La participación de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense en los hechos chilenos que precedieron y siguieron al golpe de 1973 es un tema del que se ha hablado varias veces en los capítulos precedentes. Y de hecho es una cosa innegable, pero también lógica, que los dirigentes estadounidenses siguieran activamente los hechos chilenos de aquellos años: Chile fue siempre un socio importante en los negocios con Estados Unidos, ya que éste realizó notables inversiones en su territorio, las cuales, como ya se ha referido, estaban siendo alegre y arbitrariamente expropiadas por Allende.[2]
A esto hay que agregar la comprensible preocupación de la Casa Blanca ante la perspectiva de una subversión castrista, activa en toda América Latina, que pudiera tomar un nuevo impulso si se hubiera afirmado y luego consolidado el marxismo- leninismo en Chile.
En verdad, la interferencia de Estados Unidos en los asuntos chilenos había comenzado varios años antes de la ascensión de Allende al poder: más precisamente cuando se iniciaron las maniobras cubanas y soviéticas de desestabilización, las que suscitaron, el 13 de marzo de 1961, la célebre declaración de la administración Kennedy, tras el nacimiento de la Alianza para el Progreso: «Preferiríamos en Chile», había declarado la Casa Blanca, «una administración constituida por una derecha conservadora y por los democratacristianos».[3]
Una declaración digna de fe, sobre este punto, llegó de un ex agente de los servicios secretos de Alemania comunista, Markus Wolf, que después de haber hablado de las actividades de la CIA en los países latinoamericanos, en un libro autobiográfico escribió lo siguiente: «a mi juicio, la CIA sufría una particular desventaja, porque debía actuar en una suerte de pantomima democrática para satisfacer los requerimientos de la Constitución norteamericana, al margen de que los mismos tuviesen o no que ver con la labor de inteligencia».[4]
De hecho, en 1974, la CIA fue puesta en apuros por el Congreso por factores electorales y políticos, motivo por el cual tuvo que hacer público el contenido de diversos fascículos reservados. Así salió a la luz que, entre 1962 y 1969, Chile había recibido de Estados Unidos más de mil millones de dólares para finalidades políticas, la mayor suma per cápita del continente sudamericano. A nivel mundial, solamente el
Estado de Israel había recibido ayudas superiores a las de Chile.
No hay que olvidarse, asimismo, que ayudas no menos generosas de las que Estados Unidos daba a la derecha y al centro en Chile le llegaban también a la izquierda chilena (como está descrito en el capítulo VIII), por iniciativa de la Unión Soviética o de las naciones y organizaciones cercanas a ésta.
En el clima de la guerra fría de aquellos años, que dividía al mundo amenazado por el riesgo de una tercera guerra mundial, la contraposición entre Allende y los intereses norteamericanos, fueran estos políticos o económicos, era inevitable. En vano el embajador de Estados Unidos, Edward Korry, hacía todo lo posible para calmar las aguas apoyándose en la promesa de Allende (hecha en privado), de que las expropiaciones se solucionarían en forma amistosa. Allende, obviamente, sabía bien que nunca lograría frenar la ofensiva de Fidel Castro y del extremista filosoviético Altamirano, que, apoyados por el MIR y por el ala extremista del Partido Socialista, habían lanzado en Chile una ofensiva contra los intereses estadounidenses.[5]
El embajador Korry, que sabía lo que en Washington se tramaba contra Allende, llegó incluso a proponer una fórmula de nacionalización según la cual el Gobierno chileno pagaría las expropiaciones de las empresas estadounidenses con títulos a 20 y 25 años, garantizando el gobierno de Estados Unidos a las empresas expropiadas el pago de dichos títulos. Como Korry le dijo a Allende, Estados Unidos estaba ofreciendo al Gobierno chileno, a expensas de ellos, la posibilidad de materializar la tan deseada revolución marxista. Pero incluso dicha propuesta fue rechazada, quizás porque Allende y los suyos no se daban cuenta de las consecuencias que la falta de confianza de los inversionistas extranjeros podía producir en la economía del país. Richard Nixon admitió, en sus memorias, haber financiado en 1970 a los adversarios de Allende. Agregó, además, que interrumpió los financiamientos apenas Allende obtuvo el poder. ¿Hay que creerle?
Una respuesta parcial se tuvo cuando, en 1975, el Congreso de Estados Unidos, después de una propuesta promovida por el senador Frank Church, tuvo que revelar ciertas iniciativas de la CIA, antes y después de que Allende subiera a la presidencia. Las movidas de la CIA se inspiraban en una recomendación hecha en 1969 por Nelson Rockfeller y apoyada por el embajador Edward Korry, según la cual el único antídoto contra una expansión de la amenaza castrista a otros países latinoamericanos era recurrir a las dictaduras militares. El 27 de junio de 1970, Henry Kissinger, durante una reunión en la Casa Blanca, partiendo de la base de que Allende era más peligroso que el mismo Castro, expresó: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo».[6]
«Allende», dijo Kissinger en dicha ocasión, «tiene un Gobierno de partido único. Se mueve muy rápidamente hacia eso. Comienza a ejercer control sobre la prensa, está aislando a los militares. Está tratando a los militares como lo hizo Hitler […] los infiltra y neutraliza […] Y si toma el control sobre la policía, nunca más habrá
elecciones libres en Chile».[7]
Una confirmación de esto llegó, en noviembre de 1988, del periodista inglés Gregory Palast, que, en octubre de 1970, logró obtener un mensaje de la CIA de Washington destinado a la CIA de Santiago: «Es nuestra firme e inalterable voluntad», se lee en el documento, «que Allende sea derrocado con un golpe de Estado». Y después daba una serie de instrucciones para conseguir su cometido.[8]
Pero Palast fue más allá. Logró entrevistar al ex embajador Edward Korry, del cual tuvo la confirmación sobre las intrigas realizadas por algunas multinacionales estadounidenses, que bajo la dirección de Henry Kissinger, intentaban obstaculizar a Allende. La primera entre todas fue la Pepsi Cola, cuyo presidente, Donald Kendall, tenía una relación de amistad con Richard Nixon. Palast supo que las maniobras contra la izquierda chilena habían comenzado en Washington mucho antes que Allende subiera al poder: entre 1963 y 1964, cuando John Kennedy y su hermano Bob habían logrado financiar, a través de algunas empresas estadounidenses, la campaña de Eduardo Frei Montalva. Esto había sido realizado a través de la CIA, que bajo la fachada de la Agency for International Development había financiado secretamente la mitad del costo total de la campaña electoral de Frei. Muchos pagos, para cubrir el origen del dinero, habían sido realizados a nombre de ciudadanos privados o de empresas multinacionales. Con estas palabras la periodista chilena Mónica González comenta una entrevista concedida por el ex embajador de Estados Unidos en Chile Edward Korry, donde sostiene: «El apoyo norteamericano a la campaña de Frei Montalva en 1964 fue mucho más masivo que el que se registró en las elecciones de 1970. La CIA era una parte pequeña del total y entregó sólo 3 millones de dólares. Pero si se suman las corporaciones privadas, organizaciones católicas, la AFL-CIO, se llega a cerca de 20 millones de dólares».[9]
Como se aprecia en la biografía del entonces director de la CIA, Richard Helms, escrita por Thomas Powers, fue significativa la reacción de Nixon cuando supo que Allende había obtenido el poder: golpeando con un puño en la palma de la otra mano, exclamó que era un hijo de puta. Pero después al notar el rostro preocupado del embajador Korry, precisó que el hijo de puta no era él sino Allende. En otra ocasión le ordenó a Richard Helms: «No hay que dejar ninguna piedra sin mover para obstruir la elección de Allende».[10]
Además de la Pepsi Cola, otras empresas relacionadas con la derrota de Allende eran la ITT y la Anaconda Copper; ambas estaban alarmadas por las intenciones que tenía Allende de realizar nacionalizaciones y, por lo tanto, eran generosas para financiar a los partidos de centro y de derecha.[11]
Según los documentos estadounidenses citados por Mónica González, el 16 de julio de 1970 el presidente de la ITT, Harold Geneen, habría ofrecido a William C. Broe, dirigente de la CIA, una suma superior a los 10 millones de dólares para impedir la elección de Allende a la presidencia. Con Allende ya Presidente, el
principal diario chileno, El Mercurio, el 9 de septiembre de 1971, recibió 700 mil dólares y el 11 de abril de 1972 otros 965 mil dólares.
Esta y otras ofertas (como la de un millón de dólares para comprar en Chile diarios y periódicos), tuvieron el apoyo de la CIA, de la Casa Blanca y de Henry Kissinger.[12]
Sin lugar a dudas, Estados Unidos le dio una ayuda consistente a la centroderecha de Chile, antes y después que Allende conquistara la presidencia. Pero es necesario subrayar una vez más que la caída de Allende en 1973, más que de las maniobras y de las intrigas de Estados Unidos, dependió del descontento que Allende suscitó en gran parte del pueblo chileno.
Un estudio realizado en California en 1975 por el periodista Daniel Brandt, con el título Los cristianos de Izquierda en Chile y el golpe de 1973 y difundido por el mismo Brandt vía Internet el 28 de noviembre de 1998, intentaba (no sin exageraciones) rehabilitar la política de Allende y atribuir solamente a la CIA y a los centros financieros y económicos estadounidenses el fracaso del experimento marxista chileno. Un estudio, por lo tanto, del cual se entreven fuertes simpatías allendistas por parte del autor, al que, sin embargo, se le escapaba un hecho fácilmente constatable: que una maciza política de expropiaciones y de gestión partitocrática de la economía, como la realizada por Allende, no podía llevar sino a la caída de la producción y por lo tanto al derrumbe de la economía nacional y de la paz social.
Veamos lo que se lee en el texto difundido por Daniel Brandt.
Los intereses norteamericanos en Chile no eran poca cosa. Al final de 1968, según los datos del ministerio estadounidense de Comercio, las propiedades de las multinacionales norteamericanas en Chile sumaban 964 millones de dólares de aquella época. Durante aquellos años las utilidades obtenidas por esas empresas eran el 17,4% del capital invertido, con un tope del 26% para las compañías mineras.
Las empresas del cobre, en particular la Anaconda y la Kennecott, representaban el 28% de las inversiones estadounidenses, pero la ITT tenía la tajada más importante gracias a inversiones de unos 200 millones de dólares. En un discurso en San Francisco, Laura Allende había afirmado que en los 42 últimos años las empresas americanas del cobre habían ganado en Chile 420 millones de dólares con una inversión inicial de 35 millones de dólares.[13] Amenazados por las expropiaciones, Estados Unidos dio apoyos económicos que según Daniel Brandt no fueron la única forma de ayuda que recibieron desde Estados Unidos los militares y la centroderecha chilenos. Hubo, de hecho, desde 1964, formas más directas de financiamientos.[14] El Plan Camelot fue inaugurado en Estados Unidos con una erogación inicial de 8 millones de dólares y en un primer momento fue confiado al Pentágono, con la denominación de Avanced Research Projects Agency, para pasar posteriormente a depender de la CIA. En el ámbito del plan varios investigadores fueron enviados a
Chile y a otros países de América Latina para estudiar las orientaciones políticas de la población. En 1964 un estudio efectuado en Chile, con la colaboración de la McCann-Erickson y de la J. Walter Thompson, responsables de apoyar la campaña electoral de Frei. A las mujeres se les decía que si Allende ganaba sus hijos serían enviados a Cuba y sus maridos terminarían en campos de concentración. Y las mujeres de hecho, afirma Brandt, votaron como la CIA quería.
En 1964, la CIA invirtió más de 2,6 millones de dólares en la victoriosa campaña electoral de Frei y gastó otros 175 mil dólares en las campañas electorales de 22 candidatos. En total, en 1964, en Chile, la CIA gastó la suma de 20 millones de dólares.
Otra forma de intervención directa fue la patrocinada por la AIFLD (American Institute for Free Labor Developement), que actuaba bajo el control de la CIA y que les aseguraba a sus alumnos latinoamericanos recibidos, sueldos y títulos de instrucción en Fort Royal, Virginia.
Entre 1962 y 1972 los chilenos que se graduaron en aquella escuela fueron 79, y otros 8.837 se beneficiaron de cursos y seminarios realizados en Chile.
Después de 1972, otros 29 chilenos se graduaron en Fort Royal.[15]
Siempre según Brandt, las intrigas de Estados Unidos en vista de las elecciones de 1970 se iniciaron en junio de aquel año, cuando el así llamado Forty Committee se reunió para discutir sobre Chile y en aquella ocasión la CIA puso a disposición 1,3 millones de dólares.
Brandt afirma que en 1970, antes que Allende fuera elegido Presidente, la ITT concedió financiamientos por 700 mil dólares a la campaña de Jorge Alessandri, adversario de Allende, y siguió los consejos de la CIA para hacer llegar los fondos a su destino. El presidente de la ITT, Harold Geneen, ofreció un millón de dólares a la CIA para que le creara obstáculos a Allende: el ofrecimiento fue realizado a través de John McCone, director de la CIA desde 1961 a 1965 y posteriormente miembro del consejo de administración de la ITT.
Durante la presidencia de Allende, aproximadamente dos tercios de los empleados de la embajada de los Estados Unidos en Chile eran miembros de la CIA. Se pueden citar, siguiendo las indicaciones de Brandt, los nombres de Frederick Purdy, John Isaminger, Raymond Alfred Warren, Deane Roesch Hinton, Harry W. Shlaudeman, Daniel N. Arzac, James E. Anderson, John B. Tipton, Arnold M. Isaacs, Frederick W. Latrash, Joseph F. McManus, Keith W. Wheelock y Donald H. Winters.
En febrero de 1971, después de la elección de Allende a la presidencia, algunos bancos comerciales como el Chase Manhattan, el Chemical First National City, el Manufactures Hanover y el Morgan Guaranty cortaron todo tipo de créditos a Chile.
De documentos existentes en la ITT y en otras fuentes, resultan intervenciones de naturaleza política en Chile por parte de la sociedad Anaconda y Kennecott. La Ralston Purina redujo su propia producción. La NIBSA, subsidiaria de la Northern Indiana Brass Company, cerró su planta despidiendo a 280 empleados. La Purina,
subsidiaria de la Ralston Purina, gran productora de alimentos para animales, redujo su producción en forma substancial. Se trataba de empresas (Brandt no lo dice) amenazadas por la política de expropiaciones de Allende.
El gobierno de Estados Unidos participó en aquellas maniobras económicas y financieras en Chile, algunas de ellas después de las presiones realizadas por la ITT, que el 16 de julio de 1970, a través de su director Harold Geneen, tuvo un encuentro privado con William V. Broe, jefe del servicio de operaciones clandestinas de la CIA para el hemisferio occidental. En septiembre de 1971, Geneen se encontró con el asistente especial de Richard Nixon para asuntos internacionales, Peter Peterson. A continuación, William R. Merriam, también de la ITT, tuvo 25 reuniones en el Departamento de Estado y durante un año discutió el caso chileno con Henry Kissinger y con sus colaboradores. El 1 de octubre de 1971 escribió a Peter Peterson sugiriéndole que bloqueara todo tipo de ayuda económica a Chile.[16]
La nueva política económica de Nixon trasladó las ayudas económicas para Chile del Departamento de Estado al Departamento del Tesoro. Y, desde entonces, además de John Connally y su asistente John Hennessy, algunos funcionarios del Departamento del Tesoro se empeñaron en dicha tarea: eran John R. Petty, ex vicepresidente del Chase Manhattan Bank y después socio de Lehman Brothers; Paul A. Volcker, ex ejecutivo del Chase Manhattan, y Charles E. Walter, asistente del presidente del Republic National Bank y vicepresidente de la American Bankers Association. Es superfluo añadir que el Departamento de Estado compartió la línea dura del Departamento del Tesoro respecto al Chile de Allende y consideró un encuentro con representantes de la ITT, de la Ford, de la Anaconda, de la Ralston Purina, del First National City Bank y del Bank of America.
En aquellos días Richard Helms discutió el caso de Allende con Nixon y pocas horas después el propietario del diario chileno El Mercurio, el rico empresario chileno Agustín Edwards, participó en una reunión con otros funcionarios de la administración Nixon: inmediatamente obtuvieron de la CIA un generoso contrato para realizar publicidad pagada.[17]
Al mismo tiempo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo anularon sus proyectos y créditos para Chile. Algunos créditos de este organismo a favor de la Universidad Católica y de la Universidad Austral fueron una excepción.
Brandt atribuye todo esto a la caída de las reservas chilenas de dinero desde los 335 millones de dólares de noviembre de 1970 a los 100 millones de dólares a finales de 1971, y que en el mes de agosto de 1972 Chile perdiera el derecho a financiamientos por parte del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, disminuían las importaciones, en particular las provenientes desde Estados Unidos, del 40% al 15% del total. En diciembre de 1972 Allende, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se lamentó de la imposibilidad para Chile de comprar artículos de primera necesidad, medicinas y repuestos. Un tercio de los microbuses y taxis estaban parados por carencia de repuestos.[18]
El boicot económico estadounidense, prosigue Brandt, no golpeó igualmente a las Fuerzas Armadas chilenas. Al contrario, las ayudas militares a Chile, que en el pasado ya habían sido ingentes, se duplicaron entre los años 1970 y 1974. Además de las ventas de armas, los militares chilenos podían así tener cursos de actualización y de adiestramiento en Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá. Los generales Leigh, Merino y Mendoza estuvieron algún tiempo en Estados Unidos y el personal militar estadounidense residente en Chile llegó a 48 personas.[19]
El ya citado AIFLD colaboraba con el sindicato de la Federación Marítima Chilena, estrechamente relacionado con los cuadros de la Armada, que desempeñó un papel importante en el golpe de Estado de 1973, el que de hecho se inició en el puerto de Valparaíso. El mismo AIFLD dio asistencia a varios sindicatos y gremios que programaron las diversas huelgas que facilitaron el golpe de Estado.
La CIA financió las huelgas de los camioneros chilenos en 1972 y 1973 (probablemente a través de la International Transports Workers Federation) y podría haber financiado al movimiento de derecha Patria y Libertad. En 1973 (es siempre Brandt quien lo dice) financió las huelgas de los comerciantes y de los taxistas.[20]
Existen, agrega Brandt, otras pistas sobre la complicidad estadounidense. El 20 de mayo de 1973, un miembro de la embajada de Estados Unidos habría encontrado a bordo de un buque, en el puerto de Arica, al comandante de la flota y a numerosos altos oficiales del Ejército y en los meses de junio y julio de 1973 a bordo de cada nave de guerra chilena habría estado presente un oficial de los servicios secretos de Estados Unidos. En los últimos días inmediatamente anteriores al golpe de Estado, tres representantes de la derecha política chilena habrían ido a Washington y el embajador norteamericano en Santiago, Nathaniel Davis, habría tenido una conversación con Henry Kissinger. En los días del golpe, para terminar, naves de guerra estadounidenses navegaban cerca de las costas chilenas.[21]
De todos modos, dice Brandt, las cosas cambiaron en 1973, después de que la