Democracia y fuerza de la Ley

Detrás de la “necesidad” se encuentra la condición de “urgencia”. Los decretos ley están contemplados en el ordenamiento jurídico de Colombia. Siendo el ejecutivo el que toma unilateralmente decisiones importantes en materia legislativa por medio de decretos con fuerza de ley. La pregunta es si eso es compatible en sistemas democráticos o por el contrario lo que hace es evidenciar el objetivo del Ejecutivo de concentrar el poder en sus manos.

La garantia de la aplicación de leyes sobre derechos personales y reales no son problema para la dinámica de un sociedad democratica. pero es en cumplimiento de los derechos impresindibles donde hasta las democracias se ven en apuros. Desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, hasta declaraciones de las Naciones Unidas donde su principio fundamental es que “la libertad, la justicia, y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Los Derechos humanos han sido el baluarte de los discursos políticos en los paises democraticos.

Álvaro Uribe fue reiterativo en la importancia de proteger y garantizar estos derechos. Paradojicamente no pudo cumplir su cometido de protegerlos.

El no garantizar una salida negociada al conflicto interno colombiano hace que se amplie el autoritarismo del gobierno con aliados de grupos armados ilegales. Según datos conservadores de la policía, los grupos suman rápidamente nuevas zonas de operación y, en julio de 2009, tenían presencia en al menos 173 municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia. La policía identifica a ocho grupos principales: los Urabeños, los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer. Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de otros grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la policía no incluye en su lista. (Human Rights Watch | Febrero de 2010)

Luis Jorge Garay, expone la gestión política y legislativa de los Congresistas elegidos con el aopoyo de narcoparamilitares, beneficiando intereses de dicho actor ilegal; el estudio se puede leer en el libro “Y refundaron la patria…” de autoria de Claudia Lopez y la Corporación Arco Iris.

Un ejemplo dramático de la influencia de los grupos ilegales en la dinámica política del país, son las confesiones de cabecillas paramilitares como las hechas por Salvatore Mancuso y Ernesto Báez ante la justicia, del papel del Pacto de Ralito,

como proyecto político de las AUC; de cómo figurar dentro del Congreso. Resultado de esto, es la aprobación de la Ley de Justicia, Paz y Reparación; iniciativa que beneficiaba a los grupos paramilitares.

Alrededor de esto, se da el despojo de tierras por parte de estos grupos ilegales, reconfigura la productividad del país. Vicente Castaño confeso poseer cultivos de palma africana y haber sido él mismo quuien consiguió a los inversioneistas de estos proyectos (Revista Semana, 2005) Lo mismo hizo “HH”, jefe del bloque Bananero y Tolima de las AUC. Alias “El Alemán”, se dedico a la industria maderera, según denuncias de Revista Semana del 2006.

Para el cuatrenio del 2006 al 2010, eran 66 parlamentarios investigados por nexos con grupos armados ilegales. Los proyectos de ley ordianaria, en comparación con actos legislativo, y los de alcance nacional en contraste con los locales, ocuparon la mayor parte de la agenda de los congresistas investigados. (Y Refundaron la Patria, Arco Iris, 2010, p. 293)

En este pariodo del 2006 al 2010, 37 proyectos de ley y de acto legislativo fueron radicados en el Congreso aliados con los grupos armado ilegales según la justicia colombana.

Cabe señalar la modificación de la Ley que regula el uso de las frecuencias y equipos de comunicaciones por parte de la fuerza pública (ley 782 de 2002). Llevandose a su punto maximo de usufructo en los años 2008 al 2009, por parte del DAS para beneficio del gobierno.

Entre tanto la Ley de Justicia y Paz, analizada por Rodrigo Uprimny Yepes, en su investigación en el libro “Y Refundaron la Patria”, como la Ley que garantizaria la desmovilización de los paramiliares sin desconocer los derechos de las victimas. Uprimny destaca los vacios de fondo que presenta dicha ley desde su condición transicional, reiterando el uso manipulador democratico de la significación de Justicia y paz. Como el impacto que tiene la Ley de Justicia y Paz en el regimen

político colombiano, siendo precarios sus resultados al momento de una posible evaluación del la eficacia de la Ley con respecto a las espectativas sociales colombianas en cuanto a justicia.

Mientras se diseñaba un marco juridico que en teoria garantizaba los derechos fundamentales de los colombianos teniendo como base la finalización del conflicto y la llegada de la paz para colombia. Lo que sí fue cierto fue como se desvió las institiciones públicas al servicio de grupos armados ilegales. Al mismo tiempo que se daban las denuncias de organismos internacionales como Human Rigths Watch, sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país, acompañados de la indiferencia del gobierno de Uribe Velez.

El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo en Colombia. Human Rights Watch visitó y entrevistó a decenas de víctimas, paramilitares desmovilizados, autoridades de aplicación de la ley y organismos del estado locales y nacionales, miembros de las fuerzas de seguridad pública y organizaciones no gubernamentales de Sincelejo (Sucre); Barranquilla (Atlántico); Pasto, Tumaco y El Diviso (Nariño); Cúcuta (Norte de Santander); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander); Medellín (Antioquia); Villavicencio, Granada, Vistahermosa, y Puerto Rico (Meta); las zonas humanitarias de Curvaradó y Andalucía (Chocó); y la capital, Bogotá.

Según el Informe HRW:

“Salvo algunas excepciones, el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios públicos que toleran a los grupos sucesores. En ocasiones, ante las denuncias de que existe esta tolerancia por parte de sus miembros, las fuerzas de seguridad pública parecen responder mediante el traslado de sus miembros a otras regiones. La respuesta correcta sería informar a los fiscales sobre las denuncias y suspender a los miembros señalados mientras se realiza una investigación penal”22_.

22 _{Human Rights Watch | Febrero de 2010}