atmósfera viciada
8.1. Esperanza y reflexión
La lógica del momento quizás dictase a favor de una mano de hierro que gobernase con firmeza a los presos exaltados, pero en su lugar se impuso una opción netamente progresista. Una semana después del atentado fue nombra-
do como substituto Carlos García Valdés,1 un joven abogado de 31 años que
poseía un brillante expediente académico unido a un no menos intachable historial democrático, antifranquista, que le habían comportado dos sancio- nes del TOP. García Valdés había sido, además, miembro del consejo de re- dacción de Cuadernos para el Diálogo y, junto a otros penalistas, fundador de la Asociación contra la Pena de Muerte. De la misma forma que él conocía el sistema y a sus actores, éstos le conocían a él, pues aunque defendiendo siem- pre la necesidad de la cárcel para la organización social, desde el inicio de la actividad contestataria en las prisiones se había erigido en mesas de debate y tribunas de prensa en una de las voces más críticas con la actuación guberna- mental en esta materia. «Es falaz el argumento de quienes mantienen que sólo grupos minoritarios de detenidos son los que promueven el descontento y el desorden entre la población reclusa, y a los que así razonan únicamente quiero denominarlos por su sólo nombre: ignorantes o, lo que es peor, cómplices de cuanto de malo en las cárceles sucede», afirmó en una ocasión que, como ya se ha visto anteriormente, no fue la única.2 Por todas estas razones, unidas a
su independencia política respecto al partido del Gobierno, era una apuesta audaz por un perfil aperturista y dialogante, que fue muy bien recibida entre los abogados y sectores afines al movimiento de presos.3
La situación que encontró a su llegada no podía ser peor: el trágico fin de su antecesor era sólo el último episodio, aunque el más grave, de una conca- tenación de incidentes violentos de protesta, respuestas desmesuradas, refor- mas fallidas y escándalos que duraba ya más de un año y medio, y cuyo esta- do de la cuestión acababan de hacer público los miembros de la Comisión Especial de Investigación de los Establecimientos Penitenciarios en el Sena- do.4 Para hacerle frente, García Valdés empezó observando y escuchando a
todos los implicados. El diálogo como base de una actuación que quería inci- dir en tres aspectos fundamentales: internos, edificios y funcionarios, todo ello mientras continuaban los trabajos de redacción del anteproyecto de Ley
1 Real Decreto 590/1978, de 30 de marzo; tomó posesión del cargo al día siguiente. 2 García Valdés, C.: «Reformar las prisiones», El País semanal, 8 de mayo de 1977. 3 Entrevista a Mateu Seguí, 7 de febrero de 2005, aunque, de hecho, todos los abogados entrevistados manifiestan su buena relación inicial con García Valdés.
4 Reproducidas en García Valdés, C.: Informe…, op. cit., pp. 23-27.
de Reforma Penitenciaria, que tras su nombramiento pasó a dirigir «muy personalmente».5 De esta manera empezó la labor de recogida de información
necesaria para hacer frente al reto que se le planteaba. Contactó con los abo- gados más implicados en la defensa del movimiento de presos, mientras que al mismo tiempo iniciaba la ronda de visitas a las cárceles para comprobar su estado y entrevistarse con presos y funcionarios, siguiendo la pauta que ya inaugurase Victoria Kent en la II República y que había realizado Haddad apenas cuatro meses atrás. La primera de todas, el 3 y 4 de abril, al penal de El Dueso, donde desde hacía dos meses se encontraban recluidos, bajo un régimen draconiano y vigilados por una compañía de antidisturbios, los miembros más significados de la COPEL; y a donde le acompañará la prensa, igual que al resto de visitas, en una clara voluntad de aportar transparencia a la gestión penitenciaria.6
En Santoña García Valdés visitó las galerías, probó el rancho, y recorrió junto a los periodistas todos los rincones de la vieja colonia penal. Pero, sobre todo, la visita fue importante porque se entrevistó durante varias horas con una delegación de los presos. Allí estaba Daniel Pont. Sus compañeros le habían pedido que hablase él en representación de todos, pero éste se negó, y fueron una quincena los que se sentaron con el nuevo director general para exponerle sus reivindicaciones. Pese a rehuir el protagonismo, un fotógrafo los retrató hablando frente a frente. El director general sujetaba en la mano un papel, la lista de reivindicaciones, según consta en el pie de foto. Los dos tenían prácti- camente la misma edad: 31 años, García Valdés; 29, Pont. Eran casi de la misma quinta y aunque en sus biografías había puntos en común, cada uno los había vivido de forma completamente distinta. De buena familia, uno, de madre soltera, el otro. El Derecho fue la profesión escogida por el primero y el calvario del segundo. García Valdés se licenció cuando Pont salía de la cárcel de Teruel; mientras el futuro abogado obtenía el número uno de su promoción en las milicias universitarias, el ex recluso aprovechaba su puesto de cabo en la mili para sustraer un arma y empezar una prometedora carrera como atracador de bancos. Cuando el abogado se doctoró con una tesis titulada Régimen peni-
5 Ibíd., p. 14
6 Gallego, S., Vigil, M.: «Encerrados con la COPEL», Cuadernos para el diálogo, 259, 1978, pp. 24-28.
tenciario en España. Investigación histórica y sistemática, el atracador iba camino de obtener el suyo sobre el mismo tema mediante una investigación empírica en su propia piel. Entonces, en abril de 1978, el primero había sido designado para acabar con las protestas de los presos, y el segundo era uno de sus líderes de ideas más lúcidas y combativas. ¿Qué pensaron uno del otro? Sin duda ambos conocían la trayectoria reciente de su interlocutor; los dos llevaban un año y medio largo al pie del cañón reivindicando, desde sus respectivas posi- ciones de abogado y preso, un cambio radical en las cárceles franquistas; y el destino, o más bien la determinación y la constancia de ambos los llevó a en- contrarse. ¿Qué se dijeron? No lo sabemos a ciencia cierta; probablemente cada uno expuso, en un ambiente correcto, sin llegar a la cordialidad, pero tampo- co tenso, su punto de vista forjado en sus propias experiencias y en unas ideas muy claras de cuáles eran los males que aquejaban a las prisiones y cuál su solución. No coincidieron en todo pero comprendieron la postura del contra- rio y aceptaron darse una oportunidad. García Valdés afirmó que «Yo he ex- puesto a los presos más representativos mi techo. El de ellos es mucho más alto. Yo no estoy ahora por la abolición de la cárcel. Pero nuestro camino coincide en un trecho que podemos recorrer juntos». Daniel Pont consideró positiva la designación del director general, aunque era consciente de las enormes dificul- tades estructurales que se iba a encontrar para llevar a cabo una reforma car- celaria, y añadió que en el planteamiento de esa reforma debían participar los propios presos a fin de que pudieran «reconocerla».7
Tras la visita, la coordinadora emitió un comunicado en el que manifesta- ba su voto de confianza «a la espera de que cumpla todas las promesas que nos hizo, ya que en principio nos parece un hombre honesto, con buena voluntad de hacer profundos cambios en el sistema penitenciario del estado».8
Sin embargo, el escrito decía mucho más del propio movimiento de presos que del recién nombrado interlocutor. La actitud dialogante, reflexiva y, hasta cierto punto, condescendiente de los miembros de COPEL en El Dueso era la consecuencia de una meditada reflexión tanto acerca de la situación política en España, como sobre el carácter que habían tomado las protestas durante los últimos meses, a raíz de la cual consideraban que era necesario variar la
7 Ibíd.
8 LCI: Arxiu COPEL-Penal de El Dueso. Comunicados.
formulación de las reivindicaciones y las tácticas a utilizar para su logro en un futuro inmediato.
Por una parte, los líderes más conscientes de COPEL consideraban que en ese momento «no se dan las condiciones adecuadas para la continuidad de la lucha por la amnistía o indulto». Afirmar esto con tal rotundidad suponía renunciar a la principal demanda de los presos sociales, por lo que se hacía necesaria una aclaración:
Al decir que no hay condiciones para la continuación de la lucha por la amnistía o indulto, no queremos decir que desechemos tajantemente tan importante reivindicación, sino que creemos, que sin el apoyo popular exte- rior y sin una efectiva consciencia y organización de la lucha en todas las prisiones del estado, no podremos conseguirla. Esas, son las condiciones que debemos crear: conseguir el apoyo y la solidaridad popular, lo que unido a una lucha coordinada y consciente en el interior de las prisiones, nos lleva- rá muy probablemente a la consecución de nuestras reivindicaciones. Tam- poco debemos desechar el incluir la amnistía o indulto en todos los comuni- cados o manifestaciones que hagamos por cualquier lucha reivindicativa. En resumen. Pensamos que para la consecución de la amnistía o el indulto mediante nuestra lucha, se debe dar una situación política general que en el estado español hoy no existe. No hay que olvidar que la evolución políti- ca exterior, condiciona nuestra existencia en prisiones, que nuestra lucha va paralela a la lucha popular revolucionaria de todos los pueblos del Estado.9
En consecuencia, la COPEL de El Dueso apostaba por un programa de reivindicaciones generales a corto y medio plazo consistente en la mejora ra- dical de las condiciones de encierro a partir de cambios estructurales y nor- mativos de calado, mucho más profundos de los estrictamente tocantes a las condiciones de vida, que incluían desde la autogestión de las prisiones por parte de los presos, o el reconocimiento del derecho a la huelga de los reclusos que trabajaban en talleres, a la abolición del sistema de grados, el fin de la presencia de monjas al cargo de prisiones femeninas, la salida de la fuerza
pública del interior de las cárceles, etc. Mientras que la salida de la prisión de gran parte de la población reclusa debía pasar por la reforma urgente y con carácter retroactivo del CP y la LECr, la abolición de las jurisdicciones espe- ciales y la aplicación de la libertad condicional. Todo ello junto a la participa- ción de los presos y las asociaciones de familiares en la elaboración de la Ley General Penitenciaria, y la depuración del cuerpo de funcionarios penitencia- rios y de la magistratura.
Por otra parte, el mismo realismo que se había impuesto al observar la reducción del marco de oportunidades —recuérdese, seis meses después de la aprobación de la amnistía política, y tras el reciente fracaso de la proposición de indulto—, lo aplicaron a analizar la evolución del propio movimiento de presos.
A nuestra llegada al Dueso, analizamos la trayectoria de la lucha seguida en el pasado y comprendimos que era necesario variar de rumbo y reorgani- zarnos, pues la experiencia nos había demostrado que la lucha nos había desbordado y que ya no se luchaba con una conciencia y organización concre- ta. Se demostró que COPEL como vanguardia de lucha en prisiones había sido desbordada por el desmadre y el caos.10
La preocupación de los líderes más concienciados de la coordinadora radi- caba en que mientras en la calle la base social que les daba su apoyo se reducía cada día un poco más, debido al desgaste producido por un año intenso de luchas, en el interior —y este punto era especialmente preocupante para los redactores del manifiesto— se habían sumado a las protestas cada vez más presos que no siempre respetaban el carácter primigenio con el que se creó la COPEL y que se aprovechaban de la fuerza del colectivo para lograr fines particulares. Y es que la extensión de las protestas a la mayoría de cárceles, producida a partir de la batalla de Carabanchel, también comportó la diver- sificación de situaciones, y más que de una COPEL centrada en Madrid, como había sucedido hasta el momento, se debe hablar de tantas COPEL como cárceles donde hubo presos identificados con sus principales objetivos,
10 Ibíd.
pero con importantes diferencias entre todas ellas, como se está viendo en detalle sobre el caso de Barcelona o Draper relata de su paso por Soria.11 Este
proceso de atomización se agravó aún más tras el traslado masivo a El Dueso, cuando encerraron en una sola prisión, aislados del resto, a los presos más capacitados para ejercer el liderazgo. Fue entonces, en esta deriva de la lucha consciente hacia el «desmadre» y el «caos», cuando tuvo lugar la aparición de unas nuevas siglas en las cárceles de Carabanchel y la Modelo, los dos macro- centros de preventivos del Estado, donde más difícil era mantener el control por parte de la Administración, pero también la cohesión entre los presos. Los Grupos de Internos en Lucha (GIL) fueron bandas de presos sin conciencia de lucha unitaria caracterizadas por el uso de una violencia extrema tanto en sus acciones «de protesta» dirigidas contra la Administración, como hacia otros internos, y que causaron enfrentamientos entre la población reclusa y supusieron un importante factor de desgaste.12
«La COPEL es un movimiento muy complejo que agrupa a presos so- ciales que se reconocen a sí mismos como delincuentes, a presos que pasan de todo y a otros que tienen conciencia política, pero todos nos reconoce- mos, por encima de estas diferencias, como antifascistas», contestaba Da- niel Pont a la periodista Soledad Gallego en El Dueso. Palabras certeras las de la primera parte de la afirmación, pero quizás, a la vista de todo lo expuesto, más extrapolación de su propio sentimiento que caracterización real, en la segunda.
Ante esta situación, los miembros de COPEL en EL Dueso ya habían elaborado, a principios de marzo, unos detallados estatutos donde se recogía el giro estratégico en los objetivos y los métodos para lograrlos. Tras su dis- cusión, enmienda —sin que se modificase sustancialmente su contenido— y aprobación en Santoña, estas nuevas normas de comportamiento y organiza- ción se enviaron al resto de cárceles con el fin de unificar criterios de funcio-
11 Draper Miralles, R.: op. cit., pp. 201-204. Del comité de COPEL de esta cárcel, el autor y testigo directo afirma que se trataba de un núcleo reducido, sin legitimidad, ultraviolento e influenciado por los GRAPO que estaban allí encerrados.
12 La versión que sobre ellos ha dado Redondo Puertas, uno de sus miembros en la Modelo, no corresponde en absoluto con el testimonio de Draper Miralles, R.: op cit., p. 216, o Daniel Pont y otros ex presos que en años posteriores coincidieron con Redondo tras las rejas.
namiento y pautar los principios éticos y elementos prácticos que deberían regir el día a día de la coordinadora a partir de entonces. Sobre la base de una organización asamblearia y de respeto a las decisiones adoptadas en este foro, los estatutos hacían especial incidencia en vigilar quiénes se integraban en cada coordinadora para evitar la incorporación de provocadores o chivatos, y poder corregir la dirección actuando de forma unitaria.13
¿Era normal esta disparidad de criterios entre prisiones? Sin duda, debi- do a la dificultad de consensuar una línea de actuación común entre un nú- mero tan elevado de centros y personas, tan aislados entre sí. Después de to do, la disparidad de criterios a la hora de actuar no era exclusiva de los presos sociales. En el seno de la DGIP las diferencias eran abismales entre el discurso de apertura y diálogo de su nuevo máximo responsable, y la reali- dad cotidiana en la cárcel: si coincidiendo con la visita se levantaron las san- ciones a algunos internos, sólo cuatro días después de formar parte de la de- legación de presos que se entrevistaron con García Valdés, a Daniel Pont, J. L. C. M. y A. C. J. les incautaron unas pegatinas con «siglas y frases como “Solidaridad con los presos sociales”, etc.» que la Junta de Régimen prohibió confeccionar por «tratarse de alusiones a unas siglas o asociaciones no reco- nocidas legalmente».14