La Competitividad del Sector Granos y Forrajes a Nivel Mundial
EXPORTACIONES DE MAÍZ, TRIGO Y SORGO (Miles de dólares)
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Naciones Unidas.
Gráfica 2.9
El sector agropecuario, por sus características, fue uno de los más difíciles de negociar, puesto que implicaba afectar la sensibilidad económica, política y social de los tres países. Adicionalmente, el sector agropecuario se encontraba en un período durante el cual se buscaba protegerlo por cuestiones de soberanía alimentaria. En vista de ello, incluso dentro de los acuerdos del GATT (General Agreement of Trade and Tariffs) no se había contemplado su liberalización y los países, casi de manera generalizada, imponían medidas de protección unilaterales. Fue hasta la Ronda Uruguay (1986-1994) que se incluyeron por vez primera compromisos en materia de liberalización agrícola, con el énfasis en proteger a las economías desiguales.
De esta manera, en el siguiente apartado se hace un breve análisis de la experiencia de México tras la firma del TLCAN y cómo el sector agropecuario, en especial los granos, se vieron afectados.
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mi le s de dó la res de tri g o y so rg o - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Mil e s de dó la res de m a íz Maíz Trigo Sorgo
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El sector agropecuario y el TLCAN
Dentro de la negociación del TLCAN, antes que resolver las posiciones entre los países, se impuso definir la estrategia interna de negociación, ya que los productores nacionales de algunas ramas de actividad, como la de frutas y hortalizas, poseían en ese momento la capacidad de competir en el mercado internacional, en tanto que la gran mayoría de los productores del sector pedían que se les protegiera por un lapso de tiempo congruente con su proceso de modernización. Dentro de estos solicitantes destacaron los productores de maíz, frijol y leche en polvo, así como los de porcinos. Para México, la definición clara de la estrategia era fundamental por los enormes costos sociales que traería una mala negociación.
En lo que respecta a la protección del sector por medio de tasas arancelarias elevadas, se puede señalar que su disminución desde el ingreso de México al GATT en 1986, ha sido una de las más agresivas. Para asegurar la entrada a este organismo, hoy conocido como la Organización Mundial de Comercio (OMC), nuestro país se comprometió a fijar una tasa arancelaria máxima del 50 por ciento. Un año después, de manera unilateral, disminuyó dicha tasa al 20 por ciento y con la firma del TLCAN se fijó una fecha límite de 15 años a fin de eliminar todas las barreras arancelarias, por lo que en el 2008 la tasa arancelaria será de cero para todo producto importado de Estados Unidos y Canadá. Se esperaba que con tal esquema de desgravación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituiría un factor importante para revitalizar la actividad agropecuaria en México, porque permitiría establecer reglas claras y más precisas a fin de que los productos mexicanos pudieran acceder al mercado norteamericano, dando así una mayor certidumbre que generaría nuevas inversiones en el campo. De igual forma se fomentarían las especializaciones en algunas producciones agropecuarias y se podrían desarrollar nuevos segmentos de productos para la exportación. Junto con lo anterior se esperaba también aumentar el nivel de ingresos de los productores agropecuarios.2 Estos objetivos se fundamentaban en que, por sí solos, la
apertura y la libre competencia modernizarían al campo, pero la realidad nos demostró que hizo falta una política de competitividad que permitiera desarrollar las capacidades competitivas de los productores mexicanos con el propósito de que se subsanaran las asimetrías entre los sectores.
La desgravación arancelaria parecía una ventaja para los agricultores mexicanos, ya que se les daría un periodo para prepararse y poder enfrentar la apertura. Sin embargo, dentro de este esquema no se contempló realmente la necesidad de establecer toda una política de competitividad agrícola, con la
2 Tellez K. Luis, "El Sector Agropecuario frente al acuerdo de libre comercio” en Acuerdo de Libre
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cual se permitiría a los productores afianzar su posición dentro del mercado interno y les otorgaría la posibilidad de incursionar en los mercados internacionales. De hecho, el proceso de apertura se acompañó por el desmantelamiento de los instrumentos de apoyo que se utilizaban, principalmente el esquema de pecios de garantía de los productos —el cual se ejercía a través de una empresa paraestatal—, y el cierre de la Banca Agrícola (BANRURAL). Tales políticas no han sido sustituidas de manera eficiente por otros esquemas. Actualmente, existen mecanismos de banca de segundo piso como lo son los fondos del Fideicomiso para la Agricultura (FIRA) y la Financiera Rural, pero sus impactos han sido mínimos.
En este contexto, la política de apoyo al campo mexicano básicamente ha consistido en la instrumentación de dos programas de apoyo: el programa Progresa —integrado por apoyos en efectivo que otorga el gobierno federal para la educación, salud y alimentación de los más pobres en el campo—, y el programa Pro-campo, que consiste en apoyos en efectivo por hectárea para fomentar la actividad productiva en el campo. En cuanto al primer programa, está orientado básicamente al combate a la pobreza de la población rural. El segundo programa presenta el defecto de no contar con todo un sistema lógico y organizacional que permita que el apoyo se aplique efectivamente en la producción, lo que ha ocasionado que en muchas ocasiones este dinero sea gastado en el consumo básico de las familias y no en inversiones en el campo. Debido a que invertir en el campo ha dejado de ser negocio, los campesinos nacionales se enfrentan a una competencia internacional que se produce bajo esquemas de intenso apoyo en forma de subsidios que les permite ofrecer precios por debajo de los costos de producción interna. Además, el acelerado proceso de desgravación arancelaria, junto con las políticas internas monetaria y cambiaria contraccionistas, se han traducido en aranceles netos negativos (con un tipo de cambio cada vez más apreciado) a los productores internos que han generado un importante sesgo proimportador.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las directrices centrales de la política comercial y de apoyo agropecuario que se llevaron a cabo en México de 1985 a 1999, como un intento por configurar el entorno que el sector agropecuario requería para aumentar su nivel de competitividad insertándose exitosamente en el comercio internacional, asunto que, ya lo mencionamos, fue fallido.
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