A partir de mediados de la década del ’70 se produce una crisis de este modelo de Estado cuya acción garantista
encuentra, en lo económico, un límite que cambia profundamente la relación Estado-sociedad. Aquellas prestaciones sociales integrales en materia de salud, educación y seguridad social que el Estado Providencia52 dispensó a gran parte de la sociedad capitalista industrial quedaban de lado. Siguiendo a Anthony Giddens: El compromiso de clase de las instituciones de bienestar pudo permanecer relativamente estable sólo en la medida en que se mantuvieron las condiciones de modernización simple. Eran unas circunstancias en las que la industriosidad y el trabajo remunerado seguían siendo esenciales para el sistema social (Giddens 1979). Entonces, cuando ese compromiso de clases ya no fue
necesario, las prestaciones sociales del Estado se redujeron drásticamente provocando una política de ‘focalización’ de la oferta de aquellos servicios otrora ‘universales’. Aquel contrato social que otorgaba sustento, cohesión y certidumbre a los sujetos es reformulado de manera que desarticula la unión de la economía con la solidaridad (mediada por el Estado), pasando a operar como esferas disociadas. A partir de ese momento la economía se orientará bajo la impronta del mercado y la solidaridad quedará en manos del Estado. Esta propuesta neoconservadora termina trastocando no sólo las esferas del empleo y la salud, sino que afecta también a la educación, la justicia y la cultura, entre otras dimensiones esenciales de lo social.
Al momento de analizar el impacto del neoliberalismo en el mundo del trabajo, podemos reconocer como una de sus consecuencias más importantes la pérdida de certidumbre y con ella su dificultad para planificar a futuro por parte de los sujetos. A ello se suma el incremento de desafiliados potencialmente peligrosos para la cohesión del sistema social
todo. Al decir de Castel, aquel “plan de gobernabilidad” destinado a asegurar “el pasaje de la sociedad industrial (lucha
de clases entre bloques antagonistas) a la sociedad salarial (gestión de la conflictividad social por medio de la
negociación entre los interlocutores sociales)” se encuentra amenazada “debido a las desregulaciones que hoy afectan a
la organización del trabajo, base histórica de la organización de las protecciones” (Castel 2004)
Ese proceso de desmoronamiento de las protecciones que progresivamente habían sido atribuidas al trabajo es lo que permite entender, según Castel, el aumento de la vulnerabilidad de las masas y de la exclusión. Esta crisis de la sociedad salarial implicó un proceso creciente de degradación de las relaciones de trabajo (flexibilidad laboral,
precarización, generalización de ‘contratos basura’, etc.), provocando altos niveles de vulnerabilización no sólo entre
quienes quedaron ‘afuera’ del mundo del trabajo; sino también entre quienes lo conservaron, pues se vieron presionados
a 46 años del Taller Total en la Universidad Nacional de Córdoba.
121 a aceptar cualquier disminución en la calidad de sus empleos, en pos de seguir perteneciendo al sector que se haya integrado al sistema social, como dice Ulrich Beck: (…) la desregulación de las relaciones laborales se ha vuelto más intensiva, conduciendo a formas de flexibilización que se sustraen al poder negociador de los sindicatos y lo debilitan estratégicamente (Beck 2002). De esta forma, los empleadores adquieren cada vez más poder para presionar por cambios favorables para ellos con respecto al monto salarial, la estabilidad del empleo, el descuento jubilatorio, etc. Estamos
frente a un “… trabajador permanente que cede paso al contratado, la estabilidad a la temporalidad, la dedicación
completa a la dedicación parcial y la movilidad social generacional e intergeneracional a la estratificación” (Bialakowsky
y Hermo 1998).
Al momento de abordar el impacto de la crisis del Estado bienestarista y los efectos sobre las políticas sanitarias, es importante pensarlo como una variable que responde de manera similar al proceso descripto respecto al trabajo. Como se dijo, el par trabajo-salud operó en la sociedad industrial como garante de la paz social, la producción y el consumo. En ese marco, es pertinente entender a las reformas experimentadas en el ámbito de la salud como parte del embate neoconservador que responsabilizó a los Estados-nación de la ineficiencia creciente causada por los ‘distorsivos
gastos sociales’ en materia de salud, educación y seguridad social.
Por ello, no es extraño que en nuestro país se hayan aplicado políticas de reforma en materia de salud impulsadas por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que implicaron, no sólo la transferencia de los servicios de salud que estuvieron históricamente a cargo de la nación, a las provincias y los municipios -sin la partida presupuestaria correspondiente-; sino que se aceptaron de manera incondicional sus recomendaciones -vía agencias de promoción del desarrollo- respecto a la puesta en marcha de políticas sociales focalizadas. Se trató de políticas sociales que buscaron individualizar el acceso al bienestar social como contrapartida de las prestaciones
‘universales’ que ofreció el Estado bienestarista.
Desde el discurso oficial, las políticas sociales focalizadas se propusieron ayudar -en el corto plazo- a quienes tenían dificultades para adaptarse al nuevo modelo económico, mientras que en el largo plazo la situación de exclusión
y marginalidad, sería resuelta por el ‘crecimiento económico’ que generaría el propio modelo. Esta situación se cristalizó en un cambio paradigmático drástico en la esfera sanitaria, en tanto implicó el paso de una concepción de la salud como
‘derecho social’ al de un servicio de apropiación individual que debe procurarse en el mercado. Estamos frente a un
nuevo marco que acepta y estimula una concepción mercantilizada de la salud con las consecuentes políticas promercado respecto a ésta. Éstas políticas se pueden reconocer en el surgimiento de las empresas de salud prepagas, las obras sociales públicas gerenciadas, los programas de capacitación en Atención primaria de salud (que a juicio de los organismos de crédito que los financian debía ser garantizada por el Estado). Sumando a éstas, las recomendaciones respecto a que el sector privado de salud asuma las prestaciones de mayor complejidad (y por ende las más rentables) y por último, una de las políticas más paradigmáticas de este proceso: la autogestión hospitalaria.
En este último caso, se debe entender por hospital autogestionado a aquel hospital público que deja de percibir aportes estatales (a excepción de los elementales en materia de sueldos del personal) y comienza a actuar como un ‘hospital-
empresa’; es decir, cobra por los servicios que presta, es descentralizado y autónomo y compite en el mercado de la
a 46 años del Taller Total en la Universidad Nacional de Córdoba.
122 Luego de este breve recorrido propuesto para analizar cómo impactó la crisis del denominado Estado de Bienestar en las políticas públicas ligadas al trabajo y a la salud, se puede reconocer una misma lógica signada por la
precarización, la retirada del Estado y la apología del ‘sálvense quien pueda’; concepciones incompatibles con aquella
visión de Castel acerca del Estado social como instancia de protección necesaria para evitar la anomia y la disolución social. El concepto de Estado que propició el neoliberalismo en nuestro país es el de Estado ‘mínimo’. Un Estado permeable a privatizaciones ruinosas que significaron el aumento del mismo endeudamiento público que prometían contrarrestar. A ello se sumó la flexibilización laboral, que significó un vertiginoso proceso de precarización y marginación de grandes sectores de la sociedad, la destrucción del sistema sanitario y el desconocimiento de la salud como un derecho.