comisiones regionales para la supervisión pública de los lugares de detención. Estas comisiones se crearon en varias regiones rusas tras la adopción de las leyes habilitadoras en septiembre de 2008. Se recibieron informes generalizados de tortura y otros malos tratos en lugares de detención, incluida la presunta denegación de asistencia médica. En algunos casos, varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron declarados culpables de abuso de poder en relación con esas denuncias. Sin embargo, siguieron
siendo frecuentes las denuncias de que las
autoridades no investigaban con eficacia esos abusos.
Según informes, en febrero y abril, Zubair Zubairaev,
de etnia chechena, sufrió palizas y otros malos tratos a manos de funcionarios de prisiones en una colonia penitenciaria de la región de Volvogrado. En abril, durante una visita, su abogado observó marcas en los hombros y en el pecho del detenido. No se le facilitó asistencia médica y no se dejó constancia de las lesiones. Posiblemente a consecuencia de las quejas que formuló sobre el trato recibido, Zubair Zubairaev fue trasladado a otra colonia.
Sergei Magnitskii, abogado, murió en noviembre
cuando se encontraba detenido preventivamente en Moscú. Tras conocerse que le había sido denegado tratamiento médico, se abrió una investigación penal sobre su muerte.
Juicios injustos
Los procedimientos judiciales a menudo incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. En algunos casos se temía que el trato a los sospechosos estuviese influido por motivaciones políticas. En septiembre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó a la Federación Rusa, entre otros países, a adoptar reformas destinadas a aumentar la independencia judicial y poner fin al acoso de los abogados defensores.
En febrero, Mikhail Khodorskovski, ex propietario de
la empresa petrolera Yukos, y su ex colega Platon Lebedev, que cumplían sendas penas de ocho años de prisión tras ser declarados culpables de fraude y evasión fiscal en 2005, fueron trasladados desde Chita, donde se encontraban en detención preventiva, a Moscú para ser juzgados en un nuevo proceso en el que se les acusaba de blanqueo de capitales y malversación de fondos. En marzo comenzó el nuevo juicio en Moscú, en medio de la preocupación general por que no cumpliese las normas internacionales sobre juicios y por que el nuevo proceso pudiese deberse a motivaciones políticas. Al parecer se había conculcado el derecho de los dos acusados a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa en el segundo juicio.
Racismo
Las autoridades reconocieron que la violencia de motivación racial o étnica constituía una “amenaza para la seguridad nacional”. Sin embargo, todavía no
se había implementado un programa eficaz de acción para abordar la violencia y la discriminación por motivos raciales a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Según la ONG Centro SOVA, al finalizar el año al menos 71 personas habían muerto y más de 330 habían resultado heridas en 36 regiones rusas a consecuencia de agresiones de motivación racial. Los activistas contra el racismo también sufrieron ataques de grupos de extrema derecha.
En noviembre, Ivan Khutorskoi, de 26 años, murió
por disparos cerca de su domicilio. Había participado en varias acciones públicas antifascistas y había sufrido amenazas y ataques de personas no identificadas.
Según datos del Ministerio del Interior, en los cuatro primeros meses del año, 105 personas habían sido acusadas o estaban siendo investigadas por delitos de “extremismo”, entre los que había casos de asesinato por motivos raciales.
Pena de muerte
En noviembre, el Tribunal Constitucional decidió prorrogar la suspensión vigente desde hacía 10 años sobre las ejecuciones y recomendó la abolición total de la pena de muerte. La suspensión debía expirar cuando todas las regiones hubiesen introducido juicios con jurado, lo que estaba previsto que ocurriese en enero de 2010. El Tribunal afirmó que el camino hacia la abolición total era irreversible.
Violencia contra mujeres y niñas
Las investigaciones llevadas a cabo por ONG mostraron que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era generalizada. El gobierno no facilitaba datos, y el apoyo del Estado a los centros de crisis y líneas telefónicas de emergencia seguía siendo inadecuado. Sólo había unos 20 refugios en todo el país para mujeres que huían de la violencia intrafamiliar. Muchos de ellos sólo estaban abiertos a mujeres registradas como residentes en esa misma región, incluido el único refugio de Moscú, con espacio sólo para 10 mujeres. No había ninguna disposición legal que abordara de manera específica la violencia contra las mujeres en el entorno familiar.Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Un delegado de Amnistía Internacional visitó Osetia del Norte en julio.Civilians in the aftermath of war. The Georgia-Russia conflict one year on(EUR 04/001/2009)
Russian Federation: Rule without law. Human rights violations in the North Caucasus(EUR 46/012/2009)
Russian Federation: Briefing to the UN Human Rights Committee
(EUR 46/025/2009)
FILIPINAS
REPÚBLICA DE FILIPINAS
Jefa del Estado y del gobierno: Gloria Macapagal Arroyo
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 92 millones
Esperanza de vida: 71,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 32/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 93,4 por ciento
El gobierno se había impuesto 2010 como fecha límite para “aplastar” la insurgencia comunista, y las fuerzas armadas no diferenciaron entre los
combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo y los activistas civiles y defensores de los derechos humanos en zonas rurales, lo que dio lugar a desplazamientos y homicidios ilegítimos. Las fuerzas armadas sometieron a la población civil a detención secreta, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ambos bandos fueron responsables de homicidios por motivos políticos y desapariciones forzadas. Seguía reinando una cultura de impunidad en la que los responsables casi nunca eran
procesados. En julio, el gobierno comenzó a trabajar activamente en el reinicio de negociaciones de paz oficiales con el Frente Democrático Nacional y el