Enmarque histórico

2.1.1 Jóvenes violencias en el nacimiento del Estado

La conformación del Estado colombiano ha tenido un desarrollo marcado por profundas contradicciones internas. La fuerte fragmentación que vivió la recién parida república en los albores del siglo XIX haría dificultosa la construcción de una nación unida, lo que se representó a cabalidad tras la independencia de la corona española bajo el rótulo de la “patria boba” o la patria fratricida. Envuelta en guerras de dos siglos entre connacionales, la representación histórica de tal fragmentación se daría tempranamente con las disputas bélicas entre federalistas y centralistas, que no eran otra cosa que confrontaciones por el poder entre poderes locales y nacionales.

Tal pugna entre federalistas y centralistas se reeditaría en otros términos con el nacimiento de los partidos conservador y liberal, que lejos de confrontarse en el terreno político se construirían en el mismo lodazal de la violencia. Estos partidos funcionaron como “coaliciones de grupos oligárquicos que competían por el poder de las localidades” (González, 2015, p. 179) ante la ausencia de una autoridad central que pudiera agruparse en un poder hegemónico. La ausencia de dictaduras militares (apenas dos golpes de Estado en toda la vida republicana) se puede entender, por ejemplo, como consecuencia de la dispersión política que se narra.

Las diferencias de estos partidos radicaban en el papel de la iglesia en la sociedad, el carácter laico de la educación, el ritmo de las reformas económicas y sociales para insertarse en el mundo

moderno y la participación de las masas en el proyecto de nación. Con el fin de la Guerra de los Mil Días a principios del siglo XX, y la posterior hegemonía del partido Conservador entre 1905 y 1930, se calmarían los ánimos por un tiempo. Sin embargo, las fracciones internas del conservatismo y su incapacidad para leer la convulsionada situación política del país, acompañada por la crisis económica del 1930, harían que el partido perdiera la supremacía electoral que había detentado por 25 años. Para ese tiempo el conflicto agrario provocado por la desigualdad en la tenencia de tierras iría en aumento, a tal punto que para finales de la década de los treinta “indios, arrendatarios y colonos buscaban liberarse de los grandes hacendados para convertirse en propietarios independientes” (González, 2015, p. 230). Todo esto ocasionó una avalancha de colonos en busca de tierras baldías o apropiadas, junto con un clima de conflicto social en aumento. El desplazamiento del poder conservador llegó con la violencia. En 1931 se presentaron fuertes enfrentamientos entre el poder central, liderado esta vez por el liberalismo, y algunos poderes regionales específicos con dominio histórico del partido conservador y la iglesia católica. A nivel local, el reemplazo de las burocracias regionales conservadoras por las liberales no se daría sin derramamiento de sangre, como pasaría en Boyacá y Santander. Apoyada por una gran cantidad de párrocos locales, la violencia tomó tintes no sólo políticos sino religiosos, a lo que se sumaría una oleada de asesinatos promovida por venganzas personales y colectivas bajo el amparo de ambos partidos.

Una vez en el poder el liberalismo no logró apaciguar la situación del país. El desconocimiento liberal de las autoridades locales, entre ellas la administración de justicia que para el momento se encontraba aún en manos del conservatismo, y el uso de éste último de tales autoridades para beneficio propio tras la arremetida del gobierno central, haría que las instituciones estatales prontamente quedaran deslegitimadas, promoviendo, entonces, la violencia privada:

“Por un lado, el poder de los gamonales liberales quería utilizar las instituciones para construir hegemonía local y regional, mientras el conservatismo utilizaba las instituciones que controlaba -entre ellas el poder judicial- para neutralizar los intentos del gobierno central para controlar la situación (…) El resultado de la instrumentalización de las instituciones estatales era la impunidad generalizada, que reflejaba la inexistencia de un ámbito público de solución de conflictos” (González, 2015, p. 255).

Aunque la historiografía suela ubicar el estallido de la Violencia en 1948 con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, una interpretación multicausal permite poner el énfasis en varios puntos: la consolidación de identidades partidistas basadas en la venganza de sangre, las

desavenencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales, la deslegitimación de las autoridades políticas y jurídicas, la transmisión intergeneracional de identidades y odios políticos, los conflictos relacionados con la apropiación de la tierra en manos de gamonales y de la iglesia, junto con la colonización campesina en zonas de frontera.

Según Consuelo Corredor (1992), en Colombia lo que se intentó impulsar en los años treinta y cuarenta fue un proceso de modernización sin modernidad. Para la autora, la modernización económica y tecnológica sin una correspondiente modernización en lo político (apertura de espacios de participación) y social (disminución de la desigualdad), impidió la construcción de las solidaridades propias de la sociedad moderna, basadas en la ciudadanía. El resultado: un Estado atrapado entre el liberalismo económico y el conservadurismo político.

Las reformas liberales de López Pumarejo (1934-1938; 1942-1945) conocidas como “la revolución en marcha” habían intentado pacificar el campo por medio de reformas agrarias, mientras que en la ciudad se fomentaba la proletarización de los trabajadores y la ampliación de los derechos ciudadanos de las mujeres. No obstante esto, tales reformas se habían quedado cortas a la hora de repartir la tierra de los grandes tenedores y los problemas estructurales del campo seguían latentes. La década de los cuarentas se cierra con el fracaso de las políticas de López, mientras el país se encontraba atrapado entre el ultra-conservadurismo de Laureano Gómez (con apoyo del clero) y el liberalismo populista de Gaitán (con gran apoyo de las masas).

En este clima de polarización nacional resurgen formas de violencia en varias regiones del país, especialmente en Santander, Boyacá, Tolima, Antioquia y Cundinamarca, respirándose un clima de guerra civil (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1988). Este carácter local de los conflictos era acrecentado por la falta de atención de una administración de justicia ecuánime:

“Conflictos entre vecinos, entre agregados o jornaleros y sus patronos; entre colonos y terratenientes, o los simples asuntos de cantina tendían a resolverse sangrientamente por parte de quienes, dada su filiación política o su preeminencia social, contaban con la complicidad de las autoridades locales. Pueblos y villorrios en una incesante guerra de vecino contra vecino, vereda contra vereda, establecían estrechas líneas de demarcación política, cuya transgresión tenía consecuencias fatales (Sánchez 1989, p. 149, citado por González, 2015, p. 287).

Las venganzas de sangre que se vivían en gran parte del territorio, por tanto, se cubrían bajo la identidad política propulsada por liberales y conservadores, gaitanistas y laureanistas. La

generalización y escalada de la violencia por todo el país a partir de 1948 puede explicarse por una acumulación de causas: el asesinato de Gaitán, la venganza revanchista del partido conservador que ahora se valía de la policía chulavita y de bandas paramilitares para exterminar liberales, y la conformación de guerrillas de autodefensa liberal. Mientras que en la grandes ciudades esta violencia fue intensa pero de corta duración, en los pueblos más alejados llevó a la consolidación de poderes locales fuertemente organizados por parte de las nacientes guerrillas liberales, posteriormente comunistas, que se enfrentaban a la policía conservadora en batallas de largo aliento. Según la reconstrucción histórica hecha por Medina Gallego,

“El asesinato sistemático, la tortura, la violencia sexual, la mutilación, la manipulación brutal de los cadáveres, el boleteo, la intimidación mediante el incendio, la matanza de ganado, lo destrucción de sementeras, el despojo de propiedades, el abandono y la venta precipitada de fincas y parcelas, con la consiguiente acumulación de propiedades y riquezas en manos de quienes pudieron instrumentalizar la criminalidad colocándola al servicio de su propio beneficio, fueron entre otras algunas de los expresiones de violencia durante este período” (Medina, 2010, p. 122).

El estallido de la guerra fría, por su parte, empezaba a abrir la senda para crear un nuevo enemigo: el comunismo. De esta manera, el conservatismo iría entretejiendo una nueva dicotomía revolución/contrarrevolución.

2.1.2 El estallido de La Violencia

Para inicio de esta década de los cincuentas, guerrillas comunistas y liberales son fuertemente perseguidas por los gamonales conservadores, estableciéndose en las llamadas “zonas liberadas” o “repúblicas independientes”, espacios locales en donde ejercían un rudimentario control mayoritariamente de autodefensa.

En los Llanos Orientales ya se empezaban a consolidar formas de contrapoder. Gustavo Sierra (1954) calculaba que para 1950 las guerrillas liberales controlaban el 90% de un territorio sin presencia Estatal, lo que equivalía a 150.000 kilómetros cuadrados. Las “leyes del llano”, intento de legislación guerrillera en la región, duraría lo que tardó el General Rojas Pinilla (1953-1957) en subir al poder por medio del único golpe de Estado militar en lo corrido del siglo XX en el país, ofreciendo amnistía a los guerrilleros insurrectos. La mayoría de las guerrillas liberales entregarían las armas, mientras las comunistas verían con sospecha el ofrecimiento y decidirían mantenerlas. Tal amnistía sería traicionada y los hombres desmovilizados, ahora sin posibilidad de defensa, serían paulatinamente ejecutados por las fuerzas del gobierno (Molano, 2012).

Lo desmovilización y la amnistía ofrecida a gran parte de las guerrillas liberales no se da con las comunistas. A finales de 1955 inicia la segunda ofensiva: Rojas Pinilla ordena el bombardeo con napalm en la zona de Villarrica (una de las “repúblicas independientes”) con un número indeterminado de muertos y más de cien mil desplazados (CNMH, 2014). La guerra declarada por el gobierno genera desplazamientos internos, hablándose de cinco mil desterrados (Aguilera, 2014) en medio del fuego cruzado entre el Estado y las guerrillas aún combatientes.

En 1957 se pacta la repartición del poder entre líderes del partido liberal y conservador con el fin de detener la oleada de violencia que atraviesa el país, dando nacimiento al Frente Nacional, pacto político en donde se estimarían dos periodos de cuatro años para cada bando con un total de 16 años. Lejos de acabar la violencia, el pacto político nacional transforma la confrontación partidista en el escenario propicio para el nacimiento de la lucha armada revolucionaria (Medina, 2010). En síntesis, la guerra partidista se basó en una división amigo-enemigo que permeó casi la totalidad de la sociedad colombiana. Las confrontaciones locales y regionales de carácter personal encontraron legitimidad en los enfrentamientos nacionales entre partidos de orden más abstracto. Los partidos vehicularon identidades personales y colectivas que permitieron legitimar una espiral de venganzas entre las clases bajas de la sociedad en donde las autoridades que dirimieran los conflictos de manera neutral eran prácticamente nulas. Sumado a eso, la identidad religiosa reforzaba la frontera entre ambos grupos al tratarse de un elemento primordial en la configuración de las identidades de las clases populares.

2.1.3 El nacimiento de las guerrillas comunistas

A la paz que intentaba traer el pacto burocrático del Frente Nacional se contrapusieron condiciones nacionales e internacionales: el panorama internacional estaba marcado por el triunfo de la revolución cubana, el inicio de la guerra fría y más tarde la guerra de Vietnam, mientras que por el lado nacional se consolidaba la mentalidad contra-insurgente de las Fuerzas Armadas junto con la satanización del comunismo. Asimismo, en los años sesentas hubo un acelerado proceso de urbanización de la población, ampliación de cobertura educativa, cambios en el rol social de la mujer (profesionalización, derecho al voto, inserción en el espacio público). A estos profundos cambios sociales no podrían responder los partidos tradicionales, cuyos programas de gobierno se dirigían a una población mayoritariamente rural, estática y segmentada.

Bajo el mandato de Kennedy en los Estados Unidos se firmó el acuerdo de la Alianza del Progreso en 1961, política antisubversiva centrada en combatir los nichos de comunismo en América Latina. Jruchov, por parte del poder soviético, haría un llamado a los países subdesarrollados para que

pelearan por su liberación, dando inicio a las tensiones de la guerra fría en América Latina. Tal clima fue aprovechado por activistas y dirigentes de izquierda que vieron la oportunidad para crear agrupaciones guerrilleras (maoístas, castristas, moscovitas) con los restos de las guerrillas liberales. En 1963, ante la consolidación de las llamadas “repúblicas independientes”, en donde operaban las rústicas guerrillas campesinas, dirimían conflictos y pedían tributos, se pone en marcha el plan gubernamental para “la eliminación de las repúblicas independientes creadas por insurgentes izquierdistas y algunos elementos bandoleros con apoyo del Partido Comunista” (González, 2015, p. 350).

La incapacidad del Estado para leer la nueva realidad social de la población, la estrechez que suponía el bipartidismo del Frente Nacional, el problema agrario sobreviviente y la histórica debilidad del Estado por regular la vida política, social y económica, junto con el panorama internacional bipolar, fueron todas causas para el surgimiento y consolidación de los movimientos guerrilleros.

Motivados por el triunfo de la revolución cubana, además de algunas masacres y torturas pagadas por terratenientes y amparadas por el Estado, el movimiento guerrillero se convulsiona. El Partido Comunista Colombiano (PPC) declara en el 1961 la necesidad de combinar todas las formas de lucha para la toma del poder, dándole el apoyo institucional a la vía armada.

En el plano latinoamericano resulta pertinente la tesis sostenida por Greg Grandin en La última masacre colonial. Para este autor, lo que para la URSS y EEUU significó la guerra fría en la segunda posguerra, para América Latina no fue otra cosa que una guerra caliente. El fin de la segunda guerra mundial marcó la división del mundo entre el comunismo y el capitalismo, y América Latina se presentaría como uno de los botines por los que iría el proyecto de expansionismo capitalista de Estados Unidos. Entre 1948 y 1953 se le da forma a este proyecto:

“El nacimiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Doctrina Truman, la división de la india colonial, el endurecimiento ideológico de la Unión Soviética (…) fueron apenas algunos de los augurios que oscurecieron las esperanzas inspiradas en la derrota del fascismo (…) La coalición contrarrevolucionaria emergente adoptó formas específicas en distintos países pero, en general, fue apoyada por las clases rurales pudientes, el Ejército, la jerarquía eclesiástica y los capitalistas manufactureros e industriales que antes estuvieron a favor de las reformas pero que ahora buscaban tranquilidad política para atraer inversión extranjera” (Grandin, 2007, p. 12).

Por medio de la Alianza para el Progreso y la asesoría al ejército colombiano, los Estados Unidos inauguran la guerra contra el comunismo y las guerrillas en Colombia. En 1964, bajo la presidencia de Guillermo León Valencia (1962-1966), se inicia el “Plan Lazo” con apoyo norteamericano, utilizando, entre otras, virus y bacterias, cañoneos y disparos. El bombardeo a Marquetalia se instauraría como el mito originador y legitimador de la violencia de la guerrilla contra el Estado. Ese mismo año se crearía el primer programa agrario y se empezaría a consolidar el programa político comunista de las FARC.

A mediados de la década de los sesentas, un pequeño grupo de campesinos armados que huyen de los bombardeos del ejército organiza la “Conferencia del Bloque Sur”, pilar de lo que posteriormente sería el estatuto orgánico y el programa agrario de fundación de las FARC, siendo fundamentalmente un manifiesto de los motivos por los cuales se daba el alzamiento en armas. En palabras del profesor Medina, el manifiesto “señalaba la existencia de un movimiento revolucionario de campesinos del Sur del Tolima, Huila, Cauca y Valle que habían tenido que soportar, desde 1948, la acción de las fuerzas institucionales y criminales de la oligarquía que detentaba el poder representadas en los latifundistas, ganaderos, comerciantes y gamonales de la política oficial, que se dice, han decidido defender sus intereses a sangre y fuego" (2010, p. 165). Descartando la vía pacífica para resistir la persecución gubernamental, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas proclamaban el objetivo de una reforma agraria revolucionaria bajo la consigna “la tierra para quien la trabaja”, el deber de establecer un gobierno revolucionario que atienda a las necesidades campesinas y una serie de políticas que dé crédito a las reivindicaciones indígenas. En términos militares, la Conferencia significó el paso de la autodefensa a la guerra de guerrillas. A finales de los años sesenta y comienzo de los setentas las guerrillas se trasladan a lugares con precaria presencia estatal (Caquetá, Meta, Huila, Magdalena medio y Urabá) buscando sustituir las demandas incumplidas por parte del Estado y pregonando las ideas del Partido Comunista.

El proceso de nacimiento, expansión y consolidación de unas guerrillas mayoritariamente campesinas no tendría un desarrollo nacional. Por el contrario, se ubicaría en territorios excluidos del circuito económico del país, especialmente en Tolima, Huila y Cauca. De esta manera, estas “zonas apartadas y desconocidas hasta entonces, entran en la historia a través de los proceso de violencia. Espacios y territorios se construyen y reconstruyen en la dinámica misma de la resistencia, en donde surgen caseríos y zonas de colonización que evolucionaron como zonas de autodefensa o desaparecen en el tiempo según las posibilidades de supervivencia que les ofrece la confrontación armada” (Medina, 2010, p. 145).

Toda la década de los sesentas y la mitad de los setentas estaría marcada por el poder político del Frente Nacional, lo que lograría apaciguar la violencia partidista a cambio del descontento de nuevos movimientos políticos que reclamarían la apertura del espacio político. Ese sería el caso del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (ANAPO).

En medio de la crisis agenciada por el bipartidismo reinante, el marxismo consolidado en la Unión Soviética, en China y Cuba, se configuraría una fuerte corriente opositora no sólo compuesta por fuerzas revolucionarias sino también en una academia emergente que ya iniciaba los primeros trabajos de economía, sociología e historia en el país. Aun así, si bien las guerrillas creían que estaban dadas las condiciones objetivas para la revolución, hacía falta el estallido de las condiciones subjetivas para su consecución.

Entre 1966 y 1970 un nuevo presidente, Lleras Restrepo, intenta algunas reformas de integración de las periferias nacionales que terminan por dilucidar la profunda confrontación entre clientelas políticas regionales y tecnócratas nacionales. Algunas de las reformas impulsadas por Lleras Restrepo contribuirían al surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), pero con el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) también llegaría la “contrarreforma”, el retroceso en los avances hacia la consolidación de un movimiento campesino articulado y el revanchismo de los latifundistas contras las tímidas medidas de repartición de la tierra promovidas por el presidente anterior. La década se cerraría con un creciente descontento popular.

Según la periodización propuesta por Aguilera, entre 1964 y 1970 las guerrillas aun dispersas asumen el rol de control social en los rudimentarios territorios en los que hacen presencia, ejerciendo un contrapoder germinal y una justicia elementalmente ejemplarizante. Para este autor, “la precaria presencia estatal, el escaso peligro que representaba la guerrilla para las autoridades, las necesidades insatisfechas de los campesinos y las ofertas guerrilleras de bienes sociales en zonas abandonadas, permitieron que la guerrilla iniciar un proceso de asentamiento o que reforzara su presencia en varios lugares del país” (Aguilera, 2014, p. 207).

Este tipo de justicia naciente estaría caracterizada por castigar a los enemigos de la revolución, procurar la construcción de un nuevo orden social y lograr una eficaz represión de la delincuencia común.

2.1.4 Movimientos ciudadanos, represión Estatal y procesos de paz

Para la década de los setentas el proceso de urbanización en Colombia había crecido estrepitosamente, generando el incremento correspondiente de una clase obrera con bajo nivel de