Lurra: op cit., pp 140-144 y 301-306.

noviembre, todavía reciente el motín de la Modelo, pero más aún el suicidio de un preso en la cárcel de Ourense, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso solicitaba por escrito la creación de una «Comisión de encuesta en torno a la situación de las prisiones españolas y al estado de los presos comu- nes o sociales». En su defensa, el grupo manifestaba que la grave situación de violencia que vivían los establecimientos penitenciarios exigía una investiga- ción que estudiase la conveniente aplicación de la reciente modificación del RP y el estado de las prisiones, así como las posibles soluciones que por inicia- tiva parlamentaria pudieran adoptarse. Todos los grupos votaron a favor refi- riéndose en sus discursos a la necesidad de hallar soluciones, pero sin dar falsas esperanzas a los presos comunes, quienes —a buen criterio de Sus Se- ñorías— se sentían discriminados por la reciente amnistía política.21

Dos días más tarde, el 18 de noviembre, se discutió la creación de una Comisión especial de investigación de la situación actual de los estableci- mientos penitenciarios, pero esta vez en el Senado. Las razones de sus defen- sores, como en el caso anterior, era el clima de violencia desatado en las pri- siones y las continuas denuncias de presos y familiares por malos tratos y deficiencias de los centros penitenciarios. En contra de lo previsible la idea no partió de Bandrés o Xirinachs, sino del Grupo Progresistas y Socialistas Inde- pendientes. La intención de la comisión, explicaba uno de sus impulsores, era recabar datos para un estudio en profundidad del sistema que permitiese, en un futuro, el planteamiento de una reforma penitenciaria, no la imputación al Gobierno de los disturbios o las denuncias. Como había sucedido en la Cámara Baja todos los grupos se sumaron a la iniciativa que se aprobó por asentimiento general.22 _{A partir de esta fecha, las visitas de congresistas y se-}

nadores a las prisiones aportarán información puntual de su estado crítico, y con las declaraciones de algunos de ellos a favor del indulto alimentarán las esperanzas de unos presos que no estaban dispuestos a esperar más tiempo mientras se resolvía la reforma legislativa.23 _{En cuanto a sus conclusiones,}

21 DSC, n.º 31, 16 de noviembre de 1977, pp. 1151-1158. Redención, 27 de diciembre de 1977.

22 DSS, n.º 13, 18 de noviembre de 1977, pp. 443-455.

23 «La comisión de encuesta sobre la situación de los establecimientos penitenciarios del Senado acordó ayer urgir a la comisión de justicia la elaboración de una proposición de

cuando las presenten en 1978, constituirán una radiografía detallada de los males que aquejaban al sistema penitenciario saliente del franquismo. Pero aún faltaba bastante para eso, y antes, hemos de asistir a la constitución de otro actor colectivo en el rompecabezas de la reforma penitenciaria: los fun- cionarios.

6.4. La UDP

Hasta ahora, prácticamente todas las alusiones referidas al cuerpo de funcio- narios de prisiones de la Transición han sido para destacar su origen inequí- vocamente franquista —reservadas sus plazas en las primeras promociones a alféreces provisionales y ex combatientes— y su alineamiento con las pos- turas más inmovilistas del momento. El búnker penitenciario era uno de los núcleos más resistentes a las ideas democráticas, por el corporativismo del cuerpo y sus funciones durante los cuarenta años precedentes. Las denuncias por malos tratos que sacaron a la luz los presos políticos de la dictadura no desaparecieron de golpe al morir Franco o sustituir en la presidencia del Go- bierno Suárez a Arias Navarro; permanecieron enquistadas formando parte de la realidad carcelaria más hosca durante años, aunque desgraciadamente con menos atención pública hacia ella. Los ejemplos abundan, aunque no es fácil aportar pruebas incontestables de los mismos, al menos por ahora, pues más pronto que tarde la historia del movimiento de presos se vio sacudida por un caso de torturas de consecuencias inesperadas para sus autores y que marcó un punto de inflexión en el devenir de los acontecimientos. Me deten- dré sobre ello más adelante. Sirva sólo esta reflexión previa para recalcar que como en el caso de las fuerzas de seguridad, no hubo tampoco en las prisiones ninguna depuración del cuerpo.

Sin embargo, no es menos cierto que desde hacía años se estaban incorpo- rando nuevas generaciones de funcionarios que no conocieron la Guerra Civil ni el adoctrinamiento que le siguió, que estaban mejor preparados para su

indulto para los presos comunes», El País, 28 diciembre de 1977. Véase LCI: Arxiu COPEL. «Carta al Presidente de la Comisión de encuesta de los establecimientos penitenciarios», 30 de diciembre de 1977, firmada por siete presos de Carabanchel.

profesión y más abiertos a nuevas formas de pensamiento. Una tendencia que también se observa claramente en el caso del Ejército, bastión franquista por antonomasia y, pese a ello, escenario de la aparición de un reducidísimo nú- cleo de militares demócratas que no comulgaban con las ideas de sus superio- res y arriesgaron mucho por llevar a cabo su empeño. La diferencia es que no hubo en el sistema penitenciario un grupo de capitanes rebeldes que con Fran- co aún vivo para firmar sentencias de muerte, desafiasen al régimen para crear su propia versión de la UMD. Como mínimo, no ha trascendido. Pero sí que al calor de la conflictividad social de la Transición, algunos de aquellos funcio- narios se movilizaron en defensa de mejoras laborales, económicas y de otro tipo, en las que ante el estado de las prisiones incorporaron a sus reivindicacio- nes una demanda de democratización de la práctica penitenciaria e incluso, en casos puntuales, la demanda de un indulto como paso previo a la reforma.

Las primeras movilizaciones tuvieron lugar en noviembre de 1976 en un clima de efervescencia social que sumó durante el último trimestre del año casi 9.000 paros laborales, cifra solamente superada por la del primer trimes- tre, y con el precedente inmediato de otras huelgas de funcionarios del Estado en defensa de una mejora de sus magros salarios, como la de los carteros.24

Tras el anuncio del Gobierno de una reestructuración del cuerpo de auxiliares efectuada sin contar con su colaboración, hubo encierros en 43 centros en demanda del reconocimiento de sus elegidos, participación en la elaboración de un nuevo RP, promoción de los funcionarios, dignificación del cuerpo y aumento del coeficiente salarial.25

En marzo de 1977 en Carabanchel, la respuesta a la actividad de COPEL ya pone de manifiesto la existencia de dos corrientes entre la plantilla: una partidaria de la línea dura y otra de talante negociador que reconocía los pro- blemas de la institución y estaba dispuesta a dialogar con los presos, y que a su vez fue objeto de represalias por parte de la primera, al apartar a su miem- bros de puestos de responsabilidad o contacto directo con los reclusos.26 _Esta

misma separación en función de la orientación se observó en Barcelona, aun- que no causó, al menos en la impresión de uno de los miembros de la línea

24 Sartorius, N., Sabio, A.: op. cit., pp. 113-114. 25 El País, 26 y 28 de noviembre de 1976. 26 El País, 2 y 23 de marzo de 1977.

democrática, mayores problemas. A finales de junio los auxiliares volvieron a encerrarse exigiendo reformas y radicalizando sus posturas. Alrededor de 40 funcionarios se encerraron en la Modelo, llegando incluso a la huelga de ham- bre al mismo tiempo que también lo estaban los presos, por la dignificación del cuerpo, la mejora salarial, que sus opiniones fuesen escuchadas a la hora de reformar el reglamento y, lo que es más sorprendente, la concesión de una amnistía general para políticos y comunes.27

A los de la Modelo se añadieron una quincena en Sevilla y más tarde otros 20 en Córdoba, además de un número desconocido en Murcia, Burgos, Jerez y Cartagena; los encierros acabaron al cabo de unos días con el desalojo por parte de la policía y una promesa de aumento salarial.28 _{En octubre se produ-}

jeron nuevos encierros en cárceles andaluzas para presionar al Gobierno a fin de arbitrase una solución a las demandas de los presos, que en Barcelona se plasmó en un escrito firmado por nada menos que 111 funcionarios dirigido al ministro de Justicia pidiendo medidas de gracia para los comunes.29 _{La si-}

tuación, desde luego, no era fácil para los funcionarios, obligados a trabajar en precarias condiciones, en un clima de tensión permanente y demonizados sin distinción de su orientación como sádicos torturadores por parte de la opi- nión pública. Así no ha de extrañar que, tras el motín del 29 de octubre, se negasen a ir a trabajar hasta hablar personalmente con el director general, venido expresamente a la Ciudad Condal, y arrancarle un compromiso.

El fin de semana siguiente se reunía en Zaragoza una asamblea de funcio- narios de 16 prisiones de Aragón, Cataluña, País Vasco, Santander, Oviedo, Madrid y Soria. Los 40 asistentes, a los que esperaba la policía que tomó los datos de filiación de todos ellos, acordaron reclamar urgentemente una refor- ma penitenciaria en la que los funcionarios participasen directamente, para lo que consideraban «condición sine qua non» la concesión de un indulto a los presos comunes «para evitar el desastre». Junto a esta petición, reclamaron derecho a sindicarse y exigieron mejoras laborales. Acababan de formalizar la constitución de la Unión Democrática de Prisiones o Unión Democrática de

27 El País, 19, 21, de junio de 1977. Entrevista a E. V. 8 de marzo de 2007. 28 El País, 23, 28, 29 y 30 de junio de 1977.

29 El País, 15 de octubre de 1977. De este escrito se hizo eco Xirinachs en su discurso en el Senado en la discusión de la proposición de Ley de Indulto.

Funcionarios de Prisiones (UDP o UDFP, en función de la fuente), que afir- maba tener como objetivos prioritarios «denunciar a la opinión pública la si- tuación actual de las cárceles españolas» y «luchar contra la corrupción, lograr el reconocimiento de los derechos humanos del preso, luchar de cualquier forma contra los abusos que se cometen en la persona del preso».30

Desde ese momento, la UDP emitirá comunicados y concederá entrevis- tas en las que sus miembros se mostrarán partidarios de una reforma en pro- fundidad del sistema penitenciario, la erradicación de los métodos violentos y la concesión de un amplio indulto a los presos sociales. Ahora bien, igual que sucedía entre el estamento judicial o el militar, esta postura no pasaba de ser una ínfima minoría frente a la opción contraria, inmensamente mayoritaria; por lo que la UDP y sus miembros tuvieron que mantener el anonimato por miedo a las represalias tanto de la DGIP, pues no tenían derecho a sindicarse, como de sus propios compañeros, ya que no fueron extraños los casos de aco- so laboral. Sin embargo, desde finales de 1977 se dieron casos de colaboración de algunos de estos funcionarios al sacar comunicados de COPEL al exterior, participando en colectivos de ayuda al preso de composición heterogénea o criticando públicamente a la DGIP por sus métodos expeditivos; símbolo inequívoco de que alguna cosa no funcionaba correctamente en prisión.31

6.5. El recrudecimiento del conflicto y la

designación de Haddad, o viceversa

La suma de todas estas presiones (carcelaria, social, mediática, parlamentaria y funcionarial) acabó derivando en una aceleración y una profundización de las acciones ya emprendidas por el Gobierno. Emprendidas porque, en ver- dad, la reforma no partía de la nada.

Desde su nombramiento como ministro de Justicia, a principios de julio de 1976, con el primer Gobierno Suárez, Landelino Lavilla había reconocido la necesidad de una serie de mejoras en el sistema, empezando por una mo-

30 El País, 8 de noviembre de 1977. «Habla la Unión Democrática de Prisiones», Mundo,