El contexto: política, seguridad y violencia

El contexto en el cual ocurre el caso Tierra Blanca bien pudiera analizarse de manera cronológica. Son las mismas autoridades gubernamentales quienes parecen darnos tentativas respuestas, y parecen posicionarse de manera política frente a la situación. Para el análisis referente al contexto en el cual se desarrolla el caso, se ha considerado prudente realizar una investigación de nuestra realidad política y social de nuestro presente, para luego culminar con un análisis regional-local del lugar donde acontecieron los hechos. Ambos análisis no son propios de nuestras intuiciones en el caso, aunque si creemos son necesarios para complementar y fundamentar el estudio al

55 _{Una versión extendida del caso Ayotzinapa se encuentra en el informe 2016 de Amnistía Internacional: “Un}

136 respecto.

Según reportes de prensa, el día 18 de enero de 2016 el Gobernador del Estado habría tenido su primer acercamiento con el colectivo familiar de las victimas del caso Tierra Blanca. Así lo asentó C (tío de J, B y de M) quien confirmó a los medios de prensa que el mandatario estatal se había comunicado con sus familiares de Tierra Blanca. Según la víctima: “lo que pasa es que ya nos atendió el Gobernador, les habló a los familiares de allá en Tierra Blanca, (…) fue por teléfono. El Gobernador le habló a los padres de los muchachos” (alcalorpolitico.com, 18-01-2016). Sin embargo, más tarde se sabría qué tal llamada no solo se trataba de un acto solidario por parte del ejecutivo estatal, sino que también llevaba la intención de desarticular el plantón que los familiares habían implementado como parte de su lucha para dar con el paradero de sus muchachos desaparecidos.

Dos días después, el 20 de enero de 2016, el entonces Secretario de Seguridad Pública, en una actitud de “buen servidor público”, y como queriendo “tapar el sol con un dedo”, salía por vez primera a dar la cara después del suceso en la que su gente era culpada de tal delito. De manera expedita, “ordenó una inmediata re-evaluación de todos los mandos medios de la dependencia a su cargo, para evitar que se repitan hechos como la desaparición forzada de los cinco jóvenes” (alcalorpolitico.com, 20-01- 2016).

A la par, habría informado que “durante la presente administración se ha evaluado a más de 7 mil policías y se han dado de baja 3 mil 900 que no cumplieron con el perfil requerido por el Nuevo Sistema Policial, al mismo tiempo han ingresado más de 4 mil 580 nuevos egresados de la Academia”. Reiteró su política de “cero tolerancia y mano dura” indicando que los “más de 7 mil policías que todos los días trabajan a favor de Veracruz no merecen ser juzgados por las acciones de los malos elementos y dijo que seguirán trabajando de frente a los ciudadanos para demostrarles que pueden

137 confiar en la policía” (alcalorpolitico.com, 20-01-2016).

El 25 de enero de 2016 (cinco días después de la primera aparición pública del SSP, y a siete días de haber hecho contacto con los familiares de las víctimas de los cinco jóvenes desaparecidos) el Gobernador aparecía públicamente para contextualizar el ambiente en el cual se había desarrollado el caso Tierra Blanca. A decir del mandatario, “el resultado que todos queremos (en materia de seguridad) aún no se ha cumplido por eso he comprometido todo el recurso humano y material para no cesar en esta tarea que ha sido constante en la operatividad” (alcalorpolitico.com, 25-01- 2016). Aceptó que en la actualidad no hay suficientes elementos de seguridad, por ello, destacó que “los policías no se compran en una tienda”. Defendió a su secretario de Seguridad Púbica, refiriendo a que este último: “ha cumplido las instrucciones que le ha dado en la materia” (alcalorpolitico.com, 25-01-2016).

En esa presentación pública ante medios, el Gobernador detalló que el número de personas desaparecidas en Veracruz (según datos oficiales) es de 500 (hasta lo que iba en esa fecha). En ese mismo sentido, replicó que en 2015 fueron localizadas 599 personas denunciadas como desparecidas. También dio a conocer datos sobre la incidencia delictiva tales como el secuestro en donde aseguró que hubo en el 2015 una disminución del 35%. Refiriéndose al caso Tierra Blanca dijo: “7 malos elementos de la policía estatal traicionaron a Veracruz […] destacó que desde el inicio de esta investigación, el Fiscal coordina diariamente la labor de más de diez fiscales regionales. A este esfuerzo se suman los agrupamientos de la Fuerza Civil y Policía del Estado de Veracruz. Junto a ellos, participan la PGR, SEDENA, SEMAR, SSP de Oaxaca y CISEN. Coordina a 10 peritos especializados y más de 250 policías ministeriales a bordo de 95 vehículos” (alcalorpolitico.com, 25-01-2016).

138 la lucha mediática que desprestigiaba su mandato en materia de seguridad pública, son los siguientes:

- El Estado de Veracruz (según el ENVIPE 2015) es el tercer mejor Estado en la reducción de víctimas de delitos y es el tercer Estado con menor incidencia delictiva nacional. - La Policía Estatal ha incrementado su nivel de confianza, pasando a ser la quinta mejor

institución, después de Marina, Ejército, Policía Federal y Jueces; y la cuarta institución con mejor nivel de desempeño.

- Veracruz es el primer lugar en prevención de accidentes, reconocido en agosto pasado dentro del marco del Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud.

- En materia migratoria, se rescataron 543 migrantes, logrando la detención de 9 personas dedicadas al tráfico de personas migrantes y el aseguramiento de 14 vehículos que utilizaban para su traslado.

- Para disminuir el asalto en carretera de vehículos de carga, autobuses y particulares, se ejecutaron tan solo el año pasado (2015) 105 mil 828 acciones policiales.

- De enero a diciembre del 2015, la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Ministerial, logró la detención de 4 mil 644 personas, de las cuales destacan más de mil 200 relacionadas por la comisión de delitos de alto impacto. Fueron detenidas 167 personas por la comisión del delito de homicidio y 28 por el muy reprobable delito de Feminicidio.

- En materia de secuestro, se logró la “histórica” detención de 347 personas vinculadas con esta actividad, y se desarticularon 50 bandas de secuestradores. (alcalorpolitico.com, 25- 01-2016).

De acuerdo con estos datos, el mandatario estatal quiso enfatizar que el “esfuerzo y dedicación de miles de elementos no puede quedar empañado por el actuar de unos cuantos malos elementos”. Esto en alusión al caso de los cinco jóvenes desparecidos en Tierra Blanca. Frase similar a la de su Secretario de Seguridad Pública.

139 Un mes después, el 15 de febrero de 2016, el Gobernador del Estado ratificaba su confianza en A, afirmando que el “El Secretario de Seguridad Pública continuará realizando esta labor que ha venido desarrollando de manera coordinada con la federación, particularmente con el Ejército y la Marina. Un esfuerzo importante, titánico, de mucho tiempo, lo que nos ha permitido resultados” (e-veracruz.mx, 15- 02-2016). El 16 de febrero de 2016, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, N, en un acto y declaración similar a la del Gobernador, salió a declarar en favor de A. Según el servidor público, “no hay precedente de la lucha contra la delincuencia organizada en ninguna otra entidad de la Republica; ello ha representado la evidencia que todos los delitos han disminuido en Veracruz” (e-veracruz.mx, 16-02-2016).

En relación a la policía estatal, y en defensa de su homologo, el Secretario de Seguridad Publica, dijo que los “policías que reprueban no son delincuentes. En la presente administración, 5 mil elementos policiacos y ministeriales han sido reemplazados por no pasar los exámenes de confiabilidad, pero eso no quiere decir que sean unos delincuentes: las pruebas de confianza son ejercicios terriblemente estresantes diseñados para someter al policía a una gran presión psicológica; a veces el estrés, el cansancio hace que los policías no logren superar esa carga de las pruebas. (…) señaló que Veracruz ha acreditado a mil 182 policías municipales para la reforma penal y el reto es que para finales de mayo todos los elementos restantes (3,700) hayan sido certificados (e-veracruz.mx, 16-02-2016).

En ese contexto, según el servidor público (y de acuerdo a la geografía del estado y al número de habitantes en él) el estado ocupa el lugar 11 en el número de delitos a nivel nacional, con solo el 3% de todos los que se cometen en el país (dato que parece confortar y tranquilizar a nuestras autoridades). A manera de justificación y legitimando el papel de las fuerzas de seguridad publica en el estado, N pasó a las

140 finanzas en materia de seguridad. Según datos presentados, el Estado de Veracruz en este año (2016) habría recibido (según fondos federales) un estimado de casi 300 millones de pesos para utilizarlos en esta materia. De manera simultánea, el Estado aportaría a ese fondo una cantidad de 128 millones arrojando una sumatoria de 426.8; de los cuales 328.3 le corresponderían a la SSP, 73.3 a la FGE y 25.2 al Tribunal Superior de Justicia del Estado (e-veracruz.mx, 16-02-2016). Por otro lado, con la desaparición del Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y con la puesta en marcha del FORTASEG (Fortalecimiento a la Seguridad) (que implica 329 millones 600 mil pesos adicionales destinados a 20 municipios) el presupuesto en materia de seguridad parece elevarse y parece abarcar más territorio que pudiera favorecer a municipios implicados en el tema de la violencia. Estos municipios incorporados son: Agua Dulce, Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, Tihuatlán, Veracruz, Coatepec, Martínez de la Torre, Orizaba, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tuxpan y Xalapa (e-veracruz.mx, 16-02-2016).

Es en medio de esta situación en donde acontece la desaparición forzada de los cinco jóvenes. Por un lado, entre conferencias y comunicados de prensa, declaraciones públicas de líderes gubernamentales, compromisos sociales y políticos por parte de nuestra máxima autoridad en el Estado; y por el otro, altos índices de violencia, de desapariciones y de otros crímenes como el homicidio, el robo, la extorsión que deslegitiman el papel asumido por nuestras autoridades. De manera incisiva, es este el contexto en el cual ocurren lo hechos del caso Tierra Blanca. En medio de un albor mediático de lucha y combate al crimen organizado, así como de compromisos gubernamentales que dan cuenta del papel paradigmático que busca asumir el gobierno ante esta situación anómala y generalizada.

141 que a la par de las presentadas por el gobierno, bien podrían deslegitimar su papel combativo. Por lo menos en lo referente a las víctimas de desaparición forzada, existen apuntes que demuestran de manera objetiva que el trabajo realizado ha sido muy malo cuando no pésimo. Según una nota publicada en el semanario “Proceso”: “en casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General del Estado de Veracruz, […] se ha comprobado que los responsables de los levantones, secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el grave problema, el gobernador sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la insultante impunidad” (Proceso, 18-02-2016). A más de esto, la Procuraduría General de la República ubica a nuestra entidad (por lo menos hasta febrero de este año) como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa. Estados con antecedente histórico de padecer altos índices de violencia y criminalidad (Proceso, 18-02-2016).

En un ámbito más acorde con nuestra realidad contemporánea, pero heredera de ese pasado de cacicazgo, pistolerismo y demás representaciones de violencias locales; el presente en el cual acontece el hecho del caso Tierra Blanca es en medio de un contexto que se acopla con el problema de violencia que padece el país: rutas migratorias, violencia que afecta a la gente ocupante de esas rutas, extorsiones, desapariciones, tomas clandestinas a ductos de PEMEX, robos de ganado y la disputa declarada entre grupos delincuenciales. Un dato que no se puede dejar de lado, es el proceso electoral del presente año. Sobre todo porque tiene una incidencia considerable tanto a nivel gubernamental como política. No hay que olvidar que el caso Tierra Blanca se da a 11 meses de concluir el mandato del actual gobernador, y a 1 mes de iniciadas la precampañas para elegir al próximo mandatario estatal.

142 dado cuenta como el punto de vista regional-local que hemos considerado, se nos presentan como esenciales en tanto nos permite focalizar el asunto y retroalimentar el horizonte de comprensión en el cual se dieron los hechos. Sobre todo porque ambas posturas contextualizan la manera en que muchas veces se conjuga el ámbito político en relación con la seguridad pública y la violencia. Referentes no muy alejados de nuestra realidad y no muy alejados de las nociones mismas de los conceptos. Una situación paradojal de nuestra realidad política contemporánea.