Como se vio en las páginas precedentes, el objetivo final de Allende y de quienes lo apoyaron fue la conquista del poder absoluto, finalidad que el lector encontrará ampliamente confirmada en el presente capítulo.
Algunos obstáculos, entre tanto, dificultaron el sueño de Allende. Un impedimento era el Parlamento, otro era la magistratura y por supuesto las Fuerzas Armadas, a las que (como vimos en el capítulo anterior) Allende intentó dos veces ponerlas de su parte.
Además de la resistencia que ofrecieron las instituciones para salvar a Chile, tuvo mucho mérito la resistencia espontánea de la propia ciudadanía, nacida en el ámbito de las asociaciones profesionales, comerciales, campesinas y obreras, y especialmente entre la gente común: se trataba del movimiento gremialista, una forma de asociación espontánea que se parecía al movimiento poujadista surgido en Francia en los años 50 y que reagrupaba todo el espectro de la actividad productiva del país, desde los profesores universitarios hasta los talleres, desde los abogados hasta los camioneros, desde los campesinos a los mineros, desde los jubilados a los obreros.[2]
El movimiento gremialista chileno se desarrolló al interior de la Universidad Católica, gracias al impulso inicial que le dio el joven ideólogo y politólogo Jaime Guzmán Errázuriz (posteriormente asesinado por extremistas marxistas) y hacia 1972 el gremialismo se enriqueció con el aporte de organizadores como Jorge Fontaine, Benjamín Matte y Orlando Sáenz.
Un primer paso muy eficaz para el nuevo movimiento fue la creación y la difusión de organismos de autodefensa contra las agresiones provenientes de los sectores de extrema izquierda y del terrorismo. «El extremismo y la peligrosidad del MIR y de la brigada Ramona Parra», escribe el abogado chileno Juan Alberto Díaz Wiechers, «fueron los que más daño hicieron a la Unidad Popular pues crearon el miedo entre las clases medias chilenas que temían que Chile se transformase en una segunda Cuba. Muchos huyeron al exterior, otros en cambio se organizaron en grupos de autodefensa de barrios. Debido a que estos grupos estaban menos armados y adiestrados que los extremistas marxistas chilenos o extranjeros que estaban en el país, la única esperanza verdadera estaba puesta en el Ejército. En otras palabras, la
guerra civil estaba a las puertas».[3]
A dichos grupos se juntaron poco a poco numerosas escuadras armadas de vigilantes (las armas, esta vez en cantidad suficiente, llegaban de contrabando desde la frontera argentina) llamadas Guardia Blanca y que más adelante, superando las iniciales finalidades puramente defensivas, comenzaron a desalojar a los miristas y terroristas de las propiedades ilegalmente ocupadas y de las bases paramilitares que estos habían creado un poco por todas partes en el país.
Uno de los primeros choques entre la Guardia Blanca y el MIR fue el de las cercanías del fundo Santa Ana, en la provincia de Cautín, y terminó con la fuga de los miristas, que abandonaron, heridos, armas, municiones y hasta sus banderas. De modo equivalente, sucedieron otros choques en los alrededores de Santiago, con lo que los miristas se transformaron, quizás sin darse cuenta, en cazadores de liebres. Solamente después se supo que la perfecta organización y disciplina que caracterizaba a la Guardia Blanca provenía del trabajo de algunos chilenos de origen alemán que desde el final de la Segunda Guerra Mundial residían en el país.[4]
Siguiendo el modelo de la Guardia Blanca no tardaron en nacer, en los sectores agrícolas y ciudadanos, otros grupos que resistían a las agresiones de los allendistas. En ese período tomó vida en Santiago un movimiento llamado Proteco, integrado por unos 1.500 hombres armados y adiestrados, que estaban organizados para defender sus barrios y sus habitaciones. Se reforzó además el movimiento Patria y Libertad, al que se sumó el grupo Soberanía, Orden y Libertad.
Después de dos años de gestión marxista del poder, Chile, como se ve, estaba dividido en dos partes antagónicas, en las que dominaban sentimientos de odio y venganza. Es un aspecto que no deben olvidarlo quienes muestran indignación por los excesos que se registraron después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Además, no hay que subestimar que en aquellos años de guerra fría entre Oriente y Occidente, el peso de la intervención extranjera en Chile, a través de los servicios secretos soviéticos y cubanos, ayudaba a los extremismos de izquierda y la presencia estadounidense apoyaba al extremismo de derecha y a las fuerzas políticas y militares anticomunistas. Esto se expondrá en los capítulos VIII y IX de este libro.
Allende, por su parte, como si quisiera exasperar aún más los ánimos, hacía poco o nada para esconder los lujos de los que se rodeaba y la corte que lo asistía. El Presidente, por ejemplo, indujo al Gobierno a comprar para su familia, con fondos del Estado, una lujosa residencia en el barrio de Las Condes y no puso freno a su pasión por los objetos de arte y los trajes costosos.
Además, su debilidad por las mujeres le causó no sólo malestares domésticos, sino también constantes rumores indecorosos. Y su costumbre de estar rodeado por guardaespaldas armados hasta los dientes era motivo de irónicos y divertidos chistes en todo Chile.
Estas son, por lo tanto, las premisas.
cuerpo en octubre de 1972, a partir de una huelga de camioneros que se sintieron amenazados por un proyecto del Gobierno de crear una compañía estatal de transporte. A los camioneros se les unieron luego estudiantes, docentes, comerciantes, empleados de bancos, campesinos, pilotos de las líneas aéreas, choferes, marineros mercantes y los colegios de abogados, médicos, ingenieros y arquitectos.[5]
Iniciada en la lejana provincia de Aisén por iniciativa de la Confederación de Dueños de Camiones, que sumaba 40 mil transportistas y que era dirigida por el ex socialista León Vilarín, la huelga indefinida comenzó después de las estériles negociaciones que se arrastraron por todo el mes de septiembre de 1972, cuando el ministro de Economía, Carlos Matus, les dijo en su cara a los huelguistas que «la nacionalización de los transportes es indispensable para la construcción del socialismo» y cuando el Gobierno decretó el cierre de la Radio Agricultura y la
Radio Minería, que hasta ese momento habían defendido los intereses y pedidos de
los camioneros.
El cierre de la Radio Minería provocó otros desórdenes, como fue el caso de una muchedumbre que estaba en las afueras de la radio, defendiéndola de otra ilegal clausura, que rodeó al funcionario gubernativo que debía ejecutar la orden, impidiendo así que cumpliera con su cometido.[6]
Así, el 10 de octubre de 1972, León Vilarín proclamó la huelga de los camioneros, lo que llevó a Carlos Altamirano, pocas horas después, a definirlo como «traidor a la causa socialista» y a obtener que el Gobierno declarase ilegal la huelga y arrestara al mismo Vilarín y sus colaboradores.
La opinión pública no podía creer que un Gobierno que se autodeclaraba popular encarcelara a trabajadores culpables de haberse declarado en huelga. Pero nadie conocía en esos días algunos hechos tras bastidores: a Vilarín y a otros arrestados les ofrecieron (pero por fortuna no aceptaron) intentar huir de la cárcel; si hubieran aceptado, existía un plan que preveía matarlos durante la fuga o si eran atrapados, entonces incriminarlos por intento de fuga.
Mientras tanto, por todas partes explotaba la rebelión de la ciudadanía, la federación de los comerciantes guiada por su presidente, Rafael Cumsille, se unió a la huelga de los camioneros para protestar contra los abusos de las JAP, contra los chantajes de los funcionarios públicos, contra el nacimiento de los almacenes populares dirigidos por jóvenes extremistas socialistas e impuesto por el Gobierno, contra las expropiaciones y la falta de mercaderías de amplio consumo en los negocios mayoristas.
En las semanas siguientes, la protesta asumió las dimensiones de una revuelta. Una escena de estas manifestaciones fue descrita por el periodista inglés Robert Moss: «Una joven se detuvo en la mitad de la calle y enfrentó con decisión una manifestación socialista que avanzaba con el retrato de Allende adelante. “Si los momios quieren guerra”, decían los manifestantes, entre los cuales había agentes cubanos, “guerra tendrán”. Pero la joven, y muchos admiraron su gesto, les gritó en la
cara con toda su voz: “Y los momios ganarán”».[7]
¿Y la policía? La policía, viendo que estos hechos estaban bajo los ojos de la prensa y de la televisión mundial, no tenía intención de intervenir. Eran lejanos los días en los que, por orden de Allende, se osaba reprimir con máxima brutalidad a las manifestaciones contra su Gobierno; los días en los cuales, como escribía al diario italiano Il Giornale un lector de Turín, «se ordenaban cargas de la policía y del Ejército contra mineros y camioneros que estaban en huelga para pedir condiciones de vida más humanas, hasta causar la muerte entre los huelguistas».[8]
Los terroristas del MIR, apenas podían, reaccionaban con iniciativas intimidatorias o recurriendo a las armas y no había manifestación que no degenerase en algunas horas de guerrilla urbana.
Desmintiendo las voces difundidas por Allende y acogidas por la prensa internacional, de que la agitación de los camioneros y comerciantes era una astuta maniobra de la oposición conservadora, a la huelga y a las manifestaciones en las calles se les sumaron de modo espontáneo miles de mujeres, estudiantes, campesinos y obreros. No fue así, en cambio, al menos por un breve período inicial, con los mineros y empleados de los ferrocarriles.
De parte de los huelguistas se alinearon poco después todos los partidos moderados o conservadores, incluso el Demócrata Cristiano, que por iniciativa de Frei se expresó a través de Renán Fuentealba: «Este Gobierno se está comportando en franca oposición a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos fundamentales. Esto es peligroso para el futuro de la nación. El caso de los camioneros es escandaloso: se trata de un sindicato de trabajadores cuyos jefes, solamente porque habían proclamado una huelga para defender la seguridad de su actividad y protestar contra una amenaza de expropiación, fueron arrestados y encarcelados».[9] La reacción de Allende fue inmediata y típica de un régimen comunista. Declaró el estado de emergencia y en 21 de las 25 provincias del país ordenó la requisición de los camiones de los huelguistas (con la intención, obviamente no ejecutada, de poner a los militares a conducirlos) y el arresto de otros cinco representantes del gremio de los camioneros.
Y esto no es todo, oficialmente fue impuesta la censura a todas las radios y canales de televisión, a los que se les permitía transmitir solamente los noticieros del Gobierno. Vanas fueron las protestas de la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile). En protesta, algunas radioemisoras, como Agricultura y Minería, se descolgaban clandestinamente de la cadena oficial y transmitían noticias libres, provocando la euforia de la ciudadanía. Estos gestos de audacia terminaban siempre con la clausura de la emisora rebelde, hasta que, algunos días después, la Contraloría General de la República obligó al Gobierno a terminar con la cadena oficial por atentatoria a la libertad de información.
El 21 de octubre de 1972 se realizó un encuentro entre los representantes de los huelguistas (comando gremial) y las autoridades de Gobierno. Los huelguistas pedían
la restitución de los bienes expropiados, la aceptación de una vieja propuesta de ley que limitaba la facultad del Gobierno de nacionalizar las empresas privadas, la supresión de los comités de los barrios, la expulsión de los terroristas extranjeros (particularmente los cubanos y europeos), el injusto valor de los precios fijados por el Gobierno a la Papelera, el final de la censura sobre la información y la garantía de que no se realizarían represalias contra los huelguistas.
Los pedidos de los huelguistas, hasta ahí, no eran más una simple plataforma sindical: eran el pedido a Allende para que detuviera su recorrido hacia la imposición de un régimen totalitario y marxista. Allende, como era de esperar, rechazó incluso discutir sobre dichos temas. Es más, les confió a los organismos encargados de las expropiaciones y a los miembros del MIR reaccionar enérgicamente: en los 27 días de huelga fueron expropiados 150 fundos como una especie de desafío, al mismo tiempo que aguerridos pelotones de miristas provenientes de los cordones industriales agredieron a los huelguistas invadiendo sus lugares de reuniones y hasta sus habitaciones al grito de: «basta con la revuelta antipopular». Con hipocresía, Allende, que había ordenado la represión ilegal, no dudó en declarar: «Bastaría que dijera una palabra para que marchen contra los rebeldes más de 15 mil o 20 mil trabajadores que reabran los negocios cerrados y las actividades detenidas. Pero los he invitado a quedarse tranquilos: yo respeto la Constitución y la ley».
Que las palabras de Allende eran un bluff, les quedó claro a todos: la movilización de dicho número de extremistas con la finalidad de «restablecer el orden en el país» nunca habría sido aceptada por las Fuerzas Armadas, y menos por Carabineros. No obstante esto, el aire que se respiraba era el que precedía a una guerra civil, al punto de inducir al líder comunista Luis Figueroa a pedirle a un amigo suyo industrial que se ocupara de su familia si se veía obligado a huir al extranjero.
La movida que le permitió a Allende prolongar momentáneamente su salida de esta situación fue, como ya se dijo en el capítulo III, el ingreso de tres militares (el
almirante Ismael Huerta, el general de Ejército Carlos Prats y el general de la Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda) al Gobierno. Fueron ellos, de hecho, quienes el 5 de noviembre de 1972 alcanzaron un compromiso con el cual, a cambio del final de las huelgas, el Gobierno se comprometía a suspender las expropiaciones a los camioneros y a reducir (promesa que no mantuvo) el número de los extremistas extranjeros presentes en Chile.
***
En enero de 1973, durante una acalorada discusión con los militares que momentáneamente hacían parte de su Gobierno, Allende dejó en claro que si lo derrocaban y como consecuencia explotaba la guerra civil, él no se escaparía para refugiarse en Cuba: «Me encerraré con los míos en el cordón Cerrillos y ninguno logrará atraparme», dijo con énfasis.
El cordón Cerrillos es un barrio en la periferia industrial de Santiago, sede tradicional en aquellos años de los grupos más agresivos y organizados de la extrema izquierda y del terrorismo, beneficiado por Allende con el reconocimiento gubernativo y, de hecho, rebautizados como Comandos Comunales.
Desde allí (y desde otros cordones como Vicuña Mackenna, Panamericana Norte, San Miguel, Barrancas, Conchalí, Estación Central, Macul, San Bernardo y Mapocho) se iniciaban las expediciones punitivas contra los opositores a Allende y desde allí partían también las escuadras encargadas de ocupar ilegalmente fábricas y propiedades privadas. En Melipilla, por ejemplo, los extremistas de los cordones ocuparon y expropiaron, en enero de 1973, al menos 44 empresas privadas, tanto agrícolas como industriales.[10]
Pocas horas después, para dar mayor peso a su amenaza, el Presidente se trasladó por algunos días a una oficina que le montaron en la fábrica textil Sumar, en el cordón Vicuña Mackenna, expropiada poco tiempo atrás. Allí estuvo durante algún tiempo entreteniéndose con los jefes del extremismo y teniendo reuniones con los obreros.[11]
Mientras Allende hablaba banalidades en las fábricas del cordón Vicuña Mackenna, al mismo tiempo que amenazaba implícitamente con una guerra civil, el más extremista de sus compañeros de partido, Carlos Altamirano, tomaba posesión de otro cordón, desde donde organizaban cortes de vías y agresiones a los ciudadanos que habían pedido la restitución de sus propiedades confiscadas en el Parlamento. Y mientras tanto, aspecto cómico, ¡la Unión Soviética le concedía a Allende el Premio Lenin de la Paz![12]
Para complicar aún más las cosas, los extremistas acampados en los cordones le presentaron a Allende una lista de pedidos para que las empresas fueran dirigidas solamente por los capataces: todos los supermercados confiscados, las fundos de más de 40 hectáreas expropiados, todas las empresas productoras de productos de primera necesidad nacionalizadas y comisiones especiales para controlar los precios al por menor. Cualquier equívoco del Gobierno en la aceptación de dichas propuestas habría llevado, amenazaron los extremistas, a una oleada de demostraciones violentas como cortes de vías y ocupaciones ilegales.[13] Estas propuestas perentorias eran plenamente justificadas, dado que los terroristas y activistas se consideraban, como lo había precisado en una entrevista a El Rebelde el exponente del MIR y el Frente Revolucionario de Trabajadores, Víctor Toro, «una organización alternativa de poder dispuesta a sustituir al Gobierno». Los miristas no escondían que el Gobierno de Allende era considerado por ellos como el régimen de Kerensky en Rusia, en 1917, o el Gobierno Azaña en España, en 1936: solamente un punto de partida para la revolución definitiva que habría «aplastado el poder del capital y cerrado el Parlamento y el Poder Judicial».[14]
Según los extremistas del MIR, de la brigada Ramona Parra y de otras organizaciones análogas (Confederación sindical CUT, Movimiento Popular
Revolucionario, Frente Revolucionario de Trabajadores y Movimiento Campesino Revolucionario), estimulados por Allende, que los consideraba un brazo armado indispensable, Chile estaba frente a una disyuntiva: dictadura del proletariado o dictadura fascista.[15]
Y para prepararse para dicho choque, que esperaban con impaciencia, «las fuerzas populares debían crear, sin pérdida de tiempo, una fuerza armada eficaz, capaz de infiltrarse en los corredores del poder».[16] Una confirmación de esto se tuvo en el 2000, gracias a las declaraciones de dos representantes de la izquierda, el socialista Ricardo Núñez y el mirista Andrés Pascal Allende. Entrevistado por la periodista Raquel Correa, Núñez admitió que en los años de la Unidad Popular la Juventud Socialista, de la cual era integrante, estaba lista para la lucha armada con el fin de conquistar el poder y que la línea de esta lucha armada había sido aprobada por el partido en el Congreso de 1967. No muy distintas son las declaraciones de Andrés Pascal Allende a la revista Punto Final: «Nosotros los clandestinos estábamos en contacto con el Presidente Allende desde 1969 a través de su hija Tati. Su hermana Laura, mi madre, nos daba ayuda, refugios secretos y nuevos reclutas para el MIR».[17]
Como líder comunista, Luis Corvalán solía repetir que la izquierda chilena debía «prepararse para la guerra civil».[18]
Las de Corvalán no eran fantasías. Ya en 1967 y 1968, o sea, dos años apenas después de su constitución, el MIR había dado prueba de su eficacia: atentados al Instituto Chileno-Norteamericano, al diario El Mercurio, al consulado de Estados Unidos, a la sede de la Democracia Cristiana, a la residencia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, a la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas, al tren Rancagua-Sewell, al Instituto Judío, a las sinagogas y a un grupo de simpatizantes demócrata-cristianos reunidos en Chillán. Y un año después, en 1969: ocho muertos y casi cien heridos en un choque callejero en Puerto Montt, secuestro del director del diario Las Noticias de la Tarde de la ciudad de Concepción, creación de una escuela de terrorismo en Guayacán y de un arsenal en Concepción, asaltos al Banco de Londres, al Banco Edwards, al Banco del Estado y a un cajero del Banco Continental. Uno de estos asaltantes, apenas fue detenido e interrogado por la policía, confesó que recién había llegado de Cuba donde junto a otros militantes del MIR había recibido adiestramiento paramilitar.
Pero sigamos adelante. En 1970, nueve asaltos al Banco Nacional de Trabajo, el secuestro de un avión comercial por dos terroristas que querían llevarlo a Cuba, el asesinato de un empleado antimarxista del Ministerio de Agricultura y en las