Capítulo VII: Implementación Estratégica
7.4. Estructura Organizacional del Acceso a la Información y las Telecomunicaciones
La estructura organizacional para el Acceso a la información y las
Telecomunicaciones en el Perú para el cual se desarrolla el presente plan estratégico está constituida por dependencias gubernamentales, entidades privadas y usuarios que a continuación se detallan:
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) es un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo que tiene el deber y la responsabilidad del desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones y transporte del país. Su desempeño es vital para el desarrollo económico y social ya que faculta la integración nacional, regional y global, la
facilitación del comercio, la reducción de la pobreza y el bienestar del ciudadano. En razón a las telecomunicaciones, el MTC se apoya en órganos competentes, quienes tienen la facultad de evaluar y gestionarlas solicitudes que tienen que ver con la operación de estaciones de radio y televisión de señal abierta y servicios privados de telecomunicaciones, así mismo estas dependencias planifican y determinan el espectro radioeléctrico que utilizan las mismas. Adicionalmente el MTC actúa como
controlador y supervisor de las prestaciones de servicios y actividades de
comunicaciones, con la autoridad para sancionar según su competencia, velando siempre por el uso correcto del espectro radioeléctrico.
Organismo de Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL), es una dependencia del MTC que se encarga de reglamentar y supervisar el mercado en cuanto a la libre y leal competencia, así mismo dictamina la normativa de protección del usuario, inspecciona y vigila los contratos de concesión y administra el Fondo de Inversión Privada en Telecomunicaciones o sus siglas FITEL.
FITEL es un órgano dependiente del MTC que se encarga de impulsar el acceso universal del servicio a través de proyectos de aplicación aprobados por el MTC. FITEL es el principal inversor en telecomunicaciones en las áreas rurales del país y principal articulador de las inversiones públicas y privadas, a la vez de que supervisa que haya un tratamiento justo y equitativo en lo que se refiere al servicio en
telecomunicaciones entre todos los departamentos del país.
Operadores privados como Entel, Claro, Telefónica y Bitel que dinamizan el mercado y generan competencia en favor de los usuarios. Con esto brindan servicios de
telefonía fija, móvil, cable e internet. Se une a este grupo de empresas privadas una serie de proveedores de servicio de Internet como AOL. Como toda empresa privada, los operadores actúan en función de maximizar sus utilidades; sin embargo, el
derecho de concesión que les otorga el MTC las obliga también a invertir en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Gobiernos regionales y locales que son instituciones públicas que se encargan de administrar los departamentos y municipios a lo largo del país, cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos que les competen. Estas instituciones, además, se encargan de identificar sectores de mayor carencia a fin de desarrollar servicios y sensibilizar a la comunidad en lo que se refiere al desarrollo de servicios en telecomunicaciones.
Usuarios en telecomunicaciones es un grupo de personas naturales y jurídicas que hacen uso de los servicios de telefonía fija, móvil e internet.
7.5. Medio Ambiente, Ecología, y Responsabilidad Social
La implementación de las estrategias que se proponen no impactará negativamente al medio ambiente ni a la ecología de las regiones implicadas en los proyectos de desarrollo, penetración y cobertura en telecomunicaciones. Estas estrategias se aplicarán debido a las exigencias y normativas que apuntan sobre el cuidado y respecto por el medioambiente, ecología y salvaguardando los restos arqueológicos. Si bien las estrategias involucran acciones de expansión, en lo que respecta a infraestructura se necesita contar con
procedimientos bien definidos y ágiles para ser aplicados por las dependencias a cargo de expedir las licencias de construcción. Esta medida permitirá darles fluidez a los proyectos en un espacio de tiempo adecuado.
Asimismo, se pretende lograr un buen manejo de los recursos y dinamizar las actividades dentro del marco estandarizado que asegure la protección del medio ambiente frente a las posibles reacciones ambientales que se podrían generar producto de la actividad. Esto se logrará si se sensibiliza a todos los actores del sector y se desarrolla, además, un nivel elevado de empatía y reconocimiento de la importancia que tienen los recursos naturales
como el agua, el suelo y el aire para el poblador de las zonas donde se establecerán los proyectos de desarrollo en telecomunicaciones.
Los actores del sector deben ahondar todos los temas relacionados al impacto del despliegue de infraestructura que provocará la expansión y creación de servicios sobre la salud, el ornato público y la contaminación ambiental a fin de reaccionar con celeridad y responsabilidad frente a un desequilibrio medioambiental causado por la actividad propiamente dicha. Por ejemplo, actualmente, se vienen aplicando normas estrechamente relacionadas con la salud como el límite máximo de radiación no ionizante de las tecnologías inalámbricas, que las operadoras privadas deben estar llanas a cumplir.
Con relación a la Responsabilidad Social, los OLP que se plantean abarcan el despliegue del servicio hacia las áreas de prioritario interés social. El MTC ha recibido el encargo de diseñar e implementar las políticas y estrategias de integración del país mediante los servicios de telecomunicaciones. El MTC debe ser agente promotor de la aplicación de las buenas prácticas en telecomunicaciones con responsabilidad social. El seguimiento y control de los alcances en expansión deberá hacerse por regiones y a nivel nacional. El objetivo es lograr equidad de la oferta en las zonas de crecimiento potencial más allá de su fisiografía.
El valor compartido deberá ser abordado en las negociaciones previas con los postulantes a operadores entrantes. Este tema debe ser el propulsor de mecanismos que confieran beneficios para el despliegue de servicio de calidad en zonas de poca demanda comercial. Los resultados de las actividades y acciones de responsabilidad social y valor compartido deben medirse sobre la plataforma del impacto económico en las regiones donde se implementen. Se debe asegurar el hecho de que las acciones de despliegue tecnológico se orienten hacia el valor compartido donde todos ganen, el usuario final, la comunidad, la empresa privada y el Estado.