puesto que nuestros niveles de inversión en el mismo no se han equiparado con los del resto de los países de Europa. Además, el sistema educativo no ha sido capaz de proporcionar un capital humano adecuado a las necesidades de la economía.
En los siguientes apartados nos centramos en analizar los datos de la economía de la Comunidad Valenciana. En concreto colocamos el centro de atención en el mercado de trabajo, y, en particular, en aquellas dimensiones de este mercado más relacionadas con el capital humano. Así estudiamos la importancia del desempleo juvenil y del desempleo de larga duración como factores que pueden determinar la pérdida de capital humano entre la población activa. También aportamos algunos datos sobre el posible desajuste entre la estructura ocupacional del empleo y la proporción de individuos con distintos niveles educativos. Con ello se pretende arrojar algo de luz al problema de la sobrecualificación de la población activa junto con la necesidad de políticas activas de empleo destinadas a mejorar la formación y el capital humano.
Terminamos esta colaboración con un análisis de las políticas activas de empleo que se están llevando a cabo, auspiciadas algunas de ellas por la Unión Europea, y del impacto que podrían tener sobre la economía de la Comunidad Valenciana.
Estructura productiva, educación y capital
humano.
Los estudios e informes que recogen el papel fundamental de la educación en las posibilidades productivas son muy numerosos. Pero además de tener un importante papel en el crecimiento económico también supone un eficiente medio para conseguir mejoras en la renta de las familias y por lo tanto la inversión en educación es un mecanismo que permite reducir la brecha entre las rentas de los habitantes de un país. Tenemos pues que la educación constituye una partida que aumenta tanto la eficiencia como la equidad. En nuestra opinión, este argumento
justifica la intervención del Estado en la economía, en su función de mejorar el bienestar agregado del país.
Pero en los últimos años las hemerotecas nos muestran que las autoridades de las economías más avanzadas consideran que hay que avanzar hacia una economía del conocimiento. Las consecuencias de la misma son una producción más variada y de mayor calidad. Ya no se trata de contar con trabajadores formados sino que el proceso de formación continúe a lo largo de la vida de las personas para que de esta manera puedan ir adaptándose a las condiciones cambiantes de una economía cada vez más globalizada.
La estructura productiva de la Comunidad Valenciana se sostiene fundamentalmente en pequeñas y medias empresas. De manera que su capacidad para generar puestos de trabajo está limitada por las propias dimensiones de las empresas, aun cuando esto no implique que no sean el sostén de una muy buena parte de la población ocupada. Estas empresas se dedican de una forma muy importante a la prestación de servicios. A nivel de todo el sistema productivo podríamos decir que éste ha tenido que hacer frente en los últimos años a constantes cambios: en la demanda de sus servicios, en las condiciones de competencia frente a otras empresas que ofrecen productos similares, en la legislación laboral y fiscal… entre otras.
Con el desarrollo de la crisis hemos podido presenciar el cierre de empresas pero también la aparición de otras. Sin embargo la menor demanda de bienes y servicios motivada por la contracción de los salarios y una cifra de desempleo histórica ha provocado que el mercado de trabajo se haya resentido de forma drástica. Así tenemos que gran parte de la producción tradicional (textiles, calzado…) se ha deslocalizado o ha pasado a la economía sumergida buscando unos menores costes de producción. En su intento de supervivencia empresas que prestan servicios han pasado total o parcialmente a realizar su actividad en la economía sumergida (bares, cafeterías, peluquerías, talleres mecánicos…). Además, dado el elevado nivel de desempleo, las posibilidades de negociación entre empleadores y empleados han disminuido considerablemente, de manera que ha aumentado el trabajo flexible, a tiempo parcial o con contratos temporales. Para mantener el empleo los trabajadores han tenido que acceder a jornadas laborales que han visto aumentar el número de horas, en algunos casos sin aumento de la retribución global.
En la actualidad contamos, como veremos más adelante, con trabajadores poco formados que compiten con otros más preparados por los mismos puestos de trabajo, lo que lleva a que los segundos expulsen prácticamente del mercado a los primeros. De esta manera las empresas cuentan con trabajadores sobrecualificados para los puestos ocupados pero les pagan en función del trabajo desarrollado, generándose un sentimiento de frustración tanto por el salario
conseguido como por el trabajo a realizar, ya que podrían aspirar a otros trabajos más acordes con su formación y mejor remunerados.
El importante número de personas desempleadas que la crisis ha provocado ha llevado a un aumento de las personas que pasan del desempleo a la inactividad pero también directamente del empleo a la inactividad, reflejando de esta manera el desánimo sobre las posibilidades de mantenerse entre la población activa con posibilidades de encontrar trabajo. Adicionalmente cabe destacar también que existen colectivos con grandes problemas para participar activamente en el mercado de trabajo. Se trata esencialmente de los jóvenes, cuya tasa de desempleo supera el 50%, así como los parados que llevan buscando trabajo 1 año o más tiempo.
Hemos considerado pertinente destacar especialmente la importancia que ha ido adquiriendo la población desocupada de larga duración, es decir que llevan más de un año buscando activamente un puesto de trabajo. El principal problema que afecta a este colectivo es que a medida que la desocupación se alarga en el tiempo, la pérdida de conocimientos y habilidades que se habían desarrollado en el puesto de trabajo se ha ido haciendo más severa, por lo que su empleabilidad se reduce, conforme su capital humano se va erosionado. Como apuntan Aznar y Azorín (2010) las consecuencias del desempleo de larga duración son muy negativas no sólo para estos trabajadores sino para la economía en su conjunto ya que se pierde un capital humano que podría influir muy positivamente en la productividad global y contribuir de forma significativa al crecimiento del país. Pero también generan un incremento de los costes sociales tanto por aumento de las prestaciones contributivas como de las asistenciales destinadas a la protección contra el desempleo. El desempleado por su parte, se enfrenta a una serie de problemas económicos, sociales y psicológicos que dificultan su reinserción en el mercado de trabajo ya que se produce un deterioro en sus cualificaciones y formación que reducen su adecuación a las necesidades del mercado. Los largos periodos de desempleo influyen además en la autoestima y motivación. Todo ello origina, sin lugar a dudas, un incremento serio del riesgo de exclusión social de este colectivo que, a su vez, reduce sus posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo (ILO, 2015).
Mejorar el nivel formativo de la población requiere de inversión que tendrá que llevarse a cabo tanto desde las instancias oficiales como por parte de la población. La Constitución Española de 1978 en su artículo 27.1 señala que “Todos tienen el derecho a la educación” y en el 27.4 “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
Para preservar los preceptos constitucionales, el gasto educativo en España ha crecido desde los años 70 del siglo XX, entendiendo por gasto educativo el desembolso total que implican las retribuciones al personal, ya sea funcionario o con contratación laboral, y el mantenimiento de las instalaciones que constituyen
los centros públicos. Es importante destacar que una vez alcanzada la escolaridad obligatoria para toda la población, el reto consiste en la mejora de la misma, con lo que se conseguiría no sólo un importante avance en el nivel educativo medio de la población sino también romper con una importante lacra de nuestro sistema: el fracaso escolar. Una de las dimensiones del fracaso escolar es el abandono temprano de los estudios. Eurostat mostraba que en el año 2013 la tasa de abandono era del 23,6%, tasa que prácticamente duplica la media europea para ese mismo concepto (12%) y también del objetivo marcado por la Estrategia 20202 (10%) para el conjunto de los países de la Unión Europea, aunque es cierto que para España este objetivo se cifró en el 15%, dada la situación de partida tan elevada.
Es preciso, por tanto, que se destinen recursos sobre todo para que no queden fuera del sistema la población escolar por dificultades especiales en el aprendizaje, por ser personas llegadas de otros países, por pertenencia a minorías étnicas o grupos sociales en los que tiene especial incidencia los problemas de desempleo y exclusión.
El gasto educativo sobre el PIB en España se ha situado por debajo de los valores correspondientes a economías mucho más dinámicas como son las del Norte de Europa. Por ello no se ha podido reducir la brecha con estos países, a pesar del esfuerzo realizado, puesto que además el punto de partida estaba más retrasado. Así tenemos que mientas España en 2002 (en plena fase expansiva del ciclo económico) destinaba un 4,25% de su PIB a educación, Finlandia lo hacía en un 6,22% o Suecia en 7,36% según Eurostat. Los datos correspondientes a estas tres mismas economías para 2011, último año disponible según la fuente previamente citada, nos muestran que el gasto en España era del 4,82% mientras que eran del 6,75% y del 6,82% para Finlandia y Suecia respectivamente.
En España, las enseñanzas que tienen carácter obligatorio3 son la educación primaria y la educación secundaria obligatoria (entre los 6 y los 16 años). Una vez finalizado este período se puede acceder a educación no obligatoria. Con ello nos referimos a:
• Bachillerato (2 cursos), cuyo fin es encauzar al alumnado hacia un ciclo formativo, la educación universitaria o al mercado de trabajo.
• Formación profesional. Se divide en i) Ciclos de Formación Profesional Básica, ii) Ciclos formativos de grado medio y c) Ciclos formativos de grado
2 La Estrategia 2020 de la Unión Europea persigue cinco objetivos (empleo,
innovación, educación, integración social, y clima y energía) que permitan alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
3 La normativa referida a la educación no universitaria en España queda recogida
en Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación(LOE)
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899 y las modificaciones
superior. Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y más adelante haremos una referencia a los mismos cuando hablemos de los Certificados de Profesionalidad. De las opciones educativas que siguen a la educación obligatoria, cabe destacar que la proporción del alumnado que decide acudir a la formación profesional es considerablemente inferior a la de otras economías avanzadas. Mejorar la percepción social de estos estudios adaptándolos a los requerimientos de los diferentes sectores productivos aparece como un objetivo a conseguir. Además con la modificación realizada en 2013 se introduce la denominada Formación Dual con la que se pretende combinar la enseñanza en el centro educativo y en centros de trabajo.
• Enseñanza universitaria. Recientemente, se está haciendo más énfasis, no solo en el nivel formativo alcanzado, sino también en las competencias y habilidades logradas con el sistema educativo. De hecho, existe evidencia empírica que indica que el impacto del capital humano sobre el crecimiento económico es más significativo cuando se tienen en cuenta no solo el nivel de formación sino la calidad de la formación, es decir las competencias adquiridas por los individuos (Hanushek, 2013). En esta línea el Programa Internacional de Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC) pretende evaluar competencias básicas como la competencia lectora y matemática de la población adulta (entre 16 y 65 años). El objetivo es analizar hasta qué punto el nivel de formación logrado es adecuado para integrarse con éxito en el mercado de trabajo. En el caso de España, la puntuación en ambas competencias es significativamente inferior a la media de la OCDE (Serrano y Soler, 2015).
Hasta el momento hemos hecho una pequeña revisión de la formación antes de acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo no podemos pasar por alto otro tipo de conocimientos, habilidades y destrezas que se obtienen una vez se entra a formar parte del mercado laboral. Estamos hablando de conocimientos que se van adquiriendo en el puesto de trabajo o que proceden del sistema educativo formal o informal, entendiendo por formal aquella educación que se obtiene en una institución oficial y por informal la que no cumple con esta condición. Cada puesto de trabajo tiene un conjunto de características que lo diferencia del resto, lo que lleva a que se requiera de una formación específica propia de ese trabajo y que luego es muy difícil de extrapolar al resto. Sin lugar a dudas, la experiencia en el puesto de trabajo proporciona también este tipo de formación. Por el contrario, existe una formación que denominamos general que es aplicable a casi cualquier puesto de trabajo. Estamos refiriéndonos a la formación general, y ejemplo de ello serían los conocimientos de ofimática.
Una combinación adecuada de formación formal e informal junto con el aprender a hacer que se deriva de la puesta en práctica en el puesto de trabajo creemos que eleva la empleabilidad de las personas. Pero para ello es necesario
recursos. Las autoridades central, autonómica y local, dado el grado de descentralización de algunas decisiones característico del estado español, han tomado decisiones y destinado fondos para la formación de las personas desempleadas. Son las denominadas políticas activas de empleo que estudiaremos más adelante.