PROGRAMAS DE INCLUSIÓN DIGITAL EN BRASIL: GOBIERNO ELECTRÓNICO
2. El desarrollo sostenible y la inclusión digital
La sociedad de la información se apoya en la convergencia de la informática, de las telecomunicaciones y de los medios audiovisua- les, que interactúan en una base que es el ciberespacio.
El surgimiento de la Internet en esa nueva era digital ha suscitado la necesidad de repensar importantes aspectos relacionados con la pro- piedad intelectual, la libertad, la democracia, la tecnología y la pri- vacidad.
Hay que resaltar que Internet no es solo la World Wide Web o www, conjunto de patrones y de tecnologías que posibilitan su uti- lización por medio de los programas navegadores denominados
browser.7
Internet se presenta como un canal de información por excelencia que elimina tiempo y distancias, generando un altísimo tráfico de información. Este fenómeno hace que en la sociedad de principios del siglo XXIel derecho a la información adopte nuevos contornos y dimensiones, por la necesidad de crear instrumentos y mecanismos jurídicos adecuados que garanticen la plena libertad de acceso a la información, asegurando, así, el desarrollo del individuo en la socie- dad, hoy informatizada.
Actualmente, los derechos humanos —en los que se incluye y fun- damenta el derecho a la libertad de información— son tutelados por
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6 Wachowicz (2001: 246). 7 Corrêa (2000: 10).
el Derecho Internacional Público por medio de tratados y convenios, y por el Derecho Interno, con la recepción de dichos principios por el ordenamiento constitucional de cada Estado. De ahí la importan- cia de que los Estados emprendan políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos del individuo en este nuevo contexto social globalizado e informatizado.
2.1 La brecha digital
La celeridad con que el progreso tecnológico se va insertando en el cuerpo social es impresionante. Pero dicha inserción no ocurre de forma lineal; es decir, no todos los segmentos de la sociedad experi- mentan el impacto o los beneficios de la era digital.
El desarrollo tecnológico inherente a la sociedad de la información puede generar efectos positivos y negativos para el hombre, puede incluirlo en esa nueva sociedad al posibilitarle el acceso a la infor- mación, o bien, en contrapartida, puede excluirlo cuando no tiene acceso a la información. En este sentido, apunta Sérgio Amadeu da Silveria, «la nueva faz de la exclusión social […] los nuevos excluidos no pueden comunicarse con la velocidad de los incluidos para la comunicación mediada por ordenador».8
Es oportuna la reflexión sobre Internet como canal de información basada en la investigación realizada por la School of Information Management and Systems (SIMS), de la Universidad de California, la cual ha revelado que la humanidad va a producir, en los primeros tres años de este nuevo milenio, más informaciones que el volumen generado en los trescientos mil años anteriores. Y que, en un futuro próximo, esa cantidad de datos se duplicará anualmente. Solo en 1999, se generaron 250 megabytes de nuevas informaciones por cada habitante —hombres, mujeres y niños— del planeta.9
El surgimiento de la sociedad de la información en el siglo XXIposi- bilitará la inclusión digital y la democratización de la sociedad, en la
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8 Silveira (2001: 17).
medida en que se conciba el derecho de acceso como derecho huma- no fundamental, proporcionando, así, una reflexión en la esfera del Derecho Internacional sobre el derecho a la información en la Decla- ración de Derechos Humanos.
En la sociedad informacional se vuelve mucho más explícita la dimensión de los derechos humanos, que no solamente engloban los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales, cul- turales, económicos, de solidaridad, biotecnología y comunicación.10 Si destaca que las funciones de los derechos humanos no son exclusi- vistas en su realización, en el sentido de que, para garantizar el dere- cho de información de unos, se deba disminuir el de otros.
Por el contrario, el derecho de información pretende, ante todo, la integración del ser humano en el proceso civilizatorio, con el fin de evitar su exclusión social en una sociedad altamente informatizada. Así, por la propia internacionalidad de la información ofrecida y accesible en Internet, es inevitable constatar que los derechos de información recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la ONU deben poseer aplicabilidad inmediata y automática. El papel del Estado en esta nueva sociedad no consiste en formu- lar reservas o limitar el derecho de información por medio del ordenamiento jurídico interno, sea este constitucional o infracons- titucional, sino en no permitir que terceros (empresas, partidos políticos, ONG) impongan bajo cualquier pretexto límites y reser- vas a su realización.
2.2 El mapa de la exclusión digital
La revolución de la tecnología de la información ha deparado a los Gobiernos estatales una nueva noción sobre el desarrollo tecnológi- co en el movimiento de globalización.
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10 En este sentido véase Wachowicz, «Os direitos da informação na Declaração Universal dos Direitos Humanos», en Wachowicz (2002: 37).
En la actual sociedad informacional el desarrollo de cualquier país sin Internet equivale a pensar, en la época de la sociedad industrial del siglo XIX, la industrialización de un Estado sin electricidad. No sería posible el desarrollo industrial sin el desarrollo de las infraes- tructuras de energía eléctrica en toda la sociedad productiva. Internet, al ser una red abierta, interactiva e internacional, permite a una multiplicidad de operadores simultáneos acceder a informacio- nes, independientemente del lugar, país o región, desde el momento en que existe en su país infraestructura de telecomunicación digital disponible para los ciudadanos, lo que exige inversiones elevadas en alta tecnología que son asumidas por los Estados económicamente desarrollados.
Por otro lado, en los Estados económicamente subdesarrollados, el análisis de las prioridades de inversión y las discusiones sobre los problemas reales relacionados con la salud, la educación, la seguri- dad, el alcantarillado y la electricidad orientan la implantación inicial de políticas públicas, antes de que se empiece a discutir la oportuni- dad de invertir en la implementación de infraestructuras tecnológi- cas de banda ancha, fibra óptica para acceso a Internet.
Es importante tener clara la existencia de una profunda incompren- sión de las prioridades en las cuestiones relativas al desarrollo en los países del Tercer Mundo.
Los principales argumentos de quienes se oponen a las políticas públicas de inclusión digital se centran en cuestiones económicas de inversión y, al no comprender las razones de su relevania estratégica. Efectivamente, una economía o un sistema de administración guber- namental que no estén basados en Internet implican para cualquier país reducir sus posibilidades de generar recursos necesarios para atender sus necesidades de desarrollo sostenible en la sociedad infor- macional.
La brecha digital que se presenta a las personas de los países pobres no se reduce a quedarse sin ordenador o teléfono móvil, sino que vuelven incapaces de pensar, crear y organizar nuevas formas econó- micas de producción y de distribución de riquezas. Estos son los
terribles aspectos de la exclusión digital, que supone admitir un nuevo tipo de analfabetismo, el tecnológico.
Al darse la desigualdad entre personas, es mucho más difícil deter- minar las desigualdades entre los países; dicha desigualdad está pre- sente y es particularmente importante en la inclusión social de las personas marginadas, sea por factores económicos, sociales, educa- cionales o por otras razones, como, por ejemplo, las personas porta- doras de necesidades especiales para una utilización mínimamente satisfactoria de las nuevas tecnologías de la información y la comu- nicación (TIC).
Actualmente, en el mundo, la comunidad de internautas llega a la cifra de 1110 millones de personas, lo que representa el 16,9 % de la población mundial, según informa Internet World Stats (2007).11 La investigación revela que la penetración de Internet en la población mundial por regiones presenta los siguientes porcentajes en orden decreciente: 69,7 % en América del Norte, 53,5 % en Oceanía, 38,9 % en Europa, 17,3% en América Latina y el Caribe, 10,7 % en Asia, 10 % en Oriente Médio y 3,6 % en África.
En América del Sur, según datos de Internet World Stats, la clasifica- ción porcentual de población conectada a Internet por países es la siguiente: 42,4 % en Chile, 34 % en Argentina, 21,1 % en Perú, 20,5 % en la Guayana Francesa, 20,4 % en Uruguay, 18,1 % en la Guayana, 17,2 % en Brasil, 15,8 %, en Colombia y 12,8 % en Vene- zuela.
La posición del Estado brasileño en la clasificación suramericana es merecedora de análisis por dos cuestiones significativas.
La primera es que Brasil posee el 47,4 % de los usuarios de Internet en América Latina; por lo tanto, las políticas públicas de inclusión digital del Gobierno brasileño repercutirán en gran medida sobre la posición ocupada por América Latina en la clasificación mundial.
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La segunda cuestión que merece ser considerada es el extraordinario aumento de usuarios brasileños de Internet, que de 2002 a 2007 tuvo un incremento significativo del 542 %, aunque dicho creci- miento no sea lineal u homogéneo dentro del país.
En Brasil los mayores porcentajes de usuarios de Internet de acceso digital se localizan en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro,12 donde alcanza al 60 % de la población, y en el área metropolitana de la ciudad de São Paulo,13que con aproximadamente 20 millones de habitantes tiene cerca del 31 % de su población conectada a la red mundial.
El mapa de la exclusión en Brasil señala a otras regiones del norte y noreste del país: en estados como Maranhão, con cerca de 6 millo- nes, Piauí, con 2,5 millones, y Tocantins 1,1 millones, el porcentaje de población conectada a Internet no alcanza el 3 %.
Een cuanto al perfil de la población brasileña con acceso a Internet, no alcanza el 43 % de los usuarios tiene menos de 25 años y casi el 40 % de estos poseen más de ocho años de estudios.
Las desigualdades regionales en Brasil en 2007 fueron analizadas por la International Telecommunication Union, que situó al país en el puesto 65, según el Digital Acces Index (DAI), que considera la infra- estructura instalada, el uso de Internet, el poder adquisitivo y el nivel educacional del usuario.14
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12 Río de Janeiro es la segunda mayor metrópoli de Brasil, la cuarta mayor de América Latina y la capital del estado homónimo, situada en el sureste del país. La población, estimada el 1 de julio de 2005 por el IBGE, es de 6 094 183 habitantes. El área metropolitana de Río de Janeiro tiene más de doce millones de habitantes. El municipio está dividido en 160 barrios, agrupados en 33 zonas administrativas. La ciudad cuenta con 19 subayuntamientos.
13 São Paulo, capital del estado de São Paulo, es la ciudad más poblada de Brasil y de todo el hemisferio sur. Su área metropolitana tiene 19 677 536 habitantes (si sumamos la población total estimada por el IBGE el 1 de julio de 2006 para los 39 municipios que componen el Gran São Paulo), lo que le convierte en la más poblada de Brasil y la tercera del mundo, después de Tokio y México.
14 Disponible en <http://www.itu.int/newsarchive/pres_releases/2003/30.html> (consulta: 11.06.2007).
Los datos recogidos indican cuáles son las principales barreras de acceso a Internet en laos hogares brasileños.
En primer lugar, con un 46,37 %, la falta de ordenadores; a conti- nuación, 25,9 %, el elevado precio del equipamiento; un 16,19 % de la población señala el alto precio del acceso; a ello hay que agregar que el 8,88 % reconoce su falta de interés por Internet, y que el 8,65 % declara no poseer habilidad para usarla.