Desarrollo Alternativo segundo periodo

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planteo una presupuesto de aproximadamente 1 billón de pesos corrientes en 2003, para los primeros tres años de los programas. Para el caso de las Familias Guardabosques el total agregado de los tres años (2003-2006) es de 668.259.742.063 pesos, de los cuales 237.649.142.062 provenían de recursos de la nación, y 430.610.600.000 pesos derivados de aportes externos.

Para los PPP los recursos a utilizar en el mismo periodo de tres años ascendían a 265.878.000.000, desagregados de la siguiente manera. Provenientes de la nación se iban a utilizar 21.133.000.000 pesos y provenientes de fuentes externas 244.745.000.000 pesos.³⁰

6.2 Desarrollo alternativo, segundo periodo de Álvaro Uribe (2006-2010)

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En este periodo del gobierno de Uribe se aumenta de manera considerable el énfasis en la Seguridad como principio rector y garante del bienestar de la población Colombiana, el cual tratado de manera eficaz y directa permitiría desarrollar las estrategias de recuperación del entramado social en latifundios donde no se había ejercido una presencia real del Estado y eran ubicaciones de libre movilización para los grupos “terroristas.”

De esta manera se necesita una coordinación interinstitucional, que gira alrededor del Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social (Vargas, 2010.) finalmente estos procesos de coordinación se enmarcan en cinco objetivos estratégicos para la PCSD³¹:

1. La recuperación del control institucional del Estado y de la seguridad en el territorio.

2. La presencia integral de la institucionalidad estatal, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación efectiva de la sociedad civil.

3. La erradicación de cultivos ilícitos y el desarrollo de la economía licita (vale decir el DA).

4. La recuperación del medio ambiente.

5. La administración eficaz y la aplicación efectiva de la justicia. (Vargas, 2010. Pág. 81)

Se debe resaltar que a diferencia del PND 2002-2006 el apartado que hace referencia a como se tratara el problema de las drogas ilícitas contiene un nuevo componente denotado significativamente, y es el crimen organizado. Esto se debe a la intención de dar continuidad a los logros (gubernamentales) de la política de seguridad democrática, sin olvidar que estos se desarrollan desde supuestos si bien modificados en el primer periodo de Uribe del Plan Colombia.

31 Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. 2007.

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Para la perspectiva gubernamental, el éxito de cada uno de los componentes del Plan Colombia demuestra que la estrategia integral ha sido efectiva y deja la posibilidad de continuar con la política para consolidar los resultados y obtener logros permanentes en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, el crimen organizado, la pobreza (sic) y para afianzar la reactivación del tejido social en Colombia. Todo lo cual, según la tesis oficial, redunda en mayor gobernabilidad, fortalecimiento institucional y una democracia consolidada. (Citado en Vargas, 2010. Pág. 80.)

Para Vargas (2010), la cooperación entre el Estado Colombiano y el gobierno de Estados Unidos desarrollo una nueva preocupación, originada desde los centro de pensamiento estratégico que analizan temáticas de seguridad. Y es como se ha insistido a lo largo del presente análisis, la falta de control y ejercicio de procesos institucionales en áreas diversas en el territorio nacional, con una diferencia estratégica. Para los centro de pensamiento la falta de control estatal en estas zonas, califican al país como inseguro para fomentar inversiones de capital extranjero y adentrarse en lógicas de capitalismo y libre mercado; para el desarrollo teórico, histórico y actual de la falta de presencia del Estado, en este estudio, se enmarca el problema de inclusión de población que habita las periferias imposibilitando la inclusión en mercados, y dejando temas de justicia y aceptación social a grupos insurgentes que históricamente han desarrollado un control (por la fuerza o por la cooptación de habitantes en procesos económicos ilegales) aceptado y demarcado en territorios periféricos de los departamentos.

Si bien el gobierno de Washington no cataloga la ingobernabilidad en territorios Colombianos, al mismo nivel que Afganistán, Paquistán, Irak, es necesario que los territorios cocaleros y de frontera se busque garantizar el control. La definición que se va a tener para el contexto de Colombia, en términos de gobernabilidad hace referencia a:

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“la debilidad de las capacidades del gobierno (y de la sociedad), por lo cual estas son rebasadas con facilidad por la demanda social, la cual desborda con facilidad en presiones y anomias, debido a que existen sectores sociales que mantienen la expectativa o ilusión de que los gobiernos democráticos tendrán una capacidad de respuesta a sus problemas superior a la de los gobiernos autoritarios” (Aguilar, 2006)

El PND de la segunda administración de Uribe destaca la labor de su gobierno en el periodo anterior, donde se plantea que se asperjaron un total de 710.532 hectáreas y se erradicaron manualmente otras 92.851, aun así la producción de cocaína no se redujo de manera considerable debido a “la tecnificación y perfeccionamiento de los procesos de fabricación de cocaína.” (DNP, 2007). Esto plantea una dinámica discursiva de interés, ya que se asimila que las políticas de tratamiento en la lucha contra las drogas si se han desarrollado de manera propicia, pero la problemática acaece en las estructuras criminales conocidas y las que vienen surgiendo después de los procesos de desmovilización de las autodefensas. Por lo anterior es de vital interés continuar con cada uno de los marcos institucionales y en materia de desarrollo institucional de las políticas de erradicación forzosa y/o voluntaria, el ataque frontal a los grupos armados y lucha militar contra el terrorismo, sumándole una política de responsabilidad compartida.

Este apartado de política de responsabilidad compartida se desarrolla bajo el marco contextual de llegar a la Presidencia de la Comisión interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), de la organización de Estados Americanos (OEA). Los dos frentes de trabajo para esta política serán:

(1) Educación a ciudadanos de países consumidores sobre las consecuencias sociales y ambientales derivadas del tráfico ilícito de drogas; y, (2) invitación a los países consumidores para apoyar las diferentes acciones dirigidas a combatir el problema de las drogas ilícitas, p.e. la promoción de legislaciones

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cooperativas para contrarrestar el crimen organizado y el lavado de activos. (DNP, 2007. Pág. 59)

Por último el marco de la lucha contra las drogas, se soporta (reiteradamente) en los programas de erradicación forzosa, añadiéndole la creación y cooperación con los Grupos Móviles de Erradicación Manual, que trabajaran de la mano con los cronogramas establecidos para las aspersiones aéreas. En el aspecto de los PDA, se mantendrán los Programas de Familias Guardabosques y Desarrollo Alternativo, para seguir abriendo espacios que posibiliten alternativas licitas a pequeños cultivadores.

Los nuevos objetivos trazados para la continuidad de los PDA son:

Se fomentarán alternativas productivas en 88.000 nuevas hectáreas de cultivos lícitos al interior de la frontera agrícola y se apoyarán proyectos productivos sostenibles para las 50 mil familias guardabosques actuales. Lo anterior se hará a través de la cofinanciación de proyectos productivos económica y técnicamente viables. A través de la gestión ambiental, se mantendrán libres de cultivos ilícitos al menos 2.000.000 de hectáreas, se recuperarán al menos 100.000 hectáreas de bosque primario y secundario, y se atenderán cerca de 80.000 familias adicionales a través del Programa de Familias Guardabosques.

(PDA, 2007. Pág., 103.)

6.3 Análisis de resultados del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)

La historia de la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia si bien ha tenido diferentes facetas, se ha desarrollado bajo una lógica particular, esta se inscribe en una constante intención de presentar políticas con enfoques netamente diferenciados, por un lado la utilización de la capacidad militar para acabar con el narcotráfico y por el otro realizar políticas que intentan atacar el problema en su raíz, en otras palabras el problema social, económico, político y de legitimidad que se tiene en regiones periféricas de los departamentos en todo el territorio nacional.

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El gobierno de Álvaro Uribe no ha sido ajeno a este tipo particular de luchas que se muestra ya no tanto como una política de gobierno, sino una política de Estado, que indiferente del partido que llegue al poder, las relaciones internacionales que entran en juego, el permanente problema en las últimas décadas, de lidiar con grupos armados al margen de la ley que buscan construir un capital social y económico considerable para hacerle contraposición al gobierno central.

Por esto se ha decidido en el presente apartado de análisis consiste en contrastar resultados obtenidos en el periodo 2002-2010 de las políticas de erradicación forzosa, con las de erradicación voluntaria. Ya que de esta manera se puede mirar de manera más completa, si el gobierno en este periodo ha logrado disminuir los incentivos de la población rural en latifundios cultivadores de cultivos, para inmiscuirse con la economía ilegal, o el enfoque que ha optado por la utilización de un componente militar predominante ha permitido que se sigan generando incentivos negativos para continuar con el cultivo y producción de estupefacientes.

Uno de los puntos de interés que se planteo Uribe en su primer periodo de presidencia, fue el de modernizar las FP y capacitarla en DD.HH. de esta manera el número de efectivos aumento en 130.485 (51,5%) y se avanzó en la profesionalización del pie de fuerza; y así, el número de soldados profesionales aumentó en un 126% (40.830) (DNP & DJS, 2007.)

El documento de “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social” se refiere a la efectividad del acompañamiento y entrenamiento en DD.HH, teniendo datos suministrados por la Defensoría del Pueblo en 2005, para el cual las violaciones de DDHH se redujeron en un 19% a comparación del año 2002.

Para el año 2006, Colombia se mantuvo como el país con mayor superficie de cultivo de coca en el mundo. Si bien el cultivo descendió un 9%, de 86.000 ha. En 2003 a solo 78.000 ha en 2006, contrastado con los primeros años de la presente década no ha tenido la misma intensidad, por lo cual se demarca la tendencia desde el año 2003 en la cual la producción anual de cocaína se ha mantenido

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alrededor de las 80.000 ha. (UNODC, 2007.) Se resalta el interés del gobierno con los compromisos adquiridos para la erradicación o disminución considerable de cultivo de cocaína, el descenso vertiginoso que promedio un 9.1% en su tasa de disminución anual dentro 2000-2009. (Simci, UNODC, 2006.)

La evolución que se presenta en el periodo 2002-2006, se dio por la aspersión de 710.532 ha y la erradicación manual de 92.851 ha. Contrasta este resultado con la producción mundial de cocaína donde Colombia se mantuvo como el mayor productor generando 79% de un total de 7.4 toneladas métricas por cada 1.000 ha. Este resultado contradictorio lo asume el gobierno de Uribe, debido a la tecnificación y perfeccionamiento de los procesos de fabricación de cocaína.

(PND, 2007.)

Las acciones de interdicción, entre el primer periodo de Uribe, incautaron 656.4 toneladas de cocaína, 14.7 kilogramos de sustancias químicas solidas y 10.5 millones de galones de sustancias liquidas. Se destruyeron 8.907 laboratorios y fueron confiscados 77 aeronaves, 1.192 embarcaciones y 6.868 automotores.³² En el aspecto de lavado de activos y extinción de dominio, se dicto sentencia favorable al Estado en 428 casos de extinción de dominio, además de esto se realizaron investigaciones desarrolladas por el DAS, que condujeron a la extinción de dominio sobre propiedades relacionadas al narcotráfico en 63 ocasiones. (DNP

& DJS, 2007)

La cooperación de Estados Unidos al gobierno colombiano, por medio del Plan Colombia, mantuvo la misma intensidad que las políticas y desarrolladas en el gobierno de Uribe en torno a la necesidad del fortalecimiento militar. En promedio entre el año 2000 y 2008. Según datos disponibles del DNP, la asistencia norteamericana para el componente militar fue de 472 millones de dólares, mientras el aporte del gobierno colombiano fue de 812 millones. (Mejia, 2010.)

32 Ver anexo 11.

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La fumigación aérea en el gobierno de Uribe fue una de las estrategias mas destacas y utilizadas, este marco permito que en el 2003 se aumentara la cantidad de glifosato utilizado, pasando de una concentración de 2.5 litros por hectárea a 10.4 litros por hectárea, y de esta manera aumentar la eficacia de las fumigaciones. (UNODC. 2004.) Este elemento permite observar junto a desarrollos en las políticas de aumento de la fuerza pública, capacidad armada, inteligencia, modernización de equipamientos muestran una gran prelación entre las dos líneas de políticas desarrolladas para la lucha contra cultivos ilícitos, que tienen un énfasis en la lucha militar contra organizaciones que fomentan el narcotráfico.

A estos procesos de fumigación se le añadió un componente de grupos móviles de erradicación, los cuales contribuyen de gran manera a elevar el porcentaje de efectividad a la hora de destruir cultivos establecidos³³, esto no necesariamente a desarrollado un resultado de reducción permanente en los cultivos, si no que ha generado dinámicas de desplazamiento y camuflaje lo que ha permitido mantener el nivel promedio de área cultivada en 80.000 ha. Este resultado de desplazamiento, más conocido como “efecto globo”³⁴, no ha sido medido de manera precisa localmente y los argumentos de su existencia se han basado en las observaciones agregadas de la evolución de cultivos de coca en Bolivia, Colombia y Perú. (Mejía, 2010.) De manera ejemplar para el caso colombiano se tiene la siguiente referencia:

Putumayo solo tenía 7.000 hectáreas de coca en 1996, este número creció a 46.200 en 2000. Ahora que Putumayo es objetivo de la política de fumigaciones, algunos reportes señalan que la coca se está desplazando al vecino departamento de Nariño. (WOLA, 2002.)

33 Anexo, figura 2 Daniel mejía pág. 72. Cultivos de coca y campañas de aspersión aérea y erradicación manual 02-08

34 Se ha tomado como una explicación factible, basada en dinámicas de la marihuana en México y Colombia, el desplazamiento de cultivos en Bolivia, Perú y en Colombia, luego de procesos de fumigación o erradicación.

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Para finalizar y teniendo en cuenta los resultados publicados del censo a 2009, sobre el desarrollo de los cultivos ilícitos en el país, le reducción ha llegado a dejar una superficie cultivada de 68.000 hectáreas, continuando con la tendencia de reducción del periodo 2007-208, este nivel constituye el nivel más bajo de cultivos en el país desde que la UNODC ha desarrollado la medición del fenómeno.

(UNODC, 2010.)

Durante el año 2009, se erradicaron manualmente 60.554 hectáreas de coca y se asperjaron 104.771 hectáreas. Este nivel de erradicación es menor en 35.571 hectáreas al record de 96.115 hectáreas alcanzado en 2008. La aspersión aérea de los cultivos de coca también se redujo, pasando de 133.496 has. En 2008 a 104.771 en 2009. (UNODC, 2001. Pág. 10)

Las reducciones más importantes de cultivos de coca entre 2008-2009 se dieron en Putumayo, Nariño y Antioquia, y los tres departamentos con mayor cantidad de cultivos de coca para el año de publicación del informe (2010), fueron el Guaviare, Córdoba y Cauca, del área cultivada en 2004-2009.³⁵

El Programa de Familias Guardabosque (PFGB), se viene adelantando con la intención de insertar a una parte de la población, de manera voluntaria, en procesos que busquen construir la cultura de lo lícito. El PFGB se basa en la firma de compromisos por familias que desarrollan una erradicación de cultivos existentes de manera voluntaria, de no ejecutar labores relacionadas o que incentiven los cultivos ilícitos, donde el gobierno mantiene un acompañamiento, transfiriendo bimestralmente incentivos económicos y asesorías para integrar las actividades productivas en economías de escala nacional.

Para el año 2005, los logros que se habían generado en esta línea de proyectos fueron, el ofrece opciones de desarrollo lícito a 50.699 familias, permitiendo mantener libre de cultivos de coca y amapola 1.249.980 hectáreas en

35 Ver anexo 12.

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35 municipios. Así mismo, el Programa ha apoyado la creación de 86 organizaciones de economía solidaria, ha fortalecido otras 44 y ha ofrecido opciones de capacitación técnica y básica a más de 14.525 personas. Se estima que los beneficiarios han adquirido más de 32.000 hectáreas y que las familias han ahorrado más de $20.000 millones para invertirlos en más de 41 proyectos agroindustriales, agroforestales y de servicios ambientales (miel y ecoturismo).

Este esfuerzo ha contado con el apoyo y seguimiento permanente de la ONU, la cual ha destacado la importancia y utilidad de esta iniciativa en el marco de la lucha contra los cultivos ilícitos. (DNP, 2007. Pág. 102.)

EL PFGB para 2006 había eliminado de manera manual y voluntaria 9.036 ha., además se recuperaron 53.477 ha, la eliminación de hoja de coca en este año fue equivalente al 11% de la erradicación de Colombia, se expresa en el documento de evaluación de la UNODC, la efectividad o no de este proyecto se da en materia de hectáreas eliminadas o no, que debe permear objetivos claves tales como la recuperación de ecosistemas y la generación de aspectos culturales insertados en las familias, y de esta manera buscar tratar el problema en materia de incentivos para ingresar a economías licitas.

La cultura de la legalidad es un aspecto que se ha resaltado de manera reiterativa en los PFGB, debido a la aceptación que se hacía de monocultivos ilícitos como mecanismo de apropiación de recursos.

Para realizar el tránsito de la cultura de la ilegalidad a una basada en lo legal, además de las sanciones estatales es necesaria la reprobación social, pues esta es mucho más eficiente como reguladora de las acciones de la ley o la moral, porque el individuo corre el riesgo de ser excluido de la comunidad. (Acción Social, 2007. Pág. 25)

En este sentido Acción Social hizo una caracterización de la manera de involucrarse con los cultivos ilícitos, donde el 69.2% eran propietarios y trabajaron en la tierra. El porcentaje restante, fue propietario mas no trabajo en ellos, por lo

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cual adquirió mano de obra no calificada para el funcionamiento adecuado de estos.

Se resalta que de las familias que fueron propietarias, el 36.3% mostraban un nivel de arrepentimiento bajo, mientras una mayoría que representa el 34% no se arrepiente. Lo que indica para el gobierno y el seguimiento de las políticas que se ha podido implementar cierto tipo de enemistad con dinámicas ilícitas para inserción en desarrollos económicos necesarios para la subsistencia de la población.

En este mismo estudio desarrollado por Acción Social (2007), se dio un precedente importante en cuanto a las razones para erradicar los cultivos, en las familias voluntarias que ingresaron al programa. Lo que arrojo los siguientes resultados.

Tener acceso al incentivo condicionado que brinda el Programa (36.3%) y el compromiso adquirido con el mismo (31.7%). Estas respuestas evidencian la importancia de la presencia del Estado para la consolidación de la cultura de la legalidad. (…) Otras de las razones mencionadas fueron evitar fumigaciones (10.3%), la improductividad del cultivo ilícito (7.2%) y el cambiar su forma de vida (6.8%). (Acción Social, 2007. Pág. 26.)

Programa de Proyectos Productivos, es la segunda línea de trabajo que implemento la administración de Uribe, donde el interés principal es apoyar iniciativas de sustento que sean comercialmente viables y que mejoren la producción, productividad, empleo y oportunidades de ingreso a áreas generalmente dependientes de mercados ilícitos.

Mediante este Programa se han beneficiado 26.321 familias en 92 municipios, estableciendo 63.632 hectáreas de cultivos de cafés especiales, caucho, cacao, palma y forestales, en proyectos asociativos. Igualmente, se ha dotado a 37 municipios con bibliotecas itinerantes, se han beneficiado 1.590

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personas con programas técnicos del Sena y 1.590 personas con programas de educación básica. Para la ejecución de este Programa se ha realizado una inversión total de $114.877 millones en el periodo 2002-2006. (DNP, 2007. Pág.

104)

La viabilidad de estas cadenas asociativas que se pretenden vincular con mercados nacionales e internacionales en 2008, sus ventas ascendieron a 31.000 millones de pesos, aproximadamente el 0.1% del Producto Interno Bruto agropecuario. 25 de los 126 proyectos avanzaron a la etapa de producción y comercialización, estos generaron ventas anuales en el 2007, estimadas en 18.000 millones de pesos.

No se debe dejar a un lado que una evaluación hecha para las utilidades en 2006, donde se constituyeron 82 organizaciones, el 82.5% obtuvo utilidades netas, pero solo un 19.6% llego a superar los $10 millones. Esto contrasta con el informe, debido a que se plantea que las organizaciones constituidas para adentrarse en la economía nacional, se enmarcan en riesgo significativo, de obtener dividendos de las políticas de PPP. (Zorro, 2010. Pág.107)

En esta misma lógica, y como se planteo la evolución de los proyectos, el PFGB buscaba vincular a sus beneficiaros una vez cumplidos los acuerdos planeados, con las PPP, así asegurando una continuidad de las políticas que ayuden a consolidar el interés del apoyo del Estado para la inclusión en los mercados y seguridad en la erradicación y prevención de cultivo de coca y amapola.

El porcentaje de familias en PFGB, que se vincularon a los PPP, es de apenas 26.8%, en esta preocupante dinámica, Acción Social (2007) identifica tres razones fundamentales: la falta de recursos económicos (24%), el no haber recibido ofertas para participar de algún proyecto productivo (14%), desconocimiento de los proyectos (13%) y la no tenencia de tierras y el difícil acceso a créditos (10%).

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CONCLUSION

A lo largo del texto se ha planteado la problemática del Desarrollo Alternativo, como una línea de trabajo para programas que buscan presentar soluciones a los cultivos ilícitos desde un enfoque social. Estos programas se diseñan para regiones en Colombia que necesitan soluciones transversales. Estas regiones tienen especificidades como la baja infraestructura, bajo acompañamiento de las autoridades gubernamentales para presentar sus demandas, bajos niveles de seguridad y de confianza (resultado de la presencia de actores armados como

“instituciones” que por medio de la coerción mantienen un monopolio del uso de la violencia). Todo lo anterior indica que los incentivos negativos generan una alternativa viable para solventar necesidades económicas básicas, la cual se reproduce en el cultivo de hoja de coca y amapola.

De esta manera, y para concluir el presente estudio, se responderá a cada uno de los objetivos planteados, y aun más importante, a la pregunta de investigación que fue base fundamental para este análisis.

A lo largo del presente estudio se pudo observar cómo la política anti drogas en Colombia, en el periodo 2002-2010, tuvo un fuerte énfasis en el tratamiento de los cultivos de manera militar. Se tomaron como fuente directa de financiamiento de los grupos al margen de la ley, más no como una problemática de abandono a territorios rurales que no tienen desarrollo de infraestructura, salud, educación y seguridad. Este desarrollo es necesario para adentrarse en la realidad nacional, y de esta manera desincentivar la relación de población rural con necesidades básicas que involucran una calidad de vida deteriorada, con la necesidad imperante de cultivar hoja de coca.

El Desarrollo Alternativo en este periodo tuvo un énfasis en:

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a. Reducir los cultivos ilícitos y la producción de sustancias derivadas: Si bien se redujo el área cultivada un 9% de 86.000 a 78.000(02-04) y en 2010 a 68.000 ha, este dato contrastado con la manera en la que se estaba reduciendo anteriormente es mínimo, y la producción de cocaína en el país sigue siendo relativamente estable. Para 2007 seguíamos siendo el productor del 79% de la cocaína mundial.

b. PFGB: 50.000 familias con opciones de desarrollo lícito, erradicación voluntaria y manual de cultivos ilícitos llegó a las 9.000ha lo que fue equivalente al 11% de la erradicación anual.

-Reducir incentivos: se fomentó la cultura de la legalidad en las familias, donde se ha aceptado de manera social las problemáticas adscritas al trabajo con cultivos de coca y amapola. Aun así contrasta un 36% contra un 34% de familias que se arrepienten y las que no se arrepienten, por lo cual es un tema que se debe seguir considerando clave para erradicar cultivos ilícitos.

c. PPP ha beneficiado a 26.000 familias. Su interés principal es apoyar iniciativas de sustento que sean comercialmente viables y mejoren las oportunidades de la comunidad para mejorar su calidad de vida. Se constituyeron 82 organizaciones, en la cual el 82.5% obtuvieron utilidades netas, por lo cual cumplieron con su cometido.

La prelación en la estrategia de erradicación forzosa e interdicción, ha hecho debilitar la inversión del DA en departamentos como Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, la llanura del Pacifico nariñense y zonas del bajo Cauca y el Magdalena Medio (Vargas, 2010). Ligado a esto se debe mirar cómo el PFGB no cumple todos los objetivos planteados, especialmente en materia de recuperación de los ecosistemas, debido a falencias en la identificación de algunos terrenos como dados para la realización de cultivos específicos apoyados por el programa.

Además los PPP, como se resaltó en el capítulo anterior, en muchos casos no han sido viables como etapa de transición debido a la falta de capital que pueda ser destinado al desarrollo de asociaciones.