La ideología de EE.UU y su influencia en su política externa

El partido republicano en EE.UU. tenía una tendencia conservadora y consideraba a las drogas como una amenaza directa a la Seguridad Nacional y a la moral dentro de una sociedad mayoritariamente religiosa. Así, acciones como el consumo, la producción y el tráfico de estas sustancias ilícitas no puede ser toleradas, y deben ser penalizadas hasta que se logre suprimir este tipo de comportamientos de forma permanente. Esta perspectiva del problema propone que aquellos que no respeten las normas establecidas al respecto sean considerados como personas dañinas que deben ser detenidas y sancionadas; mientras que trasladando esta línea de pensamiento al espectro

30 global, se sugiere que los países productores de estas sustancias son la raíz del problema, ya que no se ven aptos para detener el accionar de estos delincuentes, cuyas operaciones amenazan directamente a la seguridad nacional de los EE.UU. (Thoumi, 2002: 38-39).

Dada la magnitud de la propaganda antidroga propuesta por el gobierno de EE.UU. en la guerra contra las drogas, las políticas fueron llevadas a la esfera internacional. Sin embargo, esto ha generado debate y malestar en los países donde la potencia del norte ha intercedido con el fin de erradicar la oferta de drogas, ya que esto denota el énfasis que se ha dado en reducir la oferta en lugar de concentrarse en eliminar la propia demanda interna. Los Estados Unidos no priorizaron garantizar el cumplimiento de la ley dentro de su propio territorio, sino que decidieron emplear sus recursos en cruzar las fronteras propias y ajenas, llevando consigo una guerra que en muchos países no tenían el contexto adecuado para llevarla a cabo (Zárate 2003: 24).

Las autoridades estadounidenses sostenían que no podían encargarse solos del comercio de drogas en su país, y que para tal efecto necesitarían la cooperación de la comunidad internacional, ya que la mayor parte del suministro de las drogas provenía del extranjero. A este fenómeno se lo describe con la ley de Herodes, ya que Estados Unidos no acepta su propia responsabilidad dentro del fenómeno del comercio ilícito de drogas, sino que se lava las manos y presiona a otros gobiernos de manera que acepten y acaten sus políticas para que peleen su lucha por ellos. Además, el enfoque aplicado no se concentró solo en ampliar el interés político de los países para que cumplan a cabalidad lo estipulado en sus propias leyes y en los tratados internacionales en los cuales son signatarios, sino fue crear convenios bilaterales y multilaterales que favorecían a los intereses económicos y políticos de EE.UU. (Zárate 2003: 18).

Estas alianzas favorecieron a la política y economía norteamericana ya que se consiguió que los gobiernos extranjeros les concedan el permiso para construir bases aéreas y militares dentro de su territorio, y además favoreció a la industria interna con la venta de armas y herbicidas (Thoumi 2002: 43). Sin embargo, lo más alarmante fue que en las operaciones de intervención no se respetó el discurso sobre promover el orden y la legalidad, sino que se ignoraban las leyes en estos países con acciones de dudosa moral, ya que

31 para los norteamericanos estas constituían delitos excepcionales que se justificaban en la lucha contra el narcotráfico. Históricamente, las agencias americanas encargadas de luchar contra el tráfico de drogas han priorizado los intereses geopolíticos, aliándose en múltiples ocasionas, por motivos de utilidad, con los mismos traficantes (Zárate 2003: 24).

Una de las principales críticas a las políticas prohibicionistas de las drogas es que el mayor porcentaje del valor agregado y las ganancias se quedan en los países de llegada o de consumo que normalmente son los más desarrollados. Las enormes ganancias generadas por el comercio de droga atrae la atención de las altas esferas sociales para que apoyen la aplicación de leyes represivas al comercio de drogas, ya que éstas lo vuelven aún más rentable (Thoumi, 2002: 57). Algunos analistas incluso sostienen que el gobierno de los EE.UU. exageró el discurso antidrogas (Merino, 2006: 1) al momento de afirmar que estas eran un peligro inminente para la estabilidad de una sociedad, con el fin de quedarse con los mayores réditos de la industria, reteniendo así en algunos casos hasta el 95% del total de utilidades en sus bancos (Thoumi, 2002: 57).

Por otro lado, resultaría impreciso considerar que en el funcionamiento del comercio internacional de drogas los países latinoamericanos son simplemente actores impotentes o víctimas, atrapados dentro de este negocio. Resultaría más completo tener en cuenta que dichos Estados están compuestos por individuos que tienen sus propias características e intereses y cuyas acciones colaboran en la estructuración de esta problemática. De esta manera, se puede decir que el interés de los habitantes de estas zonas, en las que existe el cultivo de plantas ilegales, está marcado por la ambición derivada de la previa existencia de la demanda de drogas por parte de la población norteamericana; la cual los incitó a consolidar una industria de producción, elaboración y distribución al por mayor con el fin de satisfacer al creciente número de consumidores (Thoumi, 2002: 57).

1.3. La consolidación de Colombia como principal exportador de cocaína y su