Evaluación de programas existentes de intervención educativa

En su investigación Agüero (2000) propone un modelo de evaluación de contenidos y materiales de educación para adultos, que pretende establecer parámetros de evaluación conforme a los lineamientos pedagógicos actuales para la elaboración de materiales y contenidos educativos para adultos. Parte del supuesto que una teoría educativa alternativa que guíe la práctica en educación de adultos se define como un cuerpo organizado de principios, conocimientos y recomendaciones dirigido a la práctica de la educación.

Agüero (2000) sustenta que una teoría educativa ha de constituirse, por tres componentes: a) una teoría del conocimiento y una concepción del aprendizaje; b) una teoría de la enseñanza y la explicación del proceso de enseñanza_aprendizaje; y c) la expresión clara de los objetivos y metas propuestas.

Acerca de los estudios sobre la evaluación en la educación de los adultos aporta los siguientes hallazgos:

1. La literatura sobre evaluación en educación de adultos evidencia una carencia tanto teórica como metodológica.

2. Hay pocas investigaciones sobre evaluación de contenidos y materiales para la educación de los adultos y acerca de los proceso de aprendizaje del adulto.

3. Los programas que centran el proceso de enseñanza y aprendizaje en la transmisión de contenidos por medio de materiales únicos no elevan la calidad educativa.

4. Es imprescindible evaluar los contenidos y materiales de educación; el proceso de aprendizaje y la relación entre ambos, así como estudiar el modo como impactan en la relevancia y eficacia educativas.

En cuanto a los aportes sobresalen los relacionados con los conceptos de medios y

materiales educativos, los criterios para construir un modelo de evaluación con el papel central de la participación, el análisis y el diálogo de los distintos actores de la educación de adultos (Morles, 1983; Vargas, 1981; citados por Agüero, 2000).

Agüero (2000) concluye que es necesario analizar la congruencia entre los planes y programas de educación para adultos así como su representación real.

El autor Reimers (2000), analiza la relación entre la educación, pobreza y desigualdad en América Latina y hace una revisión de estás relaciones desde diversas perspectivas teóricas y argumenta que dada la significativa expansión en el acceso a la educación y los altos niveles de desigualdad, es pertinente examinar en qué medida el sistema educativo sirve a funciones reproductoras de la estructura social y permite movilidad social y cambios en dicha estructura. En sus estudios, Reimers presenta y discute la evidencia de los distintos perfiles de escolaridad de diversos grupos, así como las diferencias por grupo de ingreso en el acceso a la educación; se pregunta la razón por la cual algunos sectores de la población aprenden menos y en su investigación encuentra que se debe a la pobreza de esos sectores, falta de preparación inicial, desigualdad de la calidad educativa y la falta de políticas evaluatorias.

Por su parte Salinas (2003) revisa los compromisos que han adquirido los países de América Latina, para poder cumplir con la obligación de otorgar educación gratuita y de calidad en particular para los sectores más excluidos, haciendo énfasis en las comunidades rurales y

marginadas así como en los jóvenes y adultos; para lograrlo propone crear un plan de cultura de derechos, la formación y capacitación ciudadana dirigidos a cada país con temas de política

educativa y vigilancia ciudadana y el intercambio de experiencias regionales articulando procesos de información y seguimiento y evaluación a los planes de educación ya establecidos para mejorarlos o para crear nuevos programas que satisfagan las necesidades de la poblaciones menos atendidas.

Un estudio de la UNESCO (2003) sobre la renovación del compromiso con la educación y el aprendizaje de adultos, señala que la pobreza sigue siendo un obstáculo para el aprendizaje y asimismo, es una consecuencia de una educación insuficiente. Estima que uno de cada cinco habitantes del mundo viven en pobreza extrema y sufren de falta de alimentación adecuada, agua potable, higiene, sanidad y educación; y que dos de cada tres son mujeres. Señala que los retos principales de los países deben ser lograr enlazar el aprendizaje de adultos con otros sectores e integrar en ellos sus inquietudes, ya que se ha comprobado que la educación se ha estancado en todas las regiones en desarrollo.

Por su parte, Salinas (1998) explora el significado que tienen los programas de educación comunitaria para los participantes e indaga cuál es la función social que cumplen, en términos de control, legitimación y reproducción. Señala que los programas oficiales de educación no formal y de adultos buscan el desarrollo de habilidades domésticas y capacitación para el autoempleo.

Aigner, Swanstrom, Niebanck, Forrest y Kamara (1999) analizan diferentes políticas educativas implementadas en distintos países; cuyo objetivo es la participación ciudadana en la construcción de estrategias locales para incrementar la educación comunitaria. Se exploran posibles formas de prevenir problemas, entre los que se cuentan las situaciones de discriminación y la manipulación por líderes locales. Los autores manifiestan un aumento de interés por el desarrollo comunitario así como el reconocimiento de la necesidad de una mejora en la práctica y la búsqueda de apoyos activos; asimismo, presentan la necesidad de un nuevo paradigma radical que influya en el trabajo de la comunidad y que una a ésta con el lugar de trabajo por medio de la formación y la concientización y también con proyectos de desarrollo de pequeñas empresas a través de la concesión de créditos blandos a mujeres.

El Banco de México en conjunto con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, (CONAFE, 2001) participa en el desarrollo de los programas y los requerimientos exigen que se realicen

evaluaciones externas y periódicas de los procesos y resultados educativos de la educación comunitaria, de igual forma facilita la introducción de cambios e innovaciones para que el modelo beneficie a las personas que viven en comunidades marginadas con el objeto de eliminar los niveles de pobreza y de mejorar la calidad de vida de las comunidades referidas.

El programa nacional de desarrollo social 2001-2006 publicado en el Diario Oficial de la Federación (2002) establece las necesidades urgentes de atender a las comunidades marginadas social y económicamente del país. A través de la política social busca corregir brechas injustas entre la población y a la vez responder a las diferencias entre las personas, familias, comunidades y regiones.

La evaluación de las políticas públicas es un instrumento promotor del cambio y de la eficiencia para conocer lo que sucede en realidad con la aplicación de los programas, sus resultados e impactos. Esta práctica permitirá introducir procesos de mejora continua en los programas, corregir posibles desviaciones, crear nuevos programas y rendir cuentas a la sociedad.

Una política con permanencia y continuidad requiere de una visión a largo plazo, en la cual las acciones de las mismas tengan continuidad y permanencia; requiere también de estrategias que sirvan como plataforma base para actividades futuras.

Las políticas sociales y los programas deben tener como punto de partida el reconocimiento de las personas y las comunidades como sujetos de derechos y como actores potenciales de desarrollo y al mismo tiempo deben de contar con la participación del gobierno.

Los programas educativos deben de evaluarse continuamente para medir el cumplimiento de los objetivos, ponderar su eficacia y conocer los impactos de éstos en las condiciones de vida de la población ya que las estadísticas demuestran que muy pocos jóvenes de escasos recursos ingresan al nivel medio superior ya que tienen que incorporarse a la fuerza laboral; por lo que los nuevos

proyectos pretenden brindar educación de calidad a las personas que habitan en las comunidades marginadas por lo que es necesario fortalecer el andamiaje institucional y legal.

Latapí (2004) realiza un análisis sobre las políticas educativas, a partir del caso particular del Observatorio Ciudadano de la Educación que fue creado por un grupo de investigadores de la educación con el objetivo de ser una instancia de vigilancia social de las políticas educativas para ejercer un seguimiento crítico sobre su formulación y ejecución y a su vez dialogara con las autoridades aportando conocimientos, juicios documentados y cuestionamientos. Se propone abrir un espacio social para el análisis y discusión de las políticas que se siguen, sensibilizar a la sociedad sobre aspectos problemáticos que afectan a la educación del país y dar cauce a las demandas educativas de los sectores que no reciben la atención que merecen.

El propósito principal de la investigación es profundizar en el problema de la participación de la sociedad en la educación y aportar elementos para su solución. Siendo la participación

evidentemente necesaria para mejorar el carácter democrático de la toma de decisiones de política educativa y la calidad del servicio educativo, esta práctica debe de ir acompañada de un esfuerzo de clarificación que le ayude a determinar las formas que adopte.

El Observatorio Ciudadano de la Educación, (OCE) encuentra que durante las últimas décadas, los gobiernos preparaban un plan de acción sobre el desarrollo educativo y las decisiones obedecían solo a orientaciones políticas o ideológicas de la “administración en turno”; por lo que se propone que las políticas de evaluación de educación incorporen las necesidades que los

investigadores educativos encuentren junto con las de los funcionarios públicos y de está forma integrar las necesidades de las comunidades con los programas de educación.

Zúñiga (2001) evidencia la necesidad de que los gobiernos asuman el mejoramiento de la calidad de educación como una prioridad en el desarrollo de sus políticas; señala que brindar

servicios educativos de calidad para toda la población es una aspiración reiterada de las declaraciones, planes de acción y programas de alcance internacional.

Agrega que una vez que los gobiernos hayan alcanzado avances significativos hacia la meta de garantizar una educación básica para toda su población; sus preocupaciones deberán centrarse en el desarrollo de políticas que aseguren que esta educación sea de calidad evitando los rezagos en los grupos de población en situación de desventaja.

Zúñiga (2001) sugiere el reconocimiento, sistematización y divulgación de políticas que se estén aplicando de manera exitosa en el ámbito internacional con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en los distintos niveles y modalidades.

Concluye que los gobiernos deben de desempeñar un papel más activo en la definición de los propósitos y los resultados esperados para desarrollar métodos de trabajo cooperativo entre autoridades educativas de los países.

Galindo (2003) propone una evaluación de proyectos socioeducativos mediante la interpretación de la experiencia de educadores jóvenes y adultos en la que desarrolla una perspectiva epistemológica que cuenta con los siguientes componentes: a) una fenomenología hermenéutica, para interpretar y comprender la experiencia subjetiva; b) un enfoque centrado en la persona, para el desarrollo de la comunicación profunda y c) tomar en cuenta el acto de preguntar freiriano, que problematiza la realidad social y que elabora modelos de intervención con los cuales se evalúa el impacto social del trabajo de educadores.

Galindo (2003) presenta un modelo general de evaluación, en el cual el facilitador, promotor o agente se vale de la entrevista profunda, del video, del testimonio y/o las fotografías empleando estrategias de reflexión, grupos de enfoque y grupos de encuentro. El análisis de estos elementos sirve para interpretar la experiencia subjetiva vivida por las personas, y debe hacerse mediante el

procedimiento de escuchar o leer una y otra vez los testimonios para después hacer un registro sistemático y posteriormente un análisis que ubique los constructos y el impacto.

Melgar (2000) hace referencia al reporte de evaluación que hizo la UNESCO sobre los servicios escolares en poblaciones marginadas en el que advierte que la equidad educativa solo se garantizará si el Estado mantiene un papel protagónico en la materia.

En el año de 1999 la SEP encargó a la UNESCO una valoración sobre los programas de educación comunitaria, la telesecundaria y los programas compensatorios dirigidos a planteles ubicados en lugares con mayor grado de marginación. Los resultados demuestran que la educación comunitaria continua siendo la más rezagada en México y la más requerida de políticas consistentes que garanticen la equidad educativa de la población.

Neira y Portela (2004) explican en su artículo cuales son las necesidades básicas en educación en los países de América Latina y cuales son las políticas que deben tomar tanto los mismos países como los países más desarrollados para corregirlas.

En la conferencia Mundial sobre Educación de 1990 se definieron las siguientes metas para lograr el desarrollo económico de los países Latinoamericanos: a) la erradicación del analfabetismo, b) cubrir con la educación primaria a todos los sectores de la población y c) mejorar la situación que presenta la educación secundaria, ya que además de no cubrir amplios sectores presenta índices altos de abandono.

Neira y Portela (2004) agregan que deben redefinirse las políticas que destinan el presupuesto educativo; ya que la mayor parte de los países Latinoamericanos dedican una importante parte de su gasto público a la universidad, en detrimento de los niveles educativos inferiores. Tanto los gobiernos regionales como los organismos internacionales se han propuesto como meta del nuevo siglo la erradicación de la pobreza, la cual es irrealizable si no se acompaña

de la generalización de la educación en todos sus niveles a toda la población y la erradicación del analfabetismo, centrado en las capas más pobres de la sociedad.

García-Huidobro (2004) elabora un reporte de experiencias y perspectivas teóricas en torno a los desafíos que los dilemas de la equidad e igualdad educativa significan para las políticas educativas con objeto de incluir a diferentes sectores desfavorecidos a las oportunidades sociales.

El reporte crítica la desigualdad socioeconómica producto de las sociedades neoliberales y del mercado en específico y proyecta en la educación el objeto para lograr la justicia social y se postula que la equidad en educación puede conceptualizarse comprendiendo los niveles de complejidad.

Las políticas a favor de la igualdad de la educación en todos los sectores requieren una institucionalidad que les asegure consistencia y sustentabilidad. Es frecuente la discontinuidad de las políticas de equidad cuando ellas se asumen como “satélites” o como programas “periféricos” de una política central que suele estar centrada en la búsqueda de más calidad y eficiencia. Los programas educativos deben provenir de una política que busque la educación igualitaria y que ataque los núcleos generadores de la inequidad en el sistema escolar. Considera necesario vincular a la educación con otros sectores de la sociedad y poner atención en los actores del proceso pedagógico.

Se concluye que las políticas a favor de la igualdad en educación requieren una

institucionalidad que les asegure consistencia y sustentabilidad; en donde decir institucionalización es decir permanencia.

Guerrero (2005), afirma que es necesaria la adopción de nuevos sentidos para la educación inspirados en auténticas políticas de reforma del sistema educativo nacional; lograrlo supone un esfuerzo colectivo de discusión y búsqueda de acuerdos que tengan su horizonte en un proyecto educativo nacional de amplio consenso.

Morín, (1999 citado por Guerrero, 2005) urge a reconsiderar la organización del

conocimiento, derribando las barreras tradicionales entre las disciplinas y buscando caminos de integración de todo lo que hasta ahora ha estado separado. Así como establecer una relación estrecha entre las sociedades privilegiadas con las que no lo son y cerrar la brecha educativa entre ricos y pobres.

Guerrero (2005) subraya que las políticas educativas deban ser reemplazadas por otras que vinculen el conocimiento a la acción y combinen saberes diversos. Afirma que es difícil para los educadores comprender el papel de las nuevas políticas y didácticas que se aplican a los procesos pedagógicos de la educación formal o no formal en donde se producen un conjunto de interacciones e influencias donde cada sujeto despliega su respectivo modo de ser y de pensar, sus percepciones y valoraciones propias del mundo e incluso sus propios objetivos personales. Esta diversidad se explica por las distintas historias individuales, familiares y comunitarias, que pautan el

comportamiento y las creencias de los estudiantes y maestros.

Guerrero (2005) enfatiza que el propósito de la educación es educar a los ciudadanos para ser capaces de participar en las decisiones y de aportar soluciones que lleguen a transformar o reinventar las leyes y políticas de la educación.

En el caso del proyecto en el que se trabaja se hacen bitácoras continuas para medir los cambios que se van produciendo; asimismo se entrevista continuamente a las personas ya que se realizan al menos tres visitas semanales en las que se asiste a las personas por medio de talleres y proyectos de educación no formal y se van haciendo las modificaciones pertinentes según las respuestas que se van obteniendo; dentro de las entrevistas se trata de obtener información para saber si además de sentirse contentos con nuestra intervención han tenido logros en la integración al mercado laboral. Concomitantemente, se han realizado dos estudios cuantitativos para detectar si las actitudes, destrezas y habilidades han mejorado.

Los programas de ayuda a las comunidades constituyen un factor determinante que facilita a las personas su integración al desarrollo; les permite estar informadas sobre sus alternativas de vida y tomar decisiones; y en general lograr mejores oportunidades para generar ingresos. El principal problema es que algunos de los grupos sociales son atendidos por varios programas de diversas dependencias y por distintos órdenes de gobierno y otros sectores vulnerables que enfrentan diversos obstáculos han quedado sin atención, esto provoca dispersión de los recursos y al mismo tiempo no se logran mayores impactos en la superación de los problemas.

Los resultados deben evaluarse continuamente para medir el cumplimiento de los objetivos, ponderar su eficacia y conocer los impactos de éstos en las condiciones de vida de la población ya que las estadísticas demuestran que muy pocos jóvenes de escasos recursos ingresan al nivel medio superior ya que tienen que incorporarse a la fuerza laboral; por lo que los nuevos proyectos pretenden brindar educación de calidad a las personas que habitan en las comunidades marginadas.

Es necesario considerar el fortalecimiento del marco institucional en las tareas de desarrollo social; es decir, promover el andamiaje institucional y legal para su segura y continua aplicación. Esto facilitará la implementación eficaz, eficiente y equitativa de ayuda en las comunidades marginadas.

Powers (2004) al evaluar los programas de educación basados en proyectos comunitarios, educación sustentable, educación para el servicio y para la mejora del ambiente afirma que hay una conexión explícita entre la escuela y la comunidad a la que se pertenece y sugiere que los muros que separan a la escuela de su propia comunidad deben de derrumbarse e integrar lo que se estudia al ambiente en el que se vive.

Divide los desafíos de estos programas en: a) los intrínsecos al programa mismo y b) los que no pueden controlarse por razones externas y afirma que ambos son relevantes para que los programas funcionen y señala que es fundamental cambiar las prácticas docentes ya que los

maestros son los agentes de cambio primarios; su posición es optimista ya que concluye que los programas son vehículos sólidos para la mejora de la educación comunitaria.

El estudio sobre los desafíos para la construcción del futuro realizado por la Secretaría de Educación del estado de Michoacán (2003) señala que el rezago en educación de adultos se ha incrementado y propone como reto elevar la cobertura de la demanda educativa enfrentando los