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Las mujeres y niñas indígenas continuaron sufriendo un elevado nivel de violencia. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá siguió pidiendo la elaboración de un plan nacional integral para abordar la violencia y la discriminación subyacente que la fomentaba. El gobierno canadiense se comprometió de forma explícita a erradicar la violencia, pero no adoptó medidas para la puesta en marcha de dicho plan.

Seguridad y medidas antiterroristas

Se siguió negando a las personas sujetas al sistema del certificado de seguridad de inmigración el acceso a muchas de las pruebas presentadas contra ellas. En octubre y diciembre, la Corte Federal invalidó los certificados expedidos contra dos hombres.

En mayo, la Corte Suprema de Canadá no admitió a trámite un recurso de apelación relacionado con la política de las fuerzas armadas canadienses de entregar a las autoridades afganas a las personas

detenidas durante operaciones militares efectuadas en Afganistán. En noviembre, el testimonio prestado por un diplomático canadiense ante una comisión parlamentaria suscitó una gran preocupación ante la posibilidad de que los altos mandos del ejército no estuvieran teniendo en cuenta el riesgo de tortura sufrido por los detenidos después de su entrega.

En agosto, la Corte Federal de Apelación confirmó

una resolución judicial según la cual el gobierno canadiense debía solicitar la repatriación de Omar Khadr, ciudadano canadiense que permanecía recluido en Guantánamo desde que, en 2002, cuando tenía 15 años, fue capturado por fuerzas

estadounidenses en Afganistán. La decisión fue recurrida ante la Corte Suprema de Canadá.

Personas refugiadas

y solicitantes de asilo

En febrero, la Corte Suprema de Canadá decidió no admitir a trámite un recurso de apelación relacionado con el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos, que negaba a los solicitantes de asilo que llegaban a Canadá atravesando Estados Unidos el acceso al sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado.

Policía y fuerzas de seguridad

En 2009, al menos una persona murió después de recibir la descarga de una pistola Taser de la policía, con lo que el número de muertes provocadas por estas armas desde 2003 se elevó al menos a 26.

En febrero, la Real Policía Montada de Canadá revisó su política sobre el empleo de pistolas Taser, limitando su uso a situaciones en las que existiera una “amenaza contra la seguridad pública o de un agente”.

En la Columbia Británica siguió la investigación pública sobre la muerte en 2007 de Robert Dziekanski tras recibir la descarga de una pistola Taser. El gobierno de la provincia aceptó todas las recomendaciones de un informe provisional emitido en julio por los responsables de la investigación, incluida la de modificar el umbral de amenaza a partir del cual la policía debía utilizar este tipo de armas, elevándolo del nivel de “resistencia activa” al de “provocación de daños físicos”.

En octubre, la Real Policía Montada de Canadá y otros cuerpos policiales de todo el país adoptaron

directivas en las que se prohibía apuntar con una pistola Taser al pecho de una persona.

Pena de muerte

En marzo, la Corte Federal ordenó al gobierno que revocara su decisión de no solicitar el indulto de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado a muerte en 1983 en Estados Unidos.

Justicia internacional

En mayo, un tribunal de Quebec condenó al ciudadano ruandés Desiré Munyaneza a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En noviembre, el gobierno acusó formalmente a otro ciudadano ruandés, Jacques Mungwarere, de genocidio.

Rendición de cuentas de las empresas

La nueva estrategia sobre la responsabilidad social de las empresas anunciada en marzo por el gobierno no incluía requisitos legalmente vinculantes en materia de derechos humanos. Al finalizar el año estaban pendientes de aprobación leyes encaminadas al desarrollo de un marco de derechos humanos que regulara la actividad de las empresas canadienses que operaban fuera de su territorio en el sector del petróleo, el gas y la minería.

Informes y visitas

de Amnistía Internacional

“Un lugar en el que recuperar nuestra identidad”. La primera nación de Grassy Narrows, Canadá(AMR 20/001/2009)

“Empujados hasta el borde”. El derecho a la tierra de los pueblos indígenas de Canadá(AMR 20/002/2009)

“Luchamos por el futuro de nuestros hijos”. Derechos de los pueblos indígenas en la región de las Cabeceras Sagradas, Columbia Británica, Canadá(AMR 20/003/2009)

Unir nuestro pasado con nuestro futuro. La primera nación de Long Point, de Canadá(AMR 20/010/2009)

No más “hermanas robadas”. La necesidad de una respuesta completa a la discriminación y la violencia contra las mujeres en Canadá

(AMR 20/012/2009)

CHAD

REPÚBLICA DE CHAD

Jefe del Estado: Idriss Déby Itno

Jefe del gobierno: Yusuf Saleh Abbas

Pena de muerte: retencionista

Población: 11,2 millones

Esperanza de vida: 48,6 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 220/201 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 31,8 por ciento

La inestabilidad y los abusos contra los derechos humanos seguían caracterizando la situación en el este del país a pesar del despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Civiles y personal de ayuda humanitaria perdieron la vida o fueron secuestrados; mujeres y niñas fueron víctimas de violación y otros actos de violencia; y se utilizó a niños y niñas como soldados. Las autoridades no tomaron medidas adecuadas para proteger a la población civil de los ataques de bandidos y grupos armados. Presuntos opositores políticos fueron detenidos ilegalmente, recluidos arbitrariamente y torturados o sometidos a otros malos tratos. Prosiguió el hostigamiento y la intimidación de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Durante todo 2009 continuó la

demolición de casas y otras construcciones, lo que dejó a miles de personas sin hogar.

Información general

Continuaron las discusiones sobre las elecciones legislativas y presidenciales aplazadas, previstas para 2010 y 2011, respectivamente, y sobre la

implementación del acuerdo político firmado por 17 partidos chadianos el 13 de agosto de 2007 en Yamena. El 30 de junio concluyó la elaboración del censo electoral. El 16 de julio, la Asamblea Nacional aprobó nueva legislación sobre los partidos políticos, y también en julio se designó mediante decreto presidencial a los 30 miembros y el presidente de la comisión electoral, pese a las protestas de la oposición. El 25 de julio, el gobierno firmó un acuerdo

de paz con el Movimiento Nacional (Mouvement

national), coalición de tres grupos armados de oposición chadianos.

No se implementaron varios acuerdos de paz firmados con anterioridad por Chad y Sudán. El 3 de

mayo, los dos países firmaron otro acuerdo en Doha, con la intermediación del gobierno de Qatar. La discusión sobre la implementación de todos los acuerdos de paz firmados continuó durante todo el año.

Además de las personas refugiadas en el este de

Chad (véaseinfra), al menos 56.000 refugiados

procedentes de la República Centroafricana vivían en campos del sur del país.