución)– no sólo sea declarativamente respetada sino prácticamente realizada a través del mercado y de las libertades económicas.
Dirección
de Sistemas
de Informática
La perspectiva solamente económica del mercado y de la libertad de empresa constituye una negación de la persona humana, porque la única relación que cabe en un Estado social y democrático de Derecho, es el de medio a fin, de aquéllos con respecto a ésta. Ello es así, por cuanto “el mercado no es la medida de todas las cosas y sin lugar a dudas no es la medida del ser humano.”
EXP. N° 03048-2007-PA/TC
En esta jurisprudencia, la perspectiva del TC frente al problema suscitado es clarísimo, al dejar en claro que los derechos fundamentales no son ilimitados y que en el caso en concreto , el Decreto Supremo N.º 017-2005-MTC constituye un límite legítimo al ejercicio de los derechos a la libertad de trabajo y empresa, pues el establecimiento de requisitos para la importación de vehículos usados, así como de motores, partes, piezas y repuestos usados para vehículos de transporte terrestre, tiene como fin constitucional la protección de los derechos al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud. Y ello porque la protección del medio ambiente impone un tratamiento cuyo propósito es mejorar progresivamente las condiciones de vida de las personas, pues la creciente degradación del medio ambiente pone en peligro potencial la propia base de la vida.”
EXP. N° 3610-2008-PA/TC
El Tribunal Constitucional al resolver este, señalo que “la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos
Dirección
de Sistemas
de Informática
económicos en armonía con el bien común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”, dado que toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuese cual fuese su titularidad se encuentra subordinada al interés general.
EXP. N° 3343-2007-PA/TC
El Tribunal Constitucional al resolver este expediente, manifestó claramente la necesidad de la protección del medio ambiente al manifestar que: El carácter social de nuestro régimen determina que el Estado no pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de los particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de interferir de manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos. Asimismo pone de manifiesto que el Estado debe ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares. Manifestando para concluir respecto a este caso que la finalidad de lucro debe ir acompañada de una estrategia previsora del impacto ambiental que la labor empresarial puede generar. De lo contrario, si la actividad empresarial genera pasivos ambientales, se habrá cumplido seguramente con la finalidad de lucro; sin embargo, a un costo que el Estado y la sociedad no soportarán.
Dirección
de Sistemas
de Informática
EXP. N° 316-2011-PA/TC
Bajo esta misma línea, en el presente expediente, el Tribunal Constitucional deja asentado que: el ejercicio del derecho a la libertad de empresa, para estar arreglado a derecho, ha de hacerse con sujeción a la ley y, por ello, dentro de las limitaciones básicas que se derivan de la seguridad, la higiene, la salud, la moralidad o la preservación del medio ambiente.
El Tribunal Constitucional es, quien a través de sus sentencias está indicándonos en qué dirección debe marchar la protección del medio ambiente, la misma que debe ser concretada con Leyes y sobre todo con conducta responsable por parte del Estado y de los particulares.
Dirección
de Sistemas
de Informática
CAPITULO IV
ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 4.1. Las partes
a) Demandante
En el caso materia de análisis el demandante es Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros.
b) Demandado
En el presente caso la parte demandada en Presidencia del Consejo de Ministros.