precio en el conflicto: los
talibanes persiguieron a
activistas y defensoras de
los derechos humanos
de las mujeres y atacaron
escuelas y centros de
salud, especialmente los
específicos para mujeres
y niñas.
más de 100.000 seguían recluidos en campos gestionados por las fuerzas armadas y donde se les negaba el derecho a la libertad de circulación. Muchos habían sobrevivido a meses de dificultades, en los que se habían visto obligados a viajar con fuerzas de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se batían en retirada y que reclutaban por la fuerza a civiles, incluidos niños y niñas, a los que utilizaban como escudos humanos en algunas ocasiones. El gobierno de Sri Lanka, alegando diversos motivos de seguridad, prohibió que observadores independientes evaluasen sin trabas el estado de la población recluida. Esta falta de acceso obstaculizó los intentos de recabar información sobre violaciones del derecho internacional cometidas durante el largo conflicto, lo que impidió la rendición de cuentas.
Decenas de miles de afganos quedaron desplazados debido al aumento de la violencia de los talibanes y a la incapacidad del gobierno central y sus aliados internacionales de mejorar la situación política y económica del país. Los talibanes afganos fueron responsables de alrededor de dos tercios de las más de 2.400 víctimas civiles que hubo, principalmente cuando intensificaron sus ataques al intentar alterar el desarrollo de las elecciones presidenciales.
A pesar de los ataques de los talibanes, millones de ciudadanos y ciudadanas afganos acudieron a ejercer su derecho al voto el día de los comicios, pero su elección se vio desvirtuada por el hecho de que el gobierno afgano y quienes lo apoyaban en el ámbito internacional no ofrecieran un mecanismo adecuado de protección de los derechos humanos. Partidarios de los principales candidatos, incluido el presidente Hamid Karzai, intimidaron y hostigaron a periodistas y activistas políticos antes, durante y después de las elecciones. La propia votación recibió de inmediato las críticas de observadores independientes, que la consideraron fraudulenta, y el proceso de comprobación de los resultados se prolongó durante meses,
menoscabando aún más la legitimidad de los comicios y el derecho de la población afgana a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Una vez más, las mujeres afganas pagaron un alto precio en el conflicto: los talibanes persiguieron a activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y atacaron escuelas y centros de salud, especialmente los específicos para mujeres y niñas, a la vez que la inseguridad reinante debilitaba los escasos logros que las afganas habían conseguido desde la caída del régimen talibán.
El conflicto en la isla filipina de Mindanao obligó a más de 200.000 civiles a continuar viviendo en campos de acogida o refugios
improvisados, rodeados a veces de una fuerte presencia militar, a pesar del alto el fuego alcanzado en julio entre las fuerzas armadas filipinas y el grupo insurgente Frente Moro de Liberación Islámica. Un elemento significativo de los enfrentamientos era la ausencia de ley entre las milicias y grupos paramilitares, que estaban controlados y
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financiados por políticos locales y actuaban sin rendir cuentas ante ninguna autoridad.
El 23 de noviembre, víspera del día de inscripción para las elecciones a gobernador local, el historial de impunidad de estas fuerzas sirvió de telón de fondo al horrible homicidio, a modo de ejecución, de al menos 57 personas, entre ellas más de 30 periodistas. La atrocidad de estas muertes hizo que el gobierno decretase la ley marcial durante un breve periodo, con el fin de volver a imponer su mando y presionar para que se presentasen cargos contra varios miembros de la poderosa familia Ampatuan, que llevaba un decenio dominando la vida política de la región.
Represión de la disidencia
En otras zonas de la región de Asia y Oceanía fue la constante represión, no intensos conflictos, lo que provocó el desplazamiento de numerosas personas y la consiguiente negación de sus derechos.
Miles de personas huyeron de Corea del Norte y Myanmar para escapar de las continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por sus gobiernos. Los norcoreanos intentaban huir de la represión política y de la crisis económica sobre todo cruzando ilegalmente la frontera con China. Si las autoridades chinas los atrapaban y devolvían a su país, eran objeto de detención, trabajo forzoso y tortura: varias personas murieron bajo custodia.
China consideraba que todos los norcoreanos en situación irregular eran migrantes económicos, no personas refugiadas, por lo que continuó impidiendo que el ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados, tuviera acceso a ellos. En 2009, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea afirmó que la mayoría de los norcoreanos que cruzaban la frontera hacia China tenían derecho a protección internacional por la amenaza de persecución o castigo que se cernía sobre ellos si regresaban.
Las autoridades norcoreanas también continuaron prohibiendo que sus propios ciudadanos y ciudadanas circulasen libremente por el país. Había que solicitar un permiso para viajar y, aunque, según informes, las autoridades relajaron la aplicación de esta norma ante el hecho de que miles de personas hubieran abandonado sus hogares en busca de alimentos o de oportunidades económicas, los
norcoreanos continuaban siendo vulnerables a causa de la legislación vigente y a menudo eran extorsionados por funcionarios.
En Myanmar, miles de personas quedaron desplazadas a causa de la reiterada violación de las leyes de la guerra por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales en campañas contra grupos armados de oposición de diversas minorías étnicas del país. El gobierno continuó reprimiendo la disidencia política, y había 2.100 personas recluidas por motivos políticos. El 11 de agosto, la más notable de éstas, Aung San Suu Kyi, que en los últimos 20 años había pasado 13 privada de libertad, la mayoría de ellos en régimen de arresto domiciliario, fue