Chile, a diferencia de otros países de América Latina, tuvo a los militares en el poder ocasionalmente y fue siempre gobernado por presidentes y parlamentarios elegidos democráticamente: justamente esta tradición democrática empujó al país a tolerar pacientemente, desde 1970 hasta 1973, a un Gobierno que llevaba el país a la miseria y al caos.[2]
Con estas palabras, el 8 de noviembre de 1973, o sea, dos meses después del golpe militar, el ex Presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva se expresó al dirigirse al democratacristiano italiano Mariano Rumor: «El mundo conoce cuál es el resultado de la gestión económica de la Unidad Popular. Recibieron un país floreciente en pleno desarrollo […] La inflación en cifras oficiales llegó a 323 por ciento en los últimos doce meses […] una devaluación de más o menos 12.000 por ciento […] Todos los índices de productividad habían bajado. […] ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, la escasez y el mercado negro? […] Lo más grave fue el tremendo fracaso del área estatizada. Se dijo que el Gobierno financiaría el desarrollo económico con las utilidades de las empresas cuyo control tomaría el Estado. El año 1973 estas empresas perdieron 150 millones de escudos, equivalentes al presupuesto nacional […] Quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que fue resistido por el campesinado […] Se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos […] Ostensiblemente disminuyó la construcción de viviendas y escuelas […] El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los socialistas la llamaron Elmo Catalán y los comunistas constituyeron la tristemente célebre brigada “Ramona Parra” […] Se constituyeron asimismo los llamados Cordones Industriales que rodeaban las ciudades». También el ex Presidente Frei destacaba que crecían las estructuras terroristas y el Gobierno organizaba el racionamiento de productos alimentarios según criterios políticos para controlar mejor la vida de las familias.[3]
Así, varios años después el mismo Frei agregaba: «Es necesario que el país salga del caos y, en consecuencia, que el Gobierno actual tenga éxito».[4]
Frei tenía razón. Los militares intervinieron solamente cuando la inflación oficial del 350% era en realidad del 700%, con la producción agrícola, minera e industrial
paralizada y con la magistratura y el Parlamento expuestos de tal manera, que declararon inconstitucional el Gobierno de Allende, teniendo la certeza del consenso popular.[5]
De hecho, excepto algunos pocos miles de politiqueros, el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue acogido con alivio por la población, que desde hacía tiempo había entendido que el verdadero objetivo de los marxistas no era el bienestar popular, sino dominar el poder de modo irreversible y darle ventaja al bloque soviético. Como afirma el periodista estadounidense William F. Jasper, «el golpe de Estado tuvo un apoyo casi total por parte de la población».[6]
Veamos este resumen de un comentario del mismo Pinochet: «¿Quién no se acuerda de los delincuentes que desfilaban con cascos y pasamontañas? ¿Quién no se acuerda de los miles de guerrilleros comandados por el general cubano Patricio de la Guardia Font? ¿Quién no se acuerda del asesinato de tantos ciudadanos al punto que nos vimos obligados a intervenir? Era una cuestión de pocos días y nuestro país habría sido destruido o habría explotado una guerra civil. Cuando hoy en día oigo ciertos discursos, me parece oír a gente que vive en otro planeta. Hay gente que se olvida de las colas en los negocios, de la falta de pan, aceite y hasta de jabón, al punto de verse obligados a lavarse los dientes con creta».[7]
El golpe de septiembre de 1973 puede, por lo tanto, ser considerado como una sublevación popular que tuvo consenso general y la participación de casi todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y el apoyo abierto de los partidos moderados, comenzando por el Partido Nacional, gran parte de la Democracia Cristiana, el Partido Democracia Radical y el Partido Izquierda Radical. Los cuatro partidos unidos en una coalición antigubernativa denominada Confederación Democrática (CODE). Los chilenos se habían dado cuenta que solamente un período de dictadura militar le permitiría al país, a la espera de la vuelta a la democracia, salir de la desastrosa experiencia marxista.[8]
La democracia había muerto hacía tiempo, asesinada por Allende y las bandas paramilitares marxistas-leninistas que lo apoyaban. Por entonces, eran tiempos lejanos aquellos en los cuales Allende y el jefe de los comunistas, Luis Corvalán, prometían un socialismo pluralista y sujeto al consenso del país.[9]
Como ya hemos dicho, el 6 de abril de 1972 y en otras ocasiones, Allende, que era Presidente desde hacía un par de años, no había ocultado su voluntad de cambiar la Constitución y de sustituir el Parlamento por una asamblea nombrada por los partidos y de transformar el sistema judicial introduciendo «Tribunales Populares».
[10] Y Luis Corvalán había ido incluso más allá, incitando a Allende a no dudar y a
cerrar con una medida de autoridad todos los diarios de oposición.[11]
Estos hechos que el mundo prefería ignorar eran, entre tanto, muy claros para todos los chilenos.
diario ABC de Madrid, decía lo siguiente: «El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que guardaban en viviendas, oficinas, fábricas y almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército. Un armamento para más de treinta mil hombres y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas y muchas, y todas amenazadas perentoriamente […] Los militares fueron llamados y cumplieron una obligación legal porque el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por los jueces absolutamente extraños a la política. Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos […] Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa».[12]
Igualmente claro fue el democratacristiano Patricio Aylwin, adversario político de Pinochet que subió a la presidencia de Chile en 1990. En entrevista, con fecha 24 de septiembre de 1973, a la NC News Service, de Washington y Bonn, la cual se reprodujo días después en el diario La Prensa, de Santiago, declaró: «La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con el enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10 mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista». Más adelante en la entrevista, Aylwin señalaba: «Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción».[13]
Que el golpe de Estado se anticipó por poco al autogolpe de Allende (programado para el 19 de septiembre de 1973) lo confirma el hecho de que un mes antes llegó a Chile el jefe de los servicios secretos cubanos (maestro de guerrilla y terrorismo) Patricio de la Guardia Font, acompañado de cientos de colaboradores cubanos y consejeros soviéticos: el pasaporte «diplomático» de este último, expedido en Cuba con el número 1050, tenía el sello de ingreso a Chile, vaya coincidencia, el 27 de agosto de 1973.[14]
***
golpe militar: mientras en el país reinaba el caos y se acentuaba la violencia callejera y las huelgas, la Cámara de Diputados puso a Allende en minoría: «Es un hecho», declaró la mayoría de los diputados el 22 de agosto de 1973, «que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece». Y concluyó denunciando la formación, por parte de Allende, de «grupos armados destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas de la República». E invitó a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a asumir sus responsabilidades a fin de «poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos».
El día después, el 23 de agosto, por intermedio del senador democratacristiano Andrés Zaldívar, la mayoría de los senadores se alineó, aunque de modo informal, a la posición expresada por los diputados.[15]
Esta resolución, que sustancialmente le quitaba la legitimidad al Gobierno de Allende y que explícitamente invocaba una intervención militar, tuvo 81 votos a favor y 47 en contra.
Un resto de dignidad debería haber llevado a Allende a renunciar, pero la dimisión del poder no entra en las costumbres de la izquierda. Por lo tanto, Allende decidió tomarse tiempo gracias, entre otras cosas, a la ayuda del episcopado «progresista», ayuda que llegó puntualmente: el cardenal Silva Henríquez, tanto para confundir las aguas y hacer decantar la situación, declaró: «Deseamos un programa común entre cristianos, laicos y marxistas para la realización de programas de bienestar público y de bien común».
En vista que se trataba de palabras sin un significado concreto, monseñor Carlos Oviedo Cavada dio origen a un documento episcopal en el que abiertamente sugería «una tregua que permita ganar tiempo».[16]
Era una propuesta que para los comunistas no podía ser más agradable, al extremo de que, a través del senador Teitelboim, se apresuraron a contestar, afirmando que los marxistas estaban «listos para responder al llamado de la paz». El mismo secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, escribió al cardenal Silva Henríquez, dándole una «respuesta positiva a la exhortación episcopal». Al día siguiente, conmovido por aquel simbólico abrazo, el arzobispo le contestó afirmando su confianza en «la rectitud, en el buen sentido y en el patriotismo de los dirigentes políticos chilenos» y proponiendo una reunión, que no se llevó a cabo, entre socialistas, democratacristianos y comunistas.[17]
Pero Allende a estas alturas estaba en un callejón sin salida. Aun antes de la votación de la Cámara de Diputados, el 1 de marzo y el 26 de mayo de 1973, la Corte
Suprema de Justicia había desaprobado por unanimidad la legitimidad constitucional del comportamiento de Allende y su permanencia en el cargo.
Lo mismo había hecho pocas horas después la Controlaría General de la República. El 8 de agosto de 1973, una análoga declaración había sido firmada por el Colegio de Abogados.[18]
Las elecciones políticas de marzo de 1973, para la renovación del Parlamento, habían confirmado la creciente impopularidad de Allende y su poco respeto hacia las reglas democráticas. Una comisión investigadora presidida por Jaime del Valle, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, demostró que Allende, en un inútil intento por evitar la derrota, había puesto en marcha un esquema masivo de fraudes electorales. En las conclusiones de dicha comisión se destacaba: «Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir».[19]
Este fraude de grandes proporciones, como lo demostró el serio estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se organizó en el Servicio de Registro Civil e Identificación del Gobierno, mediante el recurso de otorgar a los militantes de la Unidad Popular varias cédulas de identidad falsas, con las cuales se inscribían en los registros electorales, en diferentes lugares, y votaban cada uno varias veces. Esta maniobra significó la emisión de más de 200.000 votos fraudulentos, a favor del Gobierno, según las autoridades académicas.
Derrotado, no obstante los fraudes realizados durante las elecciones políticas de marzo de 1973, circundado por un Parlamento que le era cada vez más hostil, en agosto y septiembre, invitado por los diputados y por la magistratura a irse, Salvador Allende era todo, menos un «Presidente legítimo y democrático», como ha sido descrito por gran parte de la prensa mundial.[20]
Deponerlo era, para las Fuerzas Armadas llamadas por el mismo Parlamento, un necesario deber. En estos términos se expresó Pinochet en 1989, entrevistado por dos periodistas: «El señor Allende hacía lo que quería: el Senado no era respetado. La Cámara de Diputados, tampoco. La Contraloría rechazaba los decretos y le mandaban decretos de insistencia. La Justicia […].
¡Los trataban de viejos tales por cuales! ¿A eso llaman democracia?».[21]
Veamos, en este sentido, un juicio de Juan Alberto Díaz Wiechers: «En tales circunstancias no había ninguna vía constitucional para revertir el curso histórico al cual se dirigía el país. La única forma era hacer un llamado a las Fuerzas Armadas a derrocar al mal Gobierno: como la vía constitucional era inexistente, sólo quedaba la vía moral, representada por el derecho natural, y dentro de él, especialmente, el derecho a rebelión. Esto es lo que efectivamente se dio».
«Y eran los momentos en que el comunismo aún permanecía», o al menos daba la apariencia de ser, «sólido como roca y en expansión».[22]
posibilidad más real, desde luego, es que la crisis política pudo haber desembocado en el tan temido autogolpe y en la guerra civil […] Tras la cual los elementos más extremistas de la Unidad Popular habrían impuesto su ley por sobre los elementos moderados del mismo Gobierno. Posiblemente hasta el mismo Allende habría sido sacrificado por sus propios partidarios en las purgas que habrían venido después de la revolución».[23]
Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez son de la misma opinión: según ellos, «el deber principal del gobernante es garantizar un buen gobierno, pero el primer derecho del ciudadano es tener un buen gobierno. Y si el gobernante falta a su propio deber, los ciudadanos tienen el derecho a rebelarse. En Chile, por ejemplo, el derecho a la rebelión fue ejercitado en 1566 contra el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera».[24]
Mientras tanto, como anteriormente se dijo, Allende se quedaba pegado al sillón y ganaba tiempo. Tomar tiempo era una escapatoria momentánea que Fidel Castro también veía. El 29 de julio de 1973, le escribió: «Imagino… la gran tensión y tus deseos de ganar tiempo».[25]
***
Veamos a continuación algunos resúmenes y comentarios publicados en la prensa italiana. Un testimonio ocular creíble a propósito de dichos momentos fue el de Mario Cervi, importante periodista que posteriormente fue director de Il Giornale. Cervi, al contar los hechos, se refiere a las condiciones previas al golpe de Estado. «En las citas sobre el golpe militar que se leen en la prensa», escribió en resumen en 1988, «los propósitos de Allende asumen valores positivos. Las locuras de los movimientos de extrema izquierda que lo apoyaban, pero al mismo tiempo lo presionaban con sus ciegas utopías, se coloran de noble idealismo. Se olvidan de describir la horrible condición a que el país se veía reducido después de tres años del Gobierno de Allende».
Y pasando al día del golpe, comenta: «En los días de la tragedia yo estaba en Santiago, alojado en el hotel Carrera al lado del palacio presidencial de La Moneda. Pude seguir los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. Vi a los ocupantes de La Moneda que, por la tarde, salían enarbolando pañuelos blancos y entregándose como prisioneros. Allende, que estaba con ese grupo, tuvo una reacción de orgullo y heroica dignidad. Y volviéndose a un salón del edificio, se acribilló el cráneo con una ráfaga de la metralleta que Fidel Castro le había regalado». Y veamos cómo Cervi da una idea de cuál era el clima político de Italia en aquellos años: «Dicté a viva voz por teléfono a Il Corriere della Sera, una media columna de impresiones vivas y dramáticas. Pero mis comentarios no fueron nunca publicados porque entre el director Pietro Ottone y el consejo de los obreros había una controversia: el consejo
pretendía que un comunicado suyo atacando a los militares chilenos fuera publicado en primera página. El conflicto no fue resuelto y el periódico no salió y tampoco mi crónica. Después, cuando comencé a transmitir los artículos, los generales decretaron mi expulsión por el tono duro que estos tenían». Y prosigue: «la represión fue despiadada y tremenda. Pero el golpe era inevitable y fue acogido con alivio por muchos, quizás por muchísimos, como el final de una pesadilla. La corte de sectarios e incapaces que circundaban y azuzaban a Allende, había reducido a Chile a condiciones desesperadas. Allende había sido elegido con el 36% de los votos, un puñado más de los obtenidos por el candidato de derecha Jorge Alessandri. Nunca, en ninguna votación, la Unidad Popular tuvo la mayoría, y de hecho el Parlamento empezó a rechazar todas las medidas del Ejecutivo. El Presidente minoritario en este período usaba sus amplios poderes sin escrúpulos, para dar un impulso socialista y revolucionario a las estructuras del país. La mayoría y las Fuerzas Armadas, entre tanto, ya no estaban dispuestas a seguirle el juego».[26]
Y sobre la represión, el periodista William F. Jasper escribía: «Dada la gravedad de sus crímenes y considerado el resentimiento que estos habían suscitado, los miles de terroristas chilenos y extranjeros recibieron un tratamiento benévolo. Muchos de los llamados desaparecidos dejaron luego las prisiones gracias también a las presiones que llegaban desde el exterior, especialmente desde el Council of Foreign Relations, conocido en Washington por sus simpatías marxistas y por sus aspiraciones globalistas de un gobierno único mundial».[27]
No hay dudas de que las vicisitudes chilenas (y esto vale para todos los países de América Latina) estaban fuertemente condicionadas por intereses e influencias políticas de Estados Unidos de una parte y de otra por las de la Unión Soviética y Cuba. De esto se hablará en los capítulos VIII y IX de este libro.
Si bien es verdad que en el caso chileno existieron interferencias directas de las dos superpotencias mundiales (al punto de transformar a Pinochet y a Allende en dos fichas de un juego mayor que ellos), nada puede llevar a atribuir la paternidad del golpe ni a la CIA ni a Estados Unidos. Veamos lo que se concluye de los documentos de la CIA, hechos públicos en agosto del 2000: «Un oficial de las Fuerzas Armadas chilenas ha informado que se está preparando un golpe de Estado y que para ejecutarlo necesitan del apoyo de Estados Unidos. Le hemos respondido que el gobierno de Estados Unidos no puede interferir en asuntos internos de Chile».[28]
La decisión de acabar con el Gobierno de Allende, es bueno repetirlo, nació no solamente en Washington sino sobre todo dentro de Chile y en todos los niveles de la