Después de que saliera a la luz pública el irregular proceso de la licitación 21, Televisa retomó su plan de ingresar al mercado de telefonía celular, ahora a través de una alianza con Iusacell, lo cual fue anunciado en abril de 2011; Te- levisa tenía la intención de adquirir 50 por ciento de las acciones de Iusacell por una suma de 1 600 millones de dólares, con el objetivo de participar en el mercado de telefonía móvil y ofrecer cuadruple play. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) rechazó tal alianza, a principios de febrero de 2012; su respuesta fue que las empresas involucradas interpusieran recursos,
aunque la principal razón, según Televisa, es que el cuarto trimestre de 2011 ya había concretado la millonaria inversión en Iusacell: 37.5 millones de dólares fueron invertidos en capital y 1 565 millones de dólares en deuda convertible.
Para la Amedi, la alianza entre TV Azteca (Iusacell) y Televisa
constituiría, en los hechos, la fusión de las dos principales empresas de televisión y producción de contenidos audiovisuales. Esa alianza, a todas luces perjudicial para promover la diversidad cultural y de contenidos que demanda una nación democrática y multicultural, resulta contra natura, porque en ningún país se ha visto que las dos únicas empresas que compiten en el mercado de la televisión abierta, se alíen para distribuir, a través de una misma plataforma, en este caso la telefonía celular, los conte- nidos y servicios que, se supone, producen, distribuyen y comercializan en un mercado competitivo.8
La pretendida alianza con Iusacell no fue la única acción emprendida por Televisa para aumentar sus intereses en el sector, sino que aprovechó su relación con el gobierno para enfrentar a sus contrincantes a través de sus ór- ganos desconcentrados: en abril de 2011, la Cofeco multó a Telcel con 11 989 millones de pesos por presuntas prácticas monopólicas. En mayo, el propio presidente Calderón afirmó que los cambios a la Ley Federal de Competen- cia tenían como propósito poner fin al “comportamiento monopólico” de las grandes empresas, como las de la industria de telecomunicaciones, propie- dad del multimillonario Carlos Slim. A principios de junio, la Cofeco impuso una multa a Telmex por 91.5 millones de pesos por negar el servicio de inter- conexión a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), subsidiaria de la española Telefónica, y una semana después, basada en la resolución de la SCJN del 3 de mayo, ordenó a Telmex bajar 95 por ciento sus tarifas rurales desde 75 centavos de peso por minuto hasta alrededor de 3.951 centavos de
peso por minuto.9
8 Extracto del comunicado de la Amedi publicado el 12 de octubre de 2011. 9 Slim alegó en su defensa que Telmex había hecho millonarias inversiones en
áreas rurales no rentables, que justifican los mayores cargos en esas zonas. Por esta ra- zón, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) señaló que Telmex perdería cuatro mil millones de pesos.
Después de esta serie de embates, Telmex tuvo un respiro cuando el 23 de noviembre la juez sexto de distrito, en materia administrativa en el Distrito Federal, le otorgó un amparo en contra de la negativa de la SCT de no modifi- car su título de concesión, para que pudiera brindar nuevos servicios como el de televisión restringida. Como antecedente, un tribunal colegiado determinó que la Cofetel había operado una afirmativa ficta, al no responder sobre la solicitud una opinión favorable para la otorgación de los nuevos servicios.
Esa falta de respuesta se considera como opinión favorable de cumplimiento de los requisitos para eliminar las restricciones contenidas en sus títulos de concesión y que la empresa esté en aptitud de prestar el servicio de televisión y audio restringido. Con esta resolución la SCT deberá pronunciarse exclusivamente acerca de si se modifica o no el título de concesión de Telmex, pero tomando en cuenta que ya se estableció la afirmativa ficta (El informador, 24 de noviembre de 2011).
Los hechos que han ocurrido hasta el 31 de mayo de 2012 en este tema son los siguientes:
1. El 30 de enero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundió el “Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, en el que señala una pérdida de bienestar de 129 200 millones de dólares entre 2005 y 2009, atribui- da a la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones, lo cual no sólo fue rechazado por Carlos Slim, sino que académicos de la talla de Raúl Trejo (2012) notaron problemas en la metodología utilizada para llegar a tales cifras. A finales de mayo, Slim pidió a la OCDE retirar su estudio.
2. TV Azteca exigió un cobro de cuarenta centavos por suscriptor de los sistemas de televisión por cable para poder transmitir sus señales; los cableros respondieron que éstas debían ser gratuitas por ser de ca- rácter abierto; al no llegar a un acuerdo, los canales de esta televisora fueron retirados, hasta la fecha, de la programación de las cableras. 3. La SCJN invalidó la multa que impuso la SCT al servicio de multipro-
pero la resolución de la Corte se centró en las atribuciones de la SCT y la Cofetel, pero no en la legalidad del servicio.
4. En el contexto electoral federal, la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), que siempre había estado al mar- gen en este tema, pero dominada hoy por Televisa, entró en el vaivén de las campañas electorales.
5. El 4 de abril se publicó en el DOF el proyecto de la Norma Oficial Mexi- cana (NOM) sobre prácticas comerciales y elementos normativos para la comercialización o prestación de servicios de telecomunica- ciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones. 6. En la 81 Convención Nacional del Consejo Consultivo de la CIRT,
el 31 de mayo, el presidente Felipe Calderón habló de los logros que en materia de telecomunicaciones se obtuvieron en este sexenio. Aunque algunos datos son incluso opuestos a los que mencionan es- pecialistas en la materia, es importante conocer el punto de vista del propio gobierno federal, para el cual:
a) Se logró la certeza jurídica de las inversiones del sector como en ninguna otra época, al no existir concesiones vencidas a la fecha; hasta el momento, se entregaron 402 refrendos a estaciones de radio.
b) A través del programa México Emprende, y el de financia- miento a pequeñas y medianas empresas, muchas compañías de radiodifusión han podido acceder a créditos para mejorar sus equipos e instalaciones.
c) Se impulsó la reconversión tecnológica de la radio, ya que, de las 759 estaciones que al inicio del sexenio operaban en AM, con el acuerdo de 2008 para que pudieran emigrar a FM, a la fecha se han entregado 517 autorizaciones de migración. d) Se han autorizado trece solicitudes de radio digital terrestre. e) Se estableció la plataforma de despegue para la televisión di- gital en México. En 2010 se creó el decreto para adelantar el apagón analógico, y en 2011 la Cofetel publicó la “Política de la televisión digital terrestre” (Calderón, 2012).
En esta primera parte hicimos un recuento del desarrollo de las teleco- municaciones en nuestro país, su legislación y los intercambios políticos que toman como moneda de cambio a este sector. A continuación describiremos qué sucede del otro lado: con los ciudadanos usuarios de estos servicios, cómo es la penetración de estos medios en la sociedad y cómo ésta se apropia de ellos en su vida cotidiana.