NORMAS MORALES
4. LA DIGNIDAD HUMANA Y LA CORRUPCIÓN
La dignidad humana brinda al individuo una posibilidad real de defender por si mismo su propia esencia o razón de ser y existir, es decir de su dignidad. Parte del principio de la no degradación del individuo a condición de ser objeto de la acción estatal o de las relaciones sociales. La dignidad es, principalmente, un valor intrínseco, ya sea a nivel personal como a nivel social, cuyo equivalente nacional sería la soberanía. La dignidad va más allá del amor propio que se tienen las personas porque su valor está directamente relacionado con el autoaprecio que todos tenemos de nosotros mismos. El ser “digno” significa que merece algo en el sentido favorable, pero no desfavorable. Las personas merecen respeto en su trabajo, ¿por qué? Porque son personas humanas y están dotadas de inteligencia y voluntad libre. Sus derechos y deberes, al ser universales e inviolables, son absolutamente inalienables.
Los principios generales del derecho tienen que ver con la dignidad de la persona, aunque la misma dignidad reconocida en particular se haya elevado al grado de principio general del derecho y sobre la base de un sistema que debe ser considerado, interpretado y explicado en su conjunto y en sus categorías: ontológica, de respecto de solidaridad, de efectividad, de inviolabilidad de la
11 TOCQUEVILLE, Alexis. Democracia en América. Cit. por Victoria Camps, en Paradojas del
persona humana, de autonomía de la persona humana y de mayor felicidad. El derecho debe nutrirse en la dignidad de la persona. El derecho debe basarse en la dignidad porque sin dignidad no hay paz ni otros valores, que constituyen un sistema y merecen estimación en su conjunto. Cuando nos apartamos de las estructuras axiológicas, nos olvidamos de nuestra conciencia, nos descuidamos de nosotros mismos y nos inclinamos hacia lo práctico y técnico; nos capacitamos para competir, no para ser mejores y es eso lo que nos enseña e impone el mismo derecho.
En la dignidad está inserta la libertad porque esto es lo que nos permite ser dueños de nuestras propias acciones. Hablo de la libertad con responsabilidad, es decir, usada como facultad pasional para obrar bien. Toda regulación jurídica debe respetar la dignidad de todos, sin discriminación alguna. La democracia debe ser plena y la justicia debe ser social, en el sentido de una adecuada distribución de la riqueza y de las condiciones de vida, libertad y trabajo.
La dignidad consiste en esta frase moral universal: “Todos son personas con un valor propio y no instrumental”. La concepción de justicia de esta nueva moral tiene que se igualitaria porque toda la gente tiene ahora el mismo valor. Reconocer que los demás tienen un “valor intrínseco” y no un valor meramente instrumental significa admitir que su vida es para ellos lo que la mía es para mí. Reconocer a los otros significa que estamos obligados a respetarlos; su vida es para ellos lo que la mía es para mí.
Las consecuencias de este respeto son deberes negativos y positivos. Los negativos son no hacer daño, no incumplir las promesas y no mentir, y los
positivos prevenir el daño (el hacer el bien se deja a los individuos mismos). Según Tugendhat, tenemos no sólo deberes negativos, sino también positivos con respecto a todos los otros. Los deberes positivos no pueden ser practicados solitariamente, la moral personal y la justicia política van juntas. El Estado tiene el deber de garantizar que toda la gente pueda tener los mismos derechos a la libertad, a los recursos y a no ser explotada. Nuestro deber moral consiste en que el Estado esté estructurado para que la justicia se encuentre garantizada, que todos tengan derecho a “igual asistencia y respeto”.
Entre ser persona y ser ciudadano existe una complementariedad que se funda básicamente en la moral. Por eso es necesario entender a cabalidad el papel de la ciudadanía, tal como lo señala Alín Touraine: “No hay democracia sin conciencia de pertenencia a una colectiva política, una nación en la mayoría de los casos, pero también una comuna, una región. La democracia se asienta en la responsabilidad de sus ciudadanos. Si éstos no se sienten responsables de su gobierno, porque éste ejerce su poder en un conjunto territorial que les parece artificial o ajeno, no puede haber representatividad de los dirigentes, ni libre elección de éstos por los dirigidos”12.
Por ello afirmamos que la corrupción es un factor de retraso y reversión del proceso de democratización e integración económica en el mundo globalizado. Se puede afirmar que el fin de las economías basadas en la exclusiva planificación estatal sólo se retrasa por el auge de la corrupción. Nada hay más contrario a este fenómeno que la apertura del mercado y la
democracia. La corrupción desalienta la inversión, impide el desarrollo económico y socava la legitimidad política.
Es preciso señalar que en una visión panorámica de la corrupción se entiende a éste como un fenómeno delictivo que abarca varias figuras típicas: corrupción de funcionarios, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, tráfico de armas, trata de blancas. Conforme a esta comprensión del fenómeno de la corrupción, es evidente que su desarrollo creciente dificulta la integración económica y la liberación de las trabas estatales que el libre flujo de los bienes y servicios entre los países. La corrupción no tiene las mismas consecuencias en los países pobres y en los países industrializados. En los primeros, la corrupción puede disminuir el crecimiento económico, impedir el desarrollo económico y socavar la legitimidad política. En los segundos, los efectos económicos pueden ser menos severos; sin embargo, incluso en los países ricos los recursos derivados dejarán de estar disponibles para mejorar los estándares de vida. No obstante, tanto en los países pobres como en los industrializados, la corrupción afecta la libre competencia, puesto que, los agentes económicos no podrán actuar en iguales condiciones. Los agentes económicos vinculados a la corrupción (crimen organizado, crimen trasnacional, etc.) tendrán mayor poder o capacidad de pagar sobornos, en comparación de aquellos que no pueden hacerlo.
No cabe duda que la apertura de los mercados y el proceso de democratización que se ha acentuado con el fin de la guerra fría han permitido destapar los mecanismos de corrupción imperantes en países industrializados o en vías de desarrollo. A esta revelación de la corrupción ha contribuido
también la revolución de los medios de comunicación a nivel global. Las noticias circulan instantáneamente a nivel mundial (vía Internet) y la censura política de los regímenes dictatoriales y corruptos ya no tiene la misma eficacia de otrora.
En menos de media década, la reacción a nivel mundial contra la corrupción ha pasado arrasando, cual tormenta de fuego, el panorama polític o global. Gobiernos han caído, partidos por largo tiempos gobernantes han sido expulsados del poder: presidentes, primeros ministros, legisladores y líderes corporativos alguna vez poderosos han sido acosados por fiscales y sus nombres se han consignado en expedientes judiciales. Países como: Italia, Japón, Corea del Sur, India, México, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Chile, etc. Ninguna región, y casi ningún país, han permanecido inmune13. En el caso de
nuestro país tenemos diversos casos, como de los ex presidentes: Alberto Fujimori Fujimori, recientemente de Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y el actual gobierno de Ollanta Humala Tasso.
La erupción de la corrupción ha hecho que, desde 1992, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se ocupen de la corrupción y busquen hallar una solución global. Así, por ejemplo, la ONU, la OEA, la Cámara Internacional de Comercio, Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, la INTERPOL y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pese a todo, la corrupción pública prosigue en crecimiento.
13 GLYNN,, Patrick/ KOBRIN, Stephen/NAÍM, Moisés: La globalización de la corrupción. Limusa
5. LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓN
Aun en el más rescatable régimen democrático, el virus de la corrupción se
gesta y expande a través de una compleja red en la que el intercambio corrupto es multidireccional y sistémico. Es obvio reconocer que la decrepitud del Estado, contribuye definitivamente para la manutención de varios tipos de corrupción. En el caso peruano, el tipo de Estado ha sido conservado durante largo tiempo por la elite política dominante como medio para impulsar sus planes de enriquecimiento ilícito. El Estado como punto de unión de lo público y lo privado, ha sido utilizado por los gobiernos locales y gobierno central para promover en grandes dimensiones actos de corrupción sin ningún escrúpulo, límite y control. El control político, ya lo dijimos, se ha convertido en el epicentro de la corrupción e impunidad en el país. Escribe Alberto BATISTA: “El ladrón presidencial latinoamericano desciende directamente de los virreyes o gobernadores coloniales, que asumían simultáneamente asuntos civiles, militares y legales; sin embargo, disponen de más ventajas que éstos para delinquir”.
Los últimos 20 años han sido bastante aleccionadores, llegando esta realidad a su extremo máximo y convirtiendo al país no sólo en usufructo de unos pocos, sino además en botín de aquellos que alcanzaron el poder. Esta visión de país-botín es la base del saqueo que se produjo durante la dictadura fujimorista y le dio sustento a la corrupción generalizada, que llevó a la autocracia al colapso. En el Perú existen alrededor de 35,000 personas siendo procesadas, o cumpliendo sentencia. De ese número, sólo alrededor de 70, es