Derechos sexuales y reproductivos

Uno de los temas claves cuando del ejercicio de la ciudadanía para las mujeres se trata y objetivo de lucha del feminismo, es contundentemente el de los derechos sexuales y reproductivos. Al igual que con la violencia contra las mujeres al interior de la familia, la lucha se basó en hacer relevante en lo político, aquellos temas que habían sido considerados privados, por lo que se puso “el acento en el cuerpo y la sexualidad como lugares en los que se asienta el dominio patriarcal sobre el género femenino […] por cuanto resulta apropiado o expropiado en función de su capacidad reproductiva por el esposo, la Iglesia, el Estado” (Brown, 2004). Ante esta realidad, sigue siendo aún hoy pertinente parafrasear a Hierro: “¿si las mujeres no tienen derecho sobre su cuerpo, sobre qué tienen derechos? (2000:20).

En esto, el movimiento de mujeres tiene un papel central. Para empezar la expresión de derechos reproductivos fue propuesta para toda la lucha reivindicativa aludiendo a “los derechos de las mujeres a regular su propia sexualidad y capacidad reproductiva, así como a exigir que los hombres asuman responsabilidad por las consecuencias del ejercicio de su propia sexualidad” (Azeredo/Stolcke en Jelín, 1997:204). Sin embargo en la actualidad esto muchas veces es imposible, ya que el cuerpo de las mujeres es sometido a diferentes prácticas ajenas a su voluntad como la violencia sexual, la prostitución forzada, embarazos no deseados, planificación impuesta o impedida, la prohibición al aborto o aborto forzado, la esterilización, la exigencia de la capacidad de procreación de las mujeres, como único fundamento de las relaciones de pareja. De tal manera que “la sexualidad de las mujeres pocas veces es ejercida como práctica de libertad” (Jelín, 1997:2995), razón suficiente que lleva a compartir la idea de la necesidad y urgencia de entender que el cuerpo ha sido un espacio y por lo tanto se deben incorporar los derechos sexuales y derechos reproductivos como requisito y ejercicio de ciudadanía (Herrera, 2006:7).

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En el país la defensa de estos derechos ha sido solo dada por el movimiento de mujeres, sin embargo ha carecido de la fuerza necesaria para lograr que tanto hombres como mujeres asuman que la sexualidad y la reproducción son derechos humanos. Los esfuerzos han sido orientados más a los servicios de salud reproductiva y esa sutil lucha, es producto de los fuertes “embates de grupos fundamentalistas y probablemente donde han tenido mayor éxito en su cruzada ultraconservadora […] la jerarquía de la Iglesia Católica ha ejercido influencia para inhibir cualquier avance en políticas públicas que tenga relación con los derechos sexuales y reproductivos” (Herrera, 2008:45).

Con este panorama no es de extrañar que los derechos sexuales y reproductivos sean los derechos en los que las mujeres salvadoreñas tengan un mayor rezago en su ejercicio:

“En la sexualidad también [la mujer] tiene sus derechos, lo que pasa es que no los ponen en práctica ni los conocen, por eso muchas veces las mujeres aunque tenga su marido sale violada. No es lo mismo a que usted haga una cosa porque usted quiere a que la obliguen. Son derechos violentados, que aquí no ha habido una ley sobre esos derechos esa es la verdad. No lo conocen”. Informante 19. Antiguo Cuscatlán, julio 2 de 2008.

A nivel personal las mujeres entrevistadas mencionaron tener un alto grado de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en su actual ciclo de vida, mencionando varias de ellas que el inicio de su maternidad no había sido una decisión pensada, aunque hicieron hincapié en no arrepentirse de ello. Otras mujeres, pese al conocimiento sobre estos derechos señalaron que aún encontraban ciertos obstáculos subjetivos para ejercerlos a plenitud.

De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas y la literatura, son las trabajadoras sexuales las mujeres que más expuestas están a la violación sus derechos sexuales y reproductivos –y de otros más-; también las mujeres rurales son muy propensas, al igual que las mujeres con discapacidad, las inmigrantes ilegales y aquellas con opciones sexuales diferentes, aunque las causas para la restricción o violación de derechos no sean iguales.

Las trabajadoras sexuales no son vistas en este país ni por la sociedad, ni por el Estado como ciudadanas, pese a que cumplen sus deberes para con él, (eligiendo a los gobernantes al votar, pagando los impuestos, entre otros). En un diagnóstico sobre la situación laboral de las trabajadoras del sexo, el 73.5% de las mujeres trabajadoras del sexo consideran que por su actividad laboral le violan sus derechos humanos, en tanto el 37.5% dice conocer las leyes en relación a su trabajo (Vidal y Murillo, 2008:23).

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porque existe una demanda legitimada en la cultura patriarcal y machista que permite que hombres de todas condiciones sociales y económicas sostengan esta práctica (Villacorta, 2003:154). No solo se les vulnera sus derechos sexuales y reproductivos, cuando los hombres se niegan a usar las medidas preventivas para evitar las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, o cuando son víctimas de violencia, acosadas sexualmente, sino también los derechos básicos a la vida, a la salud, al seguro social, al empleo, a la libertad, a la educación. Como afirma una trabajadora sexual: “no tenemos seguro social, no tenemos acceso a vivienda, no tenemos acceso a una educación para seguir preparándonos, ni para los nuestros y no tenemos ninguna alternativa para acceder al mercado laboral que implique que las que queramos hacerlo, que somos casi todas, por no decir todas, podamos salir de aquí y buscar una manera diferente de trabajar” (Idem). Dos informantes confirman todo esto:

“Creen que tenemos menos derechos solo por el hecho de ejercer el trabajo sexual. Con el derecho a la salud, a veces los doctores lo están atendiendo bien a uno y de pronto cuando una dice: soy trabajadora sexual, cambia la atención de ellos hacia uno, ya dice: que se lo haga la enfermera. Son unas grandes discriminaciones, porque aparte de mujeres, somos ciudadanas, eso es malo lo que hacen. Incluso hasta la policía, porque cuando les dan la orden de que hagan redadas de mujeres que andan en la calle, digamos así, si es posible nos agarran del pelo para subirnos a los camiones […] Además hemos sido violadas muchas veces, brutalmente violadas”. Informante 29. San Salvador, junio 27 de 2008.

“Las mujeres trabajadoras sexuales tenemos más limitaciones que el resto de mujeres porque nadie te quiere respetar, la gente siempre la ve como nada, vale menos que otra mujer porque es trabajadora sexual. A una compañera le sacaron el niño de la escuela porque ella era TS. Y otra compañera que hoy trabaja acá, ella trabajaba la mitad del tiempo en un colegio haciendo limpieza, cuando se dieron cuenta que en las tardes hacía trabajo sexual también la echaron”. Informante 12. San Salvador, junio 27 de 2008.

En el caso de las mujeres con opción sexual diferente, el ejercicio de ciudadanía se ve limitado no solo en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, sino a otros derechos como los civiles violando los derechos al matrimonio, a la libre expresión, a la intimidad, a la libertad de conciencia, etc., esa clara discriminación, está negando el principio básico de ciudadanía de la igualdad, considerando que tienen menos derechos que las mujeres que acatan la norma heterosexista.

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obstáculos para ejercer sus derechos ] desde el momento en que no somos visibles en la sociedad, no tenemos una plataforma que asuma nuestras demandas, que tampoco el movimiento de mujeres lo esté asumiendo o lo reivindique. No tenemos ciertos derechos, a manifestarte el afecto en público, a asegurar a tu pareja en el seguro social, a dejarla en tu testamento, etc., todas estas cosas no se pueden hacer en este país, no te puedes casar en este país, no se conciben como familla dos personas con el mismo sexo, tenemos menos derechos que las mujeres heterosexuales”. Informante 4. San Salvador, junio 11 de 2008.