El proyecto libertario del Ejército de Guatemala.

En 1987 se puso en vigencia el plan de operaciones Fortaleza

87, considerando tres líneas principales: hacia el interior de la institución la principal preocupación sería conservar la

disciplina, la jerarquía, la unidad y la modernización del ejército; operativamente planteaba la creación de un fondo para minusválidos producto de la confrontación armada; mejorar y aumentar las facilidades de recreación para la familia militar; terminar la construcción del Centro Médico Militar y poner en funcionamiento un Hospital Quirúrgico Móvil para la atención inmediata de las víctimas del combate; reactivar y mejorar el sistema educativo militar; y terminar con la anarquía en el servicio de transmisiones militares51_.

Este nuevo esquema operativo generó cierta aprensión en la oficialidad militar ya que, acostumbrados a trabajar sin lineamientos exactos y con escasa supervisión, ahora se veían sujetos a mayor atención por parte del alto mando, desde donde se ejercía mayor presión sobre las jerarquías militares; esta situación fue derivando en corrientes de oposición que calificaban de irrelevantes estas actividades y denunciaban la poca actividad en contra de la insurgencia. Según el general Gramajo, esto fue creando dos grupos de pensamiento al interior del ejército; unos anticomunistas, guerreros y tácticos, otro prodemocráticos, soldados y estratégicos52_.

Para tratar de contrarrestar estas tendencias, el Estado Mayor de la Defensa Nacional a cargo del general Manuel Antonio Callejas y Callejas, organizó un seminario de reflexión denominado

50 Ibídem. p. 280-281. 51 Ibídem. p. 272-273.

Proyecto Libertario del Ejército de Guatemala; durante este evento

los criterios expresados se orientaron a evidenciar la existencia de un alto grado de subdesarrollo político y una crisis de identidad ideológica nacional, determinando que la población no estuviera suficientemente compenetrada de su papel dentro del sistema democrático; ante esta situación recomendaron la concientización de la población, en el sentido de que el mejor sistema de gobierno para alcanzar los objetivos permanentes del Estado es la democracia.

Entre otras recomendaciones destacaron la de mantener la seguridad, la presión operativa dentro del territorio nacional, la neutralidad activa y la vigencia del orden constitucional como fundamento de la estabilidad nacional. Captando al ejército como el creador del proceso de democratización, concluyeron en la necesidad de un plan de trabajo para unificar los esfuerzos del gobierno con el sector social y económico, para que compartiendo responsabilidades se fortalecieran las instituciones del sistema democrático.

Reconocieron que dentro del sistema democrático el ejército debería prepararse para un cambio de actitud, que dependería de su capacidad de adaptación con una visión más profunda de la problemática nacional. Para ello, reconocieron la necesidad de fortalecer la educación cívica y política de todos los integrantes del ejército, planteando como urgente la necesidad del funcionamiento de una Escuela de Estudios Superiores para el estudio de la Estabilidad Nacional.

En una institución jerárquica y disciplinada, en donde la obediencia se constituye casi como una virtud religiosa, las reacciones individuales y colectivas expresadas en este tipo de espacios están condicionadas a trasladar el fondo del mensaje oficial del alto mando, en este caso, la idea de la estabilidad nacional y el discurso de un ejército prodemocrático. Llama la atención que durante ese incipiente proceso de desarrollo del pensamiento militar, no fueron abordados ninguno de

los principios de la doctrina de la seguridad nacional, la que durante años fuera la base del pensamiento contrainsurgente y de la doctrina militar en Guatemala.

Hacia el exterior del ejército, sin que se planteara como una acción

oficial y pública, se iniciaron acciones de asistencia en varios frentes apoyando el traslado de alimentos y ejecutando obras de infraestructura en beneficio de la atención de los desplazados internos y para favorecer a las familias que habían perdido sus cultivos en la zona oriental del país, por las intensas lluvias de finales de 1986. Los analistas militares se daban cuenta del abandono en que se encontraban algunas áreas rurales del país, que hasta el año anterior habían sido asistidas efectivamente mediante las Coordinadoras Interinstitucionales y las unidades de Asuntos Civiles y que, en ese entonces, ponían de manifiesto la ineficiencia de los programas dirigidos por las instituciones del gobierno civil.

La línea de acción operativa estaba dirigida hacia la seguridad

pública y el accionar contrainsurgente; sin soltar la presión en la estrategia del reconocimiento de fuerza, se dio inicio a una serie de actividades en el plano internacional, en donde la insurgencia era activa y exitosa, mediante el despliegue de tareas de diplomacia desde lo militar, para exponer el punto de vista del nuevo gobierno desde la óptica militar y divulgar una versión opcional de los hechos nacionales.

El sector militar descontento, identificado como los oficiales de

la montaña, posiblemente para establecer contraste con el resto

de los oficiales a quienes consideraban como no combatientes, fueron generando una atmósfera de subversión estimulada por un grupo de civiles opositores “al gobierno comunista” de Cerezo Arévalo, representantes de los intereses del conservador sector agropecuario, en particular de los ganaderos, quienes contaban con el apoyo de un grupo de políticos vinculados a la más radical expresión de los sectores de la derecha partidaria, y a periodistas de opinión estratégicamente ubicados en los

medios de comunicación escrita y televisada del país.

Desde el principio del año, la insurgencia inició una serie de argumentaciones en contra del gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, acusándole de haberse entregado al ejército, de plegarse a los intereses de los empresarios más conservadores, de no hacer nada por terminar con las prácticas represivas y de negarse a llevar adelante las reformas estructurales que encaminarían al país hacia la paz y la democracia.

Para corregir la situación existente, URNG propuso la necesidad de iniciar un diálogo sin condición alguna, para humanizar la guerra en base a dar vigencia a los convenios de Ginebra; total respeto a los derechos humanos; discusión de los temas de integración y unidad nacional; definición de un programa mínimo de reformas estructurales y de una verdadera política de neutralidad y no alineamiento.

En el mes de mayo la insurgencia denunció la presencia de helicópteros norteamericanos, transportando refuerzos militares guatemaltecos hacia el Ixcán, departamento del Quiché, a lo cual respondió el ejército que dicha colaboración se solicitó ante la imposibilidad de acceso a ciertos lugares; el presidente Cerezo Arévalo declaró que la ayuda militar norteamericana no sería letal, más bien se orientaría hacia obras de infraestructura, transporte y apoyo a operaciones civiles.

En agosto de 1987, el mando militar efectuó una presentación pública denominada Gran Foro Nacional: Veintisiete años de

lucha por la libertad, patrocinado por el Consejo Empresarial,

una especie de sector político de la coordinadora de cámaras empresariales, durante el cual fue expuesta la posición y actitud institucional del ejército respecto a la política de la neutralidad activa, la reforma tributaria y la urgencia de tomar conciencia de la necesidad de solucionar la situación social y económica del país, ya que ésta actuaba como caldo de cultivo de los grupos insurgentes que desafiaban violentamente al Estado.

Buscando el desarrollo y la integración nacional, el ejército planteó la necesidad de detectar los líderes naturales de cada nacionalidad (sic), a fin de que el liderazgo civil compartiera con el ejército esa responsabilidad; aseguró estar accionando para llegar a la paz por medio de la actividad política y no a través de la imposición de la voluntad del oponente por medio de la victoria militar, aunque eso no significara que estuvieran abandonando la lucha, sin renovar el método para efectuarla exitosamente.

Los jerarcas militares reconocieron por primera vez en su historia, que el conflicto este-oeste no era la única razón de la guerra, y que la insurgencia no podría explicarse exclusivamente como una conspiración internacional dirigida desde Moscú, sino que existían una serie de factores socioeconómicos que la alimentaban, los que en tanto no se resolvieran abonarían el campo de acción de la revolución.

En esa oportunidad el ejército se declaró la institución estabilizadora de la transición, la que le daba fuerza a la democracia, e hizo énfasis en que su mayor preocupación eran los intereses de la Nación y no los del grupo, partido o institución alguna. El tono de estas declaraciones causaron sorpresa y desagrado a los asistentes, quienes se resintieron al darse cuenta que estaban perdiendo control sobre el ejército, precisamente en momentos en se daban expresiones de movilización popular, ocupaciones de fincas y la amenaza de una reforma tributaria. Abonó negativamente a lo crítico del momento que se vivía, el haber efectuado discretamente acercamientos con la dirección insurgente en Madrid, España, los que analizaremos más adelante; pese a que se demostró apertura, buena voluntad y decisión de respetar los compromisos contraídos en la cumbre presidencial Esquipulas II, los resultados para el gobierno fueron más bien negativos.

al gobierno en octubre de 1987, que si bien fue controlada antes de lograr proporciones de importancia, expresó las divisiones irreconciliables al interior del ejército, focalizadas en la dirección del Centro de Estudios Militares y en las comandancias de la Brigada Mariscal Zavala y de la Zona Militar N° 23 en Poptún, el Petén; también fueron invitados a participar, sin llegar a involucrarse, los comandantes de la Policía Militar Ambulante, Cuerpo de Ingenieros, Zona Militar de Zacapa y del Cuartel General.

Expresó, también, el malestar que había provocado en los sectores empresariales más radicales, el contenido de los acuerdos asumidos por la cúpula empresarial y el gobierno, para resolver la controversia suscitada por la aprobación de reformas en materia tributaria, promulgadas por el Congreso de la República en septiembre de ese año, como un componente del programa de estabilización y ajuste estructural que impusiera el Fondo Monetario Internacional.

Los acuerdos antes aludidos hacían referencia al compromiso de revisar lo actuado en materia de reforma tributaria; organizar instancias de consulta sobre asuntos técnicos y legales en esta materia; y los compromisos del gobierno de no impulsar otra reforma tributaria, no efectuar una reforma agraria expropiatoria, y no buscar la nacionalización de las actividades financieras ni la de los medios de comunicación masiva.