Elementos de análisis de las políticas sociales

Dado que la sociedad no está organizada bajo el principio de subsidiariedad, la aplicabilidad de éste a las políticas públicas no podría suponer una previa reestructuración social. Si bien se puede orientar un determinado campo para que las políticas empiecen a generarse bajo la dinámica subsidiaria, las políticas existentes pueden ser también un camino para iniciar el recorrido hacia la subsidiariedad. Empezar a mirar la política pública desde este principio, y en concreto la política social, no tiene como objetivo inmediato una transformación del Estado, sino, más bien, el empoderamiento de las políticas públicas por parte de las comunidades beneficiarias. Esto ayudará a la consecución de metas concretas de la mayoría de estas políticas, tales como la participación y el autosostenimiento, pero sobretodo, empieza a crear una conciencia de responsabilidad sobre el entorno y sobre la propia vida, lo que posibilitará futuras formulaciones de política pública por parte de las comunidades.

Para aplicar el principio a políticas en curso, ya sea que se estén diseñando o que se estén implementando, es necesario encontrar en las estructuras actuales algunos mecanismos que permitan la aplicabilidad de la subsidiariedad. Para ello hay que tener en cuenta algunos elementos fundamentales en la subsidiariedad: origen de la iniciativa, estructura, actores y capacidad de acción de los diferentes niveles sociales o sociedades intermedias existentes.

El origen de la iniciativa permite entender en dónde surge la necesidad de la política y, por tanto, los fines últimos que ésta persigue. En la medida en que el origen esté más cercano a los beneficiarios, la subsidiariedad permitirá una mayor conciencia sobre la responsabilidad en los resultados concretos de tal política y sobre las motivaciones de la misma. A mayor distancia entre el origen de la

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iniciativa y los beneficiarios, la subsidiariedad tenderá más a ser un simple discurso con una influencia escasa en la política.

La estructura administrativa a través de la cual se diseña o implementa la política, permite reconocer los niveles de decisión sobre los ítems particulares de la iniciativa. La relevancia, para los beneficiarios, de las decisiones que toma cada nivel, son otra guía para determinar en qué punto de tal estructura puede ser útil o no el principio. Entre más cerca de las sociedades intermedias estén los niveles en los que se toman decisiones fundamentales, más implicada estará la comunidad en la dirección, ejecución y supervisión de la política. Si lo que es cercano a la sociedad intermedia son solamente las decisiones operativas, el principio resulta inútil, pues está ya decidido en un nivel lejano aquello que es el bien para dicha comunidad, restándole a ésta únicamente la responsabilidad de ejecución. Sin embargo, en cualquier caso los niveles en los que la estructura impacta concretamente la comunidad son aquellos que tienen más contacto con las personas y, por ende, los que más relevancia tendrían para la aplicación del principio. Es en estos en donde se recoge el sentir de las personas y desde donde se puede actuar para que éstas empiecen a reconocer sus problemáticas comunes. Así pues, la manera en que estén diseñados estos niveles resulta especialmente importante.

Los actores implicados en el diseño y en la implementación de las iniciativas también ayudan a reconocer los fines últimos de éstas. Pero además, ponen de manifiesto la relevancia de todos los que están involucrados en el proceso de diseño e implementación de dichas iniciativas y, por tanto, permite identificar el rango de acción de cada uno y los vínculos que tienen entre sí. Por tanto, analizar los actores implicados ayuda a clarificar las motivaciones y los intereses que están en juego, así como la identificación de quienes toman las decisiones y de la incidencia que tiene cada actor en las diferentes etapas del proceso. A través de la revisión de la estructura y de los actores se evidencian tanto los niveles en los

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cuales se puede iniciar un trabajo a parir del principio, como los sujetos que estarían implicados en ello.

Dentro de los actores merece especial atención la conformación de las sociedades intermedias y mayores, su cohesión, los recursos y las capacidades que poseen. Estas características indican la autonomía que pueden llegar a tener estas sociedades para asumir sus propias responsabilidades, así como las posibilidades de las sociedades mayores para colaborar en la consecución de los objetivos.

3.7. CONCLUSIÓN

La necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad a las políticas públicas sociales surge al evidenciar la irreductibilidad del ser humano, a lo cual lleva la implementación de políticas diseñadas desde cualquier ideología. Siendo que las definiciones de política pública y política pública social han estado marcadas desde la estructura social existente, se hace necesario repensar el concepto a la luz de la subsidiariedad, en donde las sociedades intermedias entrarían a ser el eje de las iniciativas privadas, y servirían como puente entre las personas y el Estado, lo cual se convierte, a su vez, en una variable fundamental del proceso de diseño de políticas públicas.

La utilidad inmediata que puede tener el principio está asociada a la participación de la comunidad en el proceso de diseño e implementación de la política, así como a la sostenibilidad de la misma, en cuanto ésta es responsable de la iniciativa. Sin embargo, la manera en que pueda ser aplicado a la política social varía según la estructura actual de la sociedad en la que se pretenda aplicarlo,

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para lo cual no es indispensable tener una organización social diseñada desde la subsidiariedad. Una iniciativa puede ser desarrollada subsidiariamente, si desde sus orígenes se parte de las sociedades intermedias y éstas asumen la responsabilidad total de la misma, y si las sociedades mayores están dispuestas a apoyar y acompañar el trabajo de las comunidades. Por otra parte, una política en desarrollo también puede permitir una aplicación del principio, en la medida en que se encuentren los mecanismos, en su interior, para que la comunidad empiece a asumir las responsabilidades y a ejercer las libertades que le corresponden por derecho propio.

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