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La burocracia ayuda a que el genocidio parezca algo irreal... Reduce el tono emocional e intelectual asociado al acto de matar... Hay un único flujo de acontecimientos, que la mayoría de personas... aceptan... El asesinato en masa está en todas partes, pero al mismo tiempo... en ninguna.

ROBERT JAY LIFTON, The Nazi Doctors

Las ideologías violentas hablan su propio idioma. Redefinen conceptos fundamentales para que sustenten el sistema mientras aparentan apoyar a la

población. Por ejemplo, bajo el carnismo, la democracia se ha definido como la libertad de poder escoger entre productos que nos hacen enfermar y que contaminan el planeta, en lugar de como la libertad de comer comida y respirar el aire sin correr riesgo de envenenamiento. Sin embargo, las ideologías violentas son inherentemente antidemocráticas porque dependen del engaño, del secreto, del poder concentrado y de la coerción, prácticas incompatibles con una sociedad libre. Por mucho que el sistema o país parezca democrático, el sistema violento que cobija no lo es. Y este es uno de los motivos por el que no reconocemos las ideologías violentas que existen en sistemas aparentemente democráticos. Sencillamente, no pensamos que debamos identificarnos con ellas.

En una sociedad democrática, una de las funciones básicas del gobierno es crear y aplicar políticas y leyes que vayan en el mejor interés de los ciudadanos. Por tanto, asumimos que la comida que llega a nuestro plato no nos matará ni nos enfermará. Lo asumimos porque creemos que las personas que componen el gobierno trabajan para nosotros, que pagamos sus salarios. Asumimos que el proceso democrático nos protege de quienes podrían hacernos daño.

Sin embargo, cuando el poder está muy concentrado en una industria, la democracia se corrompe. Y esto es precisamente lo que sucede con la carne. La agroindustria animal mueve 125.000 millones de dólares y está controlada por unas pocas corporaciones. Estas corporaciones son muy poderosas porque se han ido consolidando progresivamente y han comprado todos los sectores relacionados, como empresas de semillas y productos agroquímicos, que producen pesticidas, fertilizantes, semillas y otros productos; empresas procesadoras, que compran y procesan ganado; fabricantes de comida, que transforman la carne en productos concretos, como aperitivos congelados; supermercados y cadenas de restaurantes; sistemas de transporte, como vías ferroviarias y marítimas; empresas farmacéuticas; maquinaria agrícola, como tractores e irrigadores; e incluso, planes de gestión financiera. Los economistas avisan que, cuando cualquier industria alcanza una concentración de mercado en la que cuatro empresas participantes controlan más del cuarenta por ciento de la cuota de mercado (se conoce como índice C4), falta competitividad y aparecen problemas graves, sobre todo en lo que concierne a la protección del consumidor, pues pueden marcar los precios y determinar, por ejemplo, la calidad de la comida. La industria cárnica supera con creces el C4, ya

que cuatro empresas de despiece de ternera controlan el ochenta y tres por ciento del mercado de la ternera.27 El poder de la agroindustria animal es tan elevado que ha acabado infiltrándose en el gobierno y ha desdibujado los límites entre el interés privado y el servicio público.

Uno de los elementos que ha permitido que el sector público y el privado se mezclen es la «puerta giratoria» por la que ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales intercambian cargos y refuerzan relaciones. Por ejemplo, en 2004, tanto el actual como el anterior director de la Administración de Inspección de Grano, Despiece y Corrales (Grain Inspection, Packers and Stockyards Administrationo o GIPSA, en inglés), una división del USDA que facilita el comercio de ganado y otros productos agrícolas, habían trabajado en grupos comerciales de la industria cárnica.28 Y la entonces secretaria del USDA, Ann Veneman, y otros altos cargos habían mantenido relaciones muy estrechas con la agroindustria, especialmente en los sectores que se suponía debían supervisar. Dale Moore, jefe de gabinete de Veneman, era director ejecutivo de asuntos legislativos de la Asociación Nacional de Ganaderos de Ternera (National Cattlemen’s Beef Association o NCBA, en inglés), James Moseley, el subsecretario, era copropietario de un EEAC y Mary Waters, secretaria asistente para relaciones con el congreso, era asesora legal y directora jefe de ConAgra, una de las corporaciones cárnicas más importantes del país.29

Otro de los motivos que explica el solapamiento de lo público y lo privado es el enorme esfuerzo que la industria cárnica dedica tanto a las actividades de financiación política como de lobbying. Por ejemplo, en 2008, la industria ganadera aportó más de ocho millones de dólares a candidatos al Congreso. Con frecuencia, gran parte de las aportaciones de gigantes de la agroindustria acaban llegando a los integrantes de los comités de agricultura en la Casa Blanca y en el Senado.30 Los

lobbies defienden los intereses de sus clientes ante los legisladores. El éxito de sus

esfuerzos depende, en gran medida, de la fuerza de su relación con los funcionarios del gobierno; cuanto más puedan ofrecer a los políticos, ya sea en forma de vacaciones extravagantes o de oportunidades profesionales exclusivas, más sólida será la relación con aquellos sobre los que desean influir.

beneficio propio. Piense, por ejemplo, que la ley exige que la agroindustria animal limpie al menos parte de la suciedad que provocan sus vertidos, pero no estipula que estas corporaciones multimillonarias deban pagar la limpieza de su propio bolsillo. El Programa de Incentivos para la Calidad Medioambiental (Environmental Quality Incentives Program o EQIP, en inglés), un programa federal que supuestamente se creó para ayudar a mejorar la calidad medioambiental y las prácticas de las tierras de cultivo y de las explotaciones, subvenciona la limpieza. EQIP ya ha desembolsado 9.000 millones de dólares para ayudar a las corporaciones agrícolas a neutralizar los residuos que ellas mismas han vertido.31

Dicho de otro modo, nosotros pagamos parte de la factura del daño que causan corporaciones como ConAgra, cuyo consejero delegado cobró 10,8 millones de dólares en el año fiscal de 2007.32

Personas de todo el espectro político han calificado los subsidios a la agroindustria animal como los programas de bienestar corporativo más indignantes de toda la historia de Estados Unidos.

Recuerde también la nefasta gestión del USDA en 2002 ante la amenaza para la salud pública que constituyó la mortal E. coli. La bacteria infectó a niños que habían comido hamburguesas contaminadas. Algunos de los síntomas de la infección por E.

coli son fiebre, vómitos, heces con sangre, moratones, hemorragias nasales y

bucales, inflamación del rostro y de las manos, hipertensión arterial y, al final, insuficiencia renal. En principio, tanto ConAgra (la empresa que había vendido la carne) como el USDA sabían que la carne estaba contaminada, pero no hicieron nada hasta dos años después, cuando el estallido de un brote obligó a retirar del mercado los más de ocho millones de kilogramos que ya habían llegado a la oferta alimentaria del país.33

Si su hijo hubiera sido uno de los que enfermaron tras haber comido carne contaminada, es probable que hubiera querido advertir a los demás acerca de la seguridad de la carne que comen. Y es muy posible que esta línea de acción fuera efectiva… siempre que no cometiera el mismo error que Oprah Winfrey y llegara a demasiadas personas a la vez. En 1996, un grupo de productores de ternera de Texas demandó a Winfrey y le exigió 10 millones de dólares por haber difamado la carne de ternera. En el punto álgido del brote de la enfermedad de las vacas locas en Reino Unido, cuando veinte personas ya habían fallecido tras haber consumido lo que se

creía carne de ternera contaminada, Winfrey afirmó en antena que no tenía la menor intención de volver a comer hamburguesas. Según las «leyes de difamación de alimentos», la legislación sobre la que se construyó el caso contra Winfrey y que recibe el apoyo de las corporaciones agrícolas, es ilegal criticar ciertos alimentos si no se aportan pruebas científicas «razonables». Por tanto, podría encontrarse con ciertas restricciones a la hora de hablar sobre la industria cárnica… sobre todo las que tienen que ver con los derechos de la Primera Enmienda.

Cuando la agroindustria animal es tan potente que no solo está por encima de la ley, sino que es la ley (modela la legislación, en lugar de respetarla), podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la democracia se ha convertido en una carnecracia.

Advertencia sanitaria: comer productos de origen