El modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración

El modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración supone el nacimiento de la no institucionalización centrándose en la situación del individuo. El tratamiento tiene lugar donde es necesario y donde reside el sujeto, es decir, en la comunidad. Se reserva la institucionalización a casos de peligrosidad para la sociedad. La estrategia comunitaria se centra en la prevención primaria y secundaria, en una perspectiva poblacional y promueve el cambio institucional. Pretende que la conducta delictiva sea tratada mediante programas comunitarios atribuyendo ésta a un problema educativo. El apoyo social es esencial en este modelo poniéndose el acento en las estrategias preventivas tratando de evitar que surjan las actitudes y conductas delictivas o, por lo menos, que se consoliden como pautas de comportamiento cuando esto sea posible (Lorenzo Moledo, 1997).

Se parte de la perspectiva de que el individuo y la comunidad son un complejo interactivo e interdependiente, por lo que la intervención se centraría por una parte, en la persona y por otra, en el sistema social, con el fin de maximizar su adaptación, actuando, así, sobre las causas de la inadaptación que se encuentran en la misma sociedad. Los profesionales especializados en procesos reeducativos tienen un papel fundamental en este modelo. Trabajarán con aquellas personas importantes en el ambiente del individuo para que puedan apoyarle en las actitudes y conductas prosociales. Por lo tanto, no estamos ante una propuesta estática sino que las

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actuaciones deberán adaptarse a las necesidades específicas del individuo y su comunidad (Maya, 2004).

Como nos muestra Lorenzo Moledo (1997), podemos establecer las siguientes diferencias entre el modelo tradicional de tratamiento y el educativo-comunitario:

1. Nivel de prevención. Mientras que el modelo tradicional se basa en la prevención terciaria, el de reintegración lo hace en la primaria y en la secundaria.

2. Concepto de delincuente. El modelo educativo comunitario se centra en aquellas variables que inciden con mayor fuerza en la carrera delictiva del sujeto mientras que el tradicional se basa en la personalidad criminal.

3. Enfoque. Pasamos de un enfoque clínico a un enfoque psicoeducacional. Siguiendo a Martín, Vila y De Oña (2013) de acuerdo con este nuevo enfoque los procesos educativos y políticos se tornarán básicos y los conflictos se visualizarán como parte de un devenir humano.

4. Métodos de cambio. El segundo modelo se centra en las técnicas de modificación de conducta, especialmente en el desarrollo de habilidades sociales, mientras que el tradicional lo hace en las modalidades de psicoterapia dinámica, individual o de grupo.

5. Papel de las instituciones. La prisión se plantea en el modelo de reintegración como un primer paso para las estrategias comunitarias, dejando atrás el planteamiento de que los especialistas que se encuentran en los centros penitenciarios son suficientes para, trabajando en este contexto, “curar” a las personas que hayan cometido un delito. En cierta medida, este es el espíritu que debería orientar a los CIS o a las Secciones Abiertas. Así, el tratamiento penitenciario por sí solo no podrá disminuir de forma significativa la tasa de reincidencia pero sí podrá servir para aumentar las oportunidades de conducta prosocial (Garrido, 1992).

La teoría del aprendizaje social será la que sustente este modelo, identificando que la conducta está influida por las experiencias vividas necesitando, según Blanco García (1990), una serie de alternativas para relacionarse mejor con los demás, habilidades educativas, laborales e interpersonales.

La teoría del aprendizaje social (Akers, 1997; cit. en Garrido et al., 2006, p. 374) incluye los siguientes constructos:

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1. Asociación diferencial. Proceso mediante el cual uno es expuesto a definiciones normativas favorables o desfavorables a la conducta ilegal. De este modo, tendrán más influencia sobre las personas aquellas asociaciones diferenciales que poseen mayor frecuencia, duración, prioridad e intensidad.

2. Definiciones. Serán los significados que una persona vincula a una conducta determinada. Cuanto mayor sea el número de definiciones contrarias a ciertos actos menor será la probabilidad de realizarlos.

3. Reforzamiento diferencial. Se refiere al balance entre los refuerzos y los castigos anticipados o reales que siguen o son consecuencias de la conducta. A mayor refuerzo como resultado de una conducta delictiva, mayor probabilidad de delinquir.

4. Imitación. Involucrarse en una conducta tras la observación en otros de una conducta semejante. De forma habitual adquirimos conductas a partir de modelos observados reproduciéndolos cuando se producen las consecuencias que consideramos apropiadas.

De este modo, a juicio de Garrido (1992) este modelo se caracteriza por:

- Criticar el tratamiento como meta final de las instituciones. El tratamiento institucional se plantea como el primer paso para una reintegración total.

- Diferenciar entre enfermo y delincuente, generalmente el interno no comete un delito a causa de problemas emocionales.

- Rechazar el planteamiento médico en cuanto a la necesidad de una terapia, sino la necesidad psicoeducativa, mereciendo mayor atención el entrenamiento en la solución de problemas interpersonales.

- Adoptar una perspectiva básicamente preventiva.

- Las tareas de reeducación recaen especialmente en aquellas personas significativas en el ambiente del delincuente, además de en los especialistas.

Sykes (1958; cit. en Garrido 1992, p. 201) señalaba, en cuanto al modelo de tratamiento, que:

1. La prisión puede ser transformada pero no eliminada por lo que los programas penales han de basarse en la realidad y no en la utopía.

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2. Ninguna dosis de buena conducta puede transformar una prisión autoritaria en algo distinto. La naturaleza de la represión no ha de ser cruel, pero sí firme y eficiente.

3. Poco podemos esperar de aquellos programas de rehabilitación que pretenden “curar”. La reforma de todos o la mayoría de los delincuentes es tarea imposible.

4. Cualquiera que sea influencia de la encarcelación, siempre será un producto de los patrones de interacción social en los que el interno participa cada día.

Por su parte, los estudios de Antonowicz y Ross (1994; cit. en Garrido y Martínez, 1998, p. 68) no confirman la idea de que la comunidad sea el lugar más propicio para el éxito en el tratamiento de los delincuentes y defienden que la naturaleza del lugar o el ambiente construido puede ser más importante que la propia ubicación del tratamiento. Garrido y Martínez (1998) afirman que los programas en la prisión pueden ser efectivos si consiguen crear un ambiente propicio dentro de ella de modo que se construya una “comunidad alternativa”.

Como vemos, este modelo centra su base operativa en la educación, de modo que los espacios penitenciarios conforman el primer paso del tratamiento para poder alcanzar la reinserción que necesariamente deberá continuar, en la propia comunidad (Lorenzo Moledo et al., 2013; Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003c).

Cabe señalar, como ejemplo, el modelo de intervención del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que parte de las características y peculiaridades de las mujeres que conviven en sus instalaciones. Su modelo de intervención se define como un proceso a largo plazo de logros consolidables, es decir, que avanza desde un cierto grado de dependencia hasta la plena autonomía personal. Lo que tratan es de combinar programas de formación, de intervención personal y de servicios sociales que permitan a las mujeres una mejora en sus capacidades personales, y les ayuden a ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía (Yagüe, 2007b).

En la intervención socioeducativa dentro del medio penitenciario debemos partir, pues, de este modelo comunitario o de reintegración, que considera que el

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centro penitenciario es el primer paso para el trabajo educativo que necesariamente debe continuarse con programas comunitarios.