Alina Báez***
La posibilidad de compartir desde diferentes perspectivas nuestras experiencias en proyectos de intervenciones sociales con enfoque te- rritorial y, desde ese lugar, contribuir a la ampliación del ámbito de la psicología al estudio de los procesos rurales, donde dimensiones tales como población, pobreza, vulnerabilidad social, garantía de derechos y territorio juegan un papel importante, es sin duda una interesante y novedosa ocasión para reflexionar sobre la cogestión y cooperación interdisciplinar así como sus tensiones y contradicciones.
En mi caso particular, los aportes proceden de un conjunto de proyectos de intervención socio-comunitaria y socio-productiva lleva- dos a cabo en municipios de baja densidad de la provincia de Misiones durante casi ocho años, en el marco mayor de actividades de investi- gación y extensión de la Universidad Nacional de Misiones, con finan- ciamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, el Programa de Voluntariado de la Secretaria de Universitarias y la propia UNaM (Báez et al. 2013). Estos proyectos tuvieron como objetivo prin- cipal acompañar una serie de iniciativas gestadas a escala municipal
*** Doctora en Administración. Investigadora Categoría II de la Secretaría de Investiga- ción y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacio- nal de Misiones. Argentina. Correo electrónico: [email protected]
sobre la base del asociativismo y la participación con el propósito de mejorar la calidad de vida de los conjuntos sociales locales. En parti- cular, nos fuimos involucrando en diversas actividades que abarcaron desde la articulación interinstitucional e intersectorial, participando en espacios multiactorales y en la gestión e instrumentación de tales iniciativas, capacitando técnicos locales y acompañando cercanamente tanto a los pobladores beneficiarios como a los procesos comunitarios y técnico-productivos, hasta la elaboración de diagnósticos, informes de avance y finales requeridos por los organismos patrocinantes (Plan Ma- nos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública- BIRF nº 7412-AR, entre otros). Este trabajo resulta propicio para reflexionar sobre la práctica realizada por un equipo técnico interinstitucional, integrado por docen- tes-investigadores y alumnos universitarios avanzados del campo de las ciencias sociales, y extensionistas de organismos del estado de larga tra- yectoria en asistencia a los trabajadores agrícolas de nuestra provincia (INTA, IFAI y reparticiones específicas del sector oficial). Dicho equipo trabajó conjuntamente con autoridades y técnicos de las administracio- nes municipales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de reparticiones y organismos externos (OPS, Ministerio de Desarrollo So- cial de la Nación y otras representaciones provinciales) y diferentes gru- pos beneficiarios. En primer lugar, entonces, nos interesa analizar ciertos problemas que suelen aparecer durante la implementación de estos pro- yectos en ámbitos rurales, prestando especial atención a los contextos socio-económicamente restrictivos, cuyas limitadas estructuras de opor- tunidades contribuyen al surgimiento de severas dificultades para gene- rar, mantener y/o acumular capitales en los conjuntos sociales locales, en general, y los implicados en las iniciativas municipales en particular. En segundo lugar, pretendemos hacer hincapié en algunas consideraciones centrales respecto de las interacciones técnico-profesionales en situa- ciones de copresencia y cogestión sostenidas en el espacio-tiempo, ya que deberían implicar percepción compartida, adhesión y compromiso. Sin embargo, los consensos operativos acordados no siempre se mantie- nen cuando se aplican y/o bajan a terreno; más bien en su constitución práctica, se desatan disputas por jerarquías y pertinencias disciplinares, rivalizando saberes y legitimidades. Finalmente, nos detendremos en el problema de la intervención social y la reflexión académica como com- ponentes ineludibles de un proceso dialéctico entre la teoría y la práctica, que entendemos tendría que considerarse a partir de la conformación de los equipos técnicos y sostenerse como parte de los acuerdos asumidos para llevar adelante propuestas de trabajo interdisciplinario.
Este trabajo se encuentra organizado en dos grandes partes. La primera dedicada a discutir brevemente significados y alcances de las
nociones ‘urbano’ y ‘rural’, ya que no sólo especifican lugares, poblacio- nes y sociedades sino que están atravesadas por las ideas de compleji- dad y desarrollo; pero además en tanto categorías prescriptivas, polares y simplificadoras, vienen siendo cuestionadas en sus lineamientos con- ceptuales y metodológicos desde diferentes perspectivas económicas, demográficas y sociales. La segunda, da cuenta de los aspectos de nues- tra experiencia tal como fueron recientemente referidos.
Tanto urbano como rural son términos cuyas definiciones se apo- yan en los criterios censales establecidos a mediados del siglo XX, en el marco de las teorías del desarrollo y la modernización imperantes en la época. En tal sentido, los asentamientos humanos se clasificaron por oposición y contraste según la cantidad de población concentrada; siendo urbanos los lugares que alcanzan o superan un número mínimo y los restantes, rurales. Estos criterios dicotómicos se incorporaron a las pautas metodológicas y operativas de los censos nacionales en los países latinoamericanos y todavía rigen sus sistemas de información oficiales, aunque la cifra de referencia es variable y en algunos casos se incluyen aspectos de orden funcional, demográfico y/o administrativo. Se trata entonces de una operacionalización simplificada que no con- templa variables de corte tales como densidad, distancia, accesibilidad a servicios, empleo u ocupación y uso de la tierra, por lo que se está per- diendo la posibilidad de pensar en gradientes, dinámicas e intercam- bios, comparar realidades regionales o entre países así como planificar acciones sectoriales y socioespaciales. Sin embargo, estas categorías normativas siguen siendo aplicadas en la mayoría de los estudios so- ciológicos, demográficos o económicos; pero también, son muchos los aportes que, a partir de los estudios sobre expansión y complejidades urbanas o transformaciones rurales plantean la necesidad de superar esta insuficiencia conceptual y metodológica (Ávila Sánchez 2005; Lat- tes, 2004; Lungo, 2004).
Otro aspecto a señalar es el fenómeno de urbanización y redis- tribución espacial de la población, que con variantes y especificidades históricas está afectando ampliamente tanto a las ciudades o aglome- raciones centrales como a los núcleos urbanos menores de América Latina, de nuestro país y de la provincia de Misiones. Dicho fenóme- no constituye un problema multidimensional y complejo cuyas causas expresan las tensiones urbano-rurales, el uso y ocupación del suelo así como las relaciones entre las actividades productivas, el Estado, la sociedad y el mercado inmobiliario. La urbanización como proceso de concentración diferencial de población puede resultar del crecimiento de los conglomerados o del acrecentamiento del tamaño de los mismos. Entre los factores que la impulsan pueden citarse: a) la densificación de las ciudades y el crecimiento demográfico de las zonas urbanas periféri-
cas, b) la reclasificación de las áreas rurales por su propio crecimiento, c) la migración neta hacia áreas urbanas o migración campo-ciudad; aunque en la actualidad está siendo complementada por la notoria in- cidencia de la migración interurbana; y d) los aportes de la migración regional (CEPAL 2000; Lattes 1995; Vapñarsky 1995). No obstante ello, la emigración desde las áreas rurales hacia las ciudades sigue siendo la causa principal de disminución de la población local.
La tendencia sostenida de la expansión urbana o avance sobre las zonas rurales de las últimas décadas, fue mudando la pobreza en un problema preponderantemente urbano; ello no sólo relativiza signi- ficativamente la pobreza rural sino que pone en cuestión las políticas sociales y de promoción de la vivienda. Pero, además, este inexorable y extendido proceso problematiza interacciones, prácticas y significa- ciones en torno del par ciudad-campo, obligando a redimensionar lo urbano y lo rural con base en criterios más uniformes y superadores de las categorías censales, contemplando además del tamaño de la po- blación, las características de empalme, zonas intermedias, acceso a equipamientos y servicios, intercambios y mutuas dependencias, entre otras. Este redimensionamiento contribuiría a refinar los estudios so- bre vulnerabilidad, conflictividad social, desigualdades, violencia, ha- cinamiento y desbordes, ya que la configuración urbana por expansión o por formación expresan división social y segregación territorial, por encima de los tamaños de las áreas concentradas.
Las definiciones censales que se aplican en la Argentina esta- blecen que todo núcleo o área que concentre 2000 o más habitantes es urbano. En la actualidad la proporción de residentes en áreas con- centradas ronda 93% del total de la población del país, el resto vive en lugares que no alcanzan dicho mínimo. Esta dualización taxativa, sin dudas, encierra una enorme heterogeneidad en la clase de los residentes urbanos y simplifica la de los rurales, imposibilitando ver las grada- ciones inter e intra clases. Lo que en cifras se muestra es una imagen indefinida y desdibujada de la realidad, que no es útil para descripcio- nes socio-demográficas ni para la formulación de políticas sociales y económicas.
Nuestro país inició tempranamente el proceso urbanizador. En- tre 1880 y 1930, en el contexto del modelo agroexportador, hubo un notable aumento de la población en general y redistribución territorial que imprimió alto ritmo de crecimiento demográfico de las áreas su- burbanas donde la inmigración de ultramar tuvo un papel primordial (Rechini de Lattes, 1974). Luego, el proceso se aceleró de la mano de la industrialización sustitutiva generando nuevos grupos sociales, una clase obrera importante, significativa migración rural-urbana y desba- lances en la distribución demográfica nacional, con alta densificación
de las áreas suburbanas y metropolitanas (por ejemplo, Buenos Aires, ciudad y conurbano, y las provincias de Entre Ríos y Santa Fe). Hacia 1970 son varias las provincias que alcanzan índices relativamente altos de población concentrada (a las anteriores se agregan Córdoba, Men- doza, San Juan, Tucumán, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro) (Lattes, 1995; Rechini de Lattes, 1974). Posteriormente, el agotamiento del modelo de crecimiento hacia adentro, el giro político económico y las propuestas neoliberales de los años 90, produjo expansión urbana por perificación y densificación de los asentamientos informales o ‘vi- llas’. Hoy día, la mayoría de las ciudades del país registran asentamien- tos de este tipo, con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, déficit de servicios básicos e irregularidades en la tenencia del suelo; sus ocupantes (pobres urbanos o inmigrantes rurales y de países vecinos), se fueron insertando en trabajos informales, sin ingreso regular y de baja calificación. Estos asentamientos se levantan y crecen desordena- damente en torno de núcleos urbanos de diferentes tamaños, inclusive los más pequeños que funcionan como destinos intermedios. Se suelen ubicar próximos a los desarrollos inmobiliarios de los sectores más acomodados (clubes de campo, countries y barrios cerrados) y a las viviendas de promoción social, y contribuyen a la formación de las co- nurbaciones de las ciudades principales (Doré, 2008). Este fenómeno contrapone la lógica del mercado con la lógica de la necesidad, aunque su magnitud, flujos y reflujos son difíciles de cuantificar. Pero sobre todo nos enfrenta a una dinámica social productora del espacio urbano en condiciones de vulnerabilidad y conflictividad social compleja; asi- mismo torna relevante la interdependencia entre movilidades, pobreza, calidad de vida, y muestra hasta donde ‘lo rural’, todavía signo de atraso y de vida deficitaria, está en lo urbano y a la inversa.
La provincia de Misiones ocupa la posición extrema noreste del
territorio nacional, con aproximadamente 30.000 Km2, es después de
Tucumán la segunda de menor superficie en el ranking general. Según el censo de población del año 2010 (con un poco más de un millón cien mil habitantes) representa 2,7% del total de la población del país, de los cuales 76% residen en áreas urbanas y el 26% restante se distribuye en áreas rurales con amplio predominio del patrón disperso. Comenzó a transitar su proceso de urbanización tardíamente; y el grado alcanza- do, con marcadas heterogeneidades, está muy por debajo del promedio nacional. Recién en 1980, la relación rural-urbano revirtió mostrando una leve preponderancia de la población concentrada con 50,8% por sobre 49,2% de residentes rurales. Esta situación todavía se mantiene, siendo junto con Santiago del Estero una de las dos provincias con ma- yor proporción de población rural del país. Este proceso se fue desarro- llando en el contexto de una economía muy concentrada, dependiente
y socialmente polarizada, con baja tecnología y escasa producción de bienes manufacturados, notoria participación de la “economía de colo- nos” (CFI, 1975), importante y persistente agricultura de subsistencia y grandes desigualdades en el acceso al trabajo. Otro aspecto destacado es su condición de frontera, que por el extenso límite internacional que comparte con Brasil y Paraguay agrega singularidad geopolítica y una importante dinámica de intercambio comercial y tránsito vecinal, que se desenvuelve desafiando legalidades y formalidades.
El territorio provincial se divide en 75 municipios cuyos tamaños oscilan entre los 280.000 y 430 habitantes. Este amplio rango ubica en sus extremos a Posadas, ciudad capital, y Fachinal, respectivamente. Pero además el aglomerado Gran Posadas (Posadas y Garupá) alcanza los 320.000 habitantes, acusa 99% de población concentrada y aglutina cerca de 30% de la población total de Misiones. Muy por debajo y con tamaños similares (rondando los 65.000 habitantes) se ubican los dos municipios subsiguientes (Oberá y El Dorado). Los restantes caen en los siguientes rangos: 9, tienen entre 20 y 46 mil personas; 13, varían entre 20 y 10 mil, y por último, se cuentan 49 con menos de 10 mil, siendo numeroso el subgrupo de localidades que no alcanzan los 2 mil habi- tantes pero en su conjunto alcanzan unos 280 mil residentes rurales.
Esta provincia además constituye un área crítica, tanto por la persistencia de indicadores sociales negativos (por ejemplo: contribu- ción mayoritaria de los menores de quince años a la estructura por edades de la población, con alto potencial de crecimiento demográfico y emigración de jóvenes; escaso acceso a la educación y a las califica- ciones laborales; trabajo infantil e importantes niveles de desnutrición, maternidad temprana y proles numerosas en hogares con jefatura de hogar femenina), como por las limitaciones estructurales frente a las oportunidades de innovación (altos índices de agricultores descapitali- zados, producción de subsistencia o con escasos excedentes sin agrega- ción de valor, circuitos comerciales restringidos o inexistentes) (Báez y Schiavoni, 2011a). En el contexto de carencias de recursos materiales y simbólicos, que se agudizan en los ámbitos rurales, los sujetos se desenvuelven cotidianamente entre sus limitados márgenes de acción para aprovechar las oportunidades que garantizan derechos básicos y las contradicciones institucionales que reiteradamente surgen al momento de aplicar las políticas sociales. En una espiral de vida que encadena déficit y desventajas, ven continuamente alteradas sus rela- ciones familiares y sociales así como menoscabadas sus capacidades y disminuidas las posibilidades para tener una vida digna. La debilidad de los lazos más cercanos y las redes sociales de corto alcance los po- siciona al borde del aislamiento y la desafiliación. Todo ello contribuye a generar recurrentemente situaciones de vulnerabilidad en diferentes
aspectos personales y grupales de estos conjuntos sociales, tales como enfermedades evitables, alcoholismo, violencia física y abuso sexual (en particular en mujeres y niños) (Báez y Schiavoni 2011a, 2011b y 2007). En estos sectores sociales, las únicas oportunidades para de- sarrollar actividades laborales con ingresos regulares y suficientes, dependen de las iniciativas de los gobiernos locales. Éstas en general están dirigidas a la promoción de micro-emprendimientos produc- tivos encaminados a la construcción de vivienda social, elaboración de conservas, horticultura, entre otros, con base en cooperativas de trabajo. Cabe aquí remarcar que las principales dificultades para tras- poner los límites que imponen las condiciones de vida deficitarias dependen de la inelasticidad del mercado laboral local pero también de las ineficientes o nulas capacidades disponibles a nivel individual y colectivo, en los agentes municipales y en la población beneficiaria, para implementar con éxito iniciativas con base en la participación social y el asociativismo, y sostenerlas en el tiempo. Es clave entender: 1) la intersectorialidad como la integración de diversos actores y la articulación de recursos materiales y presupuestarios con vistas a la solución de problemas sociales complejos, y 2) el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales y la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios (desde la elaboración de los diagnósticos de base y la formulación los proyectos de intervención hasta la culminación de las actividades de transferencia y el retiro progresivo del campo de intervención), incide directamente en los logros comprometidos; y sus inobservancias, apartamientos y/o desavenencias afectan princi- palmente al eslabón más débil: los beneficiarios
Los proyectos involucrados en nuestra experiencia plantearon procesos de reconversión socio-productiva con base en el trabajo con- junto, colaborativo y acciones colectivas; consecuentemente, de los beneficiarios se esperaba que fueran capaces de construir lazos e inte- racciones solidarias, donde grupos e individuos se (re)conocieran y con- fiaran los unos en los otros estimulando la ayuda mutua. Debíamos, por tanto, encarar un enorme desafío enfocado hacia una transformación profunda de hábitos de vida muy arraigados y trayectorias laborales de sujetos sociales mucho más acostumbrados a recibir trato de ‘clien- tes’ políticos o ser receptores pasivos de políticas asistenciales. Lo que realmente estaba en juego, entonces, era la constitución de nuevas sub- jetividades, incorporar cambios en las formas de percibir e interpretar la vida cotidiana y modificar identidades, rutinas y acciones. Pero ade- más, tendríamos que tener en cuenta que las decisiones que adoptaran respecto de las propuestas de desarrollo que estaban recibiendo (par- ticipación, rechazo, indiferencia), se verían fuertemente condicionadas por los saberes y capitales acumulados en el curso de sus trayectorias
y experiencias de vida. Sin embargo, la compresión de esta cuestión de fondo, al menos para los universitarios así lo fue, constituyó uno de los principales obstáculos al momento de consolidar un equipo técnico interdisciplinario e interinstitucional. Así, apenas arrancó la ejecución de los proyectos, comenzaron las discusiones y los desacuerdos sobre el perfil técnico-profesional y la procedencia institucional más perti- nente para desempeñar la coordinación de las actividades operativas dentro del propio equipo, con los demás actores dirigenciales y con la población beneficiaria.
La fragilidad y las contradicciones al interior del equipo técnico interinstitucional nos hicieron caer en una estructura de juego cuya lógica distaba de la del acompañamiento y cooperación para y por la cual habíamos sido convocados. Los desacuerdos y los desajustes prontamente se hicieron inocultables ante los demás participantes, y en buena medida alteraron el entorno. Muchas veces nos vimos ante la obligación de hacerlos optar entre enfoques, recomendaciones y di- rectivas divergentes, trastocando el orden de la interacción con efectos no deseados en diferentes planos de los desarrollos. Estas disputas interdisciplinarias, básicamente desatadas por quien ordenaba ac- tividades y procedimientos, lejos de zanjar polémicas, derivaron en sordas luchas por los poderes, saberes, legitimidades y pertinencias. Esto nos fue ubicando en posiciones más compatibles con la de indi- viduos racionales y egoístas, actuando de acuerdo con sus intereses particulares, en lugar de generar un orden interactivo y estructuras de significado que proyectaran una definición de la situación comparti- da, ya que debíamos predicar con el ejemplo. En nuestro caso, la con- vergencia de disciplinas diferentes no fue exitosa ni para estimular la discusión y la creatividad ni para atender una regla básica del trabajo en equipo: éste es resultado de una construcción social, hecha sobre la marcha, generando un conocimiento y formas aplicativas comunes. No perdamos de vista que se trataba de encuentros cara a cara, de copresencia y co-construcción, donde el rol de los “técnicos” no sólo era central sino que despertaba expectativas en los participantes. Por lo tanto, debíamos actuar en sintonía, enfocados a resignificar una realidad social y productiva para llegar, siguiendo a Goffman (1971), a consensos operativos que no sólo dieran sentido al encuentro sino a la comunicación y a la proyección de los necesarios cambios de roles y representaciones de los actores intervinientes. Particularmen- te, debíamos arribar a una recodificación de marcos cognitivos para que, entre todos, pudiéramos modificar percepciones, expectativas y comportamientos, en parte de manera inmediata, que mejoraran la calidad de vida de esos trabajadores hortícolas. Pese a ello, para los universitarios resultó una experiencia intensa, prolongada en el tiem-
po y rica en aprendizajes; que nos hizo entender que se trata de proce-