Desarrollo, bienestar y ascenso social –sus especificidades

Son múltiples y diversas las conceptualizaciones que del término desarrollo podemos realizar, pero en principio, es pertinente señalar, que es una concepción no natural y evolucionista, que implica transformaciones profundas y deliberadas de la estructura. No es nuestra intención relevar las alternativas interpretaciones pero, podemos señalar que hay quienes concibieron al proceso como crecimiento; quienes lo percibieron como un estado o etapa, y quienes lo enfocaron como un proceso de cambio de estructura global. Con este último sentido, nutrido en el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, se identificó la corriente de pensamiento denominada estructuralista, que puso el acento en políticas instrumentadas a partir de reformas estructurales, que se instrumentaron en nuestra región, en las que el Estado debía funcionar como orientador, promotor y planificador. Pero claro, lamentablemente su implementación en países como el nuestro, sólo beneficiaron a grupos minoritarios. Las medidas instrumentadas no respondieron a una verdadera planificación, -con control y articulación de los mercados internos y externos-, y por cierto, compartimos la aseveración vertida en un párrafo del Postscriptum (1976) de la obra de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto, en que ya advirtieron:

“En las condiciones de América Latina, este proceso, si es cierto que produce crecimiento económico, urbanización y enriquecimiento, redefine sin eliminar –más aún, en ciertos casos agrava- los problemas existenciales, sociales y económicos de la mayoría de la población. Esta –la población- se visualiza como recurso para la acumulación de capitales más que como potencial efectivo para la creación de un modelo de sociedad basada en sus intereses.” (Cardoso, 1997:194).

Nosotros concebimos al desarrollo, siguiendo a Iris Martha Roldán, como la “(...) dinámica de construcción de contextos que garanticen el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos como dimensiones indivisibles de los derechos humanos ”. (Roldán, 1999:149).

La industrialización en la región apareció vinculada al concepto de desarrollo económico, y la asociación entre ambos ha hecho que muchas veces se yuxtapusiese desarrollo industrial como sinónimo de desarrollo económico y social. Definitivamente, hoy es claro que la industrialización, y posterior desindustrialización, no logró un rápido y generalizado cambio en la estructura (con una perspectiva de mayor integración), ni tampoco una redistribución más equitativa. Nosotros la hemos problematizando, pensándola, y poniendo en duda su capacidad para modernizar la economía en Chubut.

Aunque en las décadas de ’70 y ’80 asistimos a una cierta ampliación de los sectores medios y obreros, fueron muy pocos quienes resultaron realmente beneficiados. Se forzó una concentración urbana sin mayor planificación, y el estado debió ampliar sus funciones, operando desde lo financiero; trasladando recursos para favorecer el desarrollo de la actividad industrial privada; redistribuyendo ingresos con políticas sociales; e invirtiendo para ampliar y adecuar la infraestructura. Se incorporó entonces mano de obra, calificándola, pero, posteriormente se la ha expulsado, provocando altos niveles de desocupación, incluso entre obreros calificados. Se produjo un sistemático descenso en el valor agregado local, con la consecuente destrucción de las cadenas de producción.

Sintomáticamente, en el período 1958 – 1970 resultó decisivo el aporte estatal, ya sea como aporte de capital o bajo la forma de créditos a largo plazo. Horacio Ibarra (Ibarra, 2005) encuentra que “El Estado Nacional comenzó a aplicar desde 1955 para la Patagonia,

una estrategia de seguridad nacional nueva, orientada a reemplazar la ocupación militar del territorio mediante guarniciones militares, por la ocupación civil y productiva. Para ello, durante treinta años (1955-85) aplicó regímenes de promoción industrial y asignó recursos de gran cuantía a la ejecución de obras de infraestructura (rutas, puertos, aeropuertos, energía) y a emprendimientos productivos.” Este tipo de iniciativas respondieron al supuesto que persiguió la transformación regional, que supuso que el incremento poblacional y la ocupación territorial del espacio patagónico, eran determinantes, siendo entonces la cuestión geopolítica una de sus razones fundantes.

Entre 1956 y 1972 se sucedieron veintidós leyes o decretos de promoción para la región, a un promedio de uno cada ocho meses. Dicho ordenamiento, si así puede referirse, acumuló incertidumbre y complejidades, que con los cambios de gobierno y las distintas políticas económicas se hicieron cada vez más engorrosos. Las franquicias se fueron prorrogando con ciertas modificaciones, reemplazándolas por la exención de impuestos. A fines de la década de 1960, al aprobarse la ley 18.447 durante la dictadura de Onganía, que otorgó un régimen de Promoción Patagónica para la Industria –eximiendo- del impuesto a las ventas, a los insumos, y productos elaborados al sur del paralelo 42-, la justificación ideológica también hizo hincapié en la necesidad de poblar y ocupar la Patagonia.

La estimación oficial de la inversión privada fue de 14.000 millones de pesos, que implicarían la creación de fuentes de trabajo para 3.600 familias. El Estado, paralelamente había puesto en marcha un plan de inversiones que significó:

- 16.000 millones de pesos en la construcción de caminos pavimentados. - 800 millones de pesos en redes de telecomunicaciones.

- 23.000 millones de pesos en energía eléctrica. - 5.000 millones de pesos en viviendas.

A lo que deben sumarse tarifas preferenciales para el suministro de servicios, y ventajas crediticias. 34

El polo de desarrollo fue pensado como un punto en el espacio económico en el que se concentrarían inversiones que harían a la modernización (capital, tecnología, nuevas relaciones sociales); y que generarían círculos concéntricos, que terminarían impactando sobre toda la región. Sin embargo, no fueron previstos todos los efectos. La industria textil sintética no utilizó insumos locales, por lo que no dinamizó tanto como se esperaba, y su principal efecto fue la proletarización de mano de obra esencialmente inmigrante. No existen aún estudios regionales exhaustivos sobre la migración en nuestra región, pero entendemos que dicha problemática debe ser abordada como consecuencia del desarrollo capitalista, que se tradujo para el período que abordamos, en una demanda creciente de mano de obra generada por la industrialización. Compartimos con Lelio Mármora la crítica a los enfoques modernizadores para analizar los procesos migratorios por sus vicios positivistas, y es esta perspectiva mayoritariamente con la que se han construido los estudios de estas características en el marco provincial. (Irusta, 1991).

Tomando como ejemplo a Trelew, podemos señalar que su población fue directamente influida por la llegada de migrantes del interior de la provincia, y de otras regiones, -que incluyen el colectivo a que nos referimos en esta investigación- en las décadas '70 - '80; generándose un doble proceso migratorio: los técnicos y profesionales que se asentaron en la localidad y obtuvieron visibilidad, dinamizando la vida cultural y social; mientras que los obreros fueron asentados marginalmente en las proximidades del Parque Industrial, de espaldas al centro urbano y la zona residencial.

En cierto sentido, éste proceso ha sido continuo desde fines del siglo pasado, funcionando como polos de atracción, de modo alternado Comodoro Rivadavia con la explotación del petróleo, el Parque Industrial de Trelew, la industrialización del aluminio en Puerto Madryn, y la industria pesquera en Rawson.

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Es dable destacar, siguiendo a Horacio Ibarra que el “(...) alto salario fabril representaba el efecto de derrame de la prebenda estatal, porque el beneficio surgía de la exención impositiva (IVA compra + IVA venta = 18 a 20% de la facturación), más reintegros por promoción de exportaciones, más reembolsos por exportación por puertos patagónicos, en el caso de ventas externas.” (Ibarra, 1997). Compartimos obviamente su análisis de un derrame estatal, pero siempre considerando que realmente benefició a un mínimo sector de las sociedades a que nos referimos.

A la fecha disponemos de los siguientes datos poblacionales para la ciudad de Trelew que muestran el impacto de los migrantes a partir del desarrollo industrial de la ciudad:

Datos Poblacionales Año Habitantes 1960 11.852 1970 24.214 1974 38.664 1975 42.542 1977 52.000 1980 53.999 1991 79.340

A comienzos de los ’80, las dificultades económicas que atravesaban muchas de las empresas radicadas, hizo que volvieran a exigir al Estado medidas tendientes a la compensación para la caída de los niveles de producción, lo que se tradujo en capacidad ociosa, y consecuentemente, en disminución de turnos de trabajo, y reducción de personal.35

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El flujo de radicaciones más importante fue entre 1970 y 1974, cuando se instalaron treinta y cinco empresas más, aunque su impacto debe ser relativizado ya que cerraron veinte. En 1975 se instalaron otras quince, pero para el final de ese año, del total de noventa y cuatro empresas radicadas al amparo de la promoción, sólo quedaron las más grandes: cuarenta y tres. El promedio de obreros empleados fue de ochenta trabajadores por planta, aunque la mayor albergó hasta mil. Es de destacar la mayor productividad que obtuvieron estas industrias en nuestro territorio, lo que puede comprenderse por la gravitación que ejercieron las plantas grandes en esta estructura productiva, como así también, y debe tenerse en cuenta, por su equipamiento relativamente moderno. Para la década del '80, la incorporación de innovaciones tecnológicas modificó la ocupación de mano de obra intensiva, reemplazándola por capital. Esa táctica fue facilitada por la liberación de gravámenes a la importación de bienes de capital, que benefició a los proyectos industriales vinculados a los regímenes promocionales. No se propició una política encaminada a ganar mercados externos, y se produjo una estrechez del mercado interno, que iba en constante decrecimiento. Trelew participó en 1970 con 36,56 % de la producción provincial; y en 1975 participaba con un 69,64%, con lo que su ritmo de crecimiento fue mucho mayor que en el resto de las localidades provinciales.

Ahora bien, si ya en 1974 se reconocen los primeros efectos de la crisis que sufre la industria argentina, en Chubut, en ese período, las inversiones crecieron en un 139,9% con relación a 1973. La recesión se manifestó recién en 1975, al caer la inversión en un 73,8 con relación al año anterior. Contrastando, en 1977 la industria de Chubut, se expandió mucho más aceleradamente que la nacional, manteniendo sus niveles durante 1978.

Los productores de fibras textiles no sólo se vieron afectados por la importación de tejidos y confecciones, sino por la importación de fibras e hilados. En 1980 y 1981, la recesión que vivió nuestro país se reflejó en la provincia; y la tendencia a la concentración de la producción en grandes plantas, fue opuesta a la verificada en el mercado nacional para el mismo bloque, en igual periodo.

Los incentivos brindados por el Estado Nacional y Provincial, hicieron de Chubut, uno de los principales polos textiles de fibras, y en general el equipamiento industrial fue

moderno. En Trelew, donde se concentró el grueso de la actividad, se estimó que el personal de las plantas textiles representó cerca del 15% del empleo total.

Definitivamente, el régimen reseñado tuvo escasos efectos para un desarrollo integrado localmente: se trasladaron empresas, pero no se consolidó una integración productiva. Funcionó como un enclave industrial no integrado, sin efectos dinámicos a mediano plazo. Un elemento que destaca Schvarzer (Schvarzer, 1999) que nos parece sumamente importante, y que hemos podido corroborar a lo largo de nuestra investigación, es lo que el autor denomina la despromoción del área metropolitana. Desde fines de la década de 1950 se enfatizó la importancia de detener el crecimiento de la Capital Federal –actual Ciudad autónoma de Buenos Aires-, y a lo largo de la década del sesenta no se ofrecieron incentivos para la instalación en dicha área, lo que tuvo un carácter más enérgico a partir de 1970. No creemos que estas decisiones hayan sido resultado de una política tendiente a evitar la concentración de la riqueza, sino por el riesgo social que implicaba la presencia de obreros en un momento de alta movilización político – gremial. Por cierto, el acuerdo tácito entre autoridades nacionales, provinciales, municipales; organizaciones obreras y patronales nos fue explicitado por distintos informantes claves: quien fuera Secretario General de la Confederación General del Trabajo, y por el Asesor Legal de un buen número de empresas del Parque Industrial de Trelew, quienes señalaron que se privilegió la paz social. Realmente, para los años setenta y primeros ochenta, son muy pocos los conflictos que hemos registrado.

Entre 1970 y 1975, el personal ocupado por la industria textil creció en un 213%, registrándose la siguiente evolución de incorporación de mano de obra en Trelew:

Año Mano de Obra

1970 704 1971 1.195 1972 1.698 1973 2.002 1974 2.473 1975 3.319

Las políticas neoliberales aumentaron a niveles enormes la pobreza en todos nuestros países; en Chile entre 1978 y 1988 el 10% más adinerado de la sociedad aumentó su participación en el ingreso de 36,2% al 46,8%, mientras que el 50% más pobre bajo la suya de 20,4% a 16,8% lo que también explica parte del proceso al que nos abocamos. Trelew vivió en 1975 un quiebre, producto y efecto de las políticas instrumentadas, pero que como en todos los procesos históricos, sólo podemos entender como circunstancias indicadoras de procesos y mecanismos de cambio dialéctico, en el que se dan múltiples procesos de modificaciones, continuidades, avances y retrocesos. Fue apartir de 1986-87 cuando las políticas de promoción fueron cada vez más cuestionadas por el poder neoliberal y se interrumpió, lo que indujo al cese de la reinversión en las plantas existentes y a la reprogramación de su producción. La posterior desregulación de las tarifas de servicios, que afectaron sus estructuras de costos, y la apertura que de hecho subsidió a la importación de colas de producción y saldos de estación a precios de dumping, llevaron al cierre progresivo de las plantas; a la pérdida de más del 50% de los puestos de trabajo en la década de 1986-95; y a una reducción drástica de los requerimientos del sector industrial textil a las actividades satélites y áreas de servicios vinculadas, en tanto que el achicamiento de la capacidad adquisitiva global afectó a su vez al comercio.

Con el gobierno menemista, y la exacerbación del modelo globalizador, el Estado no debía entonces intervenir en la economía, con lo que los beneficios a las empresas se redujeron, o se traspasaron a otras regiones favorecidas por relaciones más vinculadas a intereses de grupos o personas del núcleo del presidente riojano, que por decisiones de política económica. La lenta agonía se aceleró cuando se permitió la libre importación de productos, llegando constantes remesas textiles procedentes especialmente del sudeste asiático. Estos productos tenían un precio de mercado mucho menor a los producidos aquí, esto en parte por los menores costos de producción y, fundamentalmente, por la sobre valoración del dólar con respecto a la moneda argentina, que hacía que nuestros productos fueran nominalmente más caros que los importados.

Este esquema económico también supuso un ajuste fiscal del gasto público provincial que redujo el gasto social. Fueron circunstancias de un explosivo crecimiento del desempleo y

la subocupación, flexibilizándose, -precarizándose-, las relaciones laborales, y empeorando las condiciones de vida en general.

Las organizaciones sindicales y comunitarias no articularon modificaciones alternativas, y las fábricas poco a poco fueron cerrando sus puertas: según un informe elaborado a fines de 1996, de las 46 plantas instaladas en su Parque Industrial desde 1970, habían cerrado 25, reduciéndose el personal ocupado de 5.400 a 1.764. Las que siguieron funcionando, atravesaron dificultades financieras o de mercado que comprometieron seriamente su viabilidad, en tanto que otras generaron procesos de reconversión (como cambiar de fibra pasándose al algodón); con reducción de personal, y pudieron competir y sobrevivir en un mercado (interno y externo) distorsionado por el dumping de la producción asiática.

La situación se agravó, y en los años siguientes varias empresas quebraron, cerraron, o levantaron sus instalaciones y maquinarias para relocalizarlas en plantas próximas al Gran Buenos Aires (Pilar), o en las provincias beneficiadas por el Acta de Reparación Histórica, donde cuentan con desgravaciones impositivas, créditos y otras ventajas. La capacidad de negociación laboral se redujo a cero, al igual que el poder de sus organizaciones gremiales, y la lucha terminó centrándose exclusivamente en reclamar y defender los puestos de trabajo, sin discutir salarios, condiciones, turnos, horarios, aportes; es decir, aplicando y aceptando la flexibilización.

Trelew conoció la desocupación masiva, la miseria y la pauperización de gran parte de la comunidad; y desde hace años en los barrios obreros se asiste a una gran caída del nivel de vida.

El proyecto oficial de conformar un Polo Lanero Textil, procesando la fibra natural propia de la región, ha sido hasta ahora exitoso en instalar los procesos de lavado y peinado –tops- (es el principal polo del país en esos rubros); pero genera muy pocos puestos de trabajo, y resulta sumamente dificultoso localizar y desarrollar las etapas posteriores, agregadoras de valor, y con mayor insumo de tecnología, diseño y mano de obra.

Si cotejamos las curvas de evolución del producto bruto, vemos que:

a) El PB configuró un ciclo, con una fase “A” de expansión 1980-85, y una fase “B” de contracción a partir de entonces. De la desagregación por sectores surge que el sector

secundario –motorizado por la industria- fue por su evolución dinámica el responsable exclusivo del ciclo.

b) La curva de carencia laboral tuvo una progresión lenta entre 1980-86 que representa el excedente de oferta laboral inmigratoria respecto de los puestos de trabajo generados, que tras estabilizarse en 1988, se disparó con la caída industrial.

A mayo de 2002, la tasa de desocupación alcanzó el 23%, y la de subocupación el 17%, con lo que la carencia laboral afectó al 40% de la Población Económicamente Activa (PEA). Es dable consignar que en Agosto de 2003 el INDEC anunció que la desocupación en Trelew y Rawson era del 16,6%.