El fracaso de la guerra contra las drogas y la teoría de la narcoguerrilla

Colombia decidió de manera autónoma aliarse a Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico y el comunismo debido a sus intereses nacionales y a buscaba proyectar una imagen de ser un Estado estable y aliado a EE.UU. a la comunidad internacional. Sin embargo, esto no quita el hecho de que el país del norte aplicó presión económica y política, e incluso creó el discurso de las narcoguerrillas bajo cargos ficticios55 _{(Amatangelo, 2005 : 1), con el fin de} aplicar medidas que correspondan a su agenda política; obligando a Colombia a hacer reformas con un amplio espectro de incidencia dentro del país como: cambiar del sistema penal, modificar la legislación financiera para evitar el lavado de dinero, mejorar las estructuras policiales y militares y permitir la concesión para la creación de bases militares estadounidenses dentro de Colombia (Cueva, 2010: 62-63).

La estrategia de detener el tráfico de narcóticos en la fuente no dio los resultados esperados, no se logró reducir la cantidad de hectáreas con cultivos de coca ni la cantidad de cocaína ingresada en los EE.UU, inclusive la producción se duplicó en América del Sur entre 1982 y 1987. Los criterios de efectividad que se trataron de aplicar como la cantidad de hectáreas erradicadas, de laboratorios de procesamiento destruidos y de pistas de aterrizaje inutilizadas, no eran más que indicadores superficiales que no medían problemas estructurales más profundos, bastaba medir la cantidad de drogas que ingresaban a los EE.UU. para declarar el fracaso de las políticas aplicadas. No obstante, la postura del gobierno norteamericano no fue la de cuestionarse la naturaleza de sus programas antidrogas, sino la de intensificar el conflicto provocando una escalada a una guerra real (Youngers y Walsh, 1989: 349-350).

Mientras que el Presidente Reagan declaró que la guerra contra el narcotráfico se llevaría a cabo a escala mundial, no se puede pasar por alto que la atención de la misma se centró en Colombia (Calvo, 2008: 158), lo cual

55 _{La vinculación entre las guerrillas y los carteles de droga se agravó en la década de los 90, mientras} que en la de los 80 no existe suficiente evidencia para confirmar la existencia de la misma, por lo menos no la manera que la plantea el gobierno norteamericano (Amatangelo, 2005: 1).

103 generó graves problemas dentro del país. Por ejemplo, aparte de los programas de erradicación manual, el gobierno auspició que se efectúen fumigaciones con herbicidas, las cuales causaban daños al medio ambiente dentro de estas regiones, matando las plantaciones de todo tipo de cultivos y contaminando el agua. Asimismo, estas operaciones eran realizadas con productos y con personal provenientes de EE.UU., lo que aumentaba la presencia y la influencia de este país dentro de las zonas afectadas (Youngers y Walsh, 1989: 350).

La manipulación política se vuelve evidente en la década de los 70, cuando el gobierno norteamericano redujo la ayuda brindada en esa época a las fuerzas policiales de América Latina, mientras que al mismo tiempo se incrementó en un monto semejante la ayuda con fines antinarcóticos. Así, las medidas aplicadas para vincular las guerrillas con el tráfico de drogas sirvió como estrategia de la élite militar estadounidense para contrarrestar el apoyo de ciertos grupos académicos y religiosos a la insurgencia izquierdista en Latinoamérica, al colocarlos en el lado equivocado de la cuestión moral. La teoría de la narco-guerrilla resultó ser la excusa perfecta para que Washington pueda a través de la guerra contra las drogas, atacar directamente a grupos insurgentes de tendencia izquierdista (Pilger, 1999: 1).

Asimismo, debido a la relación de conveniencia que existía entre miembros de la policía y de la milicia colombiana, los grupos paramilitares que estaban a su cargo y los carteles de droga, la asistencia norteamericana que se brindaba a las Fuerzas Armadas estaba auspiciando indirectamente el asesinato y la intimidación de líderes políticos de izquierda. Las autoridades norteamericanas estaban al tanto del uso indebido que se le estaba dando a los recursos; sin embargo, estaban a favor de que este proceso continúe ya que esta supuesta limpieza de elementos subversivos en áreas específicas del país correspondía a sus propios intereses políticos (Youngers y Walsh, 1989: 355-356). Los ataques no se limitaron a los guerrilleros, sino que se extendió a todo aquel que buscara promover reformas socioeconómicas o políticas. Así, la ola de violencia siguió creciendo con la aprobación y gracias al apoyo del gobierno en Washington (Alai, 1989: 9).

Tomando en consideración el conflicto colombiano y el estado de sitio, que se aplicaba desde hace 40 años, el hecho de insistir en la injerencia de las

104 fuerzas militares en asuntos sociales y políticos, no hacía más que fortalecer el paradigma del uso de la fuerza como método de resolución de conflictos. El apoyo militar y político de EE.UU. en esta estrategia violenta colaboraría a la escalada del conflicto. Así, debido a la influencia de EE.UU. en las tácticas militares, se aplicó una estrategia de exterminio contra la guerrilla, con un total de 565 guerrilleros muertes frente a solo 26 heridos en 1988 (Alai, 1989b: 9). Si las autoridades colombianas y estadounidenses hubieran querido verdaderamente restablecer la paz y el orden se hubieran enfocado en las causas sociales que provocaban la producción de cocaína en Colombia y el consumo de la misma en EE.UU. (Youngers y Walsh, 1989: 356, 359).

De modo similar, como se explicó previamente, el gobierno colombiano había firmado un tratado de extradición con EE.UU. para que los criminales que cometieran violaciones a la ley relacionadas con el narcotráfico sean procesados por el sistema judicial norteamericano, el cual se aplicaría principalmente con aquellos traficantes que tenían mayor poder e influencia mediática o política. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos colombianos no estaba de acuerdo con este tratado y criticaban el hecho de que no pidiera extradición y se dejara vivir en la impunidad a actores fundamentales en el funcionamiento de esta industria. Refiriéndose específicamente al rol de los banqueros estadounidenses y europeos que lavaban los miles de millones de las ganancias, quedándose con hasta más del 90% de las mismas; o sino también al de los exportadores de los productos químicos que eran necesarios para el procesamiento de la coca en clorhidrato de cocaína (Calvo, 2008: 160).

Con la declaratoria de la guerra contra las drogas, por influencia, del gobierno norteamericano se pusieron en marcha ciertas medidas dentro del territorio colombiano, que con el tiempo y la experiencia se comprobó que no eran eficaces dentro de esta guerra y que tampoco se limitaban exclusivamente al tráfico de narcóticos (Alai, 1989: 9), dando así la impresión de que tenía otro fin ulterior. De la misma forma, ambos gobiernos dejarían operar libremente a los carteles durante esta época con el fin de aprovechar las ganancias que se obtenían de este negocio para satisfacer sus propios intereses. Estados Unidos contradeciría completamente los fines que promulgaba en su discurso cuando permitía el libre envío de cocaína a su propio país para financiar su lucha en contra de la junta Sandinista en Nicaragua (Calvo, 2008: 158).

105 Esta llamada guerra contra las drogas, junto con la teoría de la narcoguerrilla, sirvió para legitimar el autoritarismo estatal y así, ocultar la responsabilidad del gobierno en los crímenes que violaban los derechos humanos. Además, justificó la intervención extranjera, que como se puede comprobar, no solo lesionó la soberanía nacional de este país, sino que formó parte activa en la escalada de su conflicto interno. Conjuntamente, se considera como un infortunio más, el hecho de que la comunidad internacional se conformó con aceptar la versión simplista de que el gobierno de Colombia se encontraba en una guerra con el narcotráfico y lo apoyaba incondicionalmente; cuando si hubieran actuado con honesto interés y preocupación debían solidarizarse con las luchas democráticas por los derechos del pueblo colombiano, el cual era el que soportaba el peso de aquella guerra sucia (Alai, 1989: 9-10).